El trabajo coordinado entre el Poder Judicial y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, así como su fortalecimiento, son objetivos en los que coincidieron la Presidenta de la Corte, Zarela Villanueva Monge y el Presidente de dicha agrupación  profesional, Froylán Alvarado Zelada.

Durante la reunión de este viernes 17 de junio, se destacó la importancia de un mayor acercamiento e impulsar el trabajo conjunto en temas de interés para la institución y el gremio de las personas profesionales en derecho.

Se destacó la labor coordinada en materia de las defensorías sociales del Colegio y el Programa Integral de Servicios de Atención para las Víctimas (PISAV) del Poder Judicial, que actualmente funciona en Pavas y La Unión y está pronto a iniciar funciones en Siquirres.

A esto se suma los esfuerzos conjuntos para el desarrollo de capacitación de cara a la entrada en vigencia de las reformas procesales en materia laboral y civil.

Villanueva Monge destacó la importancia del apoyo del Colegio en el proceso de implementación de las reformas procesales, específicamente en el área de formación.

Por su parte, el Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, Froylán Alvarado, expresó el interés de la organización que él representa en retomar el convenio existente con la Escuela Judicial, para fortalecer el ámbito de la capacitación y destacó el interés de que jueces y juezas de la República puedan brindar su conocimiento en capacitaciones organizadas en las sedes regionales del Colegio, frente a la demanda que se tiene, específicamente, en el tema de las reformas procesales.

Determinar que sí procedía el pago de la incapacidad temporal y permanente a favor de un trabajador de una empacadora bananera, ante la pérdida de la vista, en lo que se consideró una “enfermedad accidente”, fue lo que estableció la Sala Segunda en la sentencia 2016-161.

En el estudio del caso en particular, los magistrados y magistradas señalaron que el plazo de prescripción de la demanda por riesgo de trabajo, debía correr a partir del momento en que la persona trabajadora tuvo conocimiento de la enfermedad.

“La naturaleza del riesgo modifica el momento en que inicia el cómputo del plazo fatal de la prescripción, por cuanto esta solo puede correr en el instante en que el trabajador esté en capacidad de gestionar su reconocimiento y en este asunto, según el ordinal 304 párrafo 1° del Código de Trabajo, el accionante tuvo esa posibilidad hasta el 8 de mayo de 2009, cuando se impuso del conocimiento de que padecía de “uveítis total” según el diagnóstico de la facultativa de la Caja Costarricense de Seguro Social, …, por lo cual, es a partir de esa data que comenzó a correr el plazo de prescripción de tres años para demandar la indemnización por el riesgo, señalado en el artículo 304 del Código de Trabajo (plazo que concluía el 8 de mayo de 2012)”, destacó la resolución de casación laboral.

El Alto Tribunal de Casación Laboral profundizó en el concepto de la “enfermedad accidente”, cuya doctrina señala que cuando existen elementos exteriores que contribuyen a producir o agravar una enfermedad que no es profesional y esos elementos se relacionan con el trabajo, dicho padecimiento puede equipararse a accidente, igualmente llamado”.

“Así las cosas, si la sustancia que le cayó al actor en el ojo cuando prestaba sus servicios en la planta de empaque de banano de su empleadora, le causó una lesión que evolucionó en una uveítis causante de las incapacidades temporal y permanente por ceguera del ojo derecho, el accidente se puede calificar como una “enfermedad accidente” (no como un accidente de trabajo o una enfermedad profesional) y ese infortunio sufrido como un riesgo de trabajo”, puntualizó la Sala Segunda.

La demanda por riesgo de trabajo la presentó un trabajador de una empacadora bananera, ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Pococí.

El actor solicitó la cancelación las incapacidades temporal y total permanente, al señalar que en el 2009 mientras laboraba en la planta empacadora de banano, sufrió un “accidente enfermedad”, al sentir que le cayó algo en su ojo derecho, que terminó en una inflamación ocular, que le generó una incapacidad temporal y finalmente una incapacidad permanente por ceguera en el ojo derecho.

El Juzgado de Trabajo declaró sin lugar la demanda, sin embargo el caso se elevó al Tribunal de Trabajo que revocó parcialmente la sentencia recurrida y ordenó el pago de una incapacidad temporal, desde la fecha del accidente y una renta anual pagadera en mensualidades, por cinco años.  En total la indemnización otorgada equivalió a poco más de ¢4 millones.

La empresa elevó el caso a la Sala Segunda, por considerar que el tiempo para presentar la demanda había prescrito, pues desde febrero del 2009 el trabajador tuvo conocimiento de sus padecimientos y la demanda la presentó en el mes de marzo del  2012.

Sin embargo, la Sala Segunda consideró que en los casos por “enfermedad accidente”, hasta que el trabajador tenga la capacidad de gestionar el reconocimiento de la enfermedad, inicia a correr el período de prescripción, para hacer el reclamo indemnizatorio.  Por ello, confirmó el fallo recurrido y el pago de las incapacidades solicitadas.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Zarela Villanueva Monge, entregó esta tarde al Ministro de Hacienda Helio Fallas Venegas  el presupuesto ordinario del Poder Judicial para el ejercicio económico del 2017 por un monto de ¢424.527 millones de colones.

La formulación del presupuesto institucional es el resultado de un esfuerzo de los órganos que componen el Poder Judicial para definir las prioridades y no desmejorar la atención en el servicio público.

En el proceso de formulación presupuestaria el Consejo Superior analizó los resultados de rendimiento de cada circuito judicial y de acuerdo con el desempeño obtenido así se asignó el presupuesto para el 2017.

Se realizó un análisis comparativo de los últimos dos años sobre las cargas de trabajo de los despachos judiciales  que se reflejan en la cantidad de expedientes terminados por circuito judicial, así se comienza a  identificar el desempeño de cada circuito y oficinas, dando un fortalecimiento  a la evaluación. 

La magistrada Villanueva Monge explicó que este presupuesto  es el más reducido de los últimos  13 años y  en crecimiento es la mitad del año 2106, atendiendo a las restricciones emitidas por el Ministerio de Hacienda.

“ Este presupuesto es el resultado de un proceso serio y cuidadoso que realiza el Consejo Superior y la Corte Plena en la aprobación definitiva. Continuamos en la línea del contención del gasto por lo que no crecemos en plazas nuevas lo que nos impide extender proyectos de atención a víctimas”, puntualizó la jerarca judicial.

Para el Poder Judicial no es posible acatar la directriz de ajustarse a un presupuesto que no supere los 414 mil millones de colones pues de hacerlo significaría  un  decrecimiento y el incumplimiento de obligaciones contraídas en alquileres y proyectos de construcción en marcha que son fundamentales para la institución.

 El aumento de costo de vida previsto por el Ministerio de Hacienda para el 2017  es de 1.94% que da un resultado de 5 mil millones de colones para hacerle frente y además se requiere de  2 mil millones de colones para ajustar el aumento del 15% anual en alquileres. Esos montos hacen imposible el cumplimiento de la directriz.

Tampoco es posible paralizar la ejecución de proyectos de ampliación en construcciones como:  reforzamiento del edificio de la Corte, terminar una torre en el Circuito Judicial de Limón, continuar con el edificio en Jicaral, ampliación en Ciencias Forenses y la  Delegación del OIJ en Pococí, así como la construcción de edificio  en Osa y Los Chiles.

En la presentación del presupuesto acompañaron a la magistrada Villanueva Monge, el Director del Despacho de la Presidencia, Róger Mata Brenes; la Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez; la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins.

Reformas procesales y leyes especiales requieren presupuesto

Con un presupuesto separado se presentó  el impacto económico organizacional de las reformas procesales civil y laboral. 

En total se requieren  más de 9 mil millones de colones en el año 2017, para implementar los cambios normativos aprobados que fueron producto de un acuerdo nacional.

También se prevee la construcción de un edificio con un costo aproximado de diez mil millones de colones que albergará entre otras oficinas a ambas jurisdicciones. 

Adicionalmente,  se gestionan  recursos para la puesta en marcha de la creación del Sistema de Alerta y el Procedimiento para la Coordinación y Reacción Inmediata entre las Instituciones Públicas y Privadas ante la Desaparición o Sustracción de Personas Menores de Edad, conocida como la “Ley Yereling”.  La Dirección de Planificación estima el impacto en   ¢1.815 millones de colones.

Para la implementación del Proyecto de Ley que crea la Jurisdicción Especializada en Crimen Organizado y Narcotráfico, se  proyectó un monto  en casi de ¢3.500 millones de colones.

Esta jurisdicción centraliza el juzgamiento de los delitos en estas materias, es por tanto,  que  requiere dotar de recursos a la judicatura, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública, por lo que se hace urgente hacer una instancia a los señores y señoras de la Asamblea Legislativa para su pronta aprobación.

El avance sobre el establecimiento de los equipos técnicos y administrativos que constituyen el Fideicomiso inmobiliario del Poder Judicial, se presentó ante las máximas autoridades judiciales y administrativas de la institución.

Magistradas, Magistrados, el pleno del Consejo Superior, así como autoridades de la Dirección Ejecutiva y Servicios Generales del Poder Judicial intercambiaron criterios y consultas con representantes del Banco de Costa Rica y la empresa adjudicataria que asumirá la Unidad Ejecutora Administrativa del Fideicomiso.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, resaltó el largo proceso recorrido por el Poder Judicial, para finalmente tomar la decisión de recurrir a la figura del fideicomiso para atender las necesidades de infraestructura judicial, frente a la difícil situación que enfrenta el país, en materia presupuestaria.

“Nos parece muy oportuno que las autoridades en la parte gerencial de la institución, así como magistrados y magistradas tuvieran conocimiento del avance que se ha tenido con el establecimiento de los equipos técnicos y administrativos del fideicomiso”, manifestó, Villanueva Monge.

La reunión fue propicia para que los representantes del Banco de Costa Rica presentaran al equipo de trabajo que estará a cargo de la administración del fideicomiso. 

Además, se dio un espacio para que la empresa ICC, que fue la que ganó la adjudicación como Unidad Administradora del Proyecto Inmobiliario del Poder Judicial, expusiera su experiencia en la dirección de proyectos de construcción inmobiliarios y destacaron que su principal objetivo es reducir los riesgos técnicos, legales, financieros y externos que se puedan presentar durante el desarrollo de las obras, constituyéndose en representantes de los intereses del propietario.

Actualmente, el fideicomiso cuenta con el refrendo de la Contraloría General de la República.  El BCR tiene a cargo su administración y dentro de sus competencias realizó un proceso de licitación para adjudicar a la empresa que asumiría la ejecución técnica del proyecto. Finalmente, durante este proceso la empresa ICC ganó dicha adjudicación.

Dentro de las prioridades en infraestructuras señaladas por el Poder Judicial, destacan tres proyectos como lo son el Edificio de Tribunales de Hatillo, la construcción en el terreno ubicado al noroeste de la Corte Suprema de Justicia y el Edificio de Puntarenas.

Cabe destacar que la figura del fideicomiso permitirá una reducción en alquileres y el desarrollo de 14 proyectos en un plazo de 30 años.