12 de abril de 2016.

El 2015 fue crucial en el Poder Judicial, para fortalecer las acciones dirigidas a propiciar una Justicia Abierta.  Acciones que son pioneras dentro del Sistema de Administración de Justicia.

Uno de los principales alcances fue la aprobación de la Política Institucional de Participación Ciudadana, que promueve el involucramiento de la población costarricense en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas institucionales.

“Todos los despachos y oficinas judiciales del país deberán generar acciones para incorporar en su quehacer diario, las necesidades de las comunidades a las que les brindan servicios.  En esto somos pioneros. No existe ningún otro Poder Judicial que se haya avocado a implementar una política de esta naturaleza”,  explicó la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, durante la rendición de cuentas que se emitió como parte de la inauguración del Año Judicial 2016.

También se creó una página electrónica de Justicia Abierta, se trabaja en un plan de apertura de datos y se coordinó con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la Organización de las Naciones Unidas para el diseño de una política de Justicia Abierta.

Con el proceso de rediseño del Circuito Judicial de Cartago, se aprovechó la oportunidad para iniciar un plan piloto de Justicia Abierta.

“Se incorporaron los presupuestos de una justicia abierta: incorporamos las opiniones ofrecidas por la Comisión de Personas Usuarias, se establecieron mecanismos de coordinación con otras instituciones y se dejaron establecidos enlaces de comunicación entre la población usuaria y los despachos judiciales con el objeto de que las mejoras impulsadas sean realmente acordes a las necesidades”, destacó Villanueva Monge.

El rediseño contempló la reestructuración de todos los despachos judiciales del circuito en cuanto a organización, implantación del escritorio virtual, la implementación de la oralidad, la conexión entre los despachos electrónicos, todo con el objeto de modernizar y mejorar la gestión de las oficinas judiciales y mejorar el servicio.

Además a partir del avance tecnológico, el Poder Judicial propicia la transparencia en su gestión y de ahí la implementación de mejoras en la página web, que permiten la revisión de procesos de contratación pública, adjudicaciones administrativas, información general sobre ubicación y números telefónicos de las oficinas judiciales, información sobre puestos de trabajo, consulta del presupuesto institucional y salarios de los distintos puestos.

07 de abril de 2016.

La prioridad del Poder Judicial de propiciar mecanismos para resguardar el acceso  a la justicia se fortaleció con diversas acciones emprendidas durante el 2015.

Mejoras en el servicio para la atención especial de personas víctimas, el acceso a los servicios en comunidades de difícil acceso y el impulso de la especialización en materias sensibles como pensiones alimentarias, marcaron la labor del Poder Judicial el año pasado.

“El acceso a la justicia y la gratuidad de ella han sido los objetivos hacia los que nos hemos encaminado”, afirmó Zarela Villanueva Monge, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, durante el acto solemne de Inauguración del Año Judicial 2016.

Villanueva Monge resaltó el impulso que se dio en el 2015 a la Política Pública de Equidad de Género, con la construcción del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, inaugurado oficialmente en marzo del presente año.

“Mediante este observatorio se busca sistematizar las acciones que desarrolla el Poder Judicial para la atención, investigación y sanción de las distintas formas de violencia contra las mujeres y su acceso a la justicia. Desde esta plataforma informativa queremos dar nuestro aporte para consolidar una sociedad pacífica, en la que las mujeres y las niñas, tengan igualdad de oportunidades”, explicó la máxima jerarca judicial.

La Plataforma Integral de Servicios de Atención a Víctimas (PISAV) inauguró sus servicios en Tres Ríos de La Unión, Cartago, cuyo modelo de atención reúne y coordina en una misma sede,  servicios judiciales de diversas competencias, así como la asistencia psicológica, jurídica, sanitaria y social, para evitar o mitigar la revictimización. 

El Programa de Facilitadores y Facilitadoras Judiciales, liderado por la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), se consolidó el año pasado, al contar con 371 personas facilitadoras, que son habitantes de las comunidades, líderes comunales y que se constituyen en un puente de comunicación entre la población y los despachos judiciales.

En setiembre del 2015, el Poder Judicial también aprobó la Política Institucional de Acceso a la Justicia de las Personas Afrodescendientes y se unió a la presentación oficial de la Política Pública de Justicia Juvenil Restaurativa, la cual bajo el Programa de Justicia Restaurativa, se contabilizó entre enero a octubre del 2015, la atención de 305 víctimas y 761 personas ofensoras y la generación de 55182 horas de servicio comunal.

En materia de pensiones alimentarias, se concretó el programa de especialización de estos despachos en el I Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón y en Pococí y se incorporó el expediente electrónico.

“En total, en el territorio nacional existen 11 juzgados de pensiones alimentarias, bajo la modalidad electrónica.  Nos falta San Ramón y San Carlos,  que son electrónicos pero que aún comparten su gestión con contravenciones.  También tenemos pendiente el Juzgado especializado en Pensiones de Puntarenas que funciona con expedientes físicos debido a limitaciones de infraestructura del inmueble”, detalló la Presidenta de la Corte.

Esta labor comprende buenas prácticas como la de los Juzgados de Pensiones Alimentarias y Contravencional, Menor Cuantía y Tránsito de Sarapiquí, que salen de sus despachos y visitan comunidades alejadas para recibir demandas, pruebas y brindar aclaraciones en cuanto a los expedientes judiciales, entre otros.

05 de abril de 2016.

Una ventana de información pone a disposición el Poder Judicial de la población de Cartago y todo el país, en materia de Justicia Abierta, con el lanzamiento de la página electrónica sobre esta materia y la alianza estratégica con la Municipalidad de Cartago, dentro del Programa  Cartago Histórico Digital.

Estas acciones procuran impulsar y consolidar la Justicia Abierta en el Poder Judicial.

“Hemos apostado por la construcción de una Justicia Abierta, donde se involucra a toda la institución y a la sociedad civil.  Y con la página electrónica que hoy ponemos a disposición de la ciudadanía, materializamos los principios de transparencia, participación y colaboración que rigen la Justicia Abierta. Esta herramienta tecnológica nos permite trazar nuestro camino en transparencia y rendición de cuentas sobre la gestión administrativa judicial”, destacó la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge.

Para Villanueva Monge, la finalidad de la Justicia Abierta es mejorar el servicio de administración de justicia, “…buscamos calidad en el servicio, acceso a la información, rendición de cuentas y la disposición para abrirnos a las necesidades de las personas usuarias y donde la Contraloría de Servicios juega un papel muy importante del proceso”.

La página electrónica www.poder-judicial.go.cr/justiciaabierta, pone a disposición de las personas usuarias información sobre los objetivos de la iniciativa de Justicia Abierta que impulsa la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, diagnósticos y metas propuestas.  Además, se incluyen datos institucionales relevantes y detalla el plan piloto que se inició desde el 2015 en el I Circuito Judicial de Cartago.

La presentación oficial del sitio web se realizó este martes 5 de abril, en los Tribunales de Justicia de Cartago, con la participación de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, Rolando Rodríguez Brenes, Alcalde de la ciudad, autoridades judiciales y de la Municipalidad de Cartago y representantes de la sociedad civil.

La ventana de transparencia contiene documentación relacionada con acceso a la información y rendición de cuentas judicial con contenido como reportes de edificios, alquileres, contrataciones, adjudicaciones, contratos con detalles de pago, información presupuestaria, liquidaciones e informes sobre este tópico, también registros sobre puestos, salarios, descripción de puestos e índices salariales.

En participación ciudadana, se despliegan los detalles  de la política judicial de participación ciudadana, las herramientas disponibles para emprender acciones en esta materia y actividades de interacción entre otras informaciones.

El enlace de colaboración integra las instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil con las que el Poder Judicial entrelaza acciones.

Gobierno Local: Aliado en Justicia Abierta

Este día también fue propicio para la firma del “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y la Municipalidad de Cartago para la colaboración en transparencia y acceso a la información a la ciudadanía de Cartago”.

Esta alianza viene a fortalecer la construcción de la Política de Justicia Abierta y el Plan Piloto que el Poder Judicial impulsa en el I Circuito Judicial de Cartago.

“El Poder Judicial ha puesto a disposición de la población de Cartago, nuevos servicios tecnológicos, que procuran facilitar el acceso a la justicia, un ahorro significativo en tiempo y dinero al no tener que desplazarse hasta los Tribunales y con ello contribuimos al acceso a la información institucional. De ahí la importancia de que el Poder Judicial y la Municipalidad de Cartago seamos aliados en el impulso de las tecnologías de la información y telecomunicaciones y a partir de éstas, crear espacios de acceso a nuestros servicios locales”,  puntualizó la máxima jerarca judicial, Zarela Villanueva.

La jerarca judicial destacó que la alianza con la Municipalidad de Cartago es básica frente a los objetivos comunes como lo es la calidad en el servicio, la información, la transparencia y la disminución de la brecha digital entre las personas usuarias.

Para el Alcalde de Cartago, Rolando Rodríguez Brenes, con la firma de este convenio se procura robustecer el Proyecto Cartago Histórico Digital que promueve el acceso a Internet y las herramientas necesarias para que los ciudadanos cartagineses tengan mayores facilidades por medio de la tecnología.

“Procuramos que por medio de los Centros Comunitarios Inteligentes, que operan ofreciendo Internet gratuita, la gente se pueda capacitar de cómo puede ingresar a los servicios electrónicos de administración de justicia y de los diversos servicios públicos electrónicos. Ello con el fin de disminuir la brecha digital.  Hoy contabilizamos más de 3500 personas capacitadas”, destacó Rodríguez Brenes.

El convenio interinstitucional comprende la incorporación del Poder Judicial en el Proyecto Cartago Histórico Digital, que impulsa el municipio cartaginés, mediante un vínculo en la página electrónica del gobierno local.

Ambas instituciones asumen el compromiso de promover la capacitación a las personas usuarias sobre el uso de los servicios tecnológicos que ofrece la administración de justicia, mediante la inclusión del Poder Judicial dentro del Proyecto de Alfabetización Sostenible de la Municipalidad.

El Departamento de Tecnología de la Información del Poder Judicial dará capacitación al equipo de trabajo de los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI), ente encargado de realizar los cursos para minimizar la brecha digital en las comunidades y al personal de la Biblioteca Digital de la Municipalidad.

En el convenio se contempla “Autorizar que las funcionarias y funcionarios del Poder Judicial coordinen esfuerzos con la Municipalidad para la divulgación del Proyecto Cartago Histórico Digital y participen en las actividades del proyecto que se realicen en las comunidades, en las que ambas partes convengan”.

Dicho convenio regirá por un año,  prorrogable por períodos iguales, y constituye uno de los primeros resultados concretos del acercamiento del Poder Judicial a la comunidad cartaginesa, para que en conjunto contribuyamos a la mejora de los servicios.

05 de abril de 2016.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Zarela Villanueva Monge rechazó enfáticamente el contenido de una información publicada por un medio digital mexicano que calificó como “tráfico de influencias” las resoluciones jurisdiccionales en torno a un proceso de una empresa distribuidora de gas en el país. 

La noticia también cita al magistrado William Molinari Vílchez, integrante de la Sala Primera a quien le atribuyen circunstancias ajenas a la realidad. 
Este lunes en conferencia de prensa la magistrada Villanueva Monge, así como el magistrado Molinari Vílchez,  refutaron categóricamente la información de Norte Digital que circuló el 3 de abril 2016 que los vincula con supuestas irregularidades en el proceso judicial. 

Los acompañó el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, presidente de la Sala Primera, quien explicó de acuerdo con las competencias legales de ese órgano lo resuelto en el proceso judicial. 

La magistrada Villanueva aclaró a los medios de comunicación nacionales que nunca había participado en la tramitación de los asuntos objeto de la noticia. “Por transparencia presenté una inhibitoria para conocer un conflicto de competencia planteado a Corte Plena por una de las partes, consideré que no debía participar porque mi hermano intervino en una actividad registral”, manifestó enfáticamente la jerarca judicial. 

El magistrado William Molinari Vílchez precisó que no fue designado en el lugar de la exmagistrada Anabel León Feoli, como erróneamente se cita en la publicación del medio digital, sino que su elección como magistrado fue en la vacante del exmagistrado Oscar González Camacho en fecha 3 de agosto del 2016. 

Molinari Vílchez detalló que tomó la decisión de separarse del conocimiento de los procesos ya que como abogado litigante –antes de su nombramiento como magistrado- dio consejo legal a un colega que informalmente le consultó sobre un aspecto técnico de uno de los expedientes. “ Este motivo quedó debidamente establecido en cada una de las inhibitorias que emití y nunca hubo un cuestionamiento de previo”, manifestó. 

La inhibitorias constan en las resoluciones de fecha 13 de agosto, la segunda del 24 de agosto y la tercera del 15 de noviembre, todas del 2015 (expedientes 15-000012-0004-FA, conflicto de competencia planteado dentro de este mismo proceso y el 15-000261-0004-FA). 

El magistrado presidente de la Sala Primera de la Corte, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, explicó las actuaciones del órgano judicial luego de que se recibiera una solicitud de un juez norteamericano para que se dictaran medidas cautelares en el trámite de la ejecución de una sentencia de divorcio.