*La agenda de este día contempla más artículos, de ser necesario, oportunamente se remitirá el detalle del resto de numerales, en la misma forma y por la misma vía en que se facilitó este documento.

* Por la dinámica de la sesión, es posible que se incluyan artículos que no aparecen en esta agenda, de ser así, oportunamente se comunicará.

• Carlos Guillermo Zamora Campos rindió juramento este jueves ante Asamblea Legislativa.

Por un periodo constitucional de ocho años, Carlos Guillermo Zamora Campos asume como nuevo magistrado propietario de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, luego de ser elegido por los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa el pasado lunes 22 de enero de 2024.

Zamora Campos es Doctor en Derecho Administrativo de la Universidad Escuela Libre de Derecho, cuenta con una Licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica y ha realizado estudios internacionales:  Maestría “Política de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo” de la Universidad de Sussex, Inglaterra, abonado a estudios en Gestión de Recursos Humanos para Ingenieros y Científicos de la International Training Service Ltd., Huddersfield, Inglaterra, y de Negociación Avanzada: Estrategias y Técnicas, de la Universidad de California, Berkeley.

Dentro de su experiencia laboral, se ha desempeñado como profesional en diferentes instituciones públicas y empresas privadas de servicios y agroexportadoras, en donde ha fungido como asesor, consultor, abogado y notario, entre otras ocupaciones. En el Poder Judicial labora como Letrado de la Sala Primera desde el año 2009 hasta la fecha de su elección como alto juez.

Experiencia docente. Es Profesor de la Licenciatura en Derecho Administrativo, de la Maestría en Administración y Derecho Empresarial en Derecho Público y profesor del Doctorado en Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad Escuela Libre de Derecho. Además, es Integrante del Consejo Doctoral de dicho centro universitario y profesor del Postgrado en Derecho Administrativo de la Universidad de Costa Rica.

Zamora Campos cuenta también con varias publicaciones relacionadas el Derecho Público.

“Como integrante de la Sala Primera, tengo el compromiso de participar en todos los esfuerzos que esta ha venido realizando, para mejorar el circulante, los tiempos de respuesta, la atención prioritaria a los asuntos de sectores sociales, que así lo requieran. De mi parte, este es mi compromiso con las personas usuarias del servicio de justicia, para que cada día tengamos un mejor Poder Judicial”, indicó el nuevo Magistrado.

La juramentación oficial se realizó este jueves 25 de enero en la sesión ordinaria del Plenario Legislativo y estuvo a cargo del Presidente de dicho Poder de la República, el diputado Rodrigo Arias Sánchez.

La ruta de trabajo para el presente año fue establecida por el Poder Judicial, instituciones públicas, organismos internacionales y representantes de sociedad civil como parte de las acciones afirmativas en garantizar el derecho de acceso a la justicia sin discriminación por nacionalidad o condición migratoria.

La definición de prioridades se realizó en el marco de la primera reunión del año de la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada, en donde destacaron temas como las acciones de sensibilización y formación en capacidades profesionales para el combate y persecución de los delitos de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y su ligamen con el crimen organizado, además del conocimiento sobre el sistema internacional de protección para la condición de refugio y la regularización de personas migrantes menores de edad en conflicto con la ley.

Para el Magistrado Coordinador de la Subcomisión, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, es un año de oportunidades ya que se reavivan sinergias con miras a mejorar las condiciones de acceso a la justicia para un sector de la población que se suma a la fuerza laboral económicamente activa del país, además de su gran aporte a la riqueza cultural.

En la reunión de la Subcomisión, realizada virtualmente, participaron representantes de la Escuela Judicial, Defensa Pública, Unidad de Acceso a la Justicia, Contraloría de Servicios, Conamaj, Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público, así como de otras entidades como Ministerio de Trabajo, Tribunal Administrativo Migratorio, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos.

Las alianzas dentro de este grupo interinstitucional y multisectorial, con representación de sociedad civil, maximiza los recursos financieros y humanos, al establecer acciones cooperativas a lo interno de la Subcomisión para alcanzar las metas planteadas.

Para más información sobre el quehacer de la Subcomisión se puede escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

En un intento del Tribunal Penal de Limón de llevar la justicia a personas imputadas y ofendidas, ambas habitantes del territorio indígena cabécar de Telire, se realizó un amplio recorrido por aire y tierra, que los llevó a evidenciar las necesidades de esta población.

 El 11 de diciembre de 2023 a las 9 de la mañana, fue el día establecido para la realización del juicio, contra dos personas indígenas por un delito de robo agravado, ese mismo día se esperaba a la persona ofendida y un testigo.  Las partes del proceso no llegaron a la citación pactada en Bajo Bley Sur de Alto Telire y los imputados fueron declarados en rebeldía.

 La entrada y salida de la zona indígena prevista para dos días, se extendió por dos días más por dificultades de comunicación y transporte.  Lo vivido permitió evidenciar, por experiencia propia, las dificultades que enfrenta esta población para acceder no solo a la justicia, sino a los servicios esenciales.

 El grupo fue integrado por el juez y las juezas del Tribunal,  Leonardo Smith Parks, Patricia Herrera Gómez y Yeimy Rebeca Flores López; la defensora pública, Maria Infante Arias; el fiscal auxiliar, Carlos Matamoros Ureña, la técnica judicial, Meisel Ruiz Villarreal y dos agentes de protección de la Oficina de Atención y Protección de Víctimas y Testigos.

 “Esta experiencia nos sensibilizó significativamente, sobre la enorme dificultad que tienen para acceder a la justicia, en caso de que se vean vulnerados sus derechos. El largo camino para interponer una denuncia, destinar no solo muchas horas de caminata, sino, además, tomar varios servicios públicos de transporte para llegar hasta los tribunales de justicia, sumando a otras condiciones de vulnerabilidad interseccionales”, puntualizó en pleno el juez y las juezas del Tribunal Penal de Limón que atendieron la diligencia judicial.

 Luego de analizar la petición de la Defensa Pública para la realización del juicio en la zona indígena, el Tribunal Penal de Limón ordenó llevar el debate hasta el territorio indígena y las coordinaciones institucionales se emprendieron.

 Una compleja logística requirieron los dos días programados, el traslado en vehículo institucional hasta el aeródromo en Pandora, Valle La Estrella, donde dos helicópteros los trasladarían al punto de encuentra, gracias a la colaboración del Servicio Nacional de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública.

 La llegada no tuvo contratiempos y permitió la instalación del Tribunal, sin embargo, el segundo día pactado para el regreso, la imposibilidad de comunicación y las inclemencias del tiempo, les impidió la salida.  Frente a los pocos suministros de comida y las condiciones limitadas del grupo, los obligó a tomar la decisión de salir a pie.

 Con la ayuda de un baqueado indígena emprendieron un camino de casi 20 kilómetros, que les demoró dos días en completarlo, con el asilo de una casa vecina para pasar la noche.  Sortearon el cruce del río Telire con una fuerte corriente, caminos llenos de lodo, ríos y quebradas y sobrepasaron una densa vegetación y  la amenaza de animales en el trayecto.  Una experiencia que marcó su vida y su trabajo.

 “Este regreso nos permitió palpar y vivir en carne propia, parte de las dificultades y obstáculos a las que se enfrentan las personas indígenas que viven en esta zona a diario: las largas distancias para arribar a un pueblo donde abastecerse de insumos básicos; el mal estado de los caminos; la inexistencia de medios de comunicación con personas al exterior del territorio, incluso para pedir auxilio por una emergencia de salud; la escasa variedad y cantidad de alimentos de consumo humano; la ausencia de una red eléctrica para la comunidad”, puntualizó el Tribunal en pleno.