· Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe aprueba propuesta en reciente reunión ordinaria.
· Oficina Regional para América Central y República Dominicana de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos brindará cooperación internacional.
Contar con normas estandarizadas en los Poderes Judiciales de Centroamérica y El Caribe, para la atención efectiva y el acceso a la justicia de poblaciones migrantes y refugiadas, es el reto que asumió el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC), como parte del trabajo que emprenderán durante el período 2025-2026.
El pleno de los países integrantes aprobó el pasado 23 de julio de 2025, en la reunión ordinaria del Consejo Judicial, trabajar en una propuesta de protocolo de atención a nivel regional.
La iniciativa la presentó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, en conjunto con Andrés Sánchez Torín, representante de la Oficina Regional para América Central y República Dominicana de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Es urgente avanzar en la construcción y adopción de estándares regionales para el adecuado abordaje de los casos que involucren a personas migrantes y refugiadas; estos estándares deben integrar principios como el debido proceso, la atención con perspectiva de género de niñez y diversidad, así como la coordinación interinstitucional e intersectorial. Contar con lineamientos claros y herramientas prácticas no son las fortalezas de la respuesta institucional, sino que contribuye a construir un modelo de justicia más inclusivo, más cercano y más justo para todas las personas sin importar su nacionalidad o estatus migratorio”, destacó el magistrado Alfaro Vargas.
Andrés Sánchez Torín, representante de la Oficina Regional para América Central y República Dominicana de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su participación virtual, afirmó que “…hemos venido trabajando junto a los Estados, junto a las organizaciones de la sociedad civil, junto a las instituciones nacionales de Derechos Humanos y junto a otros actores claves, para promover una gobernanza migratoria, basada en el respeto y garantía de los Derechos Humanos de todas las personas, sin discriminación alguna”.
Esta labor, en los últimos años, contempla la protección de estas poblaciones, el fortalecimiento de las capacidades institucionales para responder de manera efectiva a los retos que enfrentan; así como mediante la asesoría técnica, el acompañamiento en el diseño e implementación de políticas públicas y la generación de espacios de diálogo.
Se resaltó la construcción en Panamá de un protocolo nacional sobre acceso a la justicia para personas migrantes, que refuerza la actuación del sistema judicial contra los abusos y violaciones de Derechos Humanos de estas poblaciones; igualmente en Cota Rica, el fortalecimiento de la política institucional sobre acceso a la justicia de personas migrantes y refugiadas. Dichas acciones donde juegan un papel fundamental el compromiso de los Estados de la región con los marcos internacionales de Derechos Humanos e instrumentos claves como la Declaración de Cartagena y el Pacto Mundial para la Migración, que promueven una respuesta regional solidaria y centrada en las personas.
