El Consejo Consultivo de la Corte Suprema de Justicia conoció este viernes 23 de setiembre, el informe de la Auditoría Interna del Poder Judicial, en el que se recomienda aumentar  la cuota patronal, de manera proporcional a la cuota de personas activas y pasivas en materia de pensiones, atendiendo el criterio de la Procuraduría General de la República.

La Auditoría Interna basó su posición en el pronunciamiento emitido por la Procuraduría, que determinó que “…La  intención del legislador con la reforma operada al artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por medio de la ley n.° 7605 de 2 de mayo de 1996, estuvo orientada a que el aporte del Estado como tal al régimen de jubilaciones y pensiones del Poder Judicial fuese el mismo establecido como aporte del Estado al régimen de IVM.  Por ello, una interpretación acorde al espíritu del legislador y a la jurisprudencia constitucional que informa la materia, conduce a sostener que dicho aporte debe incrementarse en la misma medida en que se incremente el aporte del Estado como tal al régimen del IVM”.

La gestión ante el órgano procurador del Estado fue hecha por el ex-auditor judicial, Walter Jiménez Sorio y los resultados remitidos a la Secretaría General de la Corte, por el actual Auditor Judicial a.i, Roberth García González.

El Consejo Consultivo dio esta tarde audiencia a los representantes de la Auditoría Interna, quienes expusieron el criterio legal que respalda la recomendación técnica, la que señala que el aporte patronal debería incrementarse en un 0,61%, para compensar el déficit que se registra desde el 2013, cuando se incrementó cuota obrera en un 14%.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, indicó que se iniciará con un estudio que determine el impacto económico para la institución, así como la evaluación de los mecanismos que se seguirían para atender en el tiempo la aplicación de los montos retroactivos al 2013.

De esta reunión, se elaborará un informe con las recomendaciones respectivas, que finalmente conocerá la Corte Plena, para su estudio y posible aplicación.

El Consejo Consultivo es un órgano de análisis inmediato, integrado por la Presidenta y el Vicepresidente de la Corte, Zarela Villanueva Monge y José Manuel Arroyo Gutiérrez; así como los Presidentes de las Salas de la Corte, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Sala Primera; Orlando Aguirre Gómez, Sala Segunda; Carlos Chinchilla Sandí, Sala Tercera y Ernesto Jinesta Lobo, Sala Constitucional

Este órgano judicial tiene a cargo analizar los temas institucionales o del ámbito nacional que impacten directamente el quehacer de la Administración de Justicia; de ahí que la relevancia de los temas que se atienden, hace que sus integrantes sean las máximas autoridades jerárquicas del Poder Judicial.

Entre los temas que conocen, es el traslado de las recomendaciones e informes de la Auditoría Interna de la institución, que tienen que ver con el funcionamiento de la entidad, para que se emita un primer criterio.  También se analizan  informes de la Contraloría General de la República.

El Circuito Judicial de Cartago expuso los índices de atención y respuesta en el servicio, tras la implementación del rediseño de despachos judiciales, cuyos resultados garantizan una justicia con mejor rendimiento, más cercana y una resolución efectiva de los conflictos.

Así se señaló en una actividad realizada este martes 20 de setiembre en el Salón Parroquial de Cartago, en donde participaron en la mesa principal la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge; la Magistrada Eva Camacho Vargas, el Magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, el Fiscal General, Jorge Chavarría Guzmán; el Subdirector de la Defensa Pública, Alejandro Rojas Aguilar y la Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez.

Actualmente las oficinas y despachos jurisdiccionales y administrativos que integran el Circuito Judicial de esa zona trabajan bajo la modalidad oral-electrónica y ofrecen el servicio en línea, permitiendo que las personas usuarias puedan presentar y seguir sus casos desde sus despachos o cualquier otro lugar.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge invitó a las y los servidores judiciales a trabajar con compromiso y escuchar a las personas usuarias para mejorar los resultados alcanzados con el proyecto.

“Se trata de una inversión importante en recursos. Los Tribunales de Cartago tienen el sistema de gestión y la tecnología para enfrentar cambios como las reformas en materia civil y laboral.   Invitamos a la ciudadanía al diálogo para progresar en el servicio judicial. Incentivamos a nuestro personal a trabajar con actitud,” señaló la Magistrada Villanueva Monge. 

Con el proyecto de Rediseño de Despachos Judiciales se implementó nuevas tecnologías, se colocó un sistema de gestión, escritorio virtual, agenda cronos, un método de inteligencia de negocios para visualizar la situación de los despachos y oficinas y comparar el trabajo que se realiza todos los días.  

Los profesionales en ingeniería industrial del Departamento de Planificación también analizaron los procesos en los trámites judiciales, identificaron “cuellos de botella” e implementaron modificaciones que eliminaron estos escenarios.

Para la Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez, los resultados  reflejan que las personas usuarias utilizan el servicio de gestión en línea para solicitar servicios.

“Podemos  observar un aumento de  solicitudes de hoja de delincuencia por Internet.  Se registran 2.215 solicitudes en lo que llevamos del año, lo que significa un promedio de 277 por mes, mientras que el año pasado 199 personas usaban ese servicio en línea. Sobre la cantidad de solicitudes de apremio corporal también subió; en este 2016 se contabilizan 1.774, con un promedio de 222 por mes, mientras que en el 2015 se recibían 133” informó Valverde Bermúdez.

De esta manera dicho Circuito Judicial se convirtió en el segundo en laborar bajo este nuevo modelo de rediseño; antecedido por el Segundo Circuito Judicial de Alajuela, Sede San Carlos.

La diferencia con el circuito cartaginés es que paralelamente se desarrolló  un Plan Piloto de Gobierno Abierto que impulsa la Presidencia de la Corte, con el fin de involucrar la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

“Con este proyecto deseamos incorporar un aspecto importante, se trata de escuchar las peticiones, los reclamos, las demandas de la ciudadanía e incentivar la transparencia en nuestras funciones, además de informales qué hacemos y cómo lo hacemos. Estos proyectos nos permiten la rendición de cuentas y la coordinación con otras instituciones públicas para mejorar y disponer de herramientas tecnológicas a las personas usuarias. Trabajamos con el sentido de mejorar el servicio de la justicia, tomando en cuenta a la persona usuaria como eje central” manifestó la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

En la exposición de  resultados, el Fiscal Adjunto, Luis Chang Pizarro y el Subdirector de la Defensa Pública, Alejandro Rojas Aguilar coincidieron que en los despachos respectivos  el proyecto cumplió con los objetivos principales de mejorar el servicio público que se brinda a las personas usuarias de esta zona, agilizó los procesos y acortó los tiempos de respuesta en la resolución de los conflictos judiciales.

El rediseño oral electrónico contempló la coordinación entre la Presidencia de la Corte, Consejo Superior, Dirección de Planificación, Ministerio Público, Defensa Pública, Dirección de Tecnología de la Información, Dirección Ejecutiva, Dirección de Gestión Humana, Contraloría de Servicios y Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional.

En la actividad estuvieron presentes jefaturas administrativas, servidores y servidoras judiciales, representantes del Ministerio Público, Defensa Pública y Organismo de Investigación Judicial, así como personas ciudadanas de la comunidad.

Ante Comisión de Hacendarios de Asamblea Legislativa

• No hay plazas nuevas.
• Crecimiento es el más bajo de los últimos cuatro periodos.
• Se aplicaron 118 directrices internas de contención del gasto.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge expuso ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, el Presupuesto Ordinario del Poder Judicial para el 2017, por un monto de ¢421.886.962.460, lo que implica un crecimiento de 1.6% en relación al año en curso. Este monto incluye los recursos para el ámbito jurisdiccional, administrativo, Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública y el Programa de Protección de Víctimas y Testigos.
Con presupuesto separado la jerarca judicial aclaró que para la implementación de la reforma procesal laboral se requiere de: ¢ 8.820.633.833; la reforma procesal civil se proyectó un monto de ¢ 457.605.516; para el fortalecimiento de la aplicación de la Ley de Sustracciones y Desapariciones de Menores de Edad, conocida como “Ley Yereling” se solicita ¢ 1.815.901.571 y para la Ley que crea la Jurisdicción de Crimen Organizado se prevee que el impacto económico es de ¢ 3.499.896.620.

Enfatizó la vinculación del presupuesto a los resultados de los despachos judiciales. “Se analizó cuanto se produjo, que oficinas están atrasadas, como fue la ejecución presupuestaria y de acuerdo con los resultados así se les asignó el presupuesto”.
La formulación del presupuesto es el resultado de un esfuerzo de los órganos que componen el Poder Judicial, contó con un amplio análisis por parte de Corte Plena, Consejo Superior y los órganos técnicos de la institución con el fin de definir las prioridades y no desmejorar la atención en el servicio público. El plan de gastos no contempla la creación de plazas ni apertura de servicios nuevos.

Diputados y diputadas que integran la Comisión de Hacendarios plantearon consultas y cuestionaron partidas presupuestadas. Entre ellas las siguientes:
Olivier Jiménez del partido Liberación Nacional cuestionó el aumento en la partida de capacitación en relación con lo presupuestado en el 2015. La jerarca judicial explicó que este dinero es el que se utilizará para la capacitación del recurso humano que tendrá a cargo la aplicación de la reforma laboral y civil.

El legislador Rolando González de la misma agrupación política cuestionó el presupuesto de la partida para la implementación de la ley que crea la jurisdicción contra el crimen organizado, en su criterio no debe incluirse porque aún no está aprobada. La magistrada Villanueva aclaró que este es un ejercicio responsable para que se determine el impacto económico. Se planteó que este rubro se traslade a un presupuesto extraordinario. También González solicitó aclaración sobre la compra y sustitución de vehículos; se le informó que la política institucional es sustituir cada seis años.

Por su parte José Ramírez del Frente Amplio, solicitó se le aclarará la inyección de capital en construcciones y licencias de software . Se le indicó que el dinero es para fortalecer el fideicomiso suscrito con el Banco de Costa Rica que permitirá la construcción de edificios propios. Las licencias se utilizarán para potenciar circuitos electrónicos que es una modalidad de trabajo que agilizan la tramitación de los procesos.

El diputado Otto Guevara del Movimiento Libertario pidió que se le enviara por escrito información detallada sobre incentivos salariales. Adelantó que desde revisarán con detenimiento en que partidas se puede recortar gastos.
En la audiencia acompañaron a la magistrada Villanueva Monge, el Director del Despacho de la Presidencia Róger Mata Brenes; Subdirector Ejecutivo Rodrigo Arroyo Guzmán; Directora de Planificación Nacira Valverde Bermúdez y el Director de Gestión Humana José Luis Bermúdez Obando. La sesión se realizó el 14 de setiembre 2016 y se extendió por aproximadamente dos horas.

“Hoy celebramos que hace 195 años desde el palacio de la Capitanía General de Guatemala, hasta todos los rincones de Centroamérica, se propagó una noticia llena de esperanza, se dijo en voz alta ¡que Viva la Independencia!”, con estas palabras Mónica Cruz Rosas, de la Secretaría Técnica de Valores invitó al público a participar de un manera amena y alegre, el acto cívico realizado con motivo de la celebración de las fiestas patrias.

“Hoy no sólo recordamos los 195 años de Independencia, sino un ejercicio de identidad, tenemos que rescatar aquello que es bueno del costarricense, lo que nos caracteriza como Nación y hoy es un día para reafirmar nuestra identidad”,señaló el Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Arroyo Gutiérrez, quien resaltó la importancia de estas celebraciones en el fortalecimiento de la democracia y la solidez de las instituciones.

“Cada día debemos hacer una afirmación de nuestros valores, de nuestras instituciones y de lo que es más importante para la vida y convivencia en democracia y justicia.No defraudemos el servicio público que prestamos, cumplamos con el mayor de nuestros esfuerzos desde cualquiera que sea la posición que ejerzamos”, puntualizó el magistrado Arroyo Gutiérrez.

Por su parte, Juan Carlos Sebiani Serrano, Jefe de la Secretaría Técnica de Ética y Valoresinstó a los presentes, a continuar preservando los valores más importantes de los y las costarricenses y al fortalecimiento de los valores compartidos de la institución.

El acto cívico inició con la entonación del Himno Nacional, seguidamente se contó con una serie de presentaciones artísticas entre ellas el grupo musical “Así es mi Tierra”, integrado por servidores y servidoras del Primer Circuito Judicial de San José,así como bailes típicos presentados por niños y niñas del Centro Infantil del Poder Judicial, grupo Folklórico Yapirí y el grupo Cuentacuentos “Maracatú”.

La actividad fue promovida por la Comisión y Secretaría Técnica y Ética de Valores del Poder Judicial y contó con la participación de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, integrantes del Consejo Superior, representantes de los diferentes órganos superiores, servidores y servidoras judiciales y público en general y se realizó en el vestíbulo del edificio Plaza de la Justicia.