*La agenda de este día contempla más artículos, de ser necesario, oportunamente se remitirá el detalle del resto de numerales, en la misma forma y por la misma vía en que se facilitó este documento.

* Por la dinámica de la sesión, es posible que se incluyan artículos que no aparecen en esta agenda, de ser así, oportunamente se comunicará.

• Diálogo intercultural: avanza co-construcción de la Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas

El respeto a las culturas, el acercamiento con la gente y el interés de aprender y mejorar de la mano de los Pueblos Indígenas marcaron el encuentro histórico que tuvo el Poder Judicial con más de 100 personas líderes representantes de diferentes organizaciones de pueblos indígenas de Costa Rica —tales como Bröran, Ngäbe, Cabécar, Maleku, Brunka, Bribri, Huetar, Chorotega-, ubicadas en los 24 territorios indígenas del país.

La actividad, desarrollada el pasado 8 de octubre, tuvo como fin generar un acercamiento con la población y fomentar la confianza y la concertación de ideas para identificar oportunidades de mejora en el acceso a la justicia de estos pueblos.

En el acto inaugural se contó con la participación del Magistrado Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Damaris Vargas Vásquez, Vicepresidenta de la Corte; Francisco Cali Tzay, Relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Eva Felicia Martínez Sánchez, Embajadora de España en nuestro país; Andrés Sánchez Thorin, Representante Adjunto de la Oficina Regional Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe; y Angie Cruickshank, Defensora de los Habitantes.

A su vez, asistieron Magistrados y Magistradas, representantes de la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas, personal de los ámbitos administrativos y auxiliares de justicia del Poder Judicial.

Este encuentro es parte de las acciones para construir en conjunto la Política de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica y aplicar las recomendaciones realizadas por el relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

La Magistrada Vicepresidenta Damaris Vargas Vásquez, es quien encabeza este proyecto. Ella destacó la necesidad de construir un Poder Judicial al lado de la gente. “No podemos realizar esta política desde los escritorios, pues necesitamos acercarnos a estos pueblos a través de visitas, y, por medio de este encuentro, escuchar y entender su visión, procurar corregir y mejorar para garantizarles el acceso a la justicia”. 

Por su parte, el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, reconoció los avances que ha tenido Costa Rica con la realización de esta política y el reconocimiento del derecho indígena.

Las plenarias tocaron temas como las recomendaciones del relator especial para la construcción de la Política, aspectos sobre género, el quehacer del Poder Judicial; además, se expusieron los avances y retos de este Poder de la República para la construcción de dicha Política. 

Durante la actividad, la señora Justa Romero Morales, lideresa, intérprete y facilitadora de la población del territorio Bribri, resaltó la lucha que han dado los pueblos indígenas para que se respeten y reconozcan sus derechos e instó a las y los presentes a compartir ideas con el Poder Judicial.

Eva Felicia Martínez, Embajadora de España expresó su satisfacción en la participación de este proyecto y auguró muchos éxitos en la realización de esta política y el beneficio que tendrán las comunidades indígenas con su aplicación. “Este es un proyecto que no tiene sentido sin consultar a las personas indígenas de Costa Rica, conocer lo que desean y lo que no, pues no queremos imponer fórmulas que se han aplicado en otros países, ya que cada comunidad tiene su diversidad. Los países cambian de muchas maneras, pero una de ellas y más eficaz es cambiando las políticas públicas”.

Este proyecto es financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Embajada de los Estados Unidos, en procura de garantizar que las personas indígenas tengan un verdadero acceso a la justicia cuando así lo requieran, esto a través de una serie de lineamientos institucionales para brindarles atención con los más altos estándares internacionales de derechos humanos y a su vez, con la asesoría y el apoyo de la ONU. 

• Corte Plena establece competencia nacional.
• Asume los recursos de apelación nuevos ingresados desde 1 de octubre de 2024
• Apelaciones presentadas y trasladados antes del 1 de octubre, los resolverán los Juzgados de Familia.

 Desde el 1 de octubre del 2024, el Juzgado de Familia Especializado en Apelaciones de Pensiones Alimentarias tiene competencia nacional, para resolver los recursos de apelación que se presenten en esta materia, en todo el país.

 La decisión la tomó Corte Plena en el acuerdo de la sesión N° 43-2024 del 30 de setiembre de 2024.

 “La idea de crear un juzgado especializado en apelaciones de pensiones alimentarias, único en el país, ha sido toda una experiencia.   ¡No ha sido una tarea fácil! Los funcionarios y funcionarias que conformamos el juzgado hemos tenido que invertir  tiempo personal y sacrificar espacios con la familia; porque la construcción del nuevo juzgado demandó mucho tiempo. Los compañeros y compañeras que se integran desde octubre de 2024, son conscientes del compromiso que exige nuestro trabajo y han aceptado el reto”, destacó la jueza coordinadora Patricia Méndez Gómez.

 El acuerdo establece que para los recursos ya existentes y que fueron trasladados a los Juzgados de Familia de la localidad, mantienen el conocimiento de las apelaciones en dichos despachos.

 “Solo los asuntos nuevos (es decir, las apelaciones que no han sido trasladadas a los juzgados de Familia competentes antes del 1 de octubre 2024) los remitirán los juzgados de Pensiones directamente en apelación al Juzgado de Familia Especializado en Apelaciones de Pensiones Alimentarias a partir del 1 de octubre 2024”, puntualizó el acuerdo de Corte Plena.

 Para las autoridades judiciales, este cambio procura mejorar la eficiencia y garantizar un servicio de justicia más célere y especializado para toda la población en materia de Pensiones Alimentarias.

 Le corresponderá a la Dirección de Planificación el monitoreo de la carga de trabajo y comportamiento del volumen de casos que llegue al Juzgado de Familia Especializado en Apelaciones de Pensiones Alimentarias, por un plazo de tres meses, para generar las recomendaciones necesarias a los órganos decisores.

 El Juzgado de Familia Especializado en Apelaciones de Pensiones Alimentarias inició funciones en junio del 2023, con competencia únicamente en San José.  Los resultados positivos en la resolución de estos procesos en segunda instancia, permitió ampliar dicha competencia en enero del 2024 a la atención de apelaciones procedentes de Heredia.

 Con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal de Familia, el despacho amplía su competencia a nivel nacional desde el 1 de octubre de 2024, cuya tramitación se realiza bajo la modalidad electrónica, lo que permite a las personas usuarias consultar de forma electrónica desde el Sistema de Gestión en Línea el detalle de sus expedientes.

 La especialización en apelación de pensiones alimentarias, permite la uniformidad de criterios en esta jurisdicción.

Presentan informe de Rendición de Cuentas en Casa de la Cultura, Pococí

• Circulante activo al 1 de octubre de 2024, es de 17 551 expedientes en materia penal, penal juvenil, pensiones alimentarias, agrario y ejecución de la pena, en la Región Atlántica.

 La labor emprendida durante este 2024, por las oficinas de la Defensa Pública en Pococí, Siquirres, Bataan, Limón y Bribrí, se dio a conocer el pasado 1 de octubre de 2024, durante la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía.

 El acto se realizó en la Casa de la Cultura ubicada en Pococí, para exponer el impacto del trabajo que realizan las oficinas de la Defensa Pública en la Zona Atlántica. 

 “Estamos emprendiendo esfuerzos para generar procesos de retroalimentación y co creación con las comunidades, a efectos de fortalecer el servicio público y entender las necesidades reales de la población de la zona. Esta rendición de cuentas tuvo un taller previo para establecer cuál es la información institucional que le interesa a la población conocer, ya que queremos motivar a la ciudadanía a participar de este tipo de actividades y brindar sus observaciones, siempre en procura de construir instituciones confiables y accesibles a la población costarricense” indicó la supervisora regional de la zona, Laura Arias Guillén.

 Un total de 6.723 casos nuevos se atendieron, durante el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de setiembre del 2024.  Igualmente, 6.424 asuntos se terminaron; alcanzando con ello un total de 8.026 audiencias realizadas y 2.967 asistencias legales en juicio.

 Actualmente, se mantiene un circulante de expedientes activos de 17 551 casos en las materias: penal, penal juvenil, pensiones alimentarias, agrario y ejecución de la pena.  Solo en la materia laboral se contabilizan un total de 3.771 casos en trámite.

 “Para las Defensas Públicas destacadas en la provincia de Limón, durante este año, fue vital el fortalecimiento de la estación virtual de Tortuguero, que permite brindar los servicios bajo esta modalidad, sin que las personas usuarias deban trasladarse hasta los despachos judiciales. Esta modalidad es muy efectiva para las personas que viven en lugares lejanos. En estos momentos ya se trabaja en la instalación de una estación virtual en el territorio indígena de Nairi Awari”, indicó Arias Guillén.

 Los datos se dieron a conocer ante personas integrantes de la sociedad civil, instituciones públicas de la provincia limonense y personas funcionarias judiciales de distintos despachos judiciales.

 El espacio fue propicio para exponer los proyectos e iniciativas en los que trabaja la Defensa Pública de la provincia, para mejorar el servicio público y beneficiar con ello a las personas usuarias, como lo son las 25 charlas impartidas en los centros educativos de la Región Atlántica, que impactaron de forma positiva en 1.500 personas menores de edad, a quienes se les brindó conocimientos sobre la materia penal juvenil.

 A esto se suma el plan de visitas a territorios indígenas, que durante este 2024 cubrió los territorios de Nairi Awari, Tayní, Talamanca Bribri y Cabécar; así como la atención a la población Ngäbe transfronteriza.  Estas visitas se realizaron tras una coordinación previa con las autoridades indígenas de cada población.  Además, la Dirección de la Defensa Pública desarrolló cuatro talleres informativos en las zonas.

 En Limón centro y Río Banano se llevaron charlas sobre la prevención de la violencia, que se coordinaron con el INAMU.  Estas actividades también se dirigieron a la población privada de libertad y sus familiares, en los Centros de Atención Integral Garvey y Pococí, con el apoyo de las autoridades penitenciaras.

 La actualización del personal de la Defensa Pública también fue una prioridad en ejes temáticos como derecho agrario, acceso a la justicia para personas afrodescendientes, abordaje antropológico y acceso a la justicia de pueblos indígenas y el tema sobre impugnaciones.

 También se destacó el proyecto “Afrojusticia: Una oportunidad para asegurar el acceso a la justicia de las personas afrodescendientes en Costa Rica”, el cual se construye con la cooperación internacional de AECID y está a cargo de la Defensa Pública, que procura impulsar acciones afirmativas en la Administración de Justicia, con enfoque de diversidad cultural, étnico-racial y de género, para asegurar el acceso a la justicia para las personas afrodescendientes en Costa Rica.