Las condiciones y particularidades del trabajo de las mujeres, la carga del trabajo reproductivo y de cuido, así como la persistente brecha salarial entre hombres y mujeres, entre muchos otros aspectos, debe llevar a que los regímenes de jubilación establezcan en sus normas y reformas, una edad menor de jubilación para las mujeres.
A esto se le llama incorporar la perspectiva o visión de género en el tema de jubilaciones y fue una de las principales conclusiones a las que se llegó en el Panel “Regímenes de Jubilación y Derechos Humanos de las Mujeres,” efectuado este jueves en el auditorio Miguel Blanco Quirós, edificio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Organizado por la Comisión de Género y la Secretaría Técnica de Género, bajo el liderazgo de la magistrada Presidenta de la Sala de Casación Penal, Doris Arias Madrigal, el panel contó con la participación, además de la magistrada Arias, de la Ministra de la Condición de la Mujer, Alejandra Mora Mora; la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones, Alice Shackelford; la Presidenta de Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), Zulema Villalta; la defensora pública Laura Arias y la Jefa de la Secretaría Técnica de Género, Jeannette Arias, quien moderó.
La actividad forma parte de una serie de acciones y gestiones realizadas por la Comisión de Género y de la Secretaría de Género en las últimas semanas a fin de se tomen en cuenta las diferencias biológicas y sociales entre los hombres y las mujeres trabajadoras en los proyectos de reforma al Régimen de Pensiones del Poder Judicial que se discuten en la Asamblea Legislativa y que hasta hace poco era un tema ausente, según destacó la magistrada Arias Madrigal.
Durante su intervención, la magistrada puntualizó que la población judicial está compuesta por un 48% de mujeres y un 52% de hombres, pero que el 66% de las jefaturas están en manos de hombres.
También informó de una gestión recientemente aprobada por el Consejo Superior, para la realización de un estudio actuarial con visión de género y determinar su impacto financiero en el Fondo de Jubilación del Poder Judicial y se mostró optimista de que en Costa Rica se siga el modelo que han adoptado algunos países latinoamericanos, estableciendo acciones afirmativas en favor de las mujeres en materia de jubilaciones.
“Hemos tenido una buena acogida hacia las propuestas de género en la Asamblea Legislativa.
Ahora requeriríamos, también, que sean asumidos por el grupo parlamentario de las mujeres, porque esto finalmente son adecuaciones que tienen que ver con derechos humanos de las mujeres y el derecho a tener una calidad de vida y al desarrollo pleno de todas. Esto impulsa las potencialidades de la mujeres no solo en la vida productiva, sino también cuando ya no se es tan productiva”, puntualizó la magistrada Arias Madrigal.
En su exposición, la ministra Mora Mora resaltó la importancia de que a la hora de hacerse reformas en los sistemas de jubilaciones no sólo se hagan a partir de estudios actuariales que solo consideren las medidas paramétricas individualizadas. “… cuando planeamos un régimen que tenga un sistema solidario, también tiene que tener medidas no paramétricas, y entender la visión integral. Por ello existe una perspectiva de género que tiene que considerarse y hemos venidos incidido en la reforma del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte”, aseguró.
Shackelford, alertó sobre la naturaleza patriarcal de Costa Rica, en el que las mujeres son las primeras en resolver el cuido de los infantes, adultos mayores y otras personas integrantes de la familia. “Esto se traduce en un peso social, el cual se traduce a la vez en un peso económico. El Informe Mundial de Desarrollo Humano en el 2016, señaló que Costa Rica no está mejorando en el tema de la desigualdad en materia de pensiones y es un tema importante por revisar. El desafío es la implementación de lo que establecen los convenios internacionales a favor de los derechos humanos, como el convenio de la CEDAW para la eliminación de cualquier tipo de discriminación contra la mujer”, expuso Shackelford.
Villalta, del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), recalcó que se debe considerar que, de la población adulta mayor, el 12,4% de las mujeres mantienen su participación en las actividades remuneradas e hizo un llamado para que se trabaje por erradicar esa imagen socialmente negativa que se tiene d envejecimiento.
“Debemos avanzar garantizando la identidad de la persona adulto mayor y desarrollar enfoques diferenciados para el desarrollo de derechos humanos hacia el adulto mayor”, manifestó.
Arias Guillén, representante de la Defensa Pública, resaltó las normas nacionales e internacionales que respaldan la defensa de los derechos humanos de las mujeres en el país, sin embargo, manifestó la importancia de no invisibilizar las características del trabajo femenino y sus aportes, ante las singularidades que presentan en la vida laboral.
“La condición de las mujeres, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en materia de trabajo, debe equipararse a una condición de discriminación, que debería contrarrestarse mediante medidas diferenciadas de carácter positivo”, afirmó Arias Guillén.
La actividad cerró con una nutrida participación de representantes de los gremios judiciales, quienes expresaron su anuencia a la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos de ley sobre regímenes de jubilación, y de trabajadoras judiciales que compartieron sus dramáticas experiencias de salud y cuido en donde quedó manifiesto la necesidad de una perspectiva de género aplicada.
