*La agenda de este día contempla más artículos, de ser necesario, oportunamente se remitirá el detalle del resto de numerales, en la misma forma y por la misma vía en que se facilitó este documento.

* Por la dinámica de la sesión, es posible que se incluyan artículos que no aparecen en esta agenda, de ser así, oportunamente se comunicará.

• Diálogo abierto en Consejo Ampliado.

Una mirada a la realidad de los servicios judiciales que se brindan en la zona sur, Sede Pérez Zeledón y Buenos Aires, propuestas de mejora y requerimientos generales, fueron temas que analizaron las autoridades judiciales en conjunto con las fuerzas vivas de la comunidad y el funcionariado judicial.

“Nos trasladamos al Circuito de Pérez Zeledón y Buenos Aires para intercambiar opiniones y hablar de las necesidades del personal judicial y propiciar mejoras al servicio que debemos brindar a las personas usuarias, que son el propósito nuestro, mediante un diálogo abierto con las y los usuarios para conocer como visualizan el servicio” puntualizó Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Corte.

El Consejo Ampliado tuvo lugar en el Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón este jueves 11 y viernes 12 de abril. La audiencia pública dio paso a un diálogo directo, para conocer la visión ciudadana y judicial de la administración de justicia.

“El ponerse a disposición de nosotros y escuchar las situaciones es de mucho valor. Destaco la actitud del personal del circuito, que siempre ha sido muy abierta hacia las personas con discapacidad”, indicó Otto Badilla Jiménez, persona ciega de la comunidad de Quebradas de San Isidro de Pérez Zeledón 

Rafael Ángel Delgado Zúñiga abogado y residente del territorio indígena de Cabagra destacó el trabajo que viene haciendo la Subcomisión de Pueblos Indígenas en la construcción de la Política Institucional para el Acceso de la Justicia de Poblaciones Indígenas y la importancia de contar con datos estadísticos para determinar el nivel de litigiosidad en la población indígena.

“El acercamiento de los jerarcas, con nosotros, el personal que estamos a cargo de cada una de las oficinas y que atendemos a la persona usuaria es  muy importante, porque permite ese contacto humano y ese intercambio de ideas.  En este tipo de actividades se logra valorar que hay seres humanos detrás de cada decisión y que se tomaron en cuenta los criterios como trabajadores, que son el recurso importantísimo para el Poder Judicial”, afirmó Oscar Adolfo Mena Valverde, juez coordinador del Tribunal  Colegiado Civil de Primera Instancia de la Zona Sur.

Magistrados, magistradas de la Corte Suprema de Justicia, integrantes del Consejo Superior, jerarcas del Ministerio Público, la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como representantes del Consejo de Administración del Circuito Judicial y autoridades judiciales administrativas, escucharon atentos cada intervención.

Durante las sesiones de trabajo, se analizaron temas como proyectos de mejora y rezago judicial, aspectos presupuestarios del circuito, tecnología, infraestructura y la atención de personas usuarias y poblaciones más sensibles, así como los proyectos y políticas institucionales a favor de poblaciones en condición de vulnerabilidad. 

• Comisión de enlace Corte-OIJ volvió a sesionar este miércoles con el norte de maximizar esfuerzos en la protección de personas servidoras judiciales

Un trabajo de inteligencia, planificación y estrategia enmarca los esfuerzos desarrollados por la Corte Suprema de Justicia para garantizar la seguridad de las personas funcionarias judiciales.

La labor, la cual se ha intensificado en los últimos meses a raíz de acontecimientos en donde personas funcionarias han experimentado situaciones de riesgo, es liderada por la Comisión enlace Corte-OIJ.

Este miércoles, dicha comisión volvió a reunirse con el fin de ratificar el trabajo desarrollado, trazar mecanismos para alcanzar los objetivos planteados y evaluar nuevas acciones.

Dentro de la lista de labores desarrolladas se destaca la capacitación a más de 400 personas funcionarias en autoprotección y cuidado; entre las regiones en donde se ha implementado las charlas figura Grecia, Pococí y Sarapiquí, mientras que en Limón, Goicoechea, Puntarenas, Cartago, San José, Heredia y Alajuela las capacitaciones están en proceso. La idea es abarcar todo el territorio nacional en los próximos meses, para lo cual se duplicó el equipo de capacitadores.

Además, expertos del Organismo de Investigación Judicial en conjunto con el Departamento de Seguridad del Poder Judicial elaboraron diagnósticos de los edificios judiciales con el fin de detectar las vulnerabilidades y, desde luego, mitigarlas.

También se están actualizando los protocolos de seguridad y se realizará una campaña informativa con consejos prácticos y útiles dirigidos al funcionariado judicial.

En la sesión de este miércoles de la comisión participaron el magistrado de la Sala de Casación Penal, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, quien es el coordinador de la misma; la magistrada de la Sala Primera y vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vázquez, el magistrado presidente de la Sala Segunda, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez; el magistrado suplente de la Sala Constitucional, Jorge Isaac Solano Aguilar, el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez y el subdirector del del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto Rojas.

“Estamos trabajando y ya hay muchas cosas concretas desarrolladas, no podemos decirlas todas, pues es un asunto de seguridad, pero el tema es una prioridad y las personas funcionarias pueden estar tranquilas”, manifestó el magistrado Alfaro quien, además, ha sostenido encuentros con personas representantes gremiales y grupos de jueces y juezas para escuchar sus inquietudes y preocupaciones, y tomarlas como insumos para la estrategia de seguridad.

El Departamento de Prensa del Poder Judicial, confirma que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago mediante el voto 2024 – 123, del 10 de abril del 2024, prorrogó por tres meses más la prisión preventiva a un hombre de apellido Casasola, por los delitos de sustracción de persona menor de edad y violación calificada. La prisión preventiva se amplió hasta el 10 de julio del presente año.

Este caso lo conoció el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, ya que se había cumplido el plazo ordinario de un año de prisión preventiva, según se establece en el artículo 258 del Código Procesal Penal.

Se incluye el artículo citado:

Código Procesal Penal: ARTICULO 258.-Prórroga del plazo de prisión preventiva . A pedido del Ministerio Público, el plazo previsto en el artículo anterior podrá ser prorrogado por el Tribunal de Apelación de Sentencia, hasta por un año más, siempre que fije el tiempo concreto de la prórroga.  En este caso, el tribunal deberá indicar las medidas necesarias para acelerar el trámite del procedimiento.

            Si el tribunal de juicio dicta sentencia condenatoria que imponga pena privativa de libertad, el plazo de prisión preventiva podrá ser prorrogado mediante resolución fundada, por seis meses más.  Esta última prórroga se sumará a los plazos de prisión preventiva señalados en el artículo anterior y en el párrafo primero de esta norma.

            Vencidos esos plazos, no podrá acordarse una nueva ampliación del tiempo de la prisión preventiva, salvo lo dispuesto en el párrafo final de este artículo, para asegurar la realización del debate o de un acto particular, comprobar la sospecha de fuga o impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad o la reincidencia.  En tales casos, la privación de libertad no podrá exceder del tiempo absolutamente necesario para cumplir la finalidad de la disposición.

            El Tribunal de Apelación de Sentencia, excepcionalmente y de oficio, podrá autorizar una prórroga de la prisión preventiva superior a los plazos anteriores y hasta por seis meses más, cuando dispongan el reenvío a un nuevo juicio.

            De manera excepcional, la Sala de Casación Penal podrá ampliar, en los asuntos de su conocimiento, la prisión preventiva hasta por seis meses más allá de los términos de ley autorizados con anterioridad.

(Así reformado por el artículo 1° "Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso Penal", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)