• Jerarcas se reunieron con fuerzas vivas y personas funcionarias judiciales para escuchar sus inquietudes y tener un diálogo abierto.

En un acto de transparencia, rendición de cuentas y diálogo abierto, magistrados, integrantes del Consejo Superior y jerarcas del Poder Judicial se reunieron con organismos locales y sociedad civil de la localidad de Guápiles, Pococí.

En la actividad se encontraban el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez; los magistrados Luis Guillermo Rivas Loáiciga; Luis Porfirio Sánchez Rodríguez; Paul Rueda Leal; los integrantes del Consejo Superior, Gary Bonilla Garro, Siria Carmona Castro, Sandra Pizarro Gutiérrez y Ana Isabel Orozco Álvarez.

Además participaron Carlo Díaz Sanchez, Fiscal General; Randall Zúñiga López, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ); Juan Carlos Pérez Murillo, director de la Defensa Pública; Carlos Mora Rodríguez, Subsecretario General de la Corte Suprema de Justicia; Yency Vargas Salas, Presidenta del Consejo de Administración del Circuito Judicial de Guápiles; Roger Mata Brenes, director del Despacho de la Presidencia; Roxana Arrieta Meléndez, directora a.i. de Gestión Humana; Erick Alfaro Romero, Contralor de Servicios; Melissa Benavides Víquez, jefa de la Unidad de Acceso a la Justicia y Juan Carlos Brenes Azofeifa, en representación de la Oficina de Control Interno.

Según indicó el Presidente de la Corte, Orlando Aguirre “estamos involucrados en el fortalecimiento del Estado de Derecho, como parte de esto está la necesidad que se comparta con las fuerzas vivas de las comunidades y desde luego que tengan la oportunidad de participar dando su visión de la Administración de Justicia”.

Allan Pow Hing Cordero, director de Planificación dio a conocer las principales acciones que ha realizado el Poder Judicial en este circuito, donde expuso temas como variables demográficas, análisis de la población a la cual se le brinda el servicio, formulación de presupuesto, fortalecimiento de la seguridad, recursos solicitados para el Código Procesal de Familia, modelo de mejora continua, entre otros datos importantes del circuito.

Por su parte, Daniela Guevara Walker, de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ) presentó los resultados del taller consultivo que se realizó en días anteriores en la zona, con temas como valoración de los servicios judiciales, carga laboral del personal judicial, necesidades de atención y de infraestructura, fortalecimiento de lazos con la ciudadanía, servicio de facilitadores y facilitadoras judiciales y otros.

José Everardo Quesada Quesada, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de la Aurora de Río Jiménez de Guácimo aseguró que “para nosotros los pobladores ser invitados a este foro es sumamente satisfactorio, porque siempre hemos querido tener un acercamiento con las autoridades judiciales, verlos aquí hoy, conocerlos en persona, compartir con ellos, expresarles nuestras inquietudes y que ellos nos escuchen, para nosotros es sumamente satisfactorio”.

Durante la segunda sesión de trabajo, los jerarcas realizaron el encuentro con personal judicial para conocer de primera mano las necesidades de los servidores y servidoras del Segundo Circuito Judicial de la zona Atlántica, para la mejora del servicio.

En esta sesión, Irene Rivera Salazar, coordinadora de la Defensa Pública puntualizó “esta actividad ha sido muy importante porque es un acercamiento primero a la sociedad civil, en la cual nos retroalimentamos, para mejoras en cuanto al acceso a la justicia y al servicio que damos. También, es un acercamiento de la población judicial para exponer nuestras situaciones, justamente es ahí donde vamos a poder concretar todo lo que los usuarios nos dicen y plantear cada una de nuestras situaciones y recibir una respuesta”.

Las sesiones de trabajo se realizaron en la Sala Magna del edificio de los Tribunales de Guápiles.

• También se asumen las localidades de Puerto Jiménez, San Vito y Osa.

Desde el año 2020, el procedimiento de Justicia Restaurativa aplicado a personas adultas se implementó en la jurisdicción de Corredores y Golfito, lo cual ha significado un nuevo paradigma para la solución de los conflictos con un enfoque que busca beneficiar a todas las partes intervinientes.

En estas zonas, de forma paulatina, se asumió la atención de los procesos penales en materia restaurativa en las localidades de Puerto Jiménez, San Vito de Coto Brus y Osa, logrando así cubrir la zona sur del país.

Lesvia Zúñiga Abarca, Defensora Pública de Justicia Restaurativa en Corredores, indicó que este proceso ha sido todo un desafío, en el objetivo de lograr que las personas usuarias, externas e internas, interioricen la importancia de resolver los conflictos con óptica restaurativa, formando parte de la construcción de la solución, atendiendo al conflicto como una oportunidad de mejora para sí y para la comunidad, logrando soluciones reales y satisfactorias para las partes.

Zúñiga Abarca mencionó que la comunidad juega un papel muy importante en el proceso restaurativo como parte beneficiaria de los acuerdos, ya que desde el año 2020, se formó una red de apoyo institucional, integrada por instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y de bien social, con las cuales se trabaja de manera conjunta y se coordinan donaciones y servicios comunales que las personas usuarias deben llevar a cabo como parte de los compromisos adquiridos en los acuerdos de las reuniones restaurativas.

“Hemos experimentado resultados muy satisfactorios, los representantes de las instituciones han expresado que las personas usuarias referidas han sido de gran apoyo, contribuyendo a mejorar las condiciones físicas e infraestructurales de las instituciones”, mencionó la Defensora.

Lesvia Zúñiga resaltó la importancia de que el equipo interdisciplinario de Justicia Restaurativa esté constituido por un grupo de profesionales de diferentes áreas, lo que colabora a que el trabajo sea compartido, entendiendo que la responsabilidad es de todos y todas.

“El desarrollo del trabajo en equipo dentro de Justicia Restaurativa, se basa en canales de comunicación adecuados, que permiten que las personas profesionales involucradas puedan expresarse de manera respetuosa ante cualquier situación particular que se presente en el quehacer diario”, destacó.

Dentro de las acciones del equipo de Justicia Restaurativa de Corredores, destaca que se atienden cinco cantones (Corredores, Coto Brus, Golfito, Puerto Jimenez y Osa) los cuales se ubican a distancias considerables, lo que permite la realización de encuentros virtuales mediante la plataforma Microsoft Teams, para entrevistas y reuniones restaurativas, garantizando así el acceso a la justicia para las partes.

Sobresale como parte de la labor del equipo de Justicia Restaurativa, la realización de reuniones restaurativas in situ en la zona de Santa Elena de Coto Brus, con participación de población indígena; así como la culminación de procesos del Programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial (PTDJ), con grandes cambios en la vida de las personas.

Cabe destacar el papel de la población civil, tanto para el recibimiento de personas para cumplimiento de planes reparadores, como para la coordinación de actividades relacionadas al proceso restaurativo.

El proceso de Justicia Restaurativa se orienta hacia la resolución de conflictos generados por hechos delictivos, con la participación activa de las personas ofensoras, ofendidas y la comunidad, con la intención de restaurar los daños de la víctima, procurar la inserción social de la persona ofensora a través de soluciones integrales y promover la paz social.

La Red Cantonal de Mujeres Migrantes de Heredia y el Grupo de Personas Adultas Mayores de Barreal fueron las organizaciones que eligieron a sus personas facilitadoras judiciales mediante asambleas comunitarias multitudinarias durante el mes de abril.

Yvett Blandón de San Francisco de Heredia, Elena Dixon de Barrio Lourdes, Issis Urbina de Barrio Fátima, Georgina Varela del centro de Heredia, así como Lilliam Monge vecina de Barreal, son las primeras personas nombradas, gracias al esfuerzo que realiza el Poder Judicial en la ampliación del Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales en cantones tales como Heredia, San Joaquín y San Rafael.

Durante el primer cuatrimestre de 2024, personal profesional de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), junto a personas juzgadoras, coordinadoras y técnicas de Juzgados Contravencionales de Heredia, San Joaquín y San Rafael, además de la Administración Regional, han ejecutado una estrategia de acercamiento comunitario y establecimiento de redes colaborativas con fuerzas vivas locales para la difusión, promoción e información sobre la figura y beneficios de la persona facilitadora judicial en los barrios.

La Jueza Contravencional de Heredia, Melissa Cambronero Torres, califica la experiencia como única ya que “el nombramiento de personas facilitadoras judiciales en las comunidades heredianas es importante porque constituye una herramienta práctica del principio de acceso a la justicia. No todos los conflictos a nivel comunitario requieren necesariamente la judicialización, ya que en muchas ocasiones la clave del éxito está en la mediación, el diálogo y el compromiso mutuo de las partes, para generar una acción u omisión que ayude a resolver el inconveniente”.

Para la Licda. Cambronero Torres, la labor del facilitador o facilitadora judicial permite extenderse como un brazo para la administración de justicia que llega hasta la persona usuaria en su propia comunidad, no sólo para informarle adecuadamente sobre los procesos judiciales, sino también, para fungir como ese tercero que acerca a las partes, un tercero de su confianza que interviene con una actuación pacífica y neutral, en aras de colaborar con la resolución del problema.

“La persona facilitadora judicial se convierte en una alternativa de acompañamiento ubicada directamente en la propia comunidad de las personas afectadas, sin necesidad de que los heredianos y heredianas se desplacen hasta las oficinas del Poder Judicial: capacitando en diversos temas de interés, coadyuvando en la solución de problemas, acompañando a las personas usuarias al Poder Judicial cuando tienen dificultades de desplazamiento y no cuentan con redes de apoyo, y en fin, agotando la alternativa de obtener información veraz o una resolución pacífica a nivel local, antes de judicializar los conflictos”, concluyó la Jueza Cambronero.

El plan de incidencia comunitaria del Servicio Nacional continúa sus pasos firmes durante el mes de mayo y junio al tenerse programadas reuniones y visitas comunitarias en diferentes localidades, lo que se espera desemboque en la organización de más asambleas de vecinas y vecinos para realizar nombramientos de nuevas personas facilitadoras judiciales.

Para más información sobre este proyecto de ampliación del Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales se puede llamar al teléfono 2295-3322 o escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

• Desde marzo de 2023 rige en la institución la escala salarial transitoria

La Corte Plena aprobó este lunes 13 de mayo la columna salarial global definitiva para aplicar a todas las categorías de puestos del Poder Judicial.

De tal forma, los parámetros establecidos en el salario global definitivo se aplicarán a partir de la primera quincena de junio a las personas trabajadoras judiciales que ingresaron a la institución posterior a la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público (10 de marzo de 2023); a todas ellas se les ha estado pagando con base a la escala salarial transitoria, aprobada por Corte Plena el 8 de mayo de 2023.

La directora de Gestión Humana del Poder Judicial, Roxana Arrieta Meléndez, señaló que los salarios aprobados se ajustan a lo establecido en la Ley Marco de Empleo Público en cuanto a la técnica de valoración por puntos y no comprometen los presupuestos disponibles para el Poder Judicial, y se ajustan a los montos definidos para el pago de sueldos.

 “Este Poder de la República es responsable con las finanzas públicas del país, a la vez que procura con su política salarial la retención del recurso humano evitando la fuga de talento y promoviendo un salario competitivo para el futuro de las nuevas contrataciones”, detalló.

Las personas magistradas titulares de la Sala Constitucional —exceptuando a Fernando Cruz Castro— no participaron de la discusión y votación de este asunto debido a que existen procesos interpuestos en su jurisdicción sobre la Ley Marco de Empleo Público que deberán conocer. Cruz Castro no participará en la deliberación de dichos procesos.

La tabla salarial definitiva se publicará en el sitio web de la institución, una vez disponible se compartirá el enlace.

El acuerdo de Corte se comunicará al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, con el fin de que se proceda a publicar en la Plataforma Integrada de Empleo Público. 

Asimismo, el Poder Judicial realizará las gestiones para su publicación en el Boletín Judicial.