El Poder Judicial impulsa el fortalecimiento de la Justicia Restaurativa y Terapéutica en el V Congreso Internacional de Justicia Restaurativa y Terapéutica: “Mujeres, personas indígenas y personas menores de edad: la interseccionalidad desde el paradigma de la Justicia Restaurativa y la Justicia Terapéutica”, que se desarrolla este 5, 6 y 7 de noviembre en un formato híbrido en el Hotel Radisson, San José, Costa Rica.

Este congreso se realiza con la cooperación internacional del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD).

La actividad académica contó con la participación de autoridades del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, expertos en la materia, representantes de entidades públicas de Costa Rica, así como representantes internacionales de Argentina, Chile, Colombia, España, México y Panamá.

“Tenemos un objetivo común de seguir construyendo un sistema de justicia que no solo imponga castigo, sino que ofrezca oportunidades de reconstrucción, de sanación y desde luego de crecimiento de las personas como seres humanos, nos hemos comprometido de manera decidida con estas formas alternativas de resolución de conflictos. El Poder Judicial reafirma su compromiso de construir un sistema de justicia al lado de la gente”, destacó Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

El congreso se basa en tres ejes temáticos: las mujeres dentro del sistema de justicia, la identificación y tratamiento de sus necesidades y vulnerabilidades e intereses en la atención diferenciada desde la perspectiva de género con una visión restaurativa y terapéutica. Segundo eje, las personas menores de edad y la especialización en Justicia Restaurativa y Terapéutica en garantía de su interés superior ya sea en su condición de víctima o de personas en conflicto con la ley, y el tercero: las personas indígenas y su acceso a la justicia restaurativa y terapéutica con pertinencia cultural base de una resolución judicial respetuosa de la cosmovisión indígena.

“El gran objetivo de este encuentro es el intercambio de conocimiento de alto nivel, para continuar con el fortalecimiento de la Justicia Restaurativa y Terapéutica como instrumento jurídico mediante la consolidación de una herramienta para la resolución de conflictos, distinta al sistema penal tradicional. Pese al recorrido de la Justicia Restaurativa y Terapéutica a nivel nacional e internacional, cada día surgen nuevas circunstancias y condiciones que obligan al personal judicial y de otras instancias que intervienen en los procesos judiciales a mantenerse en constante formación para brindar una atención multidisciplinaria integral especializada y de alta calidad”, puntualizó Gerardo Rubén Alfaro Vargas, magistrado Rector de Justicia Restaurativa en el Poder Judicial.

Por su parte, Rebeca Guardia Morales, Directora de la Escuela Judicial destacó que “estamos en el proceso de actualización y de construcción de nuevas oportunidades de capacitación dentro de nuestra oferta formativa y la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa es un pilar fundamental para que podamos impactar a las distintas áreas que trabajan en equipos interdisciplinarios”.

Además, Douglas Durán Chavarría, Director del ILANUD, resaltó la importancia de la cooperación conjunta con el Poder Judicial en Justicia Restaurativa, es un tema central entre las áreas de trabajo y entre las áreas de investigación del ILANUD

En el acto protocolario de apertura del congreso se contó con la participación de Patricia Solano Castro, Presidenta de la Sala de Casación Penal y las magistradas Sandra Zúñiga Morales y Patricia Vargas González, así como de representantes de los órganos auxiliares de justicia, jefaturas administrativas e invitados internacionales.

• Webinar: Presidencia de la Sala Constitucional y Dirección del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la UCR (PROLEDI), analizan temas.
• Semana de la Democracia y aniversario de la Constitución Política

 El ejercicio diario del Derecho a la Información y la Libertad de Expresión de cada persona y su amplitud dentro del Estado de Derecho, marcan los cimientos de la Democracia de un país.

 Estas y otras reflexiones contempló el Webinar denominado “Libertad de Expresión como cimiento de la Democracia”, que organizó el Poder Judicial, en el marco de las actividades de la Semana de la Democracia y los 75 años de vigencia de la Constitución Política de Costa Rica.

 La participación del Presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo Víquez y la Directora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la UCR, Guiselle Boza Solano enriquecieron el análisis sobre el ejercicio de este derecho fundamental en el país y la región.

 Castillo Víquez destacó que cada día sin darse cuenta, las personas ejercen la libertad de expresión, que se constituye en esa visión subjetiva del acontecer social e individual y es a partir del Derecho a la Información, donde la búsqueda y recepción de la información tiene que ser objetiva y veraz y aproximarse lo más que se pueda a la realidad.

 “Hay temas novedosos que han venido creciendo en las resoluciones de la Sala Constitucional como el ejercicio de la libertad de expresión o prensa a través de los medios virtuales, y el otro tema relevante que tiene que ver con los medios tradicionales y los grupos económicamente que apoyan estos medios de transmisión. Por otra parte, ha sido objeto de análisis sobre cuál es el trato que se le debe dar a un periodista y hasta donde las autoridades públicas pueden ejercer una crítica responsable”, detalló el Presidente de la Sala.

 Señaló que en la región Latinoamérica y algunos países de Europa existe una tendencia global que busca reducir los espacios de opinión pública, para desmontar el funcionamiento social y democrático de un Estado de Derecho en temas como el principio de separación de poderes, limitaciones a medios de comunicación independientes y la concentración del poder con la eliminación de la oposición, lo que representa un desafío para las democracias.

 “Otro de los grandes retos que tiene la humanidad en el mediano plazo, es la vinculación de las grandes plataformas digitales con los derechos fundamentales, donde en los próximos años la mayoría de las personas se van a informar y opinar. Hay que propiciar un diálogo a nivel internacional, porque los Estados no pueden perder el control de que en estas plataformas no se respeten los derechos fundamentales de las personas, que son un sistema objetivo de valores”, puntualizó el magistrado Fernando Castillo.

 Para la Directora del PROLEDI-UCR, Guiselle Boza Solano, las normas constitucionales garantizan los contenidos esenciales de la Libertad de Expresión y en la vida práctica, esta libertad supone un principio de pluralismo y tolerancia en la sociedad democrática y que se extiende al ejercicio amplio de la crítica política, por lo que es un requisito esencial de la democracia, que exista una amplia y efectiva libertad de expresión.

 “Desde la Universidad de Costa Rica, en alianza con otras organizaciones, estamos midiendo las tendencias del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en la región centroamericana y hemos visto que hay una deriva autoritaria importante y que una percepción de que se está dando un debilitamiento, un deterioro de las condiciones políticas sociales institucionales para la vigencia de este derecho”, explicó Boza Solano.

 Tenemos hoy altos niveles de desinformación y uso también de inteligencia artificial para condicionar la deliberación pública y el debate democrático a través de los llamados algoritmos.  El gran poder que tiene las plataformas de internet para moderar, jerarquizar y eliminar contenidos, es un desafío importantísimo para las sociedades democráticas. Si partimos de que la Democracia supone un instituto de opinión libre, desinhibido, pluralista, tolerante, en esa medida podríamos decir que el entorno digital promueve todo lo contrario”, enfatizó Guiselle Boza.

• Consulte la política completa en:

https://gestionhumana.poder-judicial.go.cr/index.php/gestion-humana/politicabienestar

Con la aprobación de la Política Institucional de Bienestar y Salud Laboral, el Poder Judicial asume la tarea de reforzar acciones en la gestión saludable de los conflictos entre el personal judicial y el desarrollo del liderazgo en jefaturas y coordinaciones.

 Estos temas corresponden a dos de los ocho lineamientos de trabajo que establece la política institucional.

 Dentro del lineamiento para la gestión saludable de conflictos entre el personal judicial, se tiene el objetivo de desarrollar una cultura interna de paz, desde la prevención y solución de conflictos internos de forma oportuna, respetuosa, colaborativa y participativa.

 Desde la acción de los órganos superiores, jerarcas y jefaturas se trabajará en establecer directrices para aplicar estrategias de prevención de situaciones de conflicto interno, así como la capacitación en gestión alternativa de conflictos, la responsabilidad de las jefaturas en su divulgación y aplicación; además de consensuar con el personal a cargo, reglas de convivencia para revolver los desacuerdos y situaciones del grupo de manera temprana.

 El personal judicial deberá procurar una comunicación asertiva y de retroalimentación con sus jefaturas y ser partícipes en la construcción de buenas prácticas para la resolución saludable de los conflictos internos de la oficina.

 La elaboración de una guía institucional para abordar los conflictos entre el personal, con metodologías de resolución alternativa y prácticas restaurativas, será una labor de la Dirección de Gestión Humana, así como verificar que las jefaturas actuales y futuras cuenten con competencias gerenciales y habilidades para la gestión de conflictos.

 El lineamiento para el desarrollo del liderazgo en jefaturas y coordinaciones procura que el Poder Judicial cuente con jefaturas que optimicen las diferentes capacidades de las personas trabajadoras, la puesta en marcha de prácticas de directrices íntegras, eficaces, respetuosas y sólidas, que empoderen al personal en las funciones que realiza.

 Las acciones propuestas integran el aval para que quienes aspiren a estos cargos desarrollen el conjunto de competencias necesarias para liderar los equipos de trabajo y que estas personas que se nombren posean el liderazgo y la idoneidad comprobada. El que se ejerza un liderazgo respetuoso en el trabajo es una prioridad y ofrecer oportunidades equitativas de capacitación y de desarrollo para los hombres y las mujeres que integran la oficina judicial.

 El monitoreo de la calidad del liderazgo institucional y la capacitación para el desarrollo de personas líderes son algunas de las competencias a cargo de la Dirección de Gestión Humana, con el apoyo de la Escuela Judicial.

 Profundice más sobre estos lineamientos de trabajo que integra la Política Institucional de Bienestar y Salud Laboral del Poder Judicial. Ingrese al documento completo en el link:

https://gestionhumana.poder-judicial.go.cr/index.php/gestion-humana/politicabienestar

Con el fin de conocer las necesidades de los despachos judiciales, para trabajar en una solución conjunta, el Consejo Superior se trasladó la mañana del viernes 01 de noviembre a los Tribunales de Justicia de Turrialba como parte de sus visitas a las oficinas y promover una escucha activa.

 En la visita participaron el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez; la Vicepresidenta, Damaris Vargas Vásquez, integrantes del Consejo Superior, Sandra Pizarro Gutiérrez, Siria Carmona Castro, Ana Isabel Orozco Álvarez y Gary Bonilla Garro; así como Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva.

 William Cerdas Zúñiga, Administrador del Circuito Judicial de Turrialba comentó que es un honor contar con la visita de los integrantes de Consejo Superior y del Presidente y la Vicepresidenta de la Corte y que puedan escuchar los requerimientos que tienen en el circuito, para su análisis, en busca de soluciones.

 La reunión fue el espacio idóneo para que representantes de los despachos judiciales de Turrialba y miembros del Consejo de Administración, pudieran exponer al Consejo Superior sus necesidades y logros como Administración.

 Entre los requerimientos más importantes del circuito es contar con más espacio físico, y gestiones varias para atender a la población indígena de la zona. Lo primero se ejecutará en el año 2025 con la habilitación del tercer piso de este circuito judicial, y lo segundo se le dará seguimiento constante para dotar de los recursos necesarios para esta labor.

 “Poder escuchar las necesidades que tienen, es muy importante ya que no es lo mismo recibirlas por escrito a hacerlo de frente, intercambiar ideas y buscar soluciones”, expresó el Presidente de la Corte, Orlando Aguirre. El jerarca destacó las limitantes de presupuesto que tiene el Poder Judicial y que tratarán de colaborarles conforme sea posible.

 La Vicepresidenta de la Corte, Damaris Vargas extendió un agradecimiento desde la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas por el servicio que prestan hacia esta población y por ser ejemplo para otros despachos en la atención a las personas de estos territorios. 

 Por su parte, Ana Eugenia Romero, Directora Ejecutiva mencionó que “estos espacios son de mucho provecho ya que nos permiten retroalimentarnos, pues no es lo mismo resolver los asuntos desde la oficina a poder compartir en el sitio la realidad que viven”. También compartió algunas posibles soluciones a los problemas expuestos, si todo sale conforme lo presupuestado para el próximo año.

 Gary Bonilla añadió unas palabras de admiración por el trabajo que realiza el circuito judicial de Turrialba, pues se muestra la unión para cumplir con sus funciones con los recursos que se tienen.

 En ese sentido, Sandra Pizarro indicó que cada una de las inquietudes que se presentaron serán conocidas por el Consejo para darle una respuesta al Consejo de Administración.

 “Este Consejo Superior y las altas jerarquías del Poder Judicial, luchan a diario por administrar los recursos de la forma más eficiente, más eficaz en aras de garantizar la administración de justicia”, recalcó Siria Carmona.  

 Ana Isabel Orozco acotó “me encuentro satisfecha de escuchar las preocupaciones por mejorar el servicio que se brinda, sabemos que los recursos son escasos, pero la seguridad y bienestar de todos y todas es prioridad”. Habló de la nueva Política de Bienestar Laboral, e instó a su lectura.

 Durante el recorrido se visitaron oficinas como la Subdelegación Regional, Ministerio Público, Contraloría de Servicios, Juzgado Contravencional, Pensiones y Tránsito, Oficina de Trabajo Social y Psicología, Juzgado Penal Juvenil, Violencia Doméstica y Familia, Tribunal y Juzgado Penal, Departamento de Informática, Defensa Pública, Oficina de Comunicaciones Judiciales, Juzgado Civil, Agrario y Laboral, Juzgado Contravencional, Pensiones, Violencia Doméstica, de Tránsito, sede Juan Viñas, Unidad de Medicina Legal y la Administración.

 El personal judicial de Turrialba se mostró muy agradecido por la visita y esperan que producto de esta reunión se logre suplir las necesidades según el presupuesto sea posible.