• Poder Judicial facilita acceso a la información judicial de forma electrónica, a las partes del proceso penal de la zona.

 El expediente electrónico llegó al Juzgado Penal de Talamanca para quedarse.  De esta manera se suma al modelo electrónico de los despachos judiciales, que facilita el acceso al expediente completo y actualizado, a todas las partes que intervienen en el proceso penal.

 Las personas usuarias externas que tramitan un expediente penal en este juzgado, abogados litigantes o partes del proceso, puede solicitar un usuario y contraseña en el despacho judicial más cercano y consultar su expediente si ya se tramita en formato electrónico.

 Los expedientes que llegan al Juzgado Penal de Talamanca, sean de nuevo ingreso o ya en trámite, son escaneados y transformados en electrónicos; y se les incluye una resolución que comunica esta nueva forma de tramitación.

 “El modelo de expediente electrónico beneficia tanto a las personas usuarias internas como externas, pues tienen la posibilidad de consultar su expediente de forma electrónica, completa y actualizada; revisar todas las diligencias que se han realizado y los avances.  Además, pueden presentar escritos, solicitudes judiciales o la incorporación de documentos, de forma electrónica y descargar el expediente completo.  Con ello, el Poder Judicial garantiza a las partes del proceso, el acceso a la información”, explicó el juez coordinador del despacho, Miguel Acosta Granados.

 Los expedientes electrónicos del despacho de Talamanca, se pueden consultar desde el Sistema de Gestión en Línea para cualquiera de los trámites ya mencionados y otros.

 Para Acosta Granados, gestionar el expediente penal bajo el modelo electrónico, agiliza la tramitación de las diligencias judiciales, la consulta es más célere y las personas usuarias ya no tienen que desplazarse hasta las oficinas físicas para consultar el expediente.

 En esta jurisdicción se atiende población indígena de Alto Talamanca, quienes en su mayoría acuden a las personas defensoras para realizar consultas directas al expediente, esto también permite que la defensa técnica tenga acceso inmediato al proceso.

 Desde el 19 de setiembre, el Juzgado Penal de Talamanca trabaja bajo la modalidad electrónica, así establecido por acuerdo del Consejo Superior y contó con el acompañamiento de las Direcciones de Tecnología de la Información y Planificación, para los procesos de migración a expediente electrónico y la estandarización de ubicaciones y tareas electrónicas del Escritorio Virtual.

 Actualmente el Juzgado registra un circulante de 334 asuntos. 

•  Material jurídico en audio lo ubica en Nexus.PJ

https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/search?q=esResolucionOral:(1)%20&advanced=true 

Una ventana más de información se abre con la consulta pública de las sentencias orales que dicta el Tribunal de Apelación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, desde el buscador oficial Nexus.PJ.

 Dicho despacho judicial es único, pues tiene la competencia de conocer los asuntos provenientes de todo el país y sus resoluciones en su mayoría, son dictadas en forma oral.

 Es por ello, que las personas interesadas ahora pueden consultar los audios de las resoluciones completas, con solo ingresar al buscar del Poder Judicial Nexus.PJ o directamente al link:

https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/search?q=esResolucionOral:(1)%20&advanced=true

 “Con esta consulta pública, atendimos una demanda de las personas usuarias, de la necesidad de acceder a esa información tan valiosa que contienen las resoluciones en apelación de los procesos que están bajo nuestro conocimiento, en materia contenciosa, en temas muy particulares como expropiaciones, medidas cautelares, admisibilidad, caducidad y que se rigen por el Código Procesal Civil”, destacó la jueza coordinadora del Tribunal de Apelación, Jazmín Aragón Cambronero.

 Aragón Cambronero señaló que había una necesidad de darle publicidad a las sentencias de apelación en esta materia, sin embargo, la mayoría por estar en formato de video y audio eran muy pesadas.  Con la coordinación del Tribunal  del Centro de Información Jurisprudencia, que administra el Nexus.PJ, hoy es una realidad.

 El Tribunal de Apelación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda inició funciones en el 2010, con competencias asignadas por el Código Procesal Contencioso Administrativo y leyes especiales; atiende las apelaciones provenientes del Tribunal y el Juzgado Contencioso Administrativo.

 Esta materia conoce la legalidad de la actividad administrativa y su gestión, y le corresponde todos los asuntos donde interviene el Estado y que pasan por decisiones de despidos, cobros tributarios, temas ambientales, de obra pública, eventuales responsabilidades civiles que tiene que ver con asuntos del Estado en temas de daños y perjuicios, donde el ciudadano ejerce sus derechos sobre la administración.

 Las sentencias de apelación de lo contencioso administrativo tienen una amplia diversidad.  Resuelven sobre: medidas cautelares  y  contracautelas (casos donde se otorga una medida pero la persona debe dar una garantía), la admisibilidad de los procesos cuando son rechazados en tribunal, las caducidades del proceso, la falta de agotamiento de la acción administrativa.

 También recursos creados por Leyes especiales, como la Ley de Expropiaciones relacionadas con la distribución del avalúo administrativo o incidentes de nulidad de actuaciones o sobre peritajes, la definición del justi-precio en sentencia (que determina el valor de un metro cuadrado en un terreno).

 Se conocen dos tipos de apelación sobre la Ley Contra la Delincuencia Organizada, proceso que se tramitan en el Juzgado Contencioso, que se refieren a inmovilización de fondos por incremento de capital sin causa justa aparente y que es una acción ejercida por el  Ministerio Público, entre otros asuntos.

 Se analiza la fase de ejecución de sentencias relativos a las costas o efectos económicos de los procesos de conocimiento, sentencias constitucionales, ejecuciones penales y de tránsito, donde además se conoce lo relativo al embargo.

• Seminario internacional se realiza del 16 al 18 de octubre de 2023.

 El Poder Judicial es anfitrión del seminario internacional para debatir sobre la importancia de la alternatividad penal para mujeres en condición de vulnerabilidad frente a delitos menores de drogas, como un elemento clave para el avance hacia la humanización de la política criminal y penitenciaria.

Dicha actividad se realiza del 16 al 18 de octubre de 2023 en el Hotel Aurola Holiday In en San José y tiene como objetivo discutir sobre la incorporación del artículo 77 bis de la Ley 8204 ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, que busca alternativas a la entrada en prisión para mujeres, siempre que se cumplan ciertos criterios de vulnerabilidad que las lleva a introducir droga en centro penal. 

Para la apertura del seminario se contó con la participación de Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa; Pierre-Louis Lempereur, Embajador de la Unión Europea en Costa Rica; Exleine Sánchez Torres, Ministerio de Justicia y Paz; Heldren Solórzano Manzanares, Directora Adjunta del Instituto Costarricense sobre Drogas; Cheryl St. Louis, Directora de la Agencia Nacional de Drogas de Trinidad y Tobago; Oswaldo Aguirre Retana, Director del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia y Peggy Martinello, Directora de Administración Pública y Asuntos Sociales, FIIAPP.

Además, se contó con la asistencia de Carlo Díaz Sánchez, Fiscal General de la República; Juan Carlos Pérez Murillo, Director de la Defensa Pública, así como representación de la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa, el Departamento de Trabajo Social y Psicología y la Secretaría Técnica de Género.

Para Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa, incluir la perspectiva de género en el tratamiento de aquellas mujeres que se ven involucradas en delitos menores de drogas es importante y de una visión integral para reparar el daño.

“El artículo 77 bis de la Ley de sicotrópicos se regula una pena atenuada para las mujeres que introducen droga a los centros penales, lo que vamos a realizar de la mano de la cooperación internacional de COPOLAD es hablar de las experiencias de América Latina, España, Portugal y El Caribe y como hemos podido llevar adelante este tipo de políticas. En el caso de Costa Rica se han enmarcado dentro del proceso de Justicia Restaurativa que permite que estas mujeres puedan tener una alternativa de previo al juicio para resolver su problemática mediante una reparación del daño con la conciencia de que se ha cometido un daño o en el cumplimiento de la pena con una alternativa en ejecución”, indicó el magistrado Alfaro.

Por su parte, Macarena Eseverri, Jurista y experta en Acceso a la Justicia y Justicia Restaurativa COPOLAD, destacó que el objetivo general de COPOLAD es favorecer una política criminal más humana, más dedicada a las necesidades específicas de las personas”.

“Lo esencial del taller es unificar criterios que sirvan para humanizar esa política criminal y también aterrizar ese marco regional a nivel nacional en la realidad de Costa Rica aprovechando el artículo 77 BIS tan importante que introduce criterios de género y de proporcionalidad para que mujeres que son imputadas por un delito de menudeo puedan tener una alternativa a la pena privativa de libertad”, manifestó.

Este seminario internacional está organizado por el Programa de Cooperación Europeo sobre drogas COPOLAD III de la Unión Europea, el Poder Judicial, Instituto Costarricense de Drogas y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, así como las administraciones de Europa, América Latina y Caribe para promover mejores políticas criminales y penales para mujeres en situación de vulnerabilidad.

Magistrada Roxana Chacón, coordinadora de la Comisión de Género del Poder Judicial

Tras la presentación de cinco proyectos de Ley, a la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa, por parte del Despacho de la Magistrada Roxana Chacón Artavia y de la Secretaría Técnica de Género,  en marzo anterior, este miércoles 11 de octubre comparecieron ante dicha Comisión, la magistrada Roxana Chacón Artavia, coordinadora de la Comisión de Género;  María Elena Gómez Cortés, exmagistrada suplente de la Sala de Casación Penal y Jeannette Arias Meza, jefa de la Secretaría Técnica de Género .  

La comparecencia versó sobre el proyecto de ley de reforma al artículo 293 del Código Procesal Penal, Ley 7594, el cual regula el anticipo jurisdiccional de prueba, de manera que, éste sea obligatorio para todos los procesos penales en los cuales se investigue la comisión de un delito sexual.

Esta reforma podría ser un instrumento de gran utilidad en la investigación penal y persecución de los delitos, potenciando más su uso y reduciendo los resultados de terminación de los procesos por desestimación, sobreseimiento y absolutoria en los delitos sexuales. El fin que se tiene es potenciar la protección de las víctimas, la agilidad y eficacia del proceso y especialmente bajar los índices de impunidad en los procesos penales.

Según señaló la magistrada Chacón “estamos presentando este proyecto de ley para que en todos los casos de denuncias sobre delitos sexuales se pueda hacer el anticipo jurisdiccional de la prueba de forma obligatoria, solicitado por el Ministerio Público y que el juez lo realice, donde se le va a recabar a la víctima la declaración después de ocurrido el delito sexual y con pleno conocimiento de lo que ocurrió en ese momento, para que así pueda declarar y dar los elementos necesarios que sean resguardados en el expediente judicial y que esto permita que haya prueba importante para las investigaciones. Esto permitirá que pueda haber un grado de mayor dictado de sentencias condenatorias contra las personas que cometen estos delitos”.  

La exmagistrada Gómez indicó que “es positivo tener este espacio para que el Poder Judicial presente propuestas desde lo interno a efectos de mejorar el servicio. Estas propuestas son un mecanismo de mejora para la administración de justicia.”

Anualmente se registran en promedio doce mil delitos sexuales denunciados ante el Ministerio Público. Del total de dichos delitos denunciados, casi dos terceras partes son cometidos en perjuicio de una persona menor de edad; los cinco delitos más denunciados son abusos sexuales contra personas menores de edad e incapaces, relaciones sexuales con personas menores de edad, violación, abusos sexuales contra personas mayores de edad y abusos sexuales contra personas menores de edad e incapaces en grado de tentativa.

En la comparecencia se resaltó el esfuerzo que ha realizado la Secretaría Técnica de Género para tener kits con diferentes implementos de higiene personal como toallas sanitarias, ropa interior y otros artículos que le ayudarán a las personas víctimas de violación en los primeros momentos después de los hechos. Los mismos vienen clasificados para mujeres, hombres, niños y niñas

“Con el objetivo de fortalecer la atención que ofrecen los 18 Equipos de Respuesta Rápida para la atención Integral a víctimas de violación (ERRVV), la Secretaría Técnica de Género, desarrolló un proyecto de cooperación internacional con la embajada de Estados Unidos de América, mediante el cual, se donó al Poder Judicial, 875 kits para estas víctimas” puntualizó Arias Meza.