- Taller reunió a jefaturas y representantes de los ámbitos Jurisdiccional, Auxiliar de Justicia y Administrativo.
Trabajar en los temas estratégicos que integrarían la Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, a partir de los insumos obtenidos en los encuentros de cocreación con los 8 pueblos que habitan los 24 territorios indígenas, sus líderes y lideresas indígenas y las y los indígenas que viven fuera de los territorios indígenas, fue el objetivo que reunió a jefaturas y representantes de los diversos ámbitos del Poder Judicial.
El Taller de Cocreación de la Política de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas del Poder Judicial: Actores Institucionales, se realizó este miércoles 8 de octubre, con una amplia participación de los ámbitos jurisdiccional, auxiliar de justicia y administrativo y con el apoyo técnico de las Direcciones de Gestión Humana y Planificación del Poder Judicial.
“Desde el inicio de este proceso fue importante fortalecer la confianza intercultural de los pueblos indígenas con el Poder Judicial a fin de que la Política de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas dé valor al servicio de administración de justicia con pertinencia cultural, en atención a su cosmovisión y sus idiomas. La Política se co-construye en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de Costa Rica; y, en atención de los planteamientos de los pueblos indígenas, las recomendaciones de las Naciones Unidas y del Relator Especial de Asuntos Indígenas, la jurisprudencia de la Corte IDH y la nacional; entre otros, en general, los altos estándares internacionales de derechos humanos, con enfoque de género e interseccionalidad. El objetivo del taller fue conocer las propuestas y observaciones de las personas servidoras judiciales de todos los ámbitos: Judicatura, Fiscalía, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública y el Administrativo”, destacó la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez, quien lidera este proyecto.
Actualmente, la Política se encuentra en la etapa de finalización del diagnóstico y continúa con la consulta previa, libre, informada y de buena fe, a los pueblos indígenas. El Taller busca identificar los temas estratégicos, desde los aportes de cada sector judicial.
El compromiso es claro desde las jefaturas judiciales:
Ana Isabel Orozco Alvarez, integrante del Consejo Superior: “La co-construcción de esta política para el acceso a la justicia de pueblos indígenas, es importante desde el trabajo que realiza el Consejo Superior, que tenemos a cargo toda la parte administrativa, para conocer y participar activamente en las visitas in situ a los territorios indígenas, para tener claridad sobre las necesidades que van a tener las personas trabajadoras del Poder Judicial, en brindar ese acceso a la justicia y garantizarles la efectividad y la práctica real de sus derechos, desde los resultados que se obtenga de esa cocreación”.
Carlo Díaz Sánchez, Fiscal General. “La creación de esta política es fundamental, porque la Fiscalía tiene una columna de vulnerabilidad y una fiscalía especializada para atender a esta población. Hemos participado activamente en etapas previas dentro de este proceso, y visitado in situ los territorios indígenas. Tenemos claridad de que debemos trabajar en un acceso a la justicia efectivo, en favor de estas poblaciones y esperamos que el Poder Judicial pueda redireccionar más recursos para esta población vulnerable”.
Randall Zúñiga López, Director del OIJ: “Resalto que se haya dado un espacio de participación a todos los pueblos indígenas, para que se puedan manifestar e indicar lo que para ellos es relevante. Como OIJ respetamos mucho la cosmovisión que tienen ellos. Nosotros tenemos un equipo especializado, directamente en la atención de población vulnerable y específicamente en la atención de población indígena, que a lo largo de varios años ha venido generando contactos y alianzas con líderes indígenas de las diferentes regionales y nos ha permitido llevar a cabo los procesos de manera más expedita y la creación de esta política nos permitirá generar espacios de mayor acercamiento.”
Yendry Portuguez Pizarro, Subdirectora de la Defensa Pública: “En la Defensa Pública, con el mismo compromiso de cumplir la Ley de Acceso a la Justicia de Poblaciones Indígenas, donde se nos ha dado como mandato dar atención integral a las personas indígenas, nos interesa y consideramos importante, desde este trabajo que se realiza, que puedan visibilizar las carencias que hasta este momento no hemos podido solventar desde el Poder Judicial, en temas como el fortalecimiento de las personas intérpretes, las diligencias in situ, que desde la Defensa se tratan cubrir y atender y que es una práctica que debe atenderse desde todos los operadores de justicia involucrados en el servicio”.
Hugo Porter Aguilar, Juez Gestor Jurisdicción Penal : “Desde la Jurisdicción Penal que conoce la mayor afectación a los bienes jurídicos de las personas, la instauración de estas políticas vienen a reconocer una serie de derechos a las personas usuarias y en particular en las poblaciones indígenas. Existe la necesidad de reconocer y respetar la forma, la costumbre, la religión y las creencias de estas personas, como un mecanismo para juzgarlos y que tengan un acceso a la justicia más efectivo. Esto lo hemos ido aprendiendo con el tiempo en el Poder Judicial”.
