·       El servicio es gratuito para las personas usuarias que no cuentan con recursos económicos suficientes para pagar un abogado o abogada particular.

Con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Agrario el 28 de febrero de 2025, se podrán resolver los conflictos de manera diferenciada y especializada. En este contexto, la Defensa Pública continuará siendo un pilar esencial para garantizar el respeto a los derechos y garantías fundamentales de las personas en condición de vulnerabilidad, brindando asesoría legal a personas de escasos recursos, pueblos indígenas, personas de la tercera edad, e, incluso, mujeres agricultoras.

Entre los principales beneficios de este nuevo instrumento se encuentran el deber de cooperación entre las partes procesales, la regulación expresa de los medios alternativos de resolución de conflictos cuando una persona indígena es parte del proceso y las disposiciones especiales para la tutela del ambiente, priorizándose estos casos en el sistema judicial.

Según explicó el defensor público agrario y coordinador nacional de la Unidad Agraria, Jesús Chaves Mora, “es importante que las personas usuarias conozcan sobre cómo solicitar los servicios, lo cual, según este nuevo instrumento, se hará en las oficinas de la Defensa Pública de cada circuito judicial”.

Las personas usuarias podrán solicitar la representación de la Defensa Pública en asuntos como posesión de fincas, desahucios, derribo de árboles, informaciones posesorias para la inscripción de fincas, sucesiones de parcelas, divisiones de fincas, entre otros.

“La labor de la Defensa Pública está delimitada por las competencias asignadas por ley. En este sentido, esperamos que este nuevo cuerpo normativo agilice los procesos agrarios, lo que permitirá dar una respuesta más rápida a los conflictos que surjan en esta materia”, puntualizó el Jesús Chaves.

Asimismo, el defensor público agregó: “Al otorgar a las personas defensoras públicas atribuciones como directores del proceso, podremos garantizar una tramitación efectiva de las causas, contribuyendo así a una justicia pronta y cumplida. Desde la institución, asumimos este nuevo cuerpo normativo con compromiso y profesionalismo, con el objetivo de brindar un verdadero acceso a la justicia a las personas usuarias”.

Dado el rol social que desempeña la Defensa Pública Agraria en la asesoría legal a personas en diversas condiciones de vulnerabilidad, es fundamental que los profesionales en materia agraria se mantengan actualizados y capacitados para seguir ofreciendo un servicio público de calidad.

Para ello, Chaves Mora también aseguró “la Defensa Pública cuenta con el proceso de Gestión del Conocimiento, que es una unidad encargada de organizar capacitaciones para todos los profesionales, incluidos aquellos especializados en materia agraria”.

Lunes 03 de marzo de 2025

Sesión N°09-2025

PRIMERA PARTE: 8:00 a. m. a 12:00 md.

SEGUNDA PARTE: 2:15 p. m.  a 7:00 p. m.

*La agenda de este día contempla más artículos, de ser necesario, oportunamente se remitirá el detalle del resto de numerales, en la misma forma y por la misma vía en que se facilitó este documento.

* Por la dinámica de la sesión, es posible que se incluyan artículos que no aparecen en esta agenda, de ser así, oportunamente se comunicará.

·        Los encuentros permiten un diálogo directo con las personas funcionarias judiciales de la región.

Con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades del personal judicial y gestionar soluciones para mejorar la administración de justicia, el Consejo Superior visitó los despachos judiciales de Cóbano los días 27 y 28 de febrero de 2025.

La comitiva estuvo integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, y los miembros del Consejo Superior Sandra Pizarro Gutiérrez, Siria Carmona Castro, Ana Isabel Orozco Álvarez y Gary Bonilla Garro. También participó Dinorah Álvarez Acosta, subdirectora ejecutiva; Roger Mata Brenes, director del Despacho de la Presidencia; y Carmen Molina Sánchez, administradora regional de Puntarenas. Durante la visita, sostuvieron reuniones con el personal de los distintos despachos para conocer sus necesidades y desafíos.

Estas visitas refuerzan el compromiso del Poder Judicial de mantenerse cercano a las comunidades y establecer canales de comunicación directos con las sedes regionales.

Don Orlando destacó la importancia de visitar las comunidades judiciales más alejadas para conocer las condiciones en que trabajan y sus necesidades. "La jerarquía debe velar por el bienestar de quienes cumplen con la labor fundamental de administrar justicia” , dijo. 

Por su parte, Siria Carmona Castro subrayó que la mejor manera de comprender las necesidades de cada despacho es estando presente en los centros de trabajo.  “Somos una familia judicial y queremos que el personal vea nuestro compromiso con todas y todos”.

Ana Isabel Orozco se enfatizó señaló como uno de los objetivos de la gira que las personas trabajadoras de Cóbano sientan la cercanía del Consejo Superior y puedan expresar su situación laboral y condiciones de trabajo.

En la misma línea, Sandra Pizarro Gutiérrez resaltó el lema “Somos su Consejo” , señalando que estas visitas buscan fortalecer la conexión con el personal judicial en todo el país. 

Finalmente, Gary Bonilla Garro subrayó que estos encuentros permiten tomar decisiones fundamentadas en las necesidades reales del funcionariado: “ Es crucial escuchar a quienes trabajan día a día en la administración de justicia para responder a sus requerimientos de manera efectiva”.

Desde la perspectiva local, el juez penal de Cóbano, Ricardo Espinoza Campos, valoró la presencia del Consejo Superior: “Es importante que conozcan de primera mano nuestras necesidades para abordar las limitaciones con las que trabajamos”. 

Durante el recorrido, la comitiva visitó el Juzgado Contravencional, el Juzgado Penal, la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público.

El Consejo Superior es el máximo órgano administrativo del Poder Judicial. Entre sus funciones destacan la ejecución de la política administrativa, la toma de decisiones para mejorar el desempeño de los despachos judiciales y la administración del personal, incluyendo la verificación y aprobación de nombramientos, la asignación de recursos humanos según las necesidades y la aplicación de disciplinarias dentro de sus competencias.

El impacto social de la función comunitaria de las personas facilitadoras judiciales es el eje de la exposición fotográfica llamada “Rostros de la comunidad: Construyendo paz y justicia”, abierta al público desde este martes 25 de febrero en la galería del edificio de la Corte Suprema de Justicia.

Esta iniciativa fue liderada por el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la Organización de Estados Americanos, en alianza con el Poder Judicial y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj) y tuvo por objetivo resaltar la labor voluntaria y mostrar mediante imágenes el impacto social que las más de 7 mil personas facilitadoras judiciales, conciliadoras en equidad y orientadoras judiciales de toda América Latina tienen en sus comunidades.

El Magistrado Presidente de Conamaj, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, exaltó el compromiso de las personas facilitadoras por el bienestar común siendo un punto de unión con el Poder Judicial, agregó “cada fotografía aquí­ expuesta es un reflejo de su labor silenciosa pero invaluable; es el testimonio visual de que la justicia no reside solo en los edificios judiciales, sino que se construye en las plazas, en las casas, en las escuelas, en cada espacio donde se promueve el diálogo, la comprensión y la resolución pacífica de los conflictos”.

El fortalecimiento en cada país para ampliar esta red colaborativa de personas fue reconocido por el Coordinador General del Programa Interamericano, Juan Carlos Roncal, quien enfatizó en el ahorro de recursos públicos y de las propias personas usuarias al contar con una figura de confianza directamente en los territorios, que brinda orientación y ofrece ayuda en la resolución pacífica de conflictos vecinales.

Al asumir un rol de enlace entre las localidades y la institucionalidad judicial, el facilitador judicial de La Florida de Golfito, Leni Orozco Campos, señaló que su servicio es muy importante “porque hace que el Poder Judicial esté más cerca de la comunidad, a la vez que la comunidad vea con otros ojos al Poder Judicial”.

Un grupo de diez personas facilitadoras judiciales participó también del evento de inauguración, estas personas provenían de Los Chiles, Pococí, Puntarenas, Golfito, Isla Chira, Turrialba, Nandayure, Abangares, Bagaces y Cañas.

Las autoridades diplomáticas de España, Paraguay, China, Colombia, Estados Unidos, así como de la Organización de Estados Americanos y del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales, además de magistrados y directores de diferentes oficinas del Poder Judicial, estuvieron presentes en la actividad de inauguración.

La exposición fotográfica estará disponible en la galería del edificio de la Corte Suprema de Justicia hasta el jueves 6 de marzo.

Para más información se puede escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.