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Apertura de datos abiertos en Defensa Pública  consolida transparencia en su gestión

Apertura de datos abiertos en Defensa Pública consolida transparencia en su gestión

·       Aplicación del principio de transparencia activa.

·       Nuevos conjuntos corresponden a materia penal y laboral.

 La apertura de dos conjuntos de datos abiertos, realizada por la Defensa Pública de Costa Rica, permite conocer información asociada a la materia penal y laboral, entre lo que se destaca el estado del expediente, oficina judicial que lo tramita, circuito judicial al que pertenece, tipo de persona que interviene en el asunto, sexo, edad, si presenta condiciones de vulnerabilidad o nacionalidad.

 Con esta apertura de información pública se responde al interés y avance de este órgano auxiliar en su camino por fortalecer la Defensa Pública Abierta, acciones que han sido posibles, gracias al esfuerzo colaborativo brindado por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), como ente coordinador de la Política de Justicia Abierta.

 La Defensa Pública Abierta busca consolidar mediante aplicaciones concretas los principios de transparencia, participación y colaboración. El contacto ciudadano mediante ferias de servicios, estaciones virtuales en diferentes comunidades del país, enlaces con personas facilitadoras judiciales en localidades rurales y actividades periódicas de rendiciones de cuentas participativas son muestra de estas aplicaciones.

 Para el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo, este paso representa un avance concreto en la construcción de una institución cada vez más cercana a la ciudadanía. “La apertura de datos públicos fortalece la confianza en el servicio que brindamos y reafirma nuestro compromiso con una gestión transparente, accesible y orientada a las personas usuarias, permitiendo que la sociedad conozca de manera objetiva el trabajo que desarrolla la Defensa Pública en la protección del derecho de defensa y el acceso a la justicia”, indicó Pérez.

 El jerarca añadió que esta iniciativa forma parte de una visión institucional que busca consolidar el modelo de Defensa Pública Abierta, mediante herramientas que faciliten el control ciudadano, el acceso a la información pública y la toma de decisiones basadas en evidencia. “Creemos que una institución que comparte información pública de calidad contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho, promueve la participación ciudadana y genera mayores oportunidades de colaboración con las personas usuarias, organizaciones de la sociedad civil y otros actores comprometidos con la mejora del sistema de justicia”, concluyó el director.

 Entre los beneficios que aportan los datos abiertos a la gobernanza judicial está que permiten mayor transparencia en la gestión, ayudan a comprender la realidad social y los contextos, potencian la colaboración y la participación ciudadana y contribuyen a la toma de decisiones basada en evidencia.

Para la ciudadanía la apertura de datos se convierte en una oportunidad para la fiscalización y control ciudadano con información que puede desembocar en análisis, cruces de variables y productos informativos de gran valor público, que derivan en combatir la corrupción, fomentar la transparencia activa institucional y la cooperación con sociedad civil, entidades académicas, de investigación, negocios y consolidar la participación ciudadana.

Estos conjuntos de datos de la Defensa Pública están disponibles en el portal de datos abiertos del Poder Judicial, el cual cuenta con un nuevo diseño amigable, al cual se puede ingresar por: https://datosabiertospj.poder-judicial.go.cr/

 

 

Personal judicial adopta “arbolitos” en pro del ambiente

Personal judicial adopta “arbolitos” en pro del ambiente

·         En conmemoración del Día Mundial del Ambiente.

 

La Comisión de Gestión Ambiental del Poder Judicial y la Dirección Ejecutiva coordinaron el pasado 05 de junio, una actividad de entrega de árboles. Lo anterior, gracias a un Programa de Responsabilidad Social Empresarial que posee el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

La dinámica consistió en que las personas funcionarias adoptaran un árbol. Luego se les remitió un correo electrónico con información y características de ese árbol elegido, y se les instó a remitir fotografías cuando lo sembraran, con el fin de que el Poder Judicial participe en la Siembratón 2026 organizada por la Oficina Nacional Forestal y pueda obtener un certificado de siembra de árboles otorgado por dicho ente.

La actividad se desarrolló de manera simultánea en el Primer y Segundo Circuito Judicial de San José y los Tribunales de Cartago. , se distribuyeron un total de 250 árboles

"Con esta actividad simbólica esperamos sensibilizar sobre la importancia de la arborización en nuestro entorno urbano y así contrarrestar un poco la tendencia de nuestras ciudades, que se están convirtiendo en paisajes de concreto. El hecho de que cada quien siembre el árbol que adoptó en su casa, barrio o comunidad promueve un vínculo con la naturaleza y permite que la persona se sienta partícipe de los esfuerzos para contribuir a mejorar el ambiente”, expresó Eugenio Solís Rodríguez, Gestor Ambiental.  

También se contó con la colaboración de las Subcomisiones Ambientales de la Corte Suprema de Justicia, Torre Judicial, Segundo Circuito Judicial de San José y los Tribunales de Cartago. 

Desarrollan iniciativa denominada Punto Informativo Migratorio en la zona de Tarrazú

Desarrollan iniciativa denominada Punto Informativo Migratorio en la zona de Tarrazú

·       Contraloría de Servicios del Circuito Judicial de Cartago

 

  • Con el apoyo del Tribunal Administrativo Migratorio (TAM) y la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

 Con el propósito de garantizar el adecuado acceso al servicio de justicia de la población migrante en la zona de Tarrazú, la Contraloría de Servicios del Circuito Judicial de Cartago, con el apoyo del Tribunal Administrativo Migratorio (TAM) y la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) desarrolló el pasado mes de abril, la iniciativa denominada Punto Informativo Migratorio.

 Dicha actividad se llevó a cabo en el Juzgado Contravencional de Tarrazú y tuvo como objetivo acercar la información y los servicios institucionales a esta población que es considerada por sus características en condición de vulnerabilidad.

 Según mencionó, la contralora de servicios de Cartago, Sandra Jiménez Torres, este tipo de iniciativas son fundamentales, ya que corresponden a una iniciativa interinstitucional que reafirma el compromiso de las entidades participantes con el acceso efectivo a la justicia y el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.

 “La actividad permitió no solo fortalecer las capacidades del personal judicial, sino también sensibilizar sobre la realidad migratoria presente en el territorio, promoviendo una atención más inclusiva, informada y respetuosa de los derechos de esta población” destacó Jiménez Torres.

 En la visita realizada, se habilitó un “Punto Informativo Migratorio”, en el cual, las personas usuarias del servicio judicial y público en general recibieron orientación personalizada sobre trámites migratorios, documentación, procesos administrativos ante la DGME y sus derechos de acceso a la justicia en Costa Rica.

 “Esta atención directa permitió aclarar dudas, prevenir desinformación y empoderar a la población migrante para que pueda ejercer sus derechos de manera informada y oportuna”, señaló la Contralora de Servicios de Cartago.

 Además, se desarrolló un conversatorio dirigido a servidoras y servidores judiciales del circuito de Tarrazú, enfocado en la Política de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada, en donde se abordaron temas que incluyeron la normativa migratoria vigente, los distintos documentos de identificación emitidos por la DGME, jurisprudencia aplicable, convenios internacionales y el adecuado manejo de la identificación de personas migrantes en procesos judiciales.

 Es importante mencionar, que este tipo de actividades responden a las necesidades informativas detectadas en una zona caracterizada por una alta presencia de población migrante, especialmente vinculada a labores agrícolas como la cosecha de café, por lo que, para las instituciones involucradas, informar sobre estos aspectos, contribuye para prevenir situaciones de vulnerabilidad y fortalecer la confianza en las instituciones públicas, enfatizando en la necesidad de continuar abriendo este tipo de espacios fuera de la Gran Área Metropolitana.

 

Realizan sesiones de trabajo para el análisis del II Encuentro Nacional con Mujeres Lideresas Indígenas

Realizan sesiones de trabajo para el análisis del II Encuentro Nacional con Mujeres Lideresas Indígenas

·         En la preconsulta de la Política Pública y los impactos del crimen organizado en las poblaciones indígenas.

Durante los días 8 y 9 de junio, se realizan mesas de trabajo para discutir e integrar los aportes que se dieron en el “II Encuentro Nacional con Mujeres Lideresas Indígenas por el Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas”, mismo que se efectuó la semana anterior en las instalaciones de la Escuela Juan XXIII en la Unión de Cartago.

En el encuentro participaron mujeres representantes de los ocho pueblos en los 24 territorios indígenas del país, quienes aportaron sus criterios para la propuesta de política institucional de acceso a la justicia, proyecto que desarrolla el Poder Judicial.

Con estas mesas de trabajo se pretende avanzar en el plan de acción de la consulta para ajustar y reforzar los lineamientos de co-construcción de la política que desarrollan las autoridades judiciales y representantes de la cooperación internacional del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PACcTO 2.0) de la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Según explicó Melissa Benavides Víquez, jefa de la Unidad de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, “las reflexiones realizadas en esta jornada nos han permitido compartir un espacio de escucha atenta entre la institución y las experiencias de las mujeres indígenas, desde sus territorios y cosmovisión. Esta actividad no solo amplía nuestra comprensión sobre los aspectos que deben complementar la política pública, sino que también nos brinda orientaciones valiosas para un abordaje adecuado que fortalezca y mejore nuestro quehacer institucional”.

Así mismo, Samantha Colli Sulu, consultora experta en Derechos Humanos de PACcTO 2.0 explicó que este espacio de reflexión y de retroalimentación sobre el encuentro de la red de mujeres indígenas de Costa Rica les permite hacer una evaluación sobre lo que funciona bien, para así mejorar y hacer un piloto de cómo podría ser un proceso de consulta de la política de acceso a la justicia de pueblos indígenas.

“Al trabajar con ellas, uno de los altos estándares internacionales de Derechos Humanos, es la obligación de hacerles la consulta previa, libre e informada como representantes de los pueblos indígenas, para que den su consentimiento o no sobre una ley y una política pública que en este caso impacta directamente sus derechos. El encuentro fue más que positivo, se logró generar un ámbito de confianza, intercultural entre las mujeres, los diplomáticos y el Poder Judicial”.

Las mesas de trabajo en las cuales participan representantes tanto del Poder Judicial como de PACcTO 2.0, se realizan en el salón Multiusos.

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Contraloría de servicios

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