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Con cine foro y obra de teatro se conmemora Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

  • “Proteger a las mujeres y a las niñas no es un gasto, es una inversión”, aseguró la magistrada Roxana Chacón.

El 25 de noviembre se conmemora el “Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” por lo que este año, la Comisión de Género y la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder realizaron un cine foro y acto cultural.

El origen de esta fecha fue el 25 de noviembre de 1960, cuando las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, fueron brutalmente asesinadas por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo: su crimen, haber luchado por sus derechos como mujeres y ser activistas políticas contra la dictadura.

El objetivo de esta actividad es la de continuar evidenciando las complejas y diversas aristas que tiene la violencia estructural que históricamente afecta a las mujeres en Costa Rica y en todo el mundo.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez indicó “conmemorar nuestra voluntad y los esfuerzos globales para eliminar la Violencia contra las Mujeres y niñas sigue siendo un acto transgresor, en el que rompemos el silencio y la inacción que a menudo rodean estos hechos de violencia en el mundo. Esta conmemoración siempre será un llamado urgente a comprometernos más con el noble objetivo de asegurar para todas el derecho a vivir sin agresiones, sin amenazas y sin insultos”.

En su discurso, la magistrada de la Sala Segunda y coordinadora de la Comisión de Género, Roxana Chacón Artavia, señaló “ha sido una constante en nuestros programas y acciones, evidenciar todas las formas de violencia y discriminación que afectan de manera desproporcionada y mayoritaria a las mujeres y las niñas, y los obstáculos que, aún hoy, tienen para su efectivo acceso a la justicia, muy particularmente en lo que se refiere a los procesos penales. A este trabajo se han sumado los distintos ámbitos que conforman el Poder Judicial, entendiendo que ineludiblemente, es una responsabilidad institucional. Proteger a las mujeres y a las niñas no es un gasto, es una inversión. No hay excusa”.

Durante la actividad también dieron palabras el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo; el Fiscal General de la República, Carlo Díaz Sanchez; el Subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto Rojas y la presidenta de la Asociación Costarricense de Juezas, Magda Díaz Bolaños.

El cine foro fue sobre el documental “Chicas Nuevas 24 horas” que aborda el tema de trata de mujeres y niñas; sobre éste se realizó un análisis a cargo de Eugenia Salazar Elizondo, fiscala adjunta de la Fiscalía Adjunta de Trata de Personas y Tráfico ilícito de Migrantes.

 

El acto cultural estuvo a cargo de estudiantes del Colegio Conservatorio de Castella, con la obra de teatro “Una visita inesperada”.

Defensorías Públicas de América Latina conmemoran 20 años en defensa de los Derechos Humanos

En el encuentro internacional de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), denominado: “20 años de la AIDEF en defensa de los Derechos Humanos”, especialistas nacionales e internacionales analizaron diferentes temas relacionados con el desarrollo de políticas públicas para promover la protección y el resguardo de los derechos fundamentales de las personas,.

La actividad se realizó este 22 y 23 de noviembre en el Auditorio Miguel Blanco Quirós y estuvo organizada por la Defensa Pública de Costa Rica, la AIDEF y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD).

En la actividad participó Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte IDH, Douglas Durán Chavarria, director del ILANUD, magistrados y magistradas, integrantes del Consejo Superior, representación de los órganos auxiliares de Justicia y personal judicial.                                                                                                                

Para Juan Carlos Pérez Murillo, Coordinador General de AIDEF y Director de la Defensa Pública, las ponencias refuerzan el mensaje de la protección de los derechos humanos.

“En el marco del encuentro internacional de la AIDEF, como parte de las actividades que se desarrollaron, expertos internacionales hablaron de distintos temas de interés, siempre en protección de los derechos humanos y de personas en situación de vulnerabilidad”, destacó Pérez Murillo.

Este encuentro internacional se desarrolló mediante seis paneles y una conferencia magistral, donde especialistas desarrollaron temas como: Litigar con perspectiva de género, los desafíos en la protección de las personas en contexto de movilidad, acceso a la justicia restaurativa, retos de las defensorías públicas de la región y la privación de la libertad y vulnerabilidad.

Se contó con un panel de expertos como el Dr. Iñaki Rivera Beiras, Director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos; Patricia Laurenzo Copello, especialista en derechos humanos y temas de género y el Dr. Raúl Eugenio Zaffaroni, Ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

18 personas superan conflicto penal, restauran su vida en sociedad, libre de adicciones

  • Programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial Restaurativa cumple 10 años brindando oportunidades desde un abordaje restaurativo multidisciplinario.

 “Hoy le devolvemos a la sociedad costarricense, a 18 personas que entraron en conflicto con la ley y que luego de someterse voluntariamente, a un proceso de salud, hoy han superado su consumo problemático de drogas. Estoy convencido de que le devolvemos al país, 18 personas restauradas, que van a sus comunidades y que van a ser personas útiles, personas de bien y que forjarán con su trabajo la Nación costarricense todos los días”, reafirmó el magistrado y Rector de Justicia Restaurativa, Gerardo Rubén Alfaro Vargas.

 Con la graduación de estas personas en diversas zonas del país, el Programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial Restaurativa (PTDJR) celebra 10 años y renueva el compromiso interinstitucional de atender a personas, a quienes un consumo problemático de drogas, las llevó a tener un conflicto con la Ley Penal.

 “Hay personas como yo que tienen problemas graves y esta oportunidad me salvó la vida.  Yo entré a este programa el 5 de diciembre de 2013 y logré graduarme.  Fue un éxito muy grande, pero el trabajo de ahora en adelante es poderse sostener.  Todos nuestros anhelos y proyectos están en este espacio libre de sustancias. Hoy me siento muy bien al ver recibir a muchas personas más este título al éxito”, destacó Henry Argüello.

 De enero a octubre del 2023, el PTDJR ya registra un total de 76 casos, de los cuales 46 se tramitaron directamente con el Programa como una salida alterna al conflicto penal y 30 casos como pena alternativa, de los cuales 17 de estas personas proceden de la jurisdicción de Pérez Zeledón.

 “Podemos afirmar hoy que el país cuenta con un procedimiento de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial restaurativa, con altos estándares de calidad, con profesionales de una alta preparación profesional y amplio conocimiento técnico.  El desarrollo de una comunicación fluida entre el Poder Judicial, el IAFA y el ICD ha sido significativa para este trabajo, que busca darle una respuesta a la población”, puntualizó Oswaldo Aguirre Retana, Director General del IAFA.


Por su parte, Fernando Ramírez Serrano, Director General de ICD, destacó que “desde el Instituto Costarricense de Drogas hemos dado un acompañamiento técnico, logístico y financiero, siempre dentro del marco de los límites de los recursos que las institucionales tenemos y hemos funcionado como punto focal para que organismos internacionales puedan dar el apoyo necesario para que este programa siga dando los resultados que hoy tenemos”.

 El PTDJR brinda una alternativa restaurativa a las personas cuyo consumo problemático de droga, las lleva a enfrentar un proceso penal. Al someterse voluntariamente al programa, superan su consumo problemático de drogas y el conflicto penal, con la dirección de los equipos interdisciplinarios restaurativos del Poder Judicial y los equipos clínicos del IAFA.

 A 10 años de su aplicación, se registra un alto nivel de cumplimiento, un 87% en salidas alternativas y un 97% en penas alternativas dentro del Programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial Restaurativa.  Lo que refleja que el reparar vale más que castigar.

La actividad contó con la participación de magistrados, magistradas, integrantes del Consejo Superior, jefaturas de los órganos auxiliares de justicia.  Asistieron diputados, diputadas, representantes de instituciones públicas del Estado y personas invitadas especiales.

 

Un camino claro hacia la especialización e idoneidad de las personas juzgadoras y la mejora continua del despacho

  • Siria Carmona Castro, representante de los funcionarios y funcionarias judiciales que Administran Justicia.

 Con una experiencia de 34 años continuos de servicio en el Poder Judicial, su interés por mejorar la gestión del despacho judicial e impulsar la especialización e idoneidad de las personas juzgadoras es el norte de Siria Carmona Castro, integrante del Consejo Superior.

 “Propiciar una estructura, organización y sistematización de los recursos, que garantice la eficiencia y eficacia del Consejo Superior, a través de propuestas que aseguren su mejoramiento continuo para el buen servicio público, es una de las líneas de trabajo que me propuse”, destacó Carmona Castro.

 Afirma que su experiencia como integrante del máximo órgano administrativo, le ha permitido advertir una serie de oportunidades de mejora dentro de la administración de justicia, que pueden convertirse en fortalezas para mejorar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las labores encomendadas a este Poder de la República.

 Señaló como una prioridad reforzar las acciones para asegurar y potenciar el conocimiento de las personas juzgadoras y técnicas, con el fortalecimiento de los programas de especialización en Administración de Justicia por materias que están a cargo de la Escuela Judicial, con ello se resguarda la idoneidad de quienes ejercen como juezas y jueces de la República.

 Para Siria Carmona, el adaptar los servicios judiciales a las nuevas tecnologías, que propician la oportuna y correcta implementación de herramientas como el teletrabajo, de la mano con el desarrollo de seguridad informática, tiene una incidencia positiva en la motivación del funcionariado judicial, mejores ambientes laborales y la economía de recursos institucionales, que se traduce en un mejor servicio a la persona usuaria.

 “Considero vital empoderar a los Consejos de Administración en la toma de decisiones y motivar una política de auto gestión que les permita su mejoramiento continuo, la anticipación al cambio de forma proactiva, así como abordar riesgos y oportunidades”, puntualizó la integrante del Consejo Superior.

 Siria Carmona Castro ingresó a laborar en el Poder Judicial en 1989 y se incorporó a la función de la judicatura dentro del Programa de Jueces Supernumerarios, cuya labor la llevó a asumir funciones en órganos decisores unipersonales y colegiados, en todas las materias.  Su labor impartiendo justicia la llevó a recorrer casi todo el territorio nacional, conociendo la realidad en cada región.

 Fue integrante del Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios y jueza en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, donde asumió la coordinación del despacho en el 2007, para luego trasladarse al conocimiento de asuntos en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por un período de cuatro años.  A partir del 2015 inició labores en el Tribunal de la Inspección Judicial, donde dos años después asumió la Presidencia de dicho órgano.

 Las labores del Consejo Superior no son desconocidas para Siria Carmona, pues desde el 2016 ejerció como integrante suplente, hasta su nombramiento como integrante propietaria, en el presente año.

 Su preparación académica la pone al servicio de la administración judicial, como Licenciada en Derecho, Magister en Administración y Derecho Empresarial; además cuenta con una especialidad en Corrupción y Régimen Sancionatorio de la Hacienda Pública.

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