En el marco de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Poder Judicial fue el escenario donde se analizó el tema ¿Necesita Costa Rica una Ley de acceso a la información?

La conferencia, realizada este martes 3 de mayo, contó con la participación la periodista, abogada y vicepresidenta de NBC Universal, Lynn Carrillo, el magistrado de la Sala Constitucional Fernando Cruz Castro y el periodista de Canal 7, Rodolfo González, quienes se encargaron de analizar cómo se rige la materia en los Estados Unidos y Costa Rica.

Lynn D. Carrillo desarrolló el tema a partir de la experiencia en los Estados Unidos con respecto a la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act (FOIA), ley que brinda el derecho de acceder a información del Gobierno Federal, y reconoció que la prensa de Costa Rica cuenta con mucho acceso a la información, mientras que en los Estados Unidos se plantean unas 700 solicitudes de información al año ante la Corte Suprema, con el fin de obtener información. “En el tema de libertad de expresión y acceso a la información todos los países debemos mejorar”; puntualizó Carrillo.

Por su parte, el magistrado constitucional Cruz Castro reflexionó una serie de temáticas del país que son sujetos de información y resaltó la importancia de que se cuente con una regulación en materia de acceso a la información.  “Me parece que una ley permite definir ciertos lineamientos en el acceso a la información, la Sala Constitucional durante toda su historia, ha determinado muy claro, la importancia sobre la necesidad contar con acceso a la información”, aseguró el magistrado Cruz.

El periodista Rodolfo González, a partir de su experiencia profesional, profundizó ampliamente las razones o argumentos utilizados para negar el acceso a la información en nuestro país, así como jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre la temática planteada.

A la conferencia asistieron periodistas y representantes de medios de comunicación escrita, representantes de la Presidencia de la República, Asamblea Legislativa, Migración y Extranjería, Caja Costarricense del Seguro Social, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Colegio de Periodistas y personal judicial, entre otras dependencias.

La actividad fue promovida por el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional como  parte de las actividades de capacitación que desarrolla cada año.  Se realizó en conjunto con la Embajada de los Estados Unidos y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión.

20 de abril de 2016.

Determinar que el despido de un trabajador agrícola fue discriminatorio por su situación de salud fue lo que resolvió la Sala Segunda en el voto 2015-000631.

Para la Sala Segunda, en este caso, no solo se despidió al trabajador, “…sino que en la situación acongojante y de sufrimiento que vivía por su estado, se actuó contra su dignidad, agregando elementos perturbadores, al quitársele, sin sustento alguno, los ingresos de que dependía (salarios o subsidios) y la seguridad de la atención médica, sin límite de tiempo, que tenía como asegurado en la seguridad social. Precisamente, es a partir de este análisis, que esta Sala comparte con el Ad quem, que debe calificarse el despido como discriminatorio; sin que pueda considerarse que el Tribunal no analizó la causa de despido”.

En el estudio particular del caso, los magistrados y magistradas del Alto Tribunal de Casación Laboral determinaron que se dio una grave infracción al principio de buena fe y al respeto del derecho fundamental del trabajador a la salud.

Sobre la empresa demanda señaló que “…ni cuando fue debidamente enterada, en la conciliación administrativa, de las circunstancias que rodeaban el caso, ofreció una solución adecuada al trabajador. Todo lo anterior denota la existencia por parte de la empleadora del deseo de deshacerse de un servidor que, por razones de salud, ya no le era útil en la empresa”,  puntualizó la sentencia de casación laboral.

La resolución recalcó el tema del derecho a la salud, como un derecho fundamental “…debe serle respetado al trabajador y, su atención, como está demostrado en el expediente, no puede generar una actuación discriminatoria y contraria a la dignidad de la persona humana, como la que se evidencia de las circunstancias que rodean el caso”.

El proceso laboral lo presentó ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Pococí, un trabajador agrícola contra la empresa para la cual laboraba.

El actor solicitó su reinstalación, el pago de los días dejados de laborar por el despido, daños y perjuicios y otros extremos laborales.

Explicó que tuvo una recaída en su salud que lo obligó a incapacitarse de manera continua y que en una de las citas médicas debió internarse de emergencia por varios días, que incluyó una intervención médica de urgencia.  Cuando se incorporó a sus labores, su patrono le comunicó el despido, al parecer por no presentar en el tiempo legal la incapacidad.

El Juzgado de Trabajo declaró parcialmente con lugar la demanda y ordenó el pago de los extremos laborales de vacaciones y daños y perjuicios.

Las partes apelaron la sentencia y el Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Pococí, revocó parcialmente el fallo en cuanto al pago de los daños y perjuicios y en su lugar ordenó la cancelación de los salarios caídos que le hubieran correspondido al trabajador, desde el momento del despido discriminatorio y hasta el momento en que se le otorgó la pensión por invalidez.

El caso finalmente fue elevado ante la Sala Segunda.  La empresa demandada argumentó que el trabajador faltó a su obligación de avisar de su incapacidad dentro de los dos días siguientes según lo indica el Código de Trabajo y recalcó que no fue por su enfermedad.

Para la Sala Segunda, las pruebas aportadas evidenciaron que el trabajador estuvo imposibilitado a dar aviso a la empleadora de la causa que le impedía asistir al trabajo y no contaba con ningún familiar u otra persona que lo acompañara en tan difícil situación, máxime que quedó en evidencia una situación de soledad, por tanto en este caso no se podía exigir que se diera aviso por sí o por terceros, en los dos días siguientes a su internamiento.

Y por este caso, el fallo de casación laboral confirmó lo resuelto por el Tribunal de Trabajo.

14 de abril de 2016.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge hizo un llamado a las máximas autoridades judiciales de los países iberoamericanos que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana, para unificar las estadísticas sobre violencia de género y promover acciones para la incorporación de la perspectiva de género en la administración de justicia.

Villanueva Monge expuso las propuestas, como coordinadora de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

Uno de los importantes acuerdos firmados en esta primera sesión de la asamblea de la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana fue el convenio  de cooperación entre la Comisión Permanente de Género, ONU Mujeres y la Secretaría General Iberoamericana de Jefes, Jefas de Estado y de Gobierno, para el establecimiento de estadísticas sobre materia de violencia de género  en fallos judiciales.

Villanueva Monge también expuso la propuesta de la Comisión de promover lineamientos para la incorporación de la perspectiva de género y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, en los poderes judiciales de la región.

“Debemos aprender a  tener uniformidad para conocer el alcance verdadero de fenómenos de violencia de género y feminicidio. Cada país tiene su forma específica de contar, y eso nos impide tener una visión exacta de la magnitud del problema”, destacó la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge durante su intervención.

La XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana se realiza del 13 al 15 de abril en Asunción, Paraguay.

Este jueves 14 de abril el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáciga, quien preside la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y la licenciada Kathia Navarro Morales expusieron sobre el uso de la tecnología en el Poder Judicial, el desarrollo de la aplicación móvil, consulta remota de expedientes, expediente electrónico y trámites que las personas usuarias pueden realizar por internet.

La delegación de Costa Rica la integran la Presidenta de la Corte, Zarela Villanueva Monge, los magistrados Román Solís Zelaya, Coordinador Nacional de la Cumbre Judicial Iberoamericana y Luis Guillermo Rivas Loáiciga, coordinador del Grupo E-Justicia de Cumbre Judicial Iberoamericana; así como la Directora de Tecnología de la Información, Kattia Morales Navarro.

13 de abril de 2016.

El proceso de reclutamiento y selección, para el nombramiento de las plazas vacantes en el Consejo Superior y el Tribunal de la Inspección Judicial, iniciará la etapa de entrevistas a las personas aspirantes.

La Comisión de Nombramientos del Poder Judicial tiene a cargo este proceso, órgano que después de evaluar los atestados y realizar las entrevistas, remitirá una terna a Corte Plena, que finalmente tendrá la competencia de realizar las designaciones a los cargos.

Los nombramientos que están vacantes corresponden a integrante propietario y dos suplentes del Consejo Superior en representación de la Judicatura y un integrante suplente representante de los abogados y abogadas que no administran justicia.

En el caso del Tribunal de la Inspección Judicial, el proceso de selección corresponde a dos plazas de inspector general suplente.

Las entrevistas inician el lunes 18 de abril, a partir de las 8:30 a.m. y hasta las 11:00 a.m.  Este día se recibirán 6 personas aspirantes al cargo de inspector general suplente del Tribunal de la Inspección Judicial.

Para el martes 19 de abril, la Comisión de Nombramientos sesionará en las dos audiencias, para recibir a 13 personas que se postularon para el cargo de integrante propietario del Consejo Superior, algunas de estas personas también participaron para la plaza vacante de suplencia, que también se recibirán este día.  Las sesiones de trabajo iniciarán de  8.30 a.m a 11.30 a.m. y de 1:30 p.m. a 4:00 p.m.

El lunes 25 de abril a partir de las 8:30 a.m. y hasta las 11:00 a.m., se retoman las entrevistas al cargo de inspector general suplente de la Inspección Judicial. 

Esta labor finaliza el jueves 28 de abril durante todo el día, con las entrevistas a las once personas postulantes al cargo de integrante suplente del Consejo Superior, que represente a las abogadas y abogados que no administran justicia.  El trabajo se realizará de 8:30 a.m a 11:30 a.m. y de 1:30 p.m. a 3:00 p.m.

La selección  consideró las calificaciones más altas obtenidas, superiores a ocho.

Según la Comisión, con las entrevistas se busca conocer las aspiraciones, proyectos, expectativas y conocimiento de las personas postulantes a los diversos cargos.