·       A partir del 1 de abril de 2025 entran en funciones

Ø  Juzgado de Familia, Penal Juvenil, Contra la Violencia Doméstica y Protección Cautelar del II Circuito Judicial de Alajuela, sede Upala

Ø  Juzgado Civil, Trabajo y Agrario del II Circuito Judicial de Alajuela, sede Upala.

Jueces y juezas atenderán con mayor especialización los asuntos judiciales que tramiten las personas usuarias en el cantón de Upala, a partir de este 1 de abril de 2025.

Para brindar un mejor servicio, el Poder Judicial, estableció la división del actual Juzgado Mixto de Upala, para dar paso a dos despachos que atenderán materias específicas.

Es así como a partir de este 1 de abril de 2025, entrará en funciones el Juzgado de Familia, Penal Juvenil, Contra la Violencia Doméstica y Protección Cautelar del II Circuito Judicial de Alajuela, sede Upala, y el Juzgado Civil, Trabajo y Agrario del II Circuito Judicial de Alajuela, sede Upala.

Ambos despachos mantienen su misma ubicación, en Upala centro, frente al Hospital.

“La separación en el cantón de Upala del Juzgado Mixto, ahora permitirá que los conflictos de naturaleza familiar sean atendidos por un equipo humano dedicado exclusivamente a estas labores, de manera que los procesos familiares, las peticiones de medidas de protección contra la Violencia Doméstica, y los propios procesos de protección cautelar sean abordados desde la especialidad de la materia, con personas técnicas y juzgadoras con mayor conocimiento del modelo de atención que requieren las personas usuarias.  El Juzgado de Familia, Violencia Doméstica, Protección Cautelar y Penal Juvenil de Upala representa un avance más esta línea en procura del mejoramiento constante de la Administración de Justicia”, destacó el gestor de la Jurisdicción de Familia, Eddy Rodríguez Chaves.

Usted puede contactarse con el Juzgado de Familia, Penal Juvenil, Contra la Violencia Doméstica y Protección Cautelar del II Circuito Judicial de Alajuela, sede Upala al teléfono 24703412, o bien, al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

En el caso del Juzgado Civil, Trabajo y Agrario del II Circuito Judicial de Alajuela, sede Upala, se tiene habilitado el número telefónico,  24703414, así como el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

“Este cambio permite avanzar significativamente con el proceso de especialización de los juzgados agrarios, lo que se traduce en procesos más ágiles, resoluciones más certeras y una mejor protección de los derechos agrarios. Además, facilita el acceso a una justicia más cercana y comprensible, brindando seguridad jurídica y promoviendo una resolución eficaz de los conflictos en el ámbito rural. En consecuencia, la persona usuaria experimenta un servicio judicial más eficiente, transparente y adaptado a las particulares”, puntualizó la gestora de la Comisión de la Jurisdicción Agraria, Rebeca Salazar Alcócer.

En ambos juzgados se implementa el Modelo de Mejora Continua, que procura optimizar el servicio judicial mediante el seguimiento, evaluación y ajustes en la gestión del despacho y desde la supervisión en la aplicación de los nuevos Códigos Procesales de Familia y Agrario.

La mejora judicial la aprobó Corte Plena en sesión 8-2025 celebrada el pasado 24 de febrero de 2025, artículo XXIII, comunicada mediante circular 46-2025 y también fue aprobada por el Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión 19-2025 celebrada el 11 de marzo de 2025, artículo XLVIII, con el objetivo de optimizar la atención y el acceso a la justicia en la zona.

·       Tras su experiencia aplicada en el Juzgado Penal 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Tres especialistas internacionales realizaron una charla para dar a conocer los avances en materia de Justicia Abierta que tiene el Juzgado Penal 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, con el apoyo del Observatorio de Datos con perspectiva de Género (DataGénero), tras la incorporación de la Inteligencia Artificial en su quehacer jurisdiccional; como una buena práctica que puede servir de referencia para el Poder Judicial de Costa Rica.

Los expositores fueron Pablo Casas, juez del Juzgado Penal 10 de la ciudad de Buenos Aires; Yasmín Belén Quiroga, abogada, especialista en género y analista de datos, quien trabaja como secretaria y analista de datos en el Juzgado Penal 10 de la Ciudad de Buenos Aires e Ivana Feldfeber, experta en Inteligencia Artificial e impacto social, es cofundadora y directora ejecutiva del primer Observatorio de Datos de Género de América Latina: “DataGénero”.

El avance de la Inteligencia Artificial (IA) ha permitido desarrollar herramientas innovadoras para el análisis de datos en el ámbito judicial, facilitando la despersonalización y la extracción de información clave de las sentencias. En el contexto de la Justicia Abierta, estas tecnologías pueden aportar significativamente al estudio de casos como los de violencia doméstica y femicidios, entre otros, proporcionando datos estructurados que permitan comprender mejor estas problemáticas y desarrollar estrategias basadas en evidencia.

Durante la actividad, el magistrado presidente de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia (CONAMAJ), Gerardo Rubén Alfaro Vargas indicó que “no podemos separar el avance y la cercanía con la persona usuaria de las nuevas tecnologías, por lo que es importantes los datos para nosotros, pero también para la comunidad y como debemos mostrar esos datos a la comunidad, por eso el eje de datos abiertos es tan importante en el desarrollo de la Justicia Abierta”.

“No debemos pensar en un IA que nos lo resuelva todo y que esté a nivel a nivel macro, debemos pensar en puntos en los cuales debemos ir guiando estas herramientas para trabajar con problemas que son muy puntuales”, señaló el magistrado Gerardo Rubén Alfaro.

El juez Pablo Casas mencionó que la aplicación de tecnología a través de la implementación de políticas de gestión innovadora, resulta un camino que se debe recorrer, no sólo por la potencialidad de mejora interna de las labores propias del Poder Judicial, o las obligaciones de transparencia, sino también por la oportunidad de generar mayor acceso a la justicia, participación ciudadana a través de la rendición de cuentas con datos abiertos de calidad, en la búsqueda de hacer realidad el objetivo de tener a las personas como centro de toda política pública.

La exposición de Ivana Feldfeber se centró en presentar “AymurAI”, una herramienta pionera en América Latina que utiliza inteligencia artificial para recopilar y anonimizar datos sobre sentencias judiciales de forma ética y segura; con una demostración en vivo. La experta explicó cómo nació este proyecto desde una perspectiva de Derechos Humanos, así como la importancia de los datos abiertos para la transparencia y la toma de decisiones, y cómo AymurAI puede contribuir a visibilizar patrones de violencia que muchas veces pasan desapercibidos.

Por último, Yasmín Quiroga presentó la importancia de la producción, elaboración y tenencia de datos de calidad dentro de los poderes judiciales, a través de una herramienta de análisis y visualización de datos. Adicionalmente explicó cómo la aplicación de herramientas como AymurAI permite transformar grandes volúmenes de información en datos estructurados, mejorando la transparencia, la accesibilidad y la eficiencia en el ámbito judicial.

La actividad se realizó en el salón de Expresidentes de la Corte Suprema de Justicia y estuvo a cargo de la CONAMAJ.

• Documentos fueron aprobados por Corte Plena en sesión N° 06-2025 celebrada el 10 de febrero de 2025.

El Poder Judicial con el fin de garantizar la protección de las personas trabajadoras de la institución, aprobó los protocolos de “Persona Atacante Activa” y la “Guía de Autoprotección para Personas Funcionarias del Poder Judicial”.

El protocolo “Persona Atacante Activa”, es un documento elaborado por la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito del Ministerio Público, el Departamento de Seguridad del Poder Judicial y la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial.

Su objetivo principal es orientar sobre los procedimientos e instrucciones correspondientes en caso de una amenaza armada por una “Persona Atacante Activo”, con el propósito de que las personas funcionarias del Poder Judicial, concienticen, prevengan y minimicen los riesgos, tanto individual como colectivamente, salvaguardando la integridad física ante una situación de emergencia, dentro de las instalaciones judiciales.

Cabe destacar, que se entiende por “Persona Atacante Activo” a la persona que, motivada por múltiples factores tanto internos como externos, realiza acciones hostiles para infundir el miedo y caos en determinada población, en lugares abiertos o cerrados, logrando de esta forma desestabilizar y vulnerar los sistemas de seguridad implementados, con el fin de hacer daño a las personas que se encuentran en el lugar seleccionado.

El Protocolo busca sensibilizar al personal judicial en cuanto a la importancia del tema de seguridad institucional, concientizar sobre las actitudes tanto de prevención individual como colectiva, para controlar y minimizar los riesgos en situaciones de emergencia, identificar diferentes y probables situaciones de amenaza o riesgo y describir los procedimientos que se deben realizar antes, durante y después de un evento identificado como “Persona Atacante Activo”.

“Este protocolo, definido como “Persona Atacante Activo”, está dirigido a toda la población judicial, con el fin de brindar información relevante, así como también los pasos básicos que orienten al personal, para que consigan identificar, prevenir y mitigar una eventual situación de amenaza o crisis de este tipo, en caso de detectarse la presencia de una “Persona Atacante Activo” en cualquier sede del Poder Judicial de Costa Rica”, señala el documento.

En lo que respecta a la “Guía de Autoprotección para Personas Funcionarias del Poder Judicial”, tiene como objetivo principal, desarrollar una guía, que permita a través de recomendaciones de autoprotección al personal judicial, su aplicación en ámbito laboral y personal, no solo para fortalecer su seguridad, sino de prevenir la materialización de riesgos, mejorando su reacción ante una situación de amenaza o evento criminal.

De igual manera, este documento tiene como origen el acuerdo tomado en la sesión N°03-2024 celebrada el 10 de abril de 2024, de la Comisión Ampliada de Enlace Corte-OIJ y busca conceptuar en el personal judicial, el tema de autoprotección y seguridad, con base en el riesgo asociado a sus funciones y vida personal, establecer probables eventos que pueden constituirse como un riesgo o un peligro para la seguridad personal en cada uno de los ámbitos (hogar, trabajo, estudio, entre otros), determinar elementos y características que componen un fenómeno criminal, para poder prevenirlos y establecer medidas básicas de autoprotección dentro y fuera del ámbito laboral y así minimizar la probabilidad de colocarse en situaciones de vulnerabilidad.

“Es imprescindible y necesario ante esta coyuntura, que en la cotidianidad el personal judicial debe tener presente su actuar para evitar en la medida de lo posible colocarse ante situaciones de riesgo u amenazas, que se generan tanto en lo laboral como en el diario vivir en ambientes de trabajo, familia, movilización”, resalta la Guía.

El documento contiene recomendaciones de seguridad a nivel general para las personas funcionarias judiciales, pero también precisa en temas como las medidas de protección en el lugar de residencia, en el vehículo, en la utilización de medios tecnológicos, seguridad en la oficina y en el teletrabajo, entre otros, así como de el rol de las oficinas asistenciales en el área de seguridad y protección.

Estos documentos forman parte de las acciones institucionales en la búsqueda de un ambiente seguro para los y las trabajadoras en un momento en que el país atraviesa una difícil situación en materia de seguridad.

·       Realizan conversatorio: "Reformas al Código Procesal Penal: avances y desafíos en la Justicia"

 La Sala de Casación Penal del Poder Judicial abrió un espacio de diálogo con los diversos órganos operadores de justicia de la institución, para explicar con detalle la reciente propuesta de reformas al Código Procesal Penal, que se presentó ante Corte Plena y que tienen como finalidad darle celeridad a los procesos penales.

 La iniciativa judicial impulsa la reforma de temas estratégicos del Código Procesal Penal, para optimizar y darle celeridad al avance de los procesos hasta su resolución final, garantizando el debido proceso.

 El Conversatorio “Reformas al Código Procesal Penal: avances y desafíos en la Justicia", se realizó este miércoles 19 de marzo de 2025 y convocó a jefaturas e integrantes de los tres ámbitos judiciales: Administrativo, Jurisdiccional y Auxiliar de Justicia.  Los panelistas fueron las magistradas y el magistrado propietario de la Sala de Casación Penal.

 El Presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez, señaló que existe “la imperiosa labor de realizar un análisis profundo e integral de nuestro actual proceso penal, para actualizarlo a las demandas generadas, ante el incremento de la criminalidad y de la complejidad y el nivel de la violencia de la que todos somos testigos.  El Código Penal Procesal está pronto a cumplir 30 años de vigencia y ha llegado el momento de reformarlo y atender los desafíos que enfrenta nuestra sociedad”.

 Para la Presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro, “las normas procesales nos amarran y no permiten continuar con todos los estadios procesales correspondientes.  El juicio sigue siendo una de las etapas principales del proceso y las dificultades que se presentan en este momento, de cara a una criminalidad más agresiva, hacen necesario que analicemos si las normas actuales están cumpliendo con su función y valorar las reformas que se pueden emprender, porque la materia penal es una materia sensible, de cara a las necesidades de seguridad de la población”.

 La magistrada penalista, Sandra Zúñiga Morales, explicó las modificaciones a los artículos 318 y 373 del CPP. “Consideramos importante fortalecer la audiencia preliminar como filtro, para garantizar procesos penales más cortos, expeditos en resolver la situación jurídica de personas imputadas, víctimas y demás partes del proceso.  Esto a través de introducir la obligación de la persona imputada de asistir a la audiencia preliminar y que sea esta la única etapa del proceso en la que se permita la aplicación de medidas alternas o establecer un proceso abreviado, con la anuencia de la fiscalía”, detalló.

 Solo en el 2024, del total de 16 908 asuntos penales que se registraron como finalizados, luego de su traslado a juicio, el 20% (2968 asuntos) concluyeron con la aplicación de una medida alterna y un 11% (2338 asuntos) se les aplicó un proceso abreviado.  Lo que reflejó que el 31% de los asuntos penales, en el 2024 que llegaron a Tribunales, no requirieron realizar un juicio.

 Como complemento a estas reformas, el magistrado penalista, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, puntualizó la modificación al artículo 104 sobre el derecho de defensa.  "Esta propuesta incluye la sustitución de la defensa, de forma expresa, pero refiere que este acto debe estar fundamentado y es excepcional.  Además, debe responder al ejercicio a la justicia pronta y cumplida, que responda a un interés general que corresponde al equilibrio entre los diferentes derechos fundamentales, como lo señala en sus resoluciones la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, indicó.

 La magistrada penalista, Patricia Vargas González, expuso que también se consideran modificaciones a los artículos 96, 96 bis y 96 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  “Y tratándose de los tribunales unipersonales, se busca ampliar la competencia para el conocimiento de la etapa de juicio, pasando de asuntos con una pena probable de 5 años o menos, a 10 años o menos, con la excepción de los delitos de delincuencia organizada que son de conocimiento de tribunales colegiados.  Se sigue manteniendo la misma garantía de revisión de la sentencia y con ello se maximizan los recursos existentes.  Con estas propuestas buscamos superar el tema de la mora y los atrasos que afectan a todas las partes del proceso penal”, destacó.