- Actividad reunió a representantes de los pueblos indígenas del territorio nacional.
Con el objetivo de transparentar las acciones que se desarrollan en favor de un adecuado acceso a la justicia para las poblaciones de los 24 territorios indígenas de nuestro país, la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, realizó un ejercicio de rendición de cuentas este viernes 19 de julio de 2024.
Dicha actividad se desarrolló de manera virtual mediante la plataforma Microsoft Teams y contó con la participación de la vicepresidenta de la Corte y coordinadora de la Subcomisión, Damaris Vargas Vásquez; el magistrado de la Sala de Casación Penal y rector de Justicia Restaurativa, Gerardo Rubén Alfaro Vargas; el Fiscal General, Carlo Díaz Sánchez; el director del OIJ, Randall Zúñiga López; el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo; la integrante del Consejo Superior e integrante de la Subcomisión, Ana Isabel Orozco Álvarez; el líder del Proyecto de Construcción de la Política de Acceso a la Justicia para pueblos indígenas, Steven Picado Gamboa y Geyner Blanco Acosta, consultor indígena Maleku, experto contratado por la Agencia Española Internacional de Cooperación para el Desarrollo.
Para la magistrada Damaris Vargas Vásquez, esta rendición de cuentas es fundamental, ya que se realiza de acuerdo a los más altos estándares internacionales en derechos humanos, con el enfoque de rendición de cuentas basado esencialmente en las recomendaciones realizadas por el Relator de Asuntos Indígenas de Naciones Unidas en su última visita a Costa Rica, el convenio 169 de la OIT, lo indicado por la CIDH y demás instrumentos normativos internacionales que rigen el accionar del Poder Judicial.
“De especial relevancia, evidenciar el altísimo compromiso que tiene el Poder Judicial en el cumplimiento, como parte del Estado, de las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH en beneficio de los pueblos indígenas Bribri de Salitre y Brorán de Térraba; y en general, avanzar en la mejora continua de la Administración de Justicia, garante de los derechos de los pueblos indígenas, acorde con su cosmovisión” resaltó la Magistrada.
La Vicepresidenta de la Corte destacó además la importancia de tener una buena y asertiva comunicación entre las poblaciones indígenas y la institución, con el fin de generar confianza, y avanzar de una mejor manera en el establecimiento de puentes y alianzas para co-crear proyectos más allá de la política indígena, propiciando un Poder Judicial de la mano con los pueblos indígenas y centrado en las personas.
Por su parte, el magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, señaló que es sumamente importante externar el compromiso y trabajo que se realiza desde Justicia Restaurativa para brindar una atención adecuada a las personas indígenas, en total respeto a su cosmovisión, con el propósito de entender desde su perspectiva, cuáles son sus necesidades y cómo quieren que se les atienda.
Para el Fiscal General, Carlo Díaz Sánchez, es muy importante participar en esta rendición de cuentas, haciéndole ver a las personas indígenas que se cuenta con una fiscalía de personas indígenas, que tiene una importancia crucial en la protección y promoción de los derechos de estas poblaciones, velando por el cumplimiento de las leyes, los tratados internacionales y en la defensa de los derechos de las comunidades, haciendo que se respeten sus territorios, su cultura y su cosmovisión.
Randall Zúñiga López, director del OIJ, resaltó el esfuerzo, el esmero y la dedicación del organismo, pero sobre todo el cariño y la satisfacción de contribuir de alguna forma a crear comunidades más seguras y especialmente cuando se habla de territorio indígenas.
Además, el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo destacó el trabajo que ha realizado este órgano auxiliar de justicia en la atención de las poblaciones indígenas, como, por ejemplo, las visitas en donde realizan talleres con espacios de escucha para conocer las necesidades de esta población y la forma como desean ser atendidos por la Defensa Pública, lo que crea un vínculo con estas poblaciones.
La integrante del Consejo Superior, Ana Isabel Orozco Álvarez, mencionó que… “he tenido el honor de ser partícipe de las visitas “in situ” de los diferentes pueblos indígenas, lo cual me ha permitido dentro del Consejo Superior, tener mayor sensibilidad al momento de tomar las decisiones, con base en las necesidades de los pueblos indígenas, para mejorar el acceso a la justicia”.
En ese mismo sentido, el líder del Proyecto de Construcción de la Política de Acceso a la Justicia para pueblos indígenas, Steven Picado Gamboa, se refirió al trabajo y el avance en la construcción de la misma, mientras que el consultor experto, Geyner Blanco Acosta, habló de las experiencias vividas en el proceso de construcción de dicha política.
La magistrada coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, Damaris Vargas Vásquez señaló entre los principales logros, el avance en aspectos como la actualización de la información sobre esta temática en la página de la Comisión de Acceso a la Justicia, el trabajo en la creación del Proyecto de la Jurisdicción Indígena Especializada, así como la socialización de los Protocolos de Peritajes Antropológicos.
Destacó el establecimiento de convenios institucionales con entidades como la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Seguridad Pública, la emisión de circulares y el desarrollo de actividades de capacitación sobre derechos humanos enfocados en temas indígenas, la publicación de la revista de Jurisprudencia Indígena, la atención de 16 informes en relación con convenios internacionales y la rotulación de oficinas en edificios judiciales de Bribri, Limón, Guatuso, Buenos Aires, Corredores, Coto Brus y Golfito, con el idioma de los pueblos indígenas.
Se resaltó el trabajo en materia de notificaciones en las poblaciones indígenas, el trabajo de la Contraloría de Servicios en la atención a esta población, los esfuerzos en Justicia Restaurativa, y el trabajo de Gestión Humana en materia de capacitación, así como la Escuela Judicial; y los esfuerzos realizados por el Ministerio Público, el OIJ, la Defensa Pública, el Centro de Información Jurisprudencial, Control Interno, la Dirección de Planificación, el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional y la Presidencia de la Corte en la atención de este grupo poblacional considerado en condición de vulnerabilidad.
En la actividad, se contó con la presencia además del magistrado de la Sala Segunda y coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia, Jorge Olaso Álvarez, la subdirectora de la Defensa Pública, Yendry Portuguez Pizarro y de manera virtual de Magistrados y Magistradas de la Corte, integrantes del Consejo Superior, jerarcas y representantes del Ministerio de Planificación, Defensoría de los Habitantes, Organización de las Naciones Unidas, la Agencia Española Internacional de Cooperación para el Desarrollo y el National Center for State Courts (NCSC), integrantes de la Comisión de Acceso a la Justicia y de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, personas representantes de los pueblos indígenas, facilitadores y facilitadoras judiciales y personal judicial de los diferentes ámbitos de la institución.
