El ámbito de acción de las autoridades judiciales para prevenir y proteger al Poder Judicial de la penetración del narcotráfico y el crimen organizado a lo interno de la institución, mantiene un fuerte proceso de seguimiento y control desde la Comisión de Alto Nivel que coordina las diversas gestiones.

La labor concretamente se ha focalizado en un estricto control en temas de reclutamiento, selección y seguimiento de las y los empleados judiciales, capacitación en temas de ética y valores, especialización en temas penales, a nivel de judicatura y órganos auxiliares, un fortalecimiento del Tribunal de la Inspección, así como la identificación, intervención y mejora en los despachos de mayor riesgo, por los casos que se atienden.

El tercer informe de seguimiento de estas acciones se presentó durante la reunión de la Comisión para la Investigación de la Penetración del Crimen Organizado y el Narcotráfico.

El Director del Despacho de la Presidencia, Róger Mata Brenes expuso los resultados alcanzados en los ocho ejes temáticos establecidos y de las 81 acciones a emprender.

Resaltó el trabajo para reforzar internamente los despachos judiciales de alto riesgo por su ubicación geográfica y los asuntos que se tramitan, que ha involucrado visitas permanentes para fiscalizar la  ejecución de planes de mejora y seguridad.

A esto se suma el reforzamiento a nivel institucional de los procesos de capacitación en materia de ética y valores, campañas sobre institucionalidad internas y externas.

Se expuso el avance de los proyectos pilotos de evaluación del desempeño que se ejecutan en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público y que se espera incorporar a la Defensa Pública y la Judicatura.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, resalta el informe de incompatibilidades elaborado por la Comisión de Transparencia del Poder Judicial, que se constituiría en una propuesta de proyecto de ley,  que está próxima a ser presentada en Corte Plena para su aprobación.

Otro alcance importante es la puesta en funcionamiento del Sistema de Valoración de Riesgos, que permite una vigilancia permanente a los que pueden estar expuestas las personas funcionarias y servidoras judiciales, en el tema de penetración del crimen organizado y el narcotráfico.

También se desatacó el reforzamiento de la labor de Control Interno en las áreas consideradas vulnerables y seguimiento a oficinas judiciales.

Cabe destacar que la incorporación de la participación ciudadana en este proceso de blindaje judicial, registra buenos resultados desde la línea gratuita de denuncia 800-8000-645.

La Escuela Judicial participa con capacitación, en las zonas de alto riesgo, con reforzamiento de temas en crimen organizado, mediante foros y videoconferencias; además trabaja en la elaboración de un plan de especialización en la materia, dirigida a la Judicatura, Organismo de Investigación Judicial y Ministerio Público.

Dicha capacitación incluye cursos sobre Ley de Enriquecimiento Ilícito y régimen disciplinario, ésta última impartida por el Tribunal de la Inspección Judicial a jefaturas de oficina.

Desde el trabajo de la Comisión Judicial se desarrollaron tres iniciativas de ley, que actualmente se encuentran en la corriente legislativa y que contemplan la creación de una Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado, la Evaluación del Desempeño y una reforma a la Ley de Carrera Judicial.

La Reestructuración del Tribunal de la Inspección Judicial permitió mejorar los procesos resolutivos en las causas disciplinarias bajo su conocimiento.

El Director de Gestión Humana, José Luis Bermúdez Obando, destacó las gestiones puntuales en la modificación del proceso de selección, reclutamiento y evaluación del desempeño, como facilitar la investigación de antecedentes de las personas oferentes en coordinación con las diversas Unidades de Reclutamiento, propiciar una actualización periódica de las condiciones de la población judicial activa, desde el Sistema de Información Integral de Servidores Judiciales.

Bermúdez Obando indicó que se trabaja en los estudios técnicos para definir la aplicación del incentivo por regionalización, en coordinación con el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Personal, para controlar y mejorar los procesos de nombramientos en zonas vulnerables. 

En la reunión participaron la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia Zarela Villanueva Monge, el Vicepresidente magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez, los magistrados Presidentes de la Sala Primera y Sala Segunda, Luis Guillermo Rivas Loáiciga y Orlando Aguirre Gómez; el Fiscal General, Jorge Chavarría Guzmán; el Director del OIJ, Walter Espinoza Espinoza, el Director del Despacho de la Presidencia, Róger Mata Brenes, el Director de Gestión Humana, José Luis Bermúdez Obando y la Secretaria de la Corte, Silva Navarro Romanini.

Un trabajo coordinado en la puesta en marcha de la Reforma Procesal Laboral, es la alianza que impulsa el Poder Judicial y el Ministerio de Trabajo, para la implementación, información y divulgación de la Reforma Procesal Laboral, que entrará en vigencia en julio de 2017.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, destacó la anuencia del Poder Judicial en brindar cooperación en materia de capacitación del personal del Ministerio y compartir el desarrollo de sistemas tecnológicos de la institución, con las necesidades de esta entidad pública; así como, acciones tendientes a propiciar cooperación con otras entidades y organismos no gubernamentales que sean aliados estratégicos para la Jurisdicción Laboral del país.

El Ministro de Trabajo, Carlos Alvarado Quesada resaltó la labor que realiza la entidad de cara a la ejecución presupuestaria del país para el 2017, en el tema de la implementación de la reforma procesal laboral.

Destacó la visión integral que tiene el Poder Judicial durante la ejecución de sus proyectos y señaló el interés del Ministerio por contar con cooperación en sistemas y desarrollo informático, así como capacitación por parte del Poder Judicial.

La reunión permitió acordar la elaboración de un convenio interinstitucional para establecer los lineamientos de la cooperación mutua, entre ambas entidades.

Villanueva Monge explicó el trabajo que lleva avanzado el Poder Judicial este año, para la efectiva implementación del nuevo Código Procesal Laboral, mediante la reorganización de los recursos existentes.

“Esto implica cerrar la brecha digital. Hemos reorganizado los recursos existentes para fortalecer el área informática en los despachos laborales. Ya se trabaja en el Sistema de Gestión, con el fin de reformar todos los despachos, de manera que trabajen bajo el modelo oral- electrónico, que será en todo el país”, detalló la Presidenta de la Corte.

A esto se suma el plan de capacitación que desarrolló la Escuela Judicial para abarcar a toda la jurisdicción laboral del país y como parte de este proceso se realizaron tres Talleres de Preparación, que reunió durante tres días a los jueces, juezas y personal coordinador judicial para darles a conocer las acciones que emprende el Poder Judicial.

La máxima jerarca judicial también explicó el proceso de rediseño de los despachos laborales que comprende la especialización de siete Tribunales Superiores de Trabajo, la especialización de 22 juzgados laborales. Además destacó la necesidad de invertir en la construcción de un edificio laboral propio, con el fin de reducir gastos en alquiler de locales.

La actividad contó con el apoyo técnico del Despacho de la Presidencia, la Dirección Jurídica y la Dirección de Tecnología de la Información.

Brindar un valioso aporte desde el Sector de la Administración de Justicia en materia de Desarrollo Sostenible, es el compromiso que asumió esta mañana el Poder Judicial de Costa Rica, en el marco de la presentación  de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se incluyen en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

“Estas metas debemos hacerlas propias, para darles un contenido real, para señalar indicadores y generar una mayor conciencia.  El Poder Judicial tiene un papel fundamental en la construcción del desarrollo del país. La administración de justicia tiene que ver con Desarrollo Sostenible, con democracia inclusiva y con visión de país”, puntualizó la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge.

Reconoció las acciones y políticas institucionales emprendidas por el Poder Judicial, desde hace más de 20 años,  de cara a propiciar una justicia más accesible, la tutela efectiva de los derechos de las personas y de inclusión de todos los sectores sociales y poblaciones en condición de vulnerabilidad.

“La institución se ha encaminado a acciones específicas para facilitar el acceso a los servicios de administración de justicia, particularmente para poblaciones vulnerables. Se ha tenido claridad de que el centro sobre el cual gravita nuestra acción es la persona usuaria”, afirmó la máxima jerarca judicial.

Estos logros se ven materializado en la especialización de materias sensibles como pensiones alimentarias, familia y trabajo, la puesta en marcha de políticas institucionales en el ámbito de género, personas afrodescendientes, de acceso a la justicia en condición de vulnerabilidad y el trabajo es permanente desde Comisiones y Subcomisiones Judiciales. Además destacó el impulso que se ha dado a la construcción de una política de Justicia Abierta enfocada  hacia la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Para la Coordinadora Residente de Naciones Unidas, Alice Shackelford, la Agenda 2030 señala la ruta de no dejar a nadie atrás y donde Costa Rica debe hacer un trabajo con mayor énfasis hacia nuestros pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres, población infantil y adolescente.

Explicó que la Agenda de Desarrollo Sostenible es un seguimiento a los Objetivos del Milenio, suscrita por 193 países del mundo.

Entre los retos para el Poder Judicial, Shackelford destacó el fortalecimiento de acciones tendientes a impulsar la participación ciudadana, la mejora al acceso a la información y a la justicia misma, mayor capacitación en tema de Derechos Humanos, agilizar la resolución de los conflictos, el uso de mecanismos alternos, una justicia más humanizada, una mayor interrelación entre el Estado de Derecho y el Desarrollo y el papel protagónico de los Sistema de Justicia para el cumplimiento de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Directora Adjunta de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Carmen Charamount, destacó que el éxito en el cumplimiento de los objetivos involucra el trabajo conjunto entre los diversos Poderes de la República.

“El Desarrollo Sostenible es la empresa de todos, es un tema pendiente en Gobernanza. Las estrategias nacionales deben promover el intercambio de conocimientos, la innovación y el desarrollo de valor agregado en los procesos institucionales, productos y servicios nacionales.  Esta iniciativa pone en relieve el interés, compromiso con que se abocan los Poderes de la República para alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible”,  afirmó Charamount.

Mejorar los tiempos de resolución y registrar resultados históricos, fue lo que destacó la Sala de Casación Penal, durante la rendición de cuentas de las labores que ejecutó durante el 2015.

Los datos fueron dados a conocer por el Presidente de la Sala de Casación Penal, Carlos Chinchilla Sandí, con la participación de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, la magistrada y magistrados de la Sala, Doris Arias Madrigal, José Manuel Arroyo Gutiérrez, Jesús Ramírez Quirós y Celso Gamboa Sánchez.

En la tramitación de los recursos de casación, los procesos registraron una duración de dos meses y tres semanas, lo que representa la cifra más baja en los últimos 19 años. Solo en el 2013 la duración era de 7 meses y en el 2014 tres meses y dos semanas.

Con respecto a los procedimientos de revisión, en el 2015 se registró un promedio resolutivo de 6 meses, una importante reducción si se considera que en el 2013 ese promedio era de 15 meses y en el 2014, de 9 meses y una semana. Las cifras del año pasado destacan como los más bajos en los últimos 19 años en este tipo de procesos.

“Estos datos reflejan una tendencia de disminución en los tiempos resolutivos de la Sala de Casación Penal y una respuesta más cercana a la necesidad de justicia efectiva que demanda la sociedad costarricense. Cerramos el 2015 con un circulante de 232 expedientes activos, que ha sido el registro más positivo en la historia de la Sala desde su creación”, puntualizó Chinchilla Sandí.

Las autoridades de la Sala de Casación Penal informaron sobre las acciones que se han emprendido para contrarrestar los índices de inadmisibilidad, la cual para el 2015 comprendió el 72% de los asuntos que ingresan para su conocimiento.

“Hemos impulsado el acercamiento a nuestros usuarios y usuarias internas y externas, mediante un acceso más ágil a la jurisprudencia emitida sobre los criterios de admisibilidad que resultan importantes para la actividad recursiva”, explicó el magistrado Carlos Chinchilla.

Una de las principales herramientas para lograr este objetivo, es la generación de la página web de la Sala de Casación con características más amigables para su navegación y mayor accesibilidad. Ésta contiene un sistema informático de jurisprudencia con buscadores de consulta innovadores y que identifica claramente los motivos de admisibilidad, con la más reciente jurisprudencia de la Sala.

Otro de los temas que se resaltaron fue el trabajo dentro del Programa de Justica Restaurativa, liderado por la magistrada Doris Arias Madrigal, que cuenta con el apoyo de la Sala de Casación Penal y la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el cual inició con un programa en el I Circuito Judicial de San José, luego se extendió al Circuito Judicial de Pavas, que se reforzó con un equipo interdisciplinario y se expandió al Circuito Judicial de Heredia. Durante el 2015, se implementó en el Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Pococí y el Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Pérez Zeledón.

El trabajo en Justicia Restaurativa durante el año pasado, contabiliza la canalización de donaciones a instituciones de bien social y organizaciones de la sociedad civil, por un monto aproximado de ¢44 millones, como parte de los planes reparadores. Datos con un corte a octubre de 2015.

A estos se suman la realización efectiva de 319 reuniones restaurativas y los encuentros institucionales para la conformación y fortalecimiento de las Redes de Apoyo.