La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge se reunió con la Presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS), María del Rocío Sáenz, con el fin de extender los servicios de patología forenses en distintas zonas del país, en especial para favorecer a la población residente fuera del Gran Área Metropolitana.

Lo anterior, mediante el convenio para la prestación de Servicios Médicos Forenses entre la CCSS y el Poder Judicial que se suscribió en el 2010.

Las autoridades coordinan para hacer autopsias judiciales en la Zona Sur del país, Limón y San Carlos. De esta manera, se evita que familiares viajen desde esos lugares, hasta las instalaciones del Complejo de Ciencias Forenses, en San Joaquín de Heredia.

Para la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, el objetivo es reducir los tiempos de espera en la entrega de un cadáver a sus respectivos familiares, disminuyendo la revictimización de los dolientes.

En la reunión también estuvo presente, el Magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga; el Director del Despacho de la Presidencia, Róger Mata Brenes; el Director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza Espinoza; el jefe del Departamento de Medicina Legal, Franz Vega Zuñiga; la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins y  la asesora de la CCSS, Rita Cubillo Jiménez.

Gracias a este convenio, el servicio de patología forense se ofrece en Liberia, en las instalaciones del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño. Desde que inició labores se han realizado un total de 570 autopsias.

Además de este tema, las autoridades del Organismo de Investigación Judicial coordinan la extensión de un convenio con la CCSS que permite la formación de médicos forenses, ya que ninguna academia da esta especialización.

La reunión se realizó este miércoles 18 de mayo en el Salón de Expresidentes de la Corte Suprema de Justicia.

El objetivo principal del proceso de evaluación del desempeño que promueve el Poder Judicial tiene un objetivo claro: mejorar los índices de respuesta en el servicio de la institución.

Las acciones emprendidas durante el 2015, reflejan el compromiso institucional por mejorar el servicio de administración de justicia.

“Hemos concebido la creación de un Sistema de Rendición de Cuentas y de Evaluación del Desempeño aplicable a todos los puestos del Poder Judicial, incluyendo magistrados y magistradas. Es un mecanismo concebido como una forma de demostrar el trabajo que cada persona realiza”, destacó la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge. Así se desprende del informe de labores del año 2015.

La aprobación por Corte Plena en  el 2014 del Reglamento del Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño, permitió  concretar acciones en este tema.

En el 2015 se inició con la implementación del Sistema, mediante un plan piloto, dirigido a áreas específicas de la institución.

De manera voluntaria, se sometieron a dicha evaluación, el Ministerio Público y la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Este proceso comprende la revisión de las competencias y perfiles de los diversos puestos a su cargo y el establecimiento de parámetros de investigación.

Para este año, se espera la incorporación de la Defensa Pública y la Judicatura. 

El sistema establece la evaluación de la gestión institucional que involucra a todos los despachos jurisdiccionales, órganos auxiliares y administrativos de la institución y el sistema de evaluación individual del desempeño, que alcanza a todas las personas que laboran para el Poder Judicial en cargos en propiedad o interinos.

Otra acción por parte de Corte Plena, fue la aprobación en abril de 2015, de la propuesta de ley sobre evaluación de la gestión, el desempeño y la rendición de cuentas.

La propuesta ya se encuentra en su trámite en la corriente legislativa y propone una norma legal general y articulada para la efectividad del quehacer judicial.

Temas esenciales para el Poder Judicial fueron puntualizados por la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge en el encuentro realizado este martes 17 de mayo, en Casa Presidencial, que reunió al Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera; al Presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez Desanti y al Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado González.

La magistrada Villanueva Monge puntualizó la urgencia de que la institución cuente con los recursos necesarios para la implementación de las reformas procesales laboral y civil, y la aprobación de la reforma al Régimen de Jubilaciones y Pensiones, la creación de la Jurisdicción Especializada para combatir el Crimen Organizado y el Narcotráfico  y la Ley de Evaluación de Desempeño.

En relación con las reformas procesal laboral y civil, la jerarca judicial enfatizó en la necesidad de contar con los recursos para la implementación de ambas.

Agregó la necesidad de que la Asamblea Legislativa apruebe el Código Procesal Agrario y el Código Procesal de Familia, que darán mayor celeridad a estos procesos. Estos forman parte de las grandes reformas legales que impulsa el Poder Judicial. Asimismo la aprobación de la reforma al Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, cuyo proyecto se presentó al Poder Ejecutivo en agosto del 2013 y se le dio trámite legislativo el 2 de julio del 2014.

“Es necesario revisar la arquitectura jurídica en materias de familia y agraria, analizando en que estado se encuentran y como pueden impulsarse económicamente”, concretó la magistrada Villanueva Monge.

Sobre el tema del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, la Presidenta de la Corte reiteró que la institución es consciente de que se debe estudiar una reforma en la  que el mismo Poder Judicial es el primer interesado en revisar este aspecto.

Recalcó la disposición que tiene la institución al diálogo, en la necesidad de trabajar juntos con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana, en temas como la lucha contra el crimen organizado y narcotráfico, por lo que  el acercamiento entre poderes es clave para avanzar positivamente. 

Por su parte, el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, resaltó la cooperación en temas puntuales como el crimen organizado para devolver la tranquilidad y seguridad a los costarricenses.

El Presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez Desanti, calificó el  encuentro como  fructífero y mencionó que en la Asamblea Legislativa se trabaja para avanzar en proyectos de ley contra el terrorismo y el crimen organizado, con el fin de  dotar de herramientas necesarias a los cuerpos policiales de nuestro país para hacerle  frente a esta problemática.

Finalmente el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado González,  resaltó la importancia de estos encuentros en la búsqueda de avanzar todos en una misma dirección como país.

Durante el acto, se hizo entrega simbólica de 15 vehículos donados al Organismo de Investigación Judicial por parte del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). La donación la concretó el Presidente Luis Guillermo Solís a la Presidenta de la Corte, Zarela Villanueva y al Director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza Espinoza, en la entrega también estuvo presente el Director del ICD, Guillermo Araya Camacho.

El trabajo de las máximas autoridades judiciales, durante el 2015, se centró en la discusión y establecimiento de acciones rigurosas para blidndar  al Poder Judicial de la corrupción.

Así lo expuso la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, durante la sesión solemne de inauguración del Año Judicial 2016.

El informe de rendición de cuentas puntualizó  el trabajo de la Comisión para investigar la penetración del crimen organizado y del narcotráfico en el Poder Judicial.

A partir de allí, la Comisión de Transparencia elaboró el proyecto de reglamento denominado “Normas de Conducta, regulación de abstenciones y conflictos de interés de todas las personas que laboran para el Poder Judicial.

La labor de dicha Comisión también comprendió, en conjunto con la Oficina de Control Interno, la creación de un portafolio con los principales riesgos vinculados con actos de corrupción, el cual detalla ocho riesgos con sus principales causas, efectos y controles a implementar.  Además, éste órgano judicial trabaja con prioridad en el Sistema de Información de alerta temprana, que busca detectar personas que laboran en el Poder Judicial y que se encuentren en estado de vulnerabilidad ante el riesgo de corrupción.

También se presentó a la corriente legislativa la propuesta de proyecto de ley para la creación de una Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico.

Además, por disposición de Corte Plena se creó la Unidad de Investigación Social y de Antecedentes de las Personas Oferentes, que viene a fortalecer el proceso de reclutamiento y selección de personas de primer ingreso al Poder Judicial y las propuestas en cargos de propiedad y los registros de personas elegibles de la Dirección de Gestión Humana y la Carrera Judicial.

Estos mecanismos procuran que todas las personas que ingresen a la institución pasen por un proceso de revisión de antecedentes judiciales, de trabajo, sociales y psicológicos.

Durante el 2015 se promovió un proceso de reestructuración para mejorar la efectividad de la aplicación del régimen disciplinario judicial.  “Hay una evidente mejora en los niveles de efectividad logrados en el equipo que actualmente integra la Inspección Judicial. Las denuncias presentadas son tramitadas y analizadas y cuando hay mérito, tienen consecuencias. Todo con absoluto respeto al debido proceso y al derecho de defensa de las personas denunciadas”, detalló la Presidenta de la Corte.

También destaca la puesta en funcionamiento de la línea telefónica gratuita, confidencial y directa, 800-8000-645, para que las personas puedan brindar información o denunciar cualquier sospecha de casos de corrupción en la función judicial.