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Aportes y recomendaciones de las personas son fundamentales

Aportes y recomendaciones de las personas son fundamentales

La visión del grupo de participación ciudadana es incorporar el aporte de los diversos sectores sociales y de la institución, en los procesos de reformas urgentes en los que trabaja el Poder Judicial.
 
Representantes gremiales y funcionarios y funcionarias del Poder Judicial se integraron al trabajo de la Comisión de Diálogo Permanente con la Sociedad Civil, realizado este martes 28 de noviembre.
 
A través del taller “Promoviendo el diálogo con la sociedad civil”, se  trabajó en la definición de los lineamientos y acciones que permitan mantener una comunicación permanente entre el Poder Judicial, Gremios y Sociedad Civil como parte de las medidas urgentes de cambio.
 
Para el Magistrado de la Sala Primera y Coordinador de la Comisión, Román Solís Zelaya, es responsabilidad de la institución desde sus diferentes entidades desarrollar la participación ciudadana.
 
Solís Zelaya resaltó que los Gremios son parte de ese diálogo, pues representan a las personas trabajadoras del Poder Judicial y tienen mucho que aportar y liderar en este proceso de comunicación con la sociedad: “Ustedes como dirigentes tienen la misión de liderar estas grandes reformas” puntualizó el jerarca judicial.
 
Las propuestas e ideas presentadas por los gremios se integran a la propuesta final que construye el grupo de trabajo y la Conamaj.
 
En el taller se tuvo representación de 11 Asociaciones Gremiales, así como de personal del Ministerio Público, la Defensa Pública, la Contraloría de Servicios, Prensa y Comunicación Organizacional y de la Conamaj.
 
El próximo encuentro contará con la participación de representantes de la Sociedad Civil y se llevará a cabo el 5 de diciembre en el Salón Quirós Quarón, del edificio del OIJ.
Acciones contra conflictos de interés se discuten en Corte Plena

Acciones contra conflictos de interés se discuten en Corte Plena

Corte Plena inició hoy la discusión de las normas éticas y de conducta que aplicarían a todas las personas servidoras del Poder Judicial, una vez que sean aprobadas.

El tema central de este martes fue el abordaje de los conflictos de interés y  que están relacionados con principios esenciales para su manejo y prevención.

La propuesta de Regulación para la prevención, identificación y la gestión adecuada de los conflictos de interés en el poder judicial fue presentada por el magistrado Paul Rueda Leal, quien coordina el grupo de trabajo.

El documento tomó como base el trabajo  de la Comisión de Transparencia, coordinada por la Magistrada Hernández.

“Comenzamos con el análisis y discusión de un protocolo que tiene que ver con la aplicación de criterios éticos, que marcan la pauta de la conducta del personal judicial y una serie de normas que van orientadas a procurar que exista confianza en el buen desempeño en todos los ámbitos del Poder Judicial”; comentó el magistrado Rueda Leal.

Se inició el análisis de los primeros seis artículos que profundizan en aspectos puntuales como el conflicto entre el deber público y los intereses privados de una persona servidora pública, los cuales pueden ser de índole financieros o pecuniarios (negocios, deudas, expectativas de trabajos, etc.), derivados de relaciones familiares (círculo familiar cercano), afectivos (amistad íntima, enemistad manifiesta, noviazgo, relaciones de pareja públicas o clandestinas, etc.), comunales, religiosos, entre otros.

Así como las acciones para el manejo adecuado y efectivo de estas situaciones, la aplicación de sanciones por conductas contrarias a esta regulación y la observancia de los principios de servir al interés general, la transparencia y escrutinio, la promoción de la responsabilidad individual, la imparcialidad e independencia y la protección de la confianza y credibilidad de la función judicial.

Durante la próxima sesión se continuará con el análisis de la propuesta, la cual será un instrumento para resguardar la independencia y probidad en el servicio de administración de justicia y fortalecer la institucionalidad y credibilidad del Poder Judicial.

Poder Judicial requiere de sociedad civil para construir reformas urgentes

Poder Judicial requiere de sociedad civil para construir reformas urgentes

Así se acordó por Corte Plena. Es esencial integrar a representantes de la sociedad civil, líderes comunales, grupos organizados, asociaciones cívicas, organizaciones no gubernamentales, en el trabajo de construcción de reformas urgentes que requiere el Poder Judicial.
 
Para la jerarquía judicial, contar con la participación ciudadana es una forma de reforzar las diferentes áreas de la institución.
 
Próximamente se pondrá a disposición de las personas interesadas, una página web, un correo electrónico y un acceso de acreditación, para que puedan inscribirse en los grupos de trabajo de interés.
 
La propuesta la presentó el magistrado Román Solís Zelaya, al señalar que existe una obligación constitucional de incorporar a la ciudadanía en el quehacer de todas las instituciones del Estado, establecido en el artículo 9 de la Constitución Política.
 
 “Abrir e incentivar la participación en el proceso de reformas que estamos llevando a cabo asegura que estas serán pertinentes, en el sentido que responderán a las demandas sociales, a las verdaderas necesidades y a los requerimientos de los tiempos actuales, garantizando así procesos con alto valor público y que a la postre nos legitiman y nos fortalecen como institución”, puntualizó Solís Zelaya.
           
El principal objetivo de la promoción de la participación ciudadana en los procesos de reforma es propiciar un diálogo horizontal con la sociedad, dar a conocer las acciones, más allá de lo que se divulga en los medios de comunicación y promover las distintas  propuestas desde estas organizaciones externas.
 
En este contexto, la Corte igualmente aprobó la propuesta del magistrado Paul Rueda Leal, para que en un sitio Web del Poder Judicial, se habilite un vínculo en el que se publicarán las actas, avances y resultados de cada uno de los grupos de trabajo que están analizando una serie de cambios en la institución.  Precisamente, en el caso de las comisiones de carrera fiscal y código de conducta y ética judicial, por contar ya con productos terminados, las propuestas se publicarán para que las personas puedan remitir sus consideraciones al respecto.
Defensa Pública inicia proceso de cambio para nombramientos del personal

Defensa Pública inicia proceso de cambio para nombramientos del personal

Establecer parámetros idóneos para el acceso de los puestos de personas defensoras públicas, es la tarea que emprendió la Comisión sobre el Proyecto de la creación de la Carrera de la Defensa Pública, que lidera la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Carmenmaría Escoto Fernández.

La sesión de trabajo de este viernes 24 de noviembre, tuvo como objetivo determinar los ejes temáticos y el cronograma de trabajo.

Esta labor contará con el acompañamiento de la Dirección de la Defensa Pública, ante la importancia de incluir su visión, pues sus funciones  son una garantía institucional en beneficio de la protección de los derechos fundamentales de todas las personas que acuden a la institución en busca de una defensa técnica gratuita.

Temas como el efectivo acceso a la Defensa, el reconocimiento de la carrera judicial dentro de la entidad y el análisis de la posible creación de un Consejo de Defensores(as), para propiciar la participación democrática de este gremio, son algunos de los puntos de análisis que se definieron.

Para la Vicepresidenta de la Corte y Coordinadora del grupo de trabajo, Carmenmaría Escoto Fernández, este proyecto de reformas es de vital importancia para la Corte desde hace ya varios años, por lo que es fundamental trabajar en temas puntuales, para dar un producto, en un plazo corto y con la expectativa de lograr cambios.

La Defensa Pública costarricense es un referente a nivel iberoamericano, no solo en materia penal, sino también en competencia agraria, laboral y de familia, apoyando a muchas personas que por sus condiciones requieren de esta entidad para la tutela de sus derechos.

El grupo de trabajo está compuesto por la Vicepresidenta de la Corte, Carmenmaría Escoto Fernández, las magistradas Julia Varela Araya de la Sala Segunda y Nancy Hernández López de la Sala Constitucional, así como la magistrada y magistrado suplentes de la Sala de Casación Penal, Sandra Zúñiga Morales y Rafael Segura Bonilla,  además, cuenta con el apoyo de la Directora de la Defensa Pública en ejercicio, Diana Montero Montero.

En la reunión estuvieron presentes también Marlyn Sedo Mejía y Juan Humberto Rodríguez Barrios, Asesores del Despacho de la Presidencia.

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