Ante Comisión de Hacendarios de Asamblea Legislativa

• No hay plazas nuevas.
• Crecimiento es el más bajo de los últimos cuatro periodos.
• Se aplicaron 118 directrices internas de contención del gasto.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge expuso ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, el Presupuesto Ordinario del Poder Judicial para el 2017, por un monto de ¢421.886.962.460, lo que implica un crecimiento de 1.6% en relación al año en curso. Este monto incluye los recursos para el ámbito jurisdiccional, administrativo, Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública y el Programa de Protección de Víctimas y Testigos.
Con presupuesto separado la jerarca judicial aclaró que para la implementación de la reforma procesal laboral se requiere de: ¢ 8.820.633.833; la reforma procesal civil se proyectó un monto de ¢ 457.605.516; para el fortalecimiento de la aplicación de la Ley de Sustracciones y Desapariciones de Menores de Edad, conocida como “Ley Yereling” se solicita ¢ 1.815.901.571 y para la Ley que crea la Jurisdicción de Crimen Organizado se prevee que el impacto económico es de ¢ 3.499.896.620.

Enfatizó la vinculación del presupuesto a los resultados de los despachos judiciales. “Se analizó cuanto se produjo, que oficinas están atrasadas, como fue la ejecución presupuestaria y de acuerdo con los resultados así se les asignó el presupuesto”.
La formulación del presupuesto es el resultado de un esfuerzo de los órganos que componen el Poder Judicial, contó con un amplio análisis por parte de Corte Plena, Consejo Superior y los órganos técnicos de la institución con el fin de definir las prioridades y no desmejorar la atención en el servicio público. El plan de gastos no contempla la creación de plazas ni apertura de servicios nuevos.

Diputados y diputadas que integran la Comisión de Hacendarios plantearon consultas y cuestionaron partidas presupuestadas. Entre ellas las siguientes:
Olivier Jiménez del partido Liberación Nacional cuestionó el aumento en la partida de capacitación en relación con lo presupuestado en el 2015. La jerarca judicial explicó que este dinero es el que se utilizará para la capacitación del recurso humano que tendrá a cargo la aplicación de la reforma laboral y civil.

El legislador Rolando González de la misma agrupación política cuestionó el presupuesto de la partida para la implementación de la ley que crea la jurisdicción contra el crimen organizado, en su criterio no debe incluirse porque aún no está aprobada. La magistrada Villanueva aclaró que este es un ejercicio responsable para que se determine el impacto económico. Se planteó que este rubro se traslade a un presupuesto extraordinario. También González solicitó aclaración sobre la compra y sustitución de vehículos; se le informó que la política institucional es sustituir cada seis años.

Por su parte José Ramírez del Frente Amplio, solicitó se le aclarará la inyección de capital en construcciones y licencias de software . Se le indicó que el dinero es para fortalecer el fideicomiso suscrito con el Banco de Costa Rica que permitirá la construcción de edificios propios. Las licencias se utilizarán para potenciar circuitos electrónicos que es una modalidad de trabajo que agilizan la tramitación de los procesos.

El diputado Otto Guevara del Movimiento Libertario pidió que se le enviara por escrito información detallada sobre incentivos salariales. Adelantó que desde revisarán con detenimiento en que partidas se puede recortar gastos.
En la audiencia acompañaron a la magistrada Villanueva Monge, el Director del Despacho de la Presidencia Róger Mata Brenes; Subdirector Ejecutivo Rodrigo Arroyo Guzmán; Directora de Planificación Nacira Valverde Bermúdez y el Director de Gestión Humana José Luis Bermúdez Obando. La sesión se realizó el 14 de setiembre 2016 y se extendió por aproximadamente dos horas.

“Hoy celebramos que hace 195 años desde el palacio de la Capitanía General de Guatemala, hasta todos los rincones de Centroamérica, se propagó una noticia llena de esperanza, se dijo en voz alta ¡que Viva la Independencia!”, con estas palabras Mónica Cruz Rosas, de la Secretaría Técnica de Valores invitó al público a participar de un manera amena y alegre, el acto cívico realizado con motivo de la celebración de las fiestas patrias.

“Hoy no sólo recordamos los 195 años de Independencia, sino un ejercicio de identidad, tenemos que rescatar aquello que es bueno del costarricense, lo que nos caracteriza como Nación y hoy es un día para reafirmar nuestra identidad”,señaló el Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Arroyo Gutiérrez, quien resaltó la importancia de estas celebraciones en el fortalecimiento de la democracia y la solidez de las instituciones.

“Cada día debemos hacer una afirmación de nuestros valores, de nuestras instituciones y de lo que es más importante para la vida y convivencia en democracia y justicia.No defraudemos el servicio público que prestamos, cumplamos con el mayor de nuestros esfuerzos desde cualquiera que sea la posición que ejerzamos”, puntualizó el magistrado Arroyo Gutiérrez.

Por su parte, Juan Carlos Sebiani Serrano, Jefe de la Secretaría Técnica de Ética y Valoresinstó a los presentes, a continuar preservando los valores más importantes de los y las costarricenses y al fortalecimiento de los valores compartidos de la institución.

El acto cívico inició con la entonación del Himno Nacional, seguidamente se contó con una serie de presentaciones artísticas entre ellas el grupo musical “Así es mi Tierra”, integrado por servidores y servidoras del Primer Circuito Judicial de San José,así como bailes típicos presentados por niños y niñas del Centro Infantil del Poder Judicial, grupo Folklórico Yapirí y el grupo Cuentacuentos “Maracatú”.

La actividad fue promovida por la Comisión y Secretaría Técnica y Ética de Valores del Poder Judicial y contó con la participación de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, integrantes del Consejo Superior, representantes de los diferentes órganos superiores, servidores y servidoras judiciales y público en general y se realizó en el vestíbulo del edificio Plaza de la Justicia.

Poder Judicial destaca en primeros lugares de transparencia

Las acciones  que ha emprendido el Poder Judicial en Justicia Abierta que potencia la  transparencia en el servicio público permite mantenerse en los primeros lugares de instituciones públicas que destacan por el acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y datos abiertos de Gobierno.

El Índice de Transparencia en el Sector Público (ITSP) está a cargo de la Defensoría de los Habitantes, la Universidad de Costa Rica y el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP). 

Para este 2016, se midió un total de 206 instituciones públicas costarricenses, teniendo como referencia el acceso a la información de los sitios web institucionales y la opinión de las y los ciudadanos.

“El ITSP es un instrumento de medición de la transparencia de las instituciones que conforman el sector público costarricense, centrado en el acceso a la información pública disponible en sus sitios web, que busca ofrecer una medición anual con el objetivo de fortalecer la institucionalidad costarricense”, destacó la presentación del informe estadístico.

A nivel general, la evaluación ubica al Poder Judicial en el puesto 10 de 205, con una calificación de 55,49 puntos. 

En materia de acceso a la información, el ITSP resalta un importante incremento del Poder Judicial en este aspecto, al registrarse un puntaje de 89,1.

Otro de los indicadores que se valoraron fue el de rendición de cuentas en el cual la institución alcanzó un 60.09 de puntaje.

En el caso de Datos Abiertos de Gobierno, el Poder Judicial obtuvo 54,37 puntos y en participación ciudadana 17,34.

El compromiso de trabajar con probidad y mística en las funciones propias de la Corte y la Sala Segunda, fue lo que reafirmó este lunes 12 de setiembre, el magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, durante su primera sesión en el máximo órgano judicial.

La sesión estuvo dirigida por el Presidente en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Arroyo Gutiérrez, quien destacó la trayectoria del magistrado Sánchez Rodríguez en órganos administrativos y jurisdiccionales.

“La Asamblea Legislativa ha hecho honor a sus méritos, a una carrera judicial de más de 20 años, en este Poder de la República.  Destacaría en primer lugar su trayectoria, la especialización a lo largo de estos años en Derecho Civil como Laboral.  Llega usted en un momento estratégico para el Poder Judicial, dada la reciente reforma procesal laboral y para dar el aporte correspondiente en este proceso de transformación”, destacó el Presidente en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Arroyo Gutiérrez. 

Además, se reconoció el aporte brindado a la institución como Jefe de la Inspección Judicial, por el cambio fundamental que tuvo el Tribunal Disciplinario Judicial desde que asumió la dirección, lo que permitió la reactivación del número de asuntos eficientemente tramitados y de otros mecanismos de control como las visitas a despachos y seguimientos.

“Este nombramiento para mi representa alcanzar un sueño y la culminación de una carrera que inicié hace 23 años cuando empecé como auxiliar meritorio en el Juzgado Mixto de Goicoechea. El nombramiento me impone una gran responsabilidad con el país y el Poder Judicial, por eso me comprometo a ejercer el cargo con probidad  y mística, siempre teniendo como norte los intereses de la institución. En mí tienen un compañero leal para hacer equipo y alcanzar metas que permitan un mejor servicio de administración de justicia”,  reafirmó el magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez.

Indicó que su interés se centra en fortalecer el régimen disciplinario y participar en acciones concretas que tiendan a combatir la corrupción y el retardo judicial, tareas en las que contribuirá  por su experiencia adquirida en el  Tribunal de la Inspección Judicial y en el Tribunal Laboral.

Durante la sesión, los magistrados y magistradas de Corte Plena, Carlos Chinchilla Sandí, Orlando Aguirre Gómez, Julia Varela Araya, Eva Camacho Vargas, Luis Ferrnando Salazar Alvarado, Doris Arias Madrigal, William Molinari Vílchez, Román Solís Zelaya, , Jesús Ramírez Quirós, Carmenmaría Escoto Fernández y Celso Gamboa Sánchez, hicieron un reconocimiento a la trayectoria judicial del magistrado Luis Porfirio Sánchez y a la labor que emprendió a lo interno del Tribunal de la Inspección Judicial.