Hacer efectivo los derechos laborales mediante un proceso ágil y sin retrasos, es el reto que asumen jueces, juezas y personal técnico de todo el país. Así lo dejaron claro las autoridades judiciales durante el segundo taller preparativo para la implementación de las nuevas normas que introduce la Reforma Procesal Laboral.

Durante el taller  que impulsa el Poder Judicial, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, destacó la importancia de quienes tienen a cargo la administración de justicia laboral, para que conozcan los principios generales de la reforma, los mecanismos que desarrollará la institución para su implementación y la reorganización que se requerirá a partir de julio del 2017.

“Tener claridad en cómo se va aplicar la reforma y que se haga efectiva la aspiración del pueblo costarricense, de acortar procesos y que los derechos laborales encuentren en la administración de justicia su efectividad, es la principal finalidad de todo este esfuerzo institucional”, explicó Villanueva Monge.

Para la máxima jerarca judicial, además de estos talleres, se programarán visitas en cada jurisdicción laboral del país durante este año y el 2017, para explicar el funcionamiento del sistema tecnológico que se pondrá en funcionamiento y la forma en que se harán efectivos los principios de la reforma.

“Contiene una tendencia al impulso de la conciliación, la eliminación de una etapa del proceso para acortarlo, la materialización del principio de concentración y oralidad, que implica una participación efectiva del juez y la jueza, para que sean más activos y lleguen al proceso conociendo y estudiando los casos bajo su conocimiento”, detalló la Presidenta de la Corte.

Según explicó el Presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre Gómez, las nuevas normas procesales que se introducen contemplan procesos especiales en temas como el derecho a huelga y derechos colectivos, que actualmente no existen en la ley vigente. 

“El derecho de trabajo es quizá uno de los derechos más sensibles porque tiene que ver con la seguridad alimentaria de las personas, por ello es indispensable que exista una normativa.  En el tema de la organización colectiva, en Costa Rica ha sido efectiva en el sector público, no así en el sector privado. La Organización Internacional del Trabajo ha señalado esta necesidad en el país, donde la negociación sea un instrumento de mayor aplicación y que los conflictos económicos y sociales puedan tener una solución pacífica”, explicó Aguirre Gómez.

El trabajo de la reorganización en esta materia, ha tenido el aporte de la magistrada coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Laboral, Julia Varela Araya, quien destacó la importancia de que los despachos de todo el país impulsen una mejora en la gestión, así como controles en la tramitación, para propiciar una labor sostenible y al día con los asuntos.

“Para ello, mediante un estudio se abordarán los despachos con mayor conflicto en atraso y se les brindará un apoyo técnico, con el compromiso de que el trabajo de mejora sea permanente y perdure. Los procesos de capacitación que se inician este año, se continuarán en el 2017 y esperamos que sea un proceso de actualización permanente a futuro”, determinó Varela Araya.

La magistrada Julia Varela recalcó que “…tenemos una responsabilidad histórica, de implementar un cambio legal para mejorar lo que ya hemos hecho en materia laboral, la estructura procesal nos da herramientas ágiles, pero depende de nosotros su aplicación efectiva”.

El acompañamiento técnico para la implementación contará con la colaboración de un equipo de juristas especializados:  Fabián Arrieta Segleau, juez superior de Guápiles; María Alexandra Bogantes Rodríguez, letrada y magistrada suplente de Sala Segunda; Jorge Olazo Álvarez, juez superior civil y magistrado suplente de Sala Segunda; Fabricio Garro Vargas, juez del  Tribunal Superior de Trabajo de Cartago; Marniee Guerrero Lobato,  jueza coordinadora de la Sección Segunda del Juzgado de Trabajo de Goicoechea;

José Antonio Madrigal Soto, juez de Seguridad Social; Ana Luisa Meseguer Monge, jueza del Tribunal Superior de Trabajo y Lourdes Montenegro Espinoza, jueza coordinadora de la Sección Primera de Trabajo de Goicoechea.

Compromiso con reforma procesal

La jueza coordinadora de la Sección Segunda el Juzgado de Trabajo de Goicoechea, Marniee Guerrero Lobato y el juez de Seguridad Social, José Antonio Madrigal Soto, integran el equipo técnico que dará acompañamiento y soporte a los despachos judiciales de todo el país en la implementación de la reforma.  Ellos externaron su compromiso por darle efectividad a las nuevas normas procesales laborales. 

José Antonio Madrigal Soto

Juez de Seguridad Social

“La introducción de la oralidad en toda la jurisdicción va a implicar una disminución de audiencias y la posibilidad de que los procesos se tramiten en forma más rápida. Este tipo de competencias que contiene por ejemplo el derecho laboral, requieren evidentemente, procesos más ágiles, por la población a la que van dirigida; personas en un Estado de acceso a la justicia limitado o en condiciones de vulnerabilidad.

El plenario legislativo acordó ayer jueves 30 de junio, integrar una comisión que dictaminará el proyecto de ley número 19992 que reformaría el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, pero el contenido es el proyecto presentado por gremios judiciales. Es decir, el proyecto 19651 sustituye al texto del proyecto número 19922.

Al proyecto se le eliminaron los artículos 235 bis y ter que imponía   una contribución solidaria que significaba un gravamen en el aporte de las personas servidoras judiciales al fondo, tanto las activas como quienes gozan ya de su derecho jubilatorio.

Esta decisión del plenario también permite que la reforma definitiva se concrete cuando se cuente con el peritaje actuarial que elabora la Universidad de Costa Rica. Se tiene previsto que esto ocurra en setiembre próximo. 

La comisión especial que analizará el proyecto  se integrará luego del receso legislativo de medio año. La Asamblea Legislativa reiniciará funciones a partir del   18 de julio 2016. 

La Presidencia de la Corte, Dirección Ejecutiva y los gremios judiciales han articulado esfuerzos en la defensa del fondo, por ello fue posible esta decisión legislativa.

Es a lo interno de la institución que se han promovido las reformas y acciones necesarias para la sostenibilidad del Fondo a largo plazo.

• Autoridades judiciales exponen proyecto en Comisión Especial de Puntarenas de la Asamblea Legislativa.

En un esfuerzo por acercar la justicia a las comunidades más alejadas, las autoridades judiciales trabajan por llevar los servicios de medicina forense a la Zona Sur del país.

Las acciones que se promueven para mejorar el servicio de justicia en la provincia de Puntarenas se expusieron este miércoles 29 de junio ante la Comisión Especial de Puntarenas en la Asamblea Legislativa.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, destacó que uno de los principales proyectos es la instalación del servicio de medicina forense en la Zona Sur.

La jerarca judicial destacó que en la zona de Buenos Aires, el Poder Judicial y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) están con la disposición de brindar el servicio de medicatura forense y que se cuenta con el personal médico y técnico preparado para iniciar; sin embargo se requiere contar con las condiciones adecuadas en los hospitales de la zona, que permitan desarrollar las labores respectivas.

Según explicó la Directora Ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins, con la colaboración de las comunidades se impulsa el establecimiento de una Morgue Regional, que se encuentra en los trámites para la donación de un terreno donde se instalaría el servicio, por parte del INDER, con la colaboración económica de JUDESUR para la construcción y equipamiento, así como del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, que desde su Área de Acción Social tendrían la elaboración de los planos, mientras el Poder Judicial aportaría el recurso humano para materializar el proyecto.

La Morgue Regional no solo visualizaría la prestación de los servicios de medicina forense, sino también servicios clínicos, de patología, relacionados con riesgos del trabajo, accidentes, personas víctimas de violencia, que brindarían un servicio integral.

Para el Coordinador de la Comisión de Construcciones del Poder Judicial, magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, es un proyecto complejo, que llevará unos años su conclusión, sin embargo destacó que se mantiene la disposición de agilizar la prestación de estos servicios judiciales en la zona, replicando el modelo que funciona en Liberia, mediante un convenio interinstitucional con la Caja Costarricense de Seguro Social, que permite utilizar las instalaciones de los centros médicos de la zona y el personal del Poder Judicial que realiza las autopsias.

Solo en Liberia se han logrado realizar 540 autopsias de forma exitosa, lo que ha permitido que igual número de familias no tengan que trasladarse hasta San Joaquín de Flores.

Dentro de este proceso se ha analizado las condiciones del centro hospitalario de Ciudad Neilly.

Rivas Loáiciga señaló que existe una necesidad de descentralizar los servicios de patología forense.

Por su parte, el Director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza Espinoza, expuso que la entidad tienen un gran interés porque los servicios de medicatura forense sean lo más cercana posible.

De ahí, el particular interés del Organismo en hacer menos exclusiva la actividad de realización de autopsias en San Joaquín de Flores y tratar de dispersarla en todo el país. La experiencia que se registra en Liberia se pretende llevar a Limón y Puntarenas.

Destacó que una Morgue Judicial en Buenos Aires beneficiaría a comunidades como Quepos, Corredores, Golfito, Pérez Zeledón y Osa.

La máxima jerarca judicial, Zarela Villanueva, también informó de otros proyectos que se impulsan en Puntarenas, como la construcción del Edificio de Tribunales de Justicia en Osa, cuyos planos se esperan estén listos este año, con una construcción de 3 mil metros cuadrados.

Además se expuso detalles del plan de construcciones del Poder Judicial aprobado desde el 2014, donde se establecen las prioridades institucionales en materia de construcción, cuyo primer lugar lo ocupa un edificio de Tribunales para Puntarenas. Además este plan permitió establecer los lugares donde la institución cuenta con terrenos propios, las construcciones existentes, alquileres actuales y las zonas donde es más caro alquilar.

Juezas, jueces y coordinadores judiciales de diversas zonas del país recibieron la primera capacitación, sobre los alcances de la Reforma Procesal Laboral que entraría en vigencia en julio del 2017.

Este es el primer grupo de tres talleres que se organizaron para el conocimiento  de las nuevas herramientas que se aplicarán en los procesos laborales con la normativa. 

“El Nuevo Código Procesal  Laboral implica cambios en la organización de la jurisdicción laboral de todo el país y esto amerita que estemos preparados para ese cambio, sin mayores implicaciones a lo interno de la institución y a las personas usuarias”, destacó la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge.

La máxima jerarca judicial señaló que la reforma tiene un gran significado institucional, pues el Poder Judicial es el instrumento para hacer efectivo los derechos laborales y de ahí la clara visión de las autoridades judiciales, de impulsar la especialización de la materia y de extenderla a todo el país y con ello mejorar el acceso a la justicia.

Un equipo integrado por ocho jueces, juezas, letrados y letradas especialistas en la materia laboral estarán a cargo del proceso de acompañamiento técnico a todos los despachos que atenderán la materia laboral, con la implementación de la nueva reforma procesal.

Según explicó el Presidente de la Sala de Casación Laboral, Orlando Aguirre Gómez, lo que se busca es facilitar el acceso a la justicia y de que las y los trabajadores cuenten con mejores herramientas para reivindicar sus derechos.

“El nuevo procedimiento permitirá la aplicación efectiva de principios procesales fundamentales como la celeridad, la concentración y la mediación; así como la creación de otros procesos que vienen a hacer más efectivo el acceso a la justicia, fortaleciendo con ello la designación de jueces y juezas adecuadas, la capacitación del personal judicial, el uso de las tecnologías y la gestión de los despachos”,  manifestó Aguirre Gómez.

La actividad se realizó en el Auditorio “Miguel Blanco Quirós”, en el edificio de la Plaza de la Justicia y se trasmitió vía streaming, por parte del Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional.

La magistrada y coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Laboral, Julia Varela Araya, aseguró que el proceso que inicia hoy, de preparación para la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Laboral, contará con un amplio apoyo logístico hacia los despachos laborales de todo el país.

“El abordaje de la reforma procesal demanda un gran esfuerzo por adaptarnos a los nuevos cambios en materia tecnológica y de gestión, frente a una conciencia del país, que demanda una mejora en el servicio de justicia que brinda en esta materia.