• “Es importante conocer el rol de denunciante y conocer más sobre la ley”, indicó Tom Devine del Government Accountability Project – Washington

En el segundo día del semanario para celebrar el “Día Mundial del Denunciante” y la “Ley 10.437, Ley de protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales” continuaron las ponencias de personas expertas internacionales.

El primero en exponer fue el Dr. Thomas Devine del Government Accountability Project – Washington sobre “La protección de los denunciantes en USA (Estados Unidos)”, en la cual mencionó que la denuncia es la expresión más significativa y de mayor riesgo de la libertad de expresión.

El expositor compartió doce lecciones prioritarias que aprendió a partir de su trabajo profesional en varios países del mundo y entre ellas están: nada es más poderoso que la verdad; la denuncia es una decisión en la encrucijada de la vida; los denunciantes tienen derecho a tomar una decisión plenamente informada; los denunciantes deben terminar lo que empiezan; el apoyo emocional es tan significativo como los derechos legales; el cinismo tiene un efecto disuasorio mayor que las represalias, entre otras.

Devine afirmó que… “este seminario es el primer paso para establecer solidaridad y eso es algo que tiene que repetirse una y otra vez hasta que realmente haya un fuerte arraigo de esta ley, ya las denuncias no puedan quedar escondidas por la corrupción y la burocracia”.

“Los denunciantes a lo largo de la historia han cambiado su rumbo y, por ende, es importante que reconozcamos su rol y aprendamos más sobre esta ley”, puntualizó el experto internacional.

La segunda ponencia estuvo a cargo de la señora Thelma Aldana Hernández, ex – presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala y ex Fiscal General, quien participó virtualmente, con el tema “Ley protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales de Costa Rica, estándares internacionales y similitudes y diferencias con la ley para protección de sujetos procesales y personas vinculadas a la administración de justicia penal de Guatemala”

Aldana se refirió a aspectos como el ámbito de aplicación de la ley; denuncias presentadas en el sector público; denuncias presentadas en el sector privado y denuncias presentadas públicamente; represalias laborales; fuero especial de protección; estándares internaciones y otros.

Adicionalmente, para este segundo día se efectuó la mesa redonda “Experiencias internacionales de protección de denunciantes y testigos de corrupción”. Moderada por Hannia Esquivel Mesén y en la cual participaron Samari Carolina Gómez Díaz, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales con una Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de Acción Ciudadana ONG TI Guatemala; Claire Launay, de Transparencia por Colombia (Virtual) y Carlos Hernández, de ASJ – ONG TI Honduras.

El objetivo del seminario fue divulgar los aspectos más relevantes de la nueva ley de protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales, incluyendo estándares internacionales y otras experiencias de países de la región. 

El seminario fue convocado de manera conjunta por la Corte Suprema de Justicia, la Asociación Costa Rica Íntegra y el Instituto Costarricense de Auditores Internos, y se pueden reproducir las charlas por medio de canal de YouTube del Poder Judicial.

• A partir del 1 de julio de 2024.
• Corte Plena ratifica ampliación de competencia del despacho, para resolver apelaciones del I, II y III Circuito Judicial de San José.

• Despacho se ubica en Torre Judicial

 El Poder Judicial se prepara para darle mayor especialización a los recursos de apelación que se presenten en los procesos laborales de San José, con la ampliación de las competencias del Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José, cuya sedes es el Edificio Torre Judicial.

 Este Tribunal concentrará la resolución de las apelaciones laborales del I, II y III Circuito Judicial de San José, a partir del 1 de julio de 2024.

 “Con esta ampliación de competencia se pretende estar más de cerca con la persona usuaria, y que ella obtenga una respuesta a sus pretensiones de forma más ágil y eficaz; y así cumplir con el principio de justicia pronta y cumplida”, destacó el juez coordinador del Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José, Juan Carlos Segura Solís.

 La ampliación de las competencias del Tribunal las ratificó Corte Plena en la sesión del pasado lunes 20 de mayo de 2024.

 El Tribunal de Apelación de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San Jose lo atenderán nueve jueces y juezas a cargo de las resoluciones de apelación. 

 Una vez remitidos los asuntos en apelación procedentes de los circuitos judiciales de San José, se procederá con una distribución equitativa del circulante y se mantendrá la labor con la aplicación de las buenas prácticas existentes y cuotas de trabajo, para dar respuesta oportuna a estos procesos y reducir el circulante.

 El Poder Judicial desde ya se prepara para poner en marcha estas nuevas funciones del Tribunal de Apelación de Trabajo de San José, que contemplan traslado de personal para reforzar el Tribunal, la remisión de los expedientes con apelación a resolver, el espacio físico y aspectos tecnológicos.

 Esta labor integra acciones específicas que deben realizar la Dirección Ejecutiva, Administraciones Regionales, las Direcciones de Planificación, Tecnología de la Información y de Gestión Humana, así como el Centro de Apoyo a la Función Jurisdiccional.

• En celebración del “Día Mundial del Denunciante”, así como la aprobación en Costa Rica de la Ley 10.437, para dar a conocer mecanismos de protección a favor de quienes denuncian.

Para celebrar el “Día Mundial del Denunciante y la Ley N°10.437” (Ley de protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales) se realiza un seminario que reúne a especialistas nacionales e internacionales.

Durante dos días se realizarán ponencias y mesas redondas para analizar los aspectos más relevantes de la nueva ley de protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales, incluyendo estándares internacionales y otras experiencias de países de la región. 

Se pretende que actores de la institucionalidad pública y del sector privado, como también de la sociedad civil, conozcan de la misma, valoren sus alcances y se comprometan con la difusión de los mecanismos de protección que prevé la legislación en favor de quienes denuncian y/o son testigos de actos que consideran pueden ser considerados casos de corrupción. 

El seminario es convocado de manera conjunta el Poder Judicial, la Asociación Costa Rica Íntegra y el Instituto Costarricense de Auditores Internos, en una alianza que muestra el interés que, para la sociedad costarricense reviste esta normativa, en aras de fortalecer a la ciudadanía en su papel de vigilancia y de compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción y el abuso de poder.

En el acto de inauguración de este seminario, la magistrada presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro indicó que “celebrar el Día Mundial de la Persona Denunciante va más allá de reconocer los logros legislativos, es una llamada a la acción para todas las instituciones y la sociedad en general, para que se creen entornos seguros en los que las denuncias sean escuchadas y se tomen medidas contundentes contra la corrupción”.

“La corrupción, el fraude y el abuso de poder son problemas complejos y sistémicos, profundamente arraigados en las organizaciones, tanto públicas como privadas.  La desconfianza en la confidencialidad de las denuncias, la cultura organizacional que desalienta la denuncia y la implementación efectiva de las leyes siguen siendo obstáculos que debemos superar”, agregó la magistrada Patricia Solano.

Juany Guzmán León, presidenta de Costa Rica Íntegra, señaló que “una ley como esta puede inclinar la balanza hacia la ruta de la alerta temprana, con protección y con incentivos”.

Por su parte, Gerald Campos Valverde, ministro de Justicia y Paz, mencionó “estamos trabajando en escuchar a la gente, porque cualquier persona puede dar un dato importante que es una denuncia, para evitar situaciones bien complejas de casos de corrupción”.  

La primera conferencia fue sobre los “Estándares interamericanos de la sentencia caso Viteri Ungaretti vr Ecuador” a cargo de la Dra. Ariana Macaya Lizano, abogada de la Secretaría de la Corte Interamericana de DDHH; luego se expuso sobre La Ley 10.437 y la norma ISO 37002, por Carolina Muñoz, presidenta del Comité de Gobernanza, INTECO.

Se realizó la mesa redonda “Canales de denuncia y su problemática integrada por Ronald Fernández Romero de auditoría interna del Ministerio de Hacienda; Rafael Picado López, gerente de denuncias de la Contraloría General de la Republica; Nuria Rodríguez Hernández, auditora senior de la auditoría interna de UNICOMER y César Soto Solís, jefe de la Unidad Asesora Asuntos Internos del Ministerio de Hacienda.

La primera jornada finalizó con la mesa redonda “Alcances del fuero de protección de la Ley 10.437”, moderada por Marlon Mora Jiménez e integrada por Fabián Arrieta Segleau, juez laboral del Tribunal de Apelaciones de San José; José Ángel Peñaranda; jefe de la Oficina de Protección de la víctima del Ministerio Público; Eric Briones Briones; jefe del Departamento Legal de la Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ana Briceño Yock, supervisora área laboral de la Defensa Pública.

Durante el segundo día del seminario se contará con los conferencistas internacionales Thomas Devine del Government Accountability Project – Washington y Thelma Aldana Hernández, ex - presidenta Corte Suprema de Justicia de Guatemala y ex Fiscal General, quien estará de manera virtual.

Además, se efectuará la mesa redonda “Experiencias internacionales de protección de denunciantes y testigos de corrupción” con representantes de organizaciones de la sociedad civil de Colombia, Guatemala y Honduras.

• Detención se realizó en octubre del 2023.

Un hombre de apellido Montes se sometió a un procedimiento especial abreviado, por lo que el Tribunal Penal de Puntarenas impuso la pena de siete años de prisión en la sentencia número 158 – P – 2024, por el delito de posesión y almacenaje de drogas de uso no autorizado para el tráfico ilícito.

Supuestamente, Montes poseyó y almacenó en su domicilio ubicado en las cercanías de una escuela en el sector del Roble, Puntarenas, estupefacientes con fines de tráfico. Luego de vigilancias, investigaciones y seguimientos, las autoridades lograron determinar las ventas ilegales.

En apariencia, el encartado mantenía en su dormitorio droga tipo marihuana y cocaína, así como un arma de fuego y dinero en efectivo, que se presume era producto de las ganancias del tráfico ilícito al que se dedicaba.

Las autoridades lograron la detención de Montes en octubre del 2023.