• Mediante la figura del Juez Enlace de la Red Internacional de Jueces de La Haya (RIJH) se coordina cooperación.
• Magistrado de la Sala Segunda, Jorge Olaso Álvarez asume representación del Poder Judicial como juez enlace.

 Los procesos judiciales que demandan alguna gestión fuera de las fronteras costarricenses, tienen una alternativa efectiva, para bridar una respuesta más célere a las personas usuarias y la reciente experiencia del Juzgado de Familia de Desamparados así lo demuestra.

 La comunicación con autoridades judiciales en Brasil y Panamá fue vital, para darle un mayor avance al proceso de Familia que se encuentra en trámite en el país, en el Juzgado de Familia de Desamparados, ya que se lograrán dictar las medidas cautelares y coordinar su respectiva ejecución en el extranjero.

 La coordinación de la asistencia y colaboración internacional se realizó mediante la figura del Juez Enlace de la Red Internacional de Jueces de La Haya (RIJH), representación a cargo del magistrado de la Sala Segunda, Jorge Olaso Álvarez.

 El proceso requería conocer la gestión judicial y las posibilidades a cargo de las autoridades judiciales de Brasil, para proceder con la anotación de demanda en libros de sociedades y prohibición de traspaso de acciones de un ciudadano costarricense.

 La jueza María Antonieta Alfaro Calvo, del Juzgado de Familia de Desamparados, a cargo del trámite del expediente judicial, destacó que las gestiones de contacto con las autoridades judiciales de los otros países, se realizaron en un tiempo récord, gracias a la labor emprendida por el magistrado Jorge Olaso, que permitió en menos de un mes, la coordinación efectiva de dos encuentros con autoridades judiciales de Familia de Brasil y Panamá, para encontrar las herramientas adecuadas  para dar paso al trámite judicial.

 “Considero, se abre una brecha importante orientada a materializar la ambición de traer justicia pronta y cumplida a nuestros usuarios más allá de las fronteras. Esta experiencia altamente satisfactoria, ilustra que la cooperación internacional es una herramienta que tiene un enorme potencial, el cual debe ser explotado”, indicó la jueza de familia.

 Juez Enlace. “Como Juez Enlace de la Red, el juzgado o tribunal costarricense que lo requiere, remite a mi despacho la solicitud para coordinar una comunicación con la autoridad judicial del país pertinente.  Yo procedo a contactar al juez enlace del país requerido y planificamos una reunión de un máximo de una hora, para entablar el diálogo y hacer las coordinaciones e intercambio de información respectiva. Con ello procuramos una resolución eficiente, la protección de menores y la cooperación institucional”, puntualizó el magistrado Olaso.

 La Red cuenta con un total de 152 jueces y juezas enlaces en 88 países del mundo, creada bajo el amparo del Convenio de La Haya de 1980 sobre sustracción de menores (Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, La Haya, 25 de octubre de 1980), que finalmente amplió sus alcances a a otras cuestiones sobre protección de niñez y especialidad en materia de familia.

 “Esta figura permite a los despachos judiciales de Costa Rica propiciar comunicaciones judiciales directas, que se requieran en casos concretos en temas diversos, como contacto entre jueces de distintos países, información sobre legislación, contactos institucionales”, explicó Olaso Alvarez.

• Poder Judicial, ICD y Programa COPOLAD de la Unión Europea presentan el Protocolo para la Aplicación del Proceso de Justicia Restaurativa a Mujeres que Cometen Delitos Menores de Drogas en el marco del artículo 77 bis de la Ley 8204

 Propiciar dentro de los procesos judiciales penales, la aplicación de pautas estandarizadas para analizar los casos de mujeres en condición de vulnerabilidad, que cometen delitos menores de droga y brindarles medidas alternas restaurativas, es la propuesta del Poder Judicial, con la cooperación internacional de la Unión Europea por medio del Programa COPOLAD.

 La presentación del Protocolo para la Aplicación del Proceso de Justicia Restaurativa a Mujeres que Cometen Delitos Menores de Drogas en el marco del artículo 77 bis de la Ley 8204, se constituirá en una herramienta práctica para los equipos interdisciplinarios de Justicia Restaurativa, las y los operadores de justicia del país, para propiciar desde la Justicia Restaurativa, la rehabilitación, la reintegración social y la reducción de la reincidencia de estas mujeres, con aplicación de la perspectiva de género.

“Este instrumento está dirigido a los equipos interdisciplinarios de Justicia Restaurativa, poniendo énfasis en las condiciones específicas y vulnerabilidades que enfrentan las mujeres que cometen el delito de introducción de droga a centro penal.  Además, orienta la construcción de planes reparadores desde la perspectiva de género e interseccionalidad, para que la salida penal alternativa impuesta, esté en armonía a las condiciones personales de cada mujer, no para generar impunidad, por el contrario, para que bajo un modelo de responsabilidad activa, se pueda garantizar justicia equitativa y efectiva”, afirmó Gerardo Rubén Alfaro Vargas, magistrado Rector de Justicia Restaurativa del Poder Judicial.

 Para el embajador de la Unión Europea en Costa Rica, Pierre-Louis Lempereur “el enfoque restaurativo que hoy celebramos es una propuesta transformadora que va más allá de la simple sanción y busca, en cambio, la reparación, la rehabilitación, y la inclusión. Reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad de género y el fortalecimiento de la justicia restaurativa en América Latina y el Caribe”.

De acuerdo con el anuario estadístico del Sistema Penitenciario, el 2023 registró 564 mujeres en el nivel institucional, de las cuales el 49% de estas mujeres fueron procesadas por un delito relacionado con droga.

Las Oficinas de Justicia Restaurativa, en el 2023, tramitaron 99 causas por el delito de introducción de droga a centro penal, cometido por mujeres.  Para el 2023, esta cifra se duplicó alcanzando 212 causas y para el año 2024 se han registrado 210 al finalizar el mes de noviembre.

La Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez, señaló que “…resulta imperativo este enfoque restaurativo, que priorice la dignidad, el respeto y la oportunidad de recomenzar para estas mujeres, sus familias y la sociedad en general.  Este protocolo representa un avance fundamental en la justicia costarricense, una alternativa humanitaria, real y sostenida en casos de mujeres en situación de vulnerabilidad, permitiéndoles asumir con responsabilidad de sus actos y abre la oportunidad de reparar el daño, emprender un cambio hacia la rehabilitación y la reintegración”.

El protocolo se construyó conjuntamente por el Poder Judicial desde la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa, la Judicatura, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Departamento de Trabajo Social y Psicología, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), con el apoyo técnico y financiero del Programa COPOLAD de la Unión Europea y se contó con la intervención de expertos del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD).

• Iniciativa procura detectar, prevenir y sancionar comportamientos irregulares en institución

La Corte Suprema de Justicia aprobó la propuesta de un proyecto de Ley de Régimen Sancionatorio del Poder Judicial, diseñado para fortalecer la lucha contra la corrupción y prevenir la infiltración del crimen organizado en la institución. Este lunes 16 de diciembre, las y los magistrados de Corte Plena dieron luz verde a la propuesta, que ahora será remitida a la Asamblea Legislativa para su respectiva tramitación.

La iniciativa busca mejorar las investigaciones internas, agilizar los procesos disciplinarios e imponer sanciones más eficaces. Según el magistrado Jorge Leiva Poveda, miembro de la comisión que desarrolló la propuesta, el proyecto incluye reformas que abarcan tanto al personal en propiedad, interino y meritorios (trabajadores voluntarios cuyo objetivo es ganar experiencia y aprendizaje), y también a quienes integran listas de suplencias, elegibles o meritorios que no estén nombrados, permitiéndose excluirles de dichas listas de oferentes.

“El proyecto introduce reglas especiales para casos de corrupción, como la ampliación de los plazos de investigación y la eliminación de obstáculos que puedan generar impunidad por formalidades. Además, contempla un papel más activo de las personas denunciantes que cumplan con requisitos específicos”, explicó el magistrado Leiva.

Entre las herramientas innovadoras, destaca la posibilidad de trasladar pruebas obtenidas en procesos penales a los procedimientos administrativos disciplinarios, siempre bajo la autorización de un juez o jueza de garantía, quien verificará la pertinencia y legalidad de esta información.

Otro de los cambios propuestos es la reestructuración del Tribunal de la Inspección Judicial, principal órgano disciplinario del Poder Judicial, lo anterior, para que una nueva estructura orgánica asuma competencias que actualmente recaen en el Consejo Superior y Corte Plena. Esto permitirá especializar la tramitación de casos disciplinarios y optimizar el uso de los recursos existentes.

En cuanto a las sanciones, la reforma establece que en casos de despido por faltas graves, la persona sancionada no podrá reingresar al Poder Judicial durante un período de 10 años y deberá someterse nuevamente a los procesos de selección. Además, se incorporan parámetros claros del debido proceso y un enfoque restaurativo, ofreciendo mecanismos alternativos de resolución de conflictos junto con los tradicionales procedimientos sancionatorios.

“Se trata de una reforma integral y moderna, que responde a las demandas de la sociedad costarricense, dotando al Poder Judicial de herramientas eficaces para enfrentar los desafíos en materia disciplinaria y combatir la corrupción de manera decidida”, concluyó el magistrado Leiva Poveda.

Orlando Aguirre Gómez, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, resaltó que este proyecto ratifica al Poder Judicial como una institución transparente, siempre en procura de mejoras y comprometida con los principios de justicia y legalidad.

“Este es uno más de los esfuerzos realizados por el Poder Judicial para responder al contexto actual, que demanda una justicia más célere y eficiente. Estamos respondiendo a las necesidades ciudadanas, estamos corrigiendo y mejorando, no descansaremos en nuestro objetivo de brindar un servicio de administración de justicia de calidad”, destacó.

San José, Costa Rica, 16 de diciembre de 2024

• 13 oficinas obtuvieron medallas doradas en la acreditación integral.
• Defensa Pública se acredita por primera vez en sello de calidad.

El Poder Judicial entregó 82 acreditaciones, re acreditaciones y acreditaciones integrales de Calidad conforme la Política Institucional GICA – Justicia y bajo la Norma GICA-Justicia, a las oficinas administrativas, despachos jurisdiccionales y auxiliares de justicia que cumplieron con los estándares requeridos para brindar un mejor servicio a la persona usuaria.

La entrega de las acreditaciones se realizó el 13 de diciembre en el salón Multiusos del edificio de la Corte. Los Sellos implementados son: Sello de Gestión Organizacional, Sello de Gestión Documental y Sello de Gestión de Procesos.

El objetivo de este modelo es implementar criterios de calidad donde uno de los pilares fundamentales es la participación activa, compromiso del personal y la sostenibilidad del proceso bajo un enfoque de mejora continua.

Damaris Vargas Vásquez, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y magistrada de la Sala Primera, destacó lo importante que es la acreditación y como esto se convierte en oficinas y despachos judiciales eficientes.

“El personal judicial trabaja honradamente en la mejora del servicio, estar acreditado significa tener orden en la oficina, ser eficiente en los procesos y lo más importante es que las oficinas se someten a la acreditación de manera voluntaria, tiene un valor adicional, las oficinas quieren ser mejor cada día, la replicabilidad de estos procesos es fundamental y que la ciudadanía tenga conocimiento de lo que estamos haciendo en el Poder Judicial”, indicó la magistrada Vargas Vásquez.

Para Luis Guillermo Rivas Loáiciga, magistrado y coordinador de la Comisión de Gestión de la Calidad del Poder Judicial “son 82 nuevos sellos de calidad que se otorgan a diversas oficinas cuyos integrantes se han comprometido a hacer un mejor trabajo y brindar un mejor servicio. Conforme vayamos acreditando oficinas, vamos a lograr dar el servicio completo que nos están exigiendo los costarricenses”

Julia Varela Araya, magistrada de la Sala Segunda e integrante de la Comisión de Gestión de la Calidad del Poder Judicial mencionó que “este es el resultado de la actitud positiva y de compromiso que adquirieron desde el momento que decidieron de manera voluntaria incorporar la Gestión de Calidad en sus oficinas y despachos, esfuerzo que hoy se ve materializado”.

Andrés Méndez Bonilla, Jefe del Centro de Gestión de Calidad, destacó que “en esta ocasión se obtuvo 13 medallas doradas, que significa que las oficinas obtuvieron la acreditación integral de los 3 sellos de calidad”. 

Se logró contar con la acreditación de todas las Oficinas de la Defensa Civil de la Víctima del Ministerio Público, un alto porcentaje de Unidades de Medicina Legal y por primera vez se logró la acreditación de una  Defensa Pública Regional

El proceso de acreditación está compuesto por varias etapas, a las cuales las oficinas interesadas voluntariamente se someten, con el objetivo de que el resultado beneficie al despacho judicial, así como a las personas usuarias del Poder Judicial.

La actividad además contó con la participación de Gerardo Rubén Alfaro Vargas, magistrado de la Sala de Casación Penal; Juan Carlos Pérez Murillo, Director de la Defensa Pública, representación de los órganos auxiliares de justicia, de las jefaturas administrativas y personal judicial.