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Materia de Cobro judicial fortaleció su gestión

El crecimiento permanente de los asuntos de cobro judicial requirió la atención prioritaria del Poder Judicial.  En la búsqueda de alternativas que aumenten la capacidad y mejoren el servicio, el rediseño de los despachos en esta materia fue de suma importancia.

Una primera acción se emprendió en el 2013, con un proceso de rediseño del Juzgado Primero y Segundo de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José y el Juzgado Especializado de Cobro del Segundo Circuito Judicial de San José.
 
El trabajo comprendió la depuración del Sistema de Gestión, evaluación y medición del circulante, cargas de trabajo, retrasos, resoluciones, tiempos de respuesta, estructura organizativa, así como la definición de cuotas de producción.
 
A inicios del 2015, un nuevo impulso se le brindó a la jurisdicción, con la entrada en funciones del Juzgado Tercero Especializado de Cobro Judicial de San José, con el fin de descongestionar la carga de trabajo diaria, con la atención de los casos de nuevo ingreso.  El personal se integró con recurso humano de los Juzgados Civiles de Mayor y Menor Cuantía.
 
Con el funcionamiento de los tres juzgados especializados en Cobro Judicial en San José, se procuró que estos tramitaran de manera estandarizada y bajo la misma estructura funcional de recurso humano. 
 
La política de rediseño de despachos la impulsó la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, desde el inicio de su administración, con el propósito de mejorar el servicio de administración de justicia, mediante una reorganización y mejora en la gestión de los despachos.

Circuito Judicial de Cartago y su periferia se suman al modelo oral-electrónico de la justicia

El 100% de las oficinas administrativas y despachos jurisdiccionales del Circuito Judicial de Cartago, así como los despachos de la periferia de la provincia, trabajan bajo la modalidad oral-electrónica.
 
Este proyecto forma parte de la política de rediseño de procesos que impulsa la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, desde el inicio de su gestión.
 
El plan pretende estandarizar los procesos judiciales en todo el país e implementar la tramitación electrónica y la oralidad en las materias que así lo permitan.  Con ello, se procura mejorar el servicio, agilizar los procesos, acortar los tiempos de respuesta en la resolución de los conflictos judiciales que se presenten y garantizar la continuidad de esta nueva modalidad de gestión y moderna tecnología.
 
En el Circuito Judicial de Cartago, que atiende al cantón central de esta provincia trabajan 25 despachos bajo este modelo.
 
En la periferia, durante el primer semestre del 2016, se emprendieron los procesos orales-electrónicos en los Juzgados Contravencionales de los cantones de Alvarado, Paraíso, La Unión y Tarrazú, así como el Juzgado de la  Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV), de La Unión.

47 años en defensa de los derechos de las poblaciones vulnerables

Una Defensa Pública consolidada como órgano auxiliar de justicia, con una competencia amplia y un servicio integral de asistencia jurídica gratuita, fue parte del informe de rendición de cuentas que se dio en el marco de la celebración de los 47 años de funciones, este miércoles 22 de febrero.

Con la participación de la Presidenta y los Presidentes de los Supremos Poderes de la República, se hizo entrega de la memoria de la Defensa Pública de los últimos 20 años de labores.

Un servicio integral que abarca hoy en día, la asistencia gratuita en materia penal, penal juvenil, pensiones alimentarias, agrario, ejecución de la pena y disciplinario. El reto actual se centra en la atención de la reforma procesal laboral y a futuro, la atención de la jurisdicción de Familia y la ampliación del servicio en la jurisdicción Agraria.

El crecimiento de la Defensa Pública ha sido vital para la garantía de los derechos de defensa de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, principalmente.  Hoy cuenta con un personal de 804 defensores y defensoras públicas, personal auxiliar y administrativo. 

Muñoz Cascante señaló que la institución representa la igualdad ante la justicia digna.  “Es la única manera de garantizar que la desigualdad económica no será un impedimento para defender los derechos fundamentales”.

“Entre los retos que tiene la Defensa Pública están la ampliación de la cobertura de sus servicios, desarrollando sus competencias en materia de Familia y la atención de la defensa agraria.  En el área de tecnología, la implementación de un sistema avanzado y moderno para poder llevar registros y nombramientos de defensores públicos”, puntualizó Muñoz Cascante.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, reconoció el liderazgo y compromiso de la Directora de la Defensa Pública, durante los últimos 20 años y señaló el nuevo paradigma del Estado, que promueve una visión más inclusiva y pluralista que tutela el derecho de acceso a la justicia como garantía fundamental de todas las personas y los aportes de la teoría de género, que obliga a visibilizar las diferencias y particularidades de las 
personas usuarias.

“La defensa ha trabajado en su organización interna, dando pasos importantes en los procesos  de reclutamiento, de capacitación y monitoreo de su personal y ha implementado cambios en su gestión para asumir retos.  El mayor reto es impulsar una Ley Orgánica a la Defensa Pública, de ajustar su estructura y gestión a las nuevas reformas legales, establecer los lineamientos de la carrera de la Defensa e implementar de manera general, la evaluación del desempeño, son tareas impostergables, de las cuales se tiene la capacidad y voluntad para realizar”,  puntualizó Villanueva Monge.

Para el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, la Defensa Pública ha sido clave para el Sistema de Justicia Costarricense, en la representación de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

“Su actuación ha sido esencial para sacar los procesos jurisdiccionales en los que actúa y garantizar la plena igualdad de armas procesales.  Consolidada como un órgano auxiliar de la Administración de Justicia, dotada de una amplia independencia funcional, ha llegado a ser reconocida por la preparación y compromiso ético de los defensores y defensoras públicas que la conforman.  Además, su labor ha sido determinante en adopción de reformas que han modernizado y humanizado nuestro sistema judicial”, afirmó Solís Rivera.

El Presidente de la Asamblea Legislativa, Jose Alberto Alfaro Jiménez destacó que “…Los costarricenses tenemos un alto grado de confianza y credibilidad en la Administración de Justicia, porque el Poder Judicial tiene las bases sólidas para garantizar el derecho de acceso a la justicia.  El hecho de que se cuente con una dependencia como la Defensa Pública, constituye un pilar fundamental dentro del Poder Judicial”.

Por su parte, el Director del ILANUD, Elías Carranza Lucero, recalcó que “…las defensas gratuitas cumplen una labor indispensable para que se respete, en la justicia penal, el principio de inocencia e igualdad real, más que exige que dispongan de la misma calidad del recurso tanto en la acusación como la defensa y en definitiva, para que exista un debido proceso que asegure una verdadera administración de justicia”.

Reconocen labor de Presidenta de la Corte

El acto de conmemoración del cuadragésimo sétimo aniversario de la Defensa Pública fue propicio para reconocer la trayectoria y el aporte al Poder Judicial, de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge.

 

“Un reconocimiento a la Presidenta de la Corte, por ser la primera mujer en ocupar este cargo en 187 años que tiene el Poder Judicial, la primera mujer magistrada en la Sala Segunda y la primera Vicepresidenta de la Corte.  38 años de labor judicial y liderazgo para garantizar un gobierno judicial democrático innovador y transparente; su visión por lograr una administración inclusiva y visibilizar a los sectores en vulnerabilidad, promover un trato humano a las personas usuarias, dando un rostro humano de mujer al sistema de justicia”, resaltó la Directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz Cascante.

Reforma legislativa sobre incapacidades es potestad del Poder Legislativo

El criterio de  Corte Plena sobre el proyecto que pretende reformar las incapacidades en el Poder Judicial fue claro al señalar, que los cambios son competencia discrecional la Asamblea Legislativa.
 
Con este informe, magistradas y magistrados no se opusieron a la iniciativa de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa.
 
El acuerdo judicial señaló literalmente en la sesión del 6 de noviembre del 2016 que se acordó “…Comunicar a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, que el proyecto de ley consultado, no afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial y los cambios en la normativa propuesta pertenecen al ámbito discrecional del legislador”.
 
El estudio del expediente Nº 19.751denominado “Eliminación del Abuso con la Remuneración en Casos de Incapacidad, mediante Reforma de los Artículos 42, 43 y 44 de la Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, y sus Reformas”, estuvo a cargo de la magistrada instructora Nancy Hernández López.
 
La iniciativa legislativa propone equiparar al funcionariado judicial a las mismas reglas de la Caja Costarricense del Seguro Social en cuanto al subsidio por incapacidad y el porcentaje, es decir, pasaría a ser en vez de sueldo, subsidio y de un 100%, al 60%.
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