*La agenda de este día contempla más artículos, de ser necesario, oportunamente se remitirá el detalle del resto de numerales, en la misma forma y por la misma vía en que se facilitó este documento.

* Por la dinámica de la sesión, es posible que se incluyan artículos que no aparecen en esta agenda, de ser así, oportunamente se comunicará.

Informe de Labores Consejo Superior 2023

El uso efectivo de los recursos presupuestarios destinados al Poder Judicial, el apoyo de proyectos puntuales para atender las cargas de trabajo y mejorar la infraestructura, así como la eficiencia del servicio de administración de justicia en todo el país, marcaron la ruta de trabajo del Consejo Superior del Poder Judicial durante el 2023.

El informe de labores lo presentaron el pleno de las y el integrante del Consejo Superior, este martes 16 de abril de 2024, durante la sesión ordinaria de Corte Plena.

En dicho informe destaca el acercamiento con la población judicial y la ciudadanía, mediante las 14 visitas a los despachos judiciales de JEDO, Grecia, II Circuito Judicial de San José, Liberia, Cañas, Quepos, Upala, Guatuso, Los Chiles, La Unión, Montes de Oro Puntarenas, Territorios indígenas de Bajo Chirripó, Bribrí, Kekoldi, Nairi Awari, Alto Chirripó y los dos Consejos Ampliados en Golfito y la Zona Atlántica.

Las acciones emprendidas por el máximo órgano administrativo del Poder Judicial tuvieron la visión clara de garantizar una mejora continua y la excelencia en la prestación del servicio judicial, en las oficinas y despachos judiciales de todo el país.

Las sesiones ordinarias y extraordinarias permitieron analizar y aprobar proyectos para mejorar la operatividad y las áreas estratégicas del Poder Judicial, así como asuntos complejos turnados a su conocimiento.  La resolución de asuntos disciplinarios en segunda instancia, la puesta en marcha de proyectos de infraestructura y el trabajo en comisiones y equipos de trabajo son algunos de los resultados expuestos en la rendición de cuentas.

Sandra Pizarro Guitérrez: “Presentamos un resumen de los requerimientos atendidos en los distintos ámbitos judiciales, por medio de proyectos operativos y estratégicos del 2023, así como los requerimientos para las oficinas y despachos judiciales 2024.  Para este trabajo se sostuvo reuniones permanentes con las jefaturas de las direcciones administrativas y órganos auxiliares de justicia. El pleno de los integrantes del Consejo Superior, visitamos los despachos judiciales dando prioridad a las zonas más alejadas de la capital y el trabajo en comisiones y grupos de trabajo, nos permitió brindar a portes a la mejora de la gestión administrativa del Poder Judicial”.

Gary Bonilla Garro: “El 2023 concentró la labor en 254 proyectos institucionales, un 60% de carácter operativo y 194 proyectos estratégicos.  De estos destacamos  las acciones de mejora para la implementación de la nueva Ley de Contratación Pública, la construcción de políticas institucionales, proyectos relacionados con acciones para la reducción del circulante y la atención de nuevas reformas legales que están por ingresar.  En el ámbito del OIJ, Ministerio Público y Defensa Pública, se dirigen proyectos para el fortalecimiento de estos entes judiciales, la reducción del circulante y la eficiencia en la gestión interna y reclutamiento”.

Siria Carmona Castro: “En materia disciplinaria, encomendada al Consejo Superior como órgano de segunda instancia, y conscientes del deber de cumplir con el mandato de garantizar la eficiencia, corrección y decoro en el ejercicio de las funciones a cargo del Poder Judicial, este órgano procuró dar celeridad a la atención de los 124 asuntos ingresados el año anterior, resolviéndolos en su totalidad, garantizando con ello la solución de este tipo de procesos en sede administrativa.  Otro de los temas importantes para la institución, es lo relativo a la infraestructura, y ello así en virtud de la necesidad de atender uno de los principales requerimientos de la población judicial como lo es el contar con instalaciones adecuadas, pero, además, procurando con ello reducir los costos en alquileres, lo que ha permitido un importante ahorro institucional”.

Ana Isabel Orozco Álvarez: Reconocer a las personas servidoras judiciales de los diferentes despachos judiciales visitados por la disposición en atendernos, la entrega, mística y dedicación al trabajo, pues no solo se refirieron a las necesidades para mejorar sus condiciones laborales, sino que también hicieron referente a situaciones para mejorar servicio público que brindan.  La labor emprendida durante el 2023 en las 144 sesiones en comisiones y equipos de trabajo nos permitieron realizar aportes a la gestión técnica y administrativa del Poder Judicial”.

• Durante 2023 y 2024 se han realizado talleres en diversos territorios del país.

En la búsqueda de garantizar el adecuado acceso al servicio de Administración de Justicia para las diferentes poblaciones indígenas del país, la Defensa Pública del Poder Judicial de Costa Rica ha realizado una serie de visitas a los 24 territorios indígenas de nuestro   país.

Según indicó Laura Arias Guillén, supervisora de atención a personas indígenas de la Defensa Pública, el objetivo de este trabajo es generar espacios de retroalimentación sobre la garantía de acceso a la justicia que se debe brindar a los pueblos indígenas de Costa Rica, con el fin de fortalecer las capacidades de las personas participantes e identificar las  principales costumbres, tradiciones y conceptos normativos del pueblo indígena susceptible de ser conocido por el sistema de justicia no indígena.

De esta forma, desde el año 2022, se desarrollan una serie de talleres en las comunidades indígenas, en donde se han definido los mecanismos de visita a los territorios, los espacios para la realización de los encuentros, el intercambio de demandas y necesidades, así como la construcción de canales de diálogo con las personas líderes de estos grupos poblacionales y los diferentes grupos organizados.

Mediante estos talleres y con la aprobación de las comunidades y las autoridades locales, se pretende definir los mecanismos de prestación de servicio, por ejemplo, todos los territorios tutelados por las Medidas Cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuentan con un cronograma de visitas y atención en las localidades, con horarios definidos, en el contexto del principio de autonomía que cubren a los pueblos indígenas conforme lo dispone el Convenio 169 de la OIT.

Es importante resaltar, que, en estos talleres, se han incorporado centros educativos y grupos organizados de mujeres, como parte de la labor en la garantía de acceso igualitario a la justicia.

Para el año anterior, se desarrollaron talleres en los siguientes territorios indígenas: Grano de Oro, Talamanca Bribri, Talamanca Cabécar, Boruca, China Kichá, Rey Curré, Tayní, Nairi Awari, La Casona, Malecu, Alto Conte Ujarrás, Salitre y Térraba, además de un encuentro con la población Ngäbe asentada en Tarrazú, así como la transfronteriza Ngäbe Buglé, que trabaja en la recolección de café en las fincas de la localidad.

Mientras que para este 2024, la Dirección de la Defensa Pública, ha desarrollado talleres con los territorios indígenas de Talamanca Bribri y Cabécar, Alto Carona y Alto Guaymí, las comunidades de Alto Conte, Progreso, Altamira, Vista de Mar y Alto Buriquí, atendiendo a más de 230 personas indígenas.

Estas visitas han incrementado los datos estadísticos en la atención de esta población, se resalta que se reporta patrocinio letrado en las siguientes materias: 42% en materia penal, 18%en pensiones alimentarias, 12% en materia agraria, 12% en materia de familia, 6%  penalización de violencia contra la mujer, 2% materia laboral, 2,7% en violencia doméstica, 1,7% en materia contencioso administrativo, 0,91% en materia contravencional y 0,64% en ejecución de la pena (Fuente Unidad de Datos, Defensa Pública, octubre 2023).

“El trabajo en los territorios indígenas materializa el derecho de acceso a la justicia a través de un litigio con una mirada respetuosa de la diversidad cultural de nuestro país, es un acercamiento que desde la Defensa Pública permite el intercambio de saberes, la construcción de espacios de reflexión sobre el servicio” señaló el Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez, Murillo.

El Tribunal Penal de Liberia en la sentencia 75 – 2024, declaró a un hombre de apellido Varela, coautor responsable de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, robo agravado, privación de libertad agravada, privación de libertad sin ánimo de lucro y daños, en tal carácter le impuso la pena de cincuenta años de prisión.

Supuestamente, el encartado aprovechando el auge de las criptomonedas y la existencia de comunidades virtuales donde se negocian libremente las mismas, él junto con unas seis personas más, aún no identificadas, idearon un plan, con el fin de sustraer mediante el empleo de violencia, “Bitcoins”, a personas poseedoras de dichas monedas virtuales, los cuales fueron previamente seleccionados.

En apariencia, en noviembre del 2021, este grupo buscó a un hombre de apellido Rodríguez como comisionista para la búsqueda de poseedores de Bitcoins que estuvieran interesados en vender dichas monedas virtuales. Al parecer, este hombre desconocía los planes de estas personas y contactó a un ofendido de apellido Murillo para la posible compra de las monedas virtuales.

Murillo junto con su padre, en apariencia mostraron interés y contactaron a otro ofendido de apellido Zhang, quien tenía una mayor cantidad de esta moneda y estaba interesado en venderlas. De esta manera, los ofendidos acordaron la materialización de la venta.

El 12 de noviembre del 2021, en horas de la tarde, los agraviados se trasladaron de manera conjunta bajo la guía del imputado Varela hasta un centro turístico ubicado en el sector de La Fortuna, en Bagaces, Guanacaste. Las personas ingresaron a un rancho del centro turístico.

Presuntamente, habiendo asegurado que los ofendidos portaban los Bitcoins y que no tenían posibilidades de ser auxiliados, de acuerdo al plan previamente establecido, salieron de la cocina, cinco hombres quienes portaban armas de fuego de diversos calibres, utilizando armas de fuego y manteniendo un comportamiento violento; los encartados amenazaron a los agraviados para la entrega de la moneda virtual.

Al parecer, de manera instintiva Rodríguez huyó corriendo del lugar donde se desarrollaban los hechos, siendo que los encartados lo siguieron y con la finalidad de darle muerte para procurar borrar cualquier elemento de prueba que los asociara a la sustracción de las criptomonedas, le dispararon en varias ocasiones sin lograr impactarlo. Rodríguez logró escapar de los hombres y se internó en la montaña para salvaguardar su integridad física.

Aparentemente, el grupo de endilgados continuaron ejecutando el asalto, para lo cual inmovilizaron a los ofendidos, amarrándoles las manos y colocando cinta adhesiva en sus bocas, al tiempo que los golpeaban en diversas partes del cuerpo y los amenazaban de muerte. Se presume que, en ese momento, adicionalmente los hombres les sustrajeron bienes personales a las víctimas, como billeteras, documentos, dinero en efectivo, teléfonos celulares, entre otros.

Supuestamente, uno de los imputados le disparó a uno de los agraviados de apellido Murillo provocándole heridas a nivel de brazo, glúteo y pierna. En apariencia, los encartados amenazaron a Zhang y lo obligaron a realizar una transferencia en Bitcoins con un equivalente de más de 200 millones de colones.

Se presume que, este grupo criminal realizó acciones encaminadas a deshacerse de los agraviados y de cualquier elemento que los involucrara en los hechos acusados, por lo que, a uno de los ofendidos de apellido Murillo lo subieron a bordo de un vehículo, privado de su libertad y lo trasladaron a la localidad de Tilarán, y en un lugar solitario lo abandonaron a su suerte, luego este vehículo lo estacionaron y procedieron a rociarlo con una sustancia inflamable para posteriormente provocar el incendio del mismo, con el objetivo de borrar cualquier rastro ilícito.

Presuntamente, un segundo grupo de los encartados, mediante amenazas verbales y con armas de fuego obligaron a los ofendidos de apellidos Jiménez, Murillo (quien ya iba herido por arma de fuego) y Zhang quien después de poner resistencia recibió un disparo en su brazo y fue introducido a la fuerza en el vehículo. Posteriormente rociaron a Murillo y Zhang con una sustancia inflamable, y los obligaron a entrar en la cajuela del vehículo, así emprendieron el viaje con las víctimas privados de libertad.

En apariencia, en el trayecto de huida, por razones aún desconocidas se abrió la cajuela de dicho vehículo y los ofendidos Muriilo y Zhang lograron huir del automotor y se internaron en la maleza para ocultarse de sus captores. A pesar de que ambos agraviados estaban heridos por armas de fuego, lograron encontrar a vecinos del lugar quienes les brindaron colaboración y llamaron a los cuerpos de emergencia correspondientes.

Los hombres continuaron su trayecto de huida con el ofendido de apellido Jiménez, se dirigieron hacia el sector de Liberia, y en las cercanías de un parque nacional, con el objetivo de borrar cualquier elemento de prueba que los asociara con la sustracción de las criptomonedas y así procurar su impunidad, procedieron a rociar el vehículo con una sustancia inflamable, para posteriormente prenderle fuego con la víctima en su interior. Producto de la acción, Jiménez sufrió quemaduras que le provocaron la muerte.

El 12 de noviembre del 2021, en horas de la noche el imputado de apellido Varela, se presentó a la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial en Liberia, y a sabiendas del carácter ilícito de sus actos, formando parte del plan previamente establecido, afirmó falsamente que se había cometido un delito de amenazas agravadas, coacción y privación de libertad en su perjuicio para hacerlo participar en la ejecución de los hechos anteriormente descritos, a sabiendas de su participación con conocimiento y voluntad en la planificación y ejecución de los mismos.