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Realizan I Seminario Iberoamericano de Ética Judicial

  • Se busca fortalecer la comprensión y aplicación de los principios éticos en la función judicial.

El Poder Judicial de Costa Rica y la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial a través de la Secretaría Técnica de Ética y Valores realizó el “Primer Seminario Iberoamericano de Ética Judicial”, en el cual se dio un intercambio de experiencias, el desarrollo de estrategias y la promoción de un compromiso renovado hacia la ética judicial.

Esta actividad reunió a personas expertas de toda la región para abordar temas críticos que impactan el quehacer diario y el fortalecimiento de la confianza pública en el sistema judicial.

En las conferencias se abordaron temas como “Objeción de Conciencia, Régimen Disciplinario, Inteligencia Artificial y Justicia, así como Lenguaje Claro y Breve”, demostrando un compromiso con la transparencia y la responsabilidad, y fortaleciendo la confianza de la sociedad en la administración de justicia.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez indicó que “la ética en los espacios y quehaceres judiciales es el cimiento que da legitimidad a nuestras decisiones y garantiza que la justicia no solo sea aplicada, sino también percibida como imparcial, equitativa y transparente. En un momento histórico en el que los retos de la desinformación, la polarización y la desconfianza parecen prevalecer, la conducta ética de quienes integramos los sistemas judiciales adquiere un claro mandato esencial para la sostenibilidad democrática”.

Para el magistrado e integrante de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, la actividad es de relevancia para la institución por el análisis de temas de actualidad como “la ética y disciplina, la inteligencia artificial, la objeción de conciencia y el lenguaje claro y breve, con la participación de integrantes de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, que han aprobado informes sobre ese particular. Que mejor que el servidor judicial pueda tener a primera mano la explicación de expertos que los desarrollaron en esa comisión de Cumbre Iberoamericana”.

“Es una gran oportunidad para el personal de la institución de adquirir conocimiento en aspectos éticos. La ética nos rige de forma permanente, y la sociedad nos exige cada vez un mejor comportamiento. De ahí que capacitar en prevención es fortalecer la institución antes los riesgos que nos afectan en la sociedad”, puntualizó el magistrado Sánchez.

Por otro lado, Sylivie Bertrad, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe (UNODC) aseguró que “la corrupción es un problema que socava el Estado de derecho, obstaculiza el desarrollo económico y agrava la desigualdad, así como, erosiona la confianza pública en las instituciones y en la democracia, desviando los recursos públicos de sus fines previstos”.

La primera ponencia sobre Objeción de Conciencia estuvo a cargo de Justiniano Montero Montero, del Poder Judicial de República Dominicana y con una mesa de diálogo integrada por el magistrado de la Sala Segunda, Jorge Olaso Álvarez; Octavio A. Tejeiro Duque de Colombia; Eduardo Fernández Mendía de Argentina y Etereo Armando Medina Marín de Panamá.

La Inteligencia Artificial fue la segunda exposición y la realizó Eduardo Fernández Mendía, delegado Comisión Iberoamericana de Ética Judicial del Poder Judicial de Argentina. En la mesa redonda participaron el magistrado de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Octavio A. Tejeiro Duque, de Colombia; Justiniano Montero de República Dominicana y Cristina San Juan Serrano de UNODC.

El magistrado Luis Porfirio Sánchez presentó la tercera ponencia sobre Régimen Disciplinario, con una mesa redonda que contó con la participación de Eduardo Fernández Mendía, de Argentina; Justiniano Montero de República Dominicana; Octavio A. Tejeiro Duque de Colombia y Etereo Armando Medina Marin de Panamá.

Finalmente, se presentó el tema sobre Lenguaje Claro y Lenguaje breve por Octavio A. Tejeiro Duque, delegado Comisión Iberoamericana de Ética Judicial del Poder Judicial de Colombia. La mesa redonda la integró la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vázquez; Justiniano Montero de República Dominicana; Eduardo Fernández Mendía de Argentina y Cristina San Juan de UNODC.

 

Espacios laborales libres de corrupción: lo vital de proteger a personas trabajadoras denunciantes y testigos

  • Congreso Nacional reúne al Poder Judicial, sector público y privado para fortalecer conocimientos y acciones puntuales

 La protección de las personas trabajadoras denunciantes y testigos en actos de corrupción reunió al Poder Judicial, el Colegio Profesional de Ciencias Económicas, representantes de entidades públicas y privadas.

 El Congreso denominado “Fuero de Protección del Denunciante y Testigo de Actos de Corrupción de Represalias Laborales, Ley 10437”, se realizó este miércoles 11 de diciembre de 2024, en el auditorio del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas de Costa Rica.

 “Debemos prepararnos y conocer la fortaleza legal que tenemos, para que las personas trabajadoras y las personas ligadas a la Ley con protección, puedan tener la certeza de que si denuncian actos de corrupción, no van a ser expuestos a perder su trabajo.  Es crear un espacio laboral donde no se permita que haya acoso contra personas trabajadoras que han denunciado actos de corrupción, que es una obligación legal”, destacó la magistrada e integrante de la Comisión de Transparencia del Poder Judicial, Julia Varela Araya.

 Para Leonardo Castellón Rodríguez, Presidente de Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, “nuestro propósito es reflexionar y actuar en torno a la implementación de la Ley 10437. Esta Ley no es solo un avance jurídico sino un compromiso como sociedad para que la verdad pueda prevalecer sobre la impunidad. Proteger a las personas denunciantes no es solo un deber moral, es una inversión en la democracia y en la confianza ciudadana.  El desafío de la ley de construir confianza institucional pues las personas solo denunciarán si confían en que las instituciones manejarán sus casos con justicia, confidencialidad y rapidez”.

 La actividad académica contó con la participación y experiencia de autoridades del Poder Judicial, desde la Oficina de Cumplimiento, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y  la Defensa Pública, en temas como el rol del denunciante dentro del mecanismo anticorrupción, el fuero de protección especial de la Ley 10437 y buenas prácticas en la protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción a la luz de esa legislación: desde un enfoque de compliance para asegurar la adecuada gestión de una denuncia.

 Para Kennia Alvarado Villalobos, Oficial de Cumplimiento del Poder Judicial, el Congreso tiene un objetivo claro, propiciar alianzas públicas y privadas en beneficio de la institucionalidad y la sociedad, y garantizar a la ciudadanía organizaciones líderes en integridad y ética.

 “El propósito del Congreso es que convergieran el sector público y el sector privado en acciones colectivas e integradoras del mecanismo anticorrupción. Abordar el paradigma de responsabilidad de todos y todas en la implementación de una legislación que viene a garantizar el instituto de la denuncia a través de la protección de la persona denunciante y testigo de irregularidades y corrupción, asegurando el ejercicio y resolución efectiva de las denuncias.  Esta legislación pone al país en un nivel más avanzado en la lucha contra la corrupción, establece mecanismos en la detección y prevención de irregularidades, asegura la cultura de integridad de las organizaciones, impactando positivamente la paz social de los países”, puntualizó Alvarado Villalobos.

 En las ponencias también brindaron sus aportes en la materia la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Trabajo y Paz Social, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) y el National Center for States Courts (NCSC) de la Embajada de los Estados Unidos.

 

Avenida CONAMAJ presentó el trabajo exitoso con las comunidades, el Poder Judicial y aliados estratégicos

Un recorrido por el trabajo emprendido durante este año 2024, reunió a diversos actores de la sociedad civil, despachos judiciales y organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, en la actividad llamada Avenida CONAMAJ, como una forma creativa de rendir cuentas colaborativa e interactivamente.

 La labor emprendida desde la coordinación de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), en los diversos proyectos e iniciativas de la mano con las comunidades, personas facilitadoras judiciales, además de entidades como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Fundación para la Paz y la Democracia (Funpadem), el Centro para los Derechos Sociales del Migrante (Cenderos) y diversas oficinas judiciales, destacó sus frutos.

 Maricela Hinkelammert Palma de Cenderos, quien integra la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada del Poder Judicial indicó que “es un espacio valioso de escucha y sensibilización por parte de los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, hemos hecho material informativo accesible donde las personas puedan entender bien cómo pueden poner una denuncia, cómo es el proceso de la solicitud de refugio”.

 El Magistrado y Presidente de Conamaj, Gerardo Rubén Alfaro Vargas señaló el valioso aporte de las alianzas y el trabajo articulado a lo interno y externo del Poder Judicial como por ejemplo con el Centro de Conciliación, la Escuela Judicial, la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones, Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, el Ministerio Público, la Defensa Pública, juzgados, ONGs y  organismos internacionales, que contribuyen a generar confianza en las comunidades.

 “Hoy además tenemos alianzas fuera del Poder Judicial con la OIM, quienes trabajaron este año con nosotros, en materia de formación y de información sobre trata, en las comunidades pesqueras, con sus familias y representaciones.  También trabajamos con Tecnología de la Información y presentamos nuevos servicios dentro de la App del Poder Judicial para concentrar información, noticias, resultados y elaboración de informes para las facilitadoras y facilitadores judiciales y hacer más sencilla su labor”, destacó el magistrado Alfaro Vargas.

 El 2024 culmina también con la labor de los cuatro Juzgados Abiertos, modelos exitosos que se desarrollan en Alajuela, Cartago, Heredia y San Carlos y con la participación activa de sus comunidades y aliados locales.  El año culmina con más de 500 personas facilitadoras judiciales, que suma el trabajo de estas personas líderes comunales en zonas como Acosta, Tarrazú, León Cortés, Dota y Heredia, facilitando con su labor el acceso a la justicia en aquellas comunidades más alejadas.

 “Este año el deber de rendición de cuentas que tenemos como Poder Judicial y Conamaj, decidimos hacerlo de una manera muy práctica, dinámica, tangible y muy dialógica.  Poder enseñar resultados y productos, que la gente pueda conocer de primera mano y preguntar sobre cada uno de los proyectos que salieron este año, de la mano con socios estratégicos internos y externos”, señaló Sara Castillo Vargas, Directora Ejecutiva de la Comisión.

Poder Judicial de Costa Rica obtiene reconocimiento internacional en Justicia Abierta

Con el objetivo de ofrecer un espacio colaborativo de crecimiento internacional en cuanto a investigación, conocimiento y prácticas de Estado Abierto con énfasis en transparencia, acceso a la información, tecnologías cívicas, periodismo de datos, gobierno digital, rendición de cuentas y equidad se realizó el encuentro llamado América Abierta – Conexión sin Fronteras.

Este encuentro se llevó a cabo en Brasilia entre el 3 y 6 de diciembre de 2024, el cual fue organizado por una comisión organizadora local integrada por la Controladoria-Geral da União, Open Knowledge Brasil, el Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR y el Colaboratório de Desenvolvimento e Participação da Universidade de São Paulo.

El Poder Judicial de Costa Rica participó en este intercambio internacional con la representación del Magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, en calidad de Coordinador de la Comisión de Justicia Abierta, además de la Directora Ejecutiva de Conamaj, Sara Castillo Vargas.

La importancia de América Abierta es la interacción regional, la proyección de los diferentes proyectos y la red de enlaces cooperativos que se establecen, así lo indicó el Magistrado Alfaro Vargas al afirmar que “el encuentro representó una oportunidad para compartir los desarrollos de la Justicia Abierta en nuestro país y reafirmar el liderazgo regional que ostentamos”.

El Poder Judicial de Costa Rica tuvo presencia en las conferencias, como fue el caso del Magistrado Alfaro, quien fue ponente en: “Uniendo esfuerzos hacia un Estado Abierto”, en donde se enfatizó en la importancia de un enfoque integral de Estado Abierto presentando casos reales de toda la región latinoamericana. Aquí el Magistrado presentó el Modelo de Juzgados Abiertos, cocreado y formulado participativamente como una práctica pionera en la gestión judicial alrededor del mundo, la cual serviría para replicar y adaptar en otras latitudes del continente.

Por su parte, junto a la colaboradora de Hivos, Rebeca Chavarría, la señora Castillo Vargas compartió la experiencia llevada a cabo en datos abiertos para la protección y no discriminación de las personas LBGTIQ+. En este espacio se resaltó la colaboración de la población usuaria de los servicios judiciales defensora de las poblaciones sexualmente diversas y de las diferentes oficinas cocreadoras e implementadoras de esta iniciativa.

Asimismo, el Poder Judicial de Costa Rica recibió dos reconocimientos en América Abierta, uno por el Modelo de Juzgados Abiertos y otro por la Estrategia para reducir el rezago judicial, como compromiso dentro del V Plan de Estado Abierto de Costa Rica.

Como entidades coorganizadoras estuvieron la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Para más información sobre esta participación internacional en Justicia Abierta se puede escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

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