El 7 de noviembre se celebra en nuestro país el Día de la Democracia Costarricense, por lo que este año se unieron por primera vez los Supremos Poderes para conmemorar juntos, con una semana llena de actividades de carácter formativo y cultural. Desde 1942 se estableció este día con el propósito de honrar a los costarricenses que salieron en defensa del proceso electoral de 1889.

En el acto inaugural participaron el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera;la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge; el Presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez Desanti y el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado González.

La Magistrada Villanueva Monge mencionó que un sistema jurídico-político que se precie de ser democrático solo podrá afirmarse como tal, en la medida en que garantice el disfrute efectivo de los derechos fundamentales a la población y que esa tiene que ser la visión que oriente a las personas que trabajan en la función pública.

Destacó que el objetivo del Poder Judicialha sido acercar los servicios de administración de justicia a las personas, hacerlos más accesibles y sobre todo más oportunos y eficientes.

“Hemos puesto nuestro quehacer institucional  a disposición de todas las personas, creando los mecanismos para escuchar y estar atentos a las necesidades. Tenemos una política de apertura e impulsamos el avance hacia una justicia abierta” mencionó la Presidenta de la Corte.

Por su parte, el presidente de la República resaltó que uno de los mayores desafíos que tienen es eliminar y reducir significativamente la pobreza, que agobia a una quinta parte de la población, es decir alrededor de un millón de costarricenses.

El acto protocolario se efectuó en el auditorio “Francisco Sáez Meza” del TSE. Luego, los jerarcas realizaron un recorrido por el Parque Nacional, donde se realizó la exhibición y venta de artesanías en la denominada “Feria de la Democracia”.

En la visita compartieron con artesanos y artesanas nacionales, participaron dela actividad cultural a cargo del coro musical del Poder Judicial y visitaron stands con puestos de información de diferentes instituciones públicas.

El Poder Judicial contó con puestos informativos de la Defensa Pública, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la Contraloría de Servicios y de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia (CONAMAJ).

Durante la semana se efectuará la conferencia magistral “La Democracia desde la Justicia Interamericana de los Derechos Humanos”, el taller de participación ciudadana en el marco de una justicia abierta, un concurso de oratoria y culminará con una feria ciudadana en el marco de Gobierno Abierto.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, propuso este lunes en la sesión de Corte Plena, que la definición del tope y la contribución solidaria del Poder Judicial, en la reforma al régimen jubilatorio, quede a criterio de la Asamblea Legislativa.

Al respecto, la jerarca judicial señaló que debe prevalecer la institucionalidad y el país, sobre cualquier otra discusión.

El acuerdo se acogió en firme. También aprobaron solicitar una reunión a la Presidencia de la Asamblea Legislativa.

La magistrada Villanueva Monge indicó que el avance de la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial es necesario para el bienestar de 16 000 familias judiciales.

“Lo más relevante para la institución y el país, es que el proyecto de reforma avance y se analicen aspectos fundamentales para la sostenibilidad del régimen jubilatorio”, afirmó la jerarca judicial.

La reforma al fondo jubilatorio judicial es una iniciativa del Poder Judicial.  El proyecto que se discute en la Asamblea Legislativa es en esencia el  promovido por la institución desde el 2013.

En el Poder Judicial se han tomado las decisiones de manera oportuna, atendiendo las recomendaciones de la Contraloría General de la República, la Auditoría Judicial y los estudios actuariales, las cuales están incorporadas al proyecto de ley.

Una mejora sustancial en los rendimientos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (FJPPJ) con respecto al 2014 y 2015, es el resultado de una serie de esfuerzos y acuerdos aprobados por Corte Plena y el Consejo Superior.

“El rendimiento del FJPPJ en términos reales fue de un 8,32% en el primer semestre del año 2016, representando un aumento de un 2,37% con respecto al período anterior y el mejor resultado de los últimos 15 años para este indicador”, así reza la primera de las conclusiones que arroja el “Informe de Rendimientos”, presentado por la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins.

El informe fue conocido y aprobado por  Corte Plena el 5 de setiembre del 2016 y dentro de sus aspectos más relevantes, se extrae que las inversiones realizadas en el mercado bursátil y financiero y de conformidad con las políticas de inversión aprobadas por la Corte Plena, generaron un rendimiento real sobre los recursos monetarios administrados.

La mejora también se refleja en el gráfico denominado “Valor de la cartera del FJPPJ, período 2013- junio 2016”, de dicho informe en el que se muestra el incremento en términos de valores faciales de la cartera de inversión realizada.

Según el informe, tomando como referencia las tasas de interés que se perciben a nivel local, los rendimientos obtenidos están acordes a las condiciones que han logrado los demás inversionistas en los mercados financieros, asegurando de esta forma una rentabilidad sobre los índices inflacionarios que ostenta el país.

Los datos expuestos demuestran una evolución histórica y recuperación importante del rendimiento del fondo, gracias a la combinación de medidas adoptadas en los últimos tiempos por los jerarcas judiciales, tales como el reforzamiento de equipo de administración, asesoría técnica y la conversión de formas de inversión, entre otras.

Al respecto, los magistrados y magistradas que integran la Corte Plena, acordaron dar a conocer estos resultados, como parte de las políticas de transparencia y gobierno corporativo de la institución.

“Los sistemas de Administración de Justicia por mucho tiempo han  invisibilizado a las personas víctimas. El Derecho Penal ha sido construido para responder a la preocupación de tutela de los derechos de la persona  imputada frente al Estado. No obstante, en pleno siglo XXI, persiste resistencia de advertir los derechos- también fundamentales- de las personas afectadas por el delito”. Este fue el planteamiento que la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge concretó en la reunión de miembros de Supremos Poderes llevada a cabo este miércoles en la Asamblea Legislativa.

En la  concepción actual del proceso penal la víctima no es asumida como parte del proceso y no puede intervenir directamente sino es con la figura del querellante, pero para ello debe contratar un profesional en derecho que la represente.

Algunos  de los obstáculos más relevantes que tienen las víctimas es el trato revictimizante, atraso en las investigaciones, procedimientos formales,   complicados y la excesiva duración de los procesos.

Es impostergable que el sistema procesal no atribuya al Ministerio Público la exclusividad en el ejercicio de la acción penal, sino que se reconozca también, el derecho de la persona afectada por el delito a tener participación real y efectiva en todas las etapas del proceso. La víctima debe contar con mecanismos concretos, eficaces y gratuitos sobre la pretensión punitiva.

Lo anterior es indispensable no solo por el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas víctimas de delitos, sino para que las administraciones de justicia y especialmente la justicia penal, logren revertir la crisis de legitimación que desafortunadamente parece profundizarse en nuestra región y en nuestro país.

La iniciativa de la magistrada Villanueva Monge fue acogida por los Presidentes de Supremos Poderes.

En la reunión participó el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera; el Presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Alvarez Desanti, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge y el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado González.