• Mediante conferencia organizada por la Comisión de Protección de Datos Institucional y la Escuela Judicial.

En concordancia con la celebración del “Día Internacional de la Protección de Datos Personales” y comprendiendo la importancia de este tema en el ámbito de la institución, el Poder Judicial realizó este miércoles 29 de enero la conferencia denominada “Protección de datos:  Derechos, obligaciones y responsabilidades en la labor judicial”.

Dicha actividad, fue organizada por la Comisión de Protección de Datos Institucional y la Escuela Judicial y tuvo como objetivo exponer los aspectos generales de la protección de datos en materia judicial, en donde se destacó que la institución tiene un reglamento que regula los derechos, obligaciones y responsabilidades en el manejo de la información.

En la actividad se contó con la participación de la integrante del Consejo Superior y coordinadora de la Comisión de Protección de Datos del Poder Judicial, Sandra Pizarro Gutiérrez; la jefa del Centro Electrónico de Información Jurisprudencial e integrante de la comisión, Patricia Bonilla Rodríguez y de la directora nacional de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB), Wendy Rivera Román.

Para Sandra Pizarro Gutiérrez, es importante hacer un recorrido del camino que ha llevado a la regulación actual en materia de protección de datos, el cual ha reunido el trabajo y el esfuerzo de muchos actores, con el fin de contar con el “Reglamento para la Protección de Datos en el Poder Judicial”, aprobado en su versión actual en julio del año 2024.

“El camino recorrido hasta la fecha, refleja el compromiso que hemos asumido a nivel institucional, un esfuerzo también que todos y todas hemos emprendido y en el que seguiremos trabajando para establecer los mecanismos y herramientas necesarias que garanticen los derechos que asisten a nuestras personas usuarias”, mencionó Pizarro Gutiérrez.

Por su parte, la jefa del Centro Electrónico de Información Jurisprudencial, Patricia Bonilla Rodríguez destacó el trabajo que realiza el Poder Judicial en esta materia, en donde se cuenta con un segundo cuerpo normativo, con la mejora del Reglamento el cual se estableció por primera vez en el año 2014.

Bonilla Rodríguez tuvo a cargo la ponencia “Protección de datos: conoce el Nuevo Reglamento Institucional y su impacto”, en la cual resaltó la relevancia de los derechos, obligaciones y responsabilidades en el manejo de la información en el trabajo judicial, con la introducción de plataformas como el Nexus PJ y la importancia del rol de cada uno de los agentes responsables del manejo de las bases de datos con las que cuenta la institución, tanto a lo interno como externo.

Wendy Rivera Román, directora de PRODHAB, subrayó la importancia de que la agencia formara parte de esta actividad, como parte de la responsabilidad que conlleva la correcta protección de los datos personales en el ámbito judicial.

“Hemos visto cuál es la historia que ha tenido este tema en este Poder de la República y que evidentemente viene a fortalecer la protección de datos personales, pero, sobre todo, viene a poner en el centro un tema, que es vital para los habitantes, y que en esta época en que cada vez nos cargamos de más dispositivos y donde el tratamiento de los datos personales es masivo, evidentemente es trascendental dentro de la administración de justicia” mencionó Rivera Román.

Cabe destacar, que se darán diversas capacitaciones en los circuitos judiciales de todo el país, las cuales se impartirán por parte de la Comisión en coordinación con la Escuela Judicial y que serán comunicadas oportunamente, con el fin de dar a conocer el Reglamento y la importancia de su aplicación.

Esta conferencia, se llevó a cabo de manera presencial en el Salón de Expresidentes de la Corte y también de manera virtual, con la participación de más de 290 personas de manera remota.

El Poder Judicial lamenta profundamente los femicidios registrados en los últimos días. Nos solidarizamos con los familiares de las víctimas en este doloroso momento y reiteramos nuestro compromiso de trabajar para garantizar la protección de la integridad y vida de las mujeres. Este es, y seguirá siendo, un tema prioritario para nuestra institución.

En relación con estos lamentables acontecimientos y tras realizar las consultas correspondientes a los juzgados e instancias competentes, el Poder Judicial desea aclarar lo siguiente:

1. Sobre las solicitudes de medidas de protección, que prevé la Ley: Ninguna de las cuatro mujeres fallecidas recientemente había solicitado medidas cautelares de protección ante el Poder Judicial contra quienes presuntamente las asesinaron.
2. Caso Fernández Hernández: La víctima, vecina de Cahuita, sí había solicitado medidas de protección (en julio de 2024), pero contra otra persona distinta al presunto responsable de su muerte. Cabe aclarar que estas medidas en éste único expediente, no pudieron ser notificadas al sujeto por parte de la Fuerza Pública, institución encargada de dicho procedimiento. Pero sobre el presunto agresor que supuestamente le  dio muerte,  el Poder Judicial no tiene registro que la víctima solicitara las medidas de protección.
3. Responsabilidad en las notificaciones: Es importante señalar que las víctimas denunciantes no son las encargadas de notificar a los agresores sobre las medidas de protección dictadas por los juzgados, así establecido  por disposiciones institucionales desde 1999 y reafirmada en el año 2023.  Las notificaciones en casos de urgencia y de ejecución inmediata, se encomienda a la  Fuerza Pública.
4. Acciones inmediatas: Los cuatro sospechosos relacionados con estos femicidios han sido detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). A uno de ellos, un ciudadano estadounidense de apellido Mariondo, se le impuso un año de prisión preventiva, mientras que la situación jurídica de los otros tres sospechosos se encuentra pendiente de resolución en los juzgados respectivos.

Desde el Poder Judicial reafirmamos nuestro compromiso con la lucha contra la violencia de género y continuamos trabajando para fortalecer los mecanismos de protección y garantizar una respuesta efectiva en favor de las mujeres en situación de riesgo.

Hacemos un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier acto de violencia y reiterar nuestro compromiso con la transparencia, la justicia y el acceso efectivo a los servicios judiciales.

 Poder Judicial de Costa Rica

29 de enero de 2025

• La jerarca reafirma su compromiso con una justicia más eficiente y cercana a la ciudadanía

La magistrada de la Sala Primera, Damaris María Vargas Vásquez, fue reelecta por unanimidad como Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia este lunes 27 de enero de 2025, cargo que asumirá por un nuevo período de dos años. La decisión fue tomada por Corte Plena en cumplimiento del artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece esta función como responsable de sustituir a la Presidencia de la Corte en sus ausencias temporales.

“En el Poder Judicial estamos comprometidos con un proceso de transformación profunda que responde al sentir ciudadano: una justicia más eficiente, transparente y pronta. Sabemos que las personas demandan resultados tangibles, y por eso estamos implementando cambios estructurales que buscan optimizar los procesos, reducir el rezago judicial y garantizar un acceso ágil y equitativo a la justicia para todas y todos”, expresó la magistrada Vargas Vásquez tras su reelección.

Trayectoria y liderazgo institucional

El énfasis de la gestión de la Magistrada Vargas Vásquez ha sido fomentar una justicia centrada en las personas en los términos de la OCDE a fin de construir sistemas de justicia más receptivos que contribuyan a fomentar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y fortalecer los modelos de gobernabilidad democrática.

Su proyecto líder desde la Vicepresidencia es el de Cuadro de Mando Integral, cuyo objetivo es desarrollar una herramienta para uso a lo interno de la Institución que facilite a las instancias decisoras, tales como la Corte Plena, el Consejo Superior, Judicatura, Fiscalía, Defensa Pública y ámbito administrativo, el seguimiento y monitoreo de la gestión estratégica y operativa de la Institución de manera amigable, la toma de decisiones basada en información confiable, relevante, pertinente y oportuna, impulsar la armonización de los sistemas de información con los objetivos institucionales y maximizar el aprovechamiento de la infraestructura tecnológica institucional para que ésta genere información para la toma de decisiones y permita que las jefaturas de todos los ámbitos puedan invertir más tiempo en su labor sustantiva. Este proyecto ha contado con el apoyo de la Embajada Americana mediante el National Center for State Courts.

Se destaca el liderazgo de la Vicepresidenta Vargas Vásquez en el ataque al rezago judicial mediante la propuesta de la Circular 06-2025 cuyo objetivo es garantizar que todas las oficinas institucionales deban tramitar y resolver con prioridad los asuntos de ingreso de mayor antigüedad, la cual fue aprobada por el Consejo Superior.

La Magistrada Vargas Vásquez es Coordinadora de la Comisión Política Integral de Comunicación del Poder Judicial, el Grupo de Trabajo Ámbito Administrativo, la Comisión de la Jurisdicción Civil, Cobro y Concursal, la Comisión de Gestión Ambiental Institucional y las Subcomisiones de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas y de Personas con Discapacidad, e integra otras comisiones institucionales estratégicas.

A nivel internacional, representa a Costa Rica como Coordinadora de la Comisión Iberoamericana de Justicia Medioambiental de la Cumbre Judicial Iberoamericana y el Grupo Especializado Ambiental del Consejo Judicial de Centroamérica y el Caribe, consolidando el papel del país en la promoción de la sostenibilidad dentro del ámbito judicial.

“Estamos del lado de la gente. Escuchamos con atención sus inquietudes y asumimos el compromiso de corregir debilidades, fortalecer nuestras capacidades institucionales y generar respuestas concretas a las necesidades de la ciudadanía. La justicia es un servicio esencial que no puede esperar, y trabajamos con la convicción de que nuestro esfuerzo diario debe reflejar ese compromiso”, enfatizó la magistrada.

Formación académica y carrera judicial

La magistrada Vargas Vásquez posee una sólida formación académica que respalda su labor en el Poder Judicial. Es Licenciada en Derecho y Notaria Pública por la Universidad de Costa Rica, especialista en Derecho Agrario, Justicia Constitucional y Administración de Proyectos, y cuenta con una maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Actualmente, es doctoranda en Derecho en la Universidad Escuela Libre de Derecho.

Su carrera judicial comenzó en 1990 como jueza de primera instancia en Juzgados Agrarios, cargo que desempeñó hasta 1999. Posteriormente, fue jueza del Tribunal Agrario hasta 2020, año en el que fue designada magistrada titular de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia por la Asamblea Legislativa. Durante su trayectoria, también integró el Consejo Superior como suplente por 10 años consecutivos y ha dirigido proyectos estratégicos para fortalecer la función jurisdiccional.

Con su reelección, la magistrada Vargas Vásquez reafirma su compromiso con una justicia más eficiente, inclusiva e independiente, pilares esenciales para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho en Costa Rica.

El Cuadro de Mando Integral avanza como herramienta clave para mejorar la gestión judicial

El Poder Judicial de Costa Rica está implementando el proyecto Cuadro de Mando Integral (CMI), una plataforma que busca centralizar información estratégica y optimizar la toma de decisiones en todos los niveles de la institución. Este esfuerzo representa un paso innovador hacia la modernización y la eficiencia en la gestión judicial, con un enfoque claro en la reducción del rezago y la mejora del servicio a la ciudadanía.

Uno de los pilares del CMI es la capacidad para identificar y abordar desafíos mediante el análisis de datos. Con el apoyo de la Dirección de Planificación, el proyecto prioriza la atención de los expedientes más antiguos, una acción clave para enfrentar el rezago judicial y asegurar un acceso más ágil y oportuno a la justicia.

Capacitación en tecnología avanzada: una apuesta estratégica

El proyecto, liderado por la magistrada Damaris Vargas Vásquez, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, incluye una sólida apuesta por la formación en tecnologías avanzadas. En colaboración con el Instituto Tecnológico de Costa Rica y el financiamiento del National Center for State Courts (NCSC), se capacitaron 23 funcionarios judiciales en Machine Learning y programación en Python, un lenguaje ampliamente utilizado en ciencia de datos y análisis de riesgos.

Los cursos incluyeron herramientas como Business Analytics, que permitirán al personal analizar grandes volúmenes de datos para generar indicadores clave en áreas como estadísticas judiciales, calidad del servicio, gestión de recursos humanos y ejecución presupuestaria.

En un acto oficial realizado el pasado 23 de enero, los participantes recibieron sus certificaciones, marcando un hito en el fortalecimiento de capacidades tecnológicas en el sistema judicial.

Un Poder Judicial más cercano y eficiente

“La justicia necesita adaptarse a las demandas de un mundo impulsado por datos y tecnología. Con herramientas como el Cuadro de Mando Integral, logramos una gestión más eficiente, basada en información clara y oportuna, lo que nos permite superar obstáculos y responder a la ciudadanía con mayor agilidad”, destacó la magistrada Vargas Vásquez.

Por su parte, Randall Zúñiga López, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), subrayó la importancia de la innovación en la toma de decisiones: “Hoy, las personas exigen resultados inmediatos. Con herramientas como el CMI, no solo optimizamos procesos, sino que también garantizamos decisiones rápidas, efectivas y basadas en datos confiables”.

El proyecto no solo busca modernizar procesos internos, sino también reafirmar el compromiso del Poder Judicial con la transparencia, la eficiencia y el acceso a la justicia para todas las personas usuarias.

Hacia una justicia más accesible

Este avance forma parte de una transformación integral que reconoce el valor de los datos como un recurso estratégico. Con el CMI, el Poder Judicial da un paso firme hacia una justicia más innovadora, eficiente y alineada con las necesidades de la ciudadanía.