• El proyecto se ubica en Quepos Barrio la Inmaculada, justo a un costado de la Escuela el Estadio.

La Comisión de Construcciones del Poder Judicial aprobó por unanimidad el pasado 4 de junio de 2024, el anteproyecto de los Tribunales de Justicia de Quepos, presentado por el consorcio IECA-AyD-Gensler y contratado a través del Fideicomiso Inmobiliario del Poder Judicial/BCR 2015.

De esta forma, inicia el camino para la materialización de un nuevo inmueble judicial en esta zona, con el objetivo de brindar un servicio de administración de justicia con todas las oficinas concentradas en un mismo sitio y en condiciones dignas.

Este proyecto, se ubica en Barrio la Inmaculada, en Quepos, justo a un costado de la Escuela el Estadio y dentro de sus proyecciones, albergará las oficinas del tribunal de juicio, el juzgado de familia, violencia doméstica y penal juvenil; penal; contravencional que incluye tránsito, contravenciones y pensiones alimentarias; civil y laboral; la Defensa Pública y la Fiscalía.

Además, tendrán espacio en estas instalaciones, el Organismo de Investigación Judicial; la Oficina de Atención y Protección de la Víctima del Delito; la Administración Regional; una Plataforma Integral de Servicios; el Área de Gestión Jurisdiccional y Administrativa; la Oficina de Comunicaciones Judiciales; Tecnología de la Información; la Unidad Médico Legal; la Contraloría de Servicios; Trabajo Social y Psicología, el Servicio Médico de Empleados y Empleadas y contará con un módulo de salas de juicio varias, un comedor, un gimnasio y zonas comunes y complementarias.

En lo que respecta al cuidado del ambiente, la edificación, tendrá la certificación LEED (Líder en Eficiencia Energética y Diseño sostenible), lo que supone que será construido con los estándares de ecoeficiencia y cumplirá con los requisitos de sostenibilidad.

Cabe destacar, que este certificado, basado en estándares científicos, premia el uso de estrategias sostenibles en todos los procesos de construcción del edificio, desde la adecuación de la parcela donde se ubica, hasta la eficiencia del uso del agua, energía y la selección de materiales sostenibles con el fin de proporcionar una calidad medioambiental interior.

Resalta que la edificación contará con planta de tratamiento y planta eléctrica, tanques de agua potable y de incendios, sistema BMS (Building Management Systems) para automatización, monitoreo y control centralizado del edificio, que permite mejor control y supervisión centralizada de equipos y sistemas electromecánicos, detección de incidencias o fallos en menor tiempo, automatización de sistemas mecánicos y eléctricos e información detallada de variables para visualizar el consumo energético, la eficiencia de equipos, temperatura, entre otros. Por otra parte, se tendrán también paneles solares y equipos de UPS.

El inmueble, contará con ahorro en consumo de agua potable gracias a la reutilización de aguas pluviales, en jardines e inodoros.

El diseño prevé el cumplimiento de los estándares a nivel de construcción que establece el Código Sísmico, tendrá elevadores amplios que permitan el ingreso de camillas en caso de emergencia, habrá parqueos para bicicletas, contará con salas centralizadas que serán administradas por medio de la Agenda Cronos, con el fin de maximizar recursos y dispondrá de cuartos de testigos para las partes, así como de salas de deliberación para el Tribunal. Además, existirán salas de capacitación para el personal judicial.

En materia de seguridad, el edificio de ha diseñado desde su génesis tomando en consideración las recomendaciones y estándares de seguridad emitidas y revisadas por la Unidad de Protección de Funcionarios Judiciales del OIJ (UPRO), ello ante los nuevos acontecimientos de la delincuencia organizada, con el fin de brindar, a nivel interno y perimetral, las más altas medidas de protección al personal judicial, lo cual repercute, de igual forma, en la seguridad de las personas usuarias que visitarán las instalaciones.

Se le incorpora un sistema de CCTV para monitorear las instalaciones, control en los accesos principales y sótano, por medio de esclusas de seguridad y cerramientos sólidos, junto con casetas de seguridad en los accesos vehiculares, con el fin de asegurar el perímetro del edificio.

Cabe destacar, que, a partir de este momento, se procederá de forma inmediata con la fase de elaboración de Planos y Especificaciones Técnicas del proyecto y demás labores necesarias para posteriormente continuar con la etapa constructiva.

Estos logros se dan gracias al esfuerzo del trabajo en equipo del Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial/BCR 2015 con el Poder Judicial.

• La Oficina de Cumplimiento en colaboración con la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, desarrollaron el Taller Regional para Centroamérica y Ecuador: Compliance Judicial y Conflictos de Intereses

 Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Ecuador suman esfuerzos para la implementación de acciones en el combate contra la corrupción judicial y fortalecimiento de integridad judicial, durante su participación en el Taller Regional para Centroamérica: Compliance Judicial y Conflictos de Intereses.

 Del 11 al 13 de junio de 2024, se analizan experiencias, buenas prácticas y se construyen propuestas concretas para mejorar la gestión de conflictos de interés y medidas de implementación de compliance judicial.

 “Los Poderes Judiciales somos y debemos seguir siendo el espacio esencial de actuación, con los más altos estándares de integridad y profesionalismo de la sociedad.  Y en este marco, las políticas de cumplimiento se presentan como un mecanismo necesario y eficaz, en el aseguramiento de una administración de justicia que garantice, en cada decisión judicial que se alcance, un marco de imparcialidad, igualdad e independencia, en el que impere el compromiso con la igualdad y la justicia, que trasciende los intereses individuales y resguarda el bien” puntualizó la magistrada Presidencia de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro, durante la apertura del taller.

 Para Robert Alter, Director de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de los Estados Unidos (INL por sus siglas en inglés), es de reconocer el esfuerzo del Poder Judicial de Costa Rica de emprender y aprobar acciones para fortalecer la integridad judicial.

 De acuerdo con Jorge Vargas, Coordinador país de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONODC), la amenaza de la corrupción en las instituciones, obliga en la necesidad de adoptar medidas para enfrentarlas.

 La actividad contó con la participación del Procurador General de la República, Iván Vincenti Rojas, quien señaló que en la lucha contra la corrupción y la gestión del riesgo, la creación de las oficinas de cumplimiento se constituye en una de las acciones por desarrollar.

 Durante el primer día, se realizaron diversas ponencias relacionadas con la integridad judicial y la prevención de la corrupción judicial, la experiencia de Costa Rica en la implementación de Compliance Judicial y la administración del riesgo de corrupción en los sistemas judiciales, que contaron la participación de la magistrada Patricia Solano; la Oficial de Cumplimiento, Kenia Alvarado Villalobos y la Presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados y Jueces.

• Reducción del déficit actual registró un 1,68%, lo que incrementa la solvencia del Fondo a un 76,92%.

 Las acciones emprendidas durante el año 2023 para garantizar la administración efectiva de los recursos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial se dieron a conocer este lunes 10 de junio, durante la rendición de cuentas brindada por la Junta Administradora.

 Al cumplirse 85 años de creación y funciones del Fondo, se destacó el rendimiento alcanzado por la consolidación de las inversiones ejecutadas, que permitieron alcanzar un 8,62% de rendimiento real, al mes de diciembre de 2023.

 “Se han realizado importantes esfuerzos por atender la brecha de requerimientos normativos, en las actividades significativas que están relacionadas con el quehacer de este régimen básico del primer pilar del Sistema Nacional de Pensiones costarricense.  Este proceso es fundamental para que el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial pueda seguir cumpliendo su visión en las próximas décadas, brindando tranquilidad y seguridad a todas las personas afiliadas”, puntualizó Juan Carlos Segura Solís, Presidente de la JUNAFO.

 Se destacó la comunicación abierta que se ha procurado con el colectivo judicial, mediante el acceso a los informes financieros, a los resultados actuariales y las actas de la Junta, publicadas en la página web, sitio en el cual también se puede consultar el presente informe de rendición de cuentas y el resultado de la valuación actuarial del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, ambos con datos con corte a diciembre de 2023.

 El informe de rendición de cuentas estuvo a cargo de Oslean Mora Valdez, Director a,í de la Dirección de la JUNAFO, quien destacó que tanto los resultados de rendimientos del estudio actuarial, “se ha visto impulsado por una gestión activa más provechosa de la cartera de inversiones. Igualmente, en cuatro años se ha trabajado por el cumplimiento de la normativa de la SUPEN. La consolidación de las inversiones en el mercado internacional es prueba superada al contar con experiencia y capacidad para desarrollar esas inversiones, cuyos resultados las avalan”.

 Además, se recalcó que el Fondo no posee inversiones en emisores que hoy son cuestionados como Aldesa ni en Coopeservidores. Además, es destacable que se emprendió un proceso de Acreditación en Gestión de la Calidad por medio de CEGECA y se obtuvo la acreditación como Entidad Libre de efectivo con el Banco Central de Costa Rica.

 En cuanto al estudio actuarial 2023, expuesto en este acto de rendición de cuentas, se resaltó que los niveles del déficit actuarial mantienen una clara tendencia a disminuir, al registrar una disminución del 1,68%, que en términos porcentuales permitió obtener una solvencia del 76,92% para el año 2023, colocando al Fondo en el segundo lugar a nivel nacional en esta materia.

 Consulte ambos informes en la página web de la JUNAFO.

• Se reconoció el avance institucional en su adaptación a las nuevas tendencias globales de digitalización y manejo electrónico de transacciones.

Gracias al esfuerzo del Poder Judicial por innovar y mejorar la eficiencia en las operaciones, se obtuvo este martes 11 de junio la certificación del programa L, como “Entidad Libre de Efectivo”, otorgada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), con la asesoría del Banco de Costa Rica (BCR).

Este programa es diseñado entre el Banco Central de Costa Rica y las entidades del sistema financiero nacional, con el objetivo de lograr la máxima utilización de los servicios electrónicos que tienen disponibles los clientes para sus transacciones de cobro y pago, lo cual se traduce en la reducción del riesgo en el manejo del efectivo y de los costos asociados a éste.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez fue quien recibió la certificación y la bandera del Programa L. “No es simplemente un reconocimiento a la modernización de nuestros procesos de cobro y pago, sino que simboliza nuestra dedicación a la seguridad, eficiencia y transparencia. El Banco Central nos invitó a participar en este programa con el objetivo de maximizar la utilización de los servicios electrónicos disponibles para nuestras transacciones, una iniciativa que hemos abrazado con determinación y compromiso”.

El magistrado Orlando Aguirre destacó el rol del Consejo Superior que autorizó la participación en este programa, así como al Departamento Financiero Contable, que fue designado como el equipo técnico principal para llevar a cabo las gestiones necesarias para alcanzar esta certificación y que contó con el apoyo de la Dirección Ejecutiva, la Dirección de Gestión Humana, las Administraciones Regionales, y la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones. “Juntos, continuaremos avanzando hacia un sistema judicial más moderno, seguro y accesible para todos los ciudadanos” indicó el presidente de la Corte.

Roger Madrigal López, presidente del Banco Central señaló que “queremos felicitar al Poder Judicial por unirse a estos esfuerzos, de forma que el sistema financiero costarricense suma un aliado más a la tarea de promover el uso de medios de pago y cobro electrónicos, con ello lograr la reducción de riesgos y costos asociados al uso de efectivo, para brindar así un mayor valor agregado a las personas usuarias, los invitamos a continuar en esta senda, no solo de la digitalización de sus relaciones de cobro y pago, sino también a unirse a los procesos que faciliten la interacción con la ciudadanía costarricense”.

“El Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales de la democracia costarricense y por ende, institución modelo que a través del ordenamiento jurídico contribuye con la paz social y el desarrollo sostenible del país, es por ello que la transparencia y eficacia en el uso de los fondos públicos es medular en esta construcción y contar con la distinción de Entidad L, manifiesta y asegura este compromiso. Además, apoyar al BCCR para que cada vez más empresas formen parte de su programa de Libre Efectivo es una de las formas en que se ve materializado el compromiso del BCR con la sostenibilidad, la innovación y el bienestar de todas las personas”, afirmó Evelyn Aguilar Corrales, Gerente de Negocios de Banca Corporativa del BCR.

En la actividad se encontraba la magistrada vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez; los integrantes del Consejo Superior, Gary Bonilla Garro, Siria Carmona Castro, Sandra Pizarro Gutiérrez y Ana Isabel Orozco Álvarez y el director de División de Sistemas de Pago de BCCR, Carlos Melegatti Sarlo.

Les acompañaron también directores y directoras del ámbito administrativo; administradores regionales y del Departamento Financiero contable del Poder Judicial, así como representantes de ambas entidades financieras.

Dentro de los principales beneficios de la certificación se encuentran: reducir costos operativos al utilizar medios electrónicos que automatizan y agilizan las operaciones, disminuir los riesgos en la administración de efectivo, brindar mayor seguridad en las transacciones de pago, mejorar los controles de los cobros y pagos que se realizan, brindar mejor servicio y alternativas de cobro y pago, así como contribuir con el desarrollo del sistema de pagos de nuestro país.