Sala de prensa - Page #253

Presupuesto del Poder Judicial no crecerá para el año 2019

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia , Carlos Chinchilla Sandí, entregó el viernes 15 de junio, a la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya el presupuesto institucional para el ejercicio económico del 2019.

La presentación se realizó en el despacho de la jerarca de Hacienda en la que se expuso los rubros presupuestados para los diferentes órganos y ámbitos que integran este Poder de la República.

“El Poder Judicial se suma a la política del Poder Ejecutivo, de contener el crecimiento presupuestario. Nuestro trabajo se enfocará en garantizar la continuidad del servicio de administración de justicia y aumentaremos la eficiencia en el uso de los recursos”, afirmó Chinchilla Sandí.

El plan de inversión presupuestario para el 2019 no registra crecimiento y mantiene el mismo monto aprobado durante el 2018, de ¢474 mil millones, esto implica que la institución está absorbiendo el aumento de los precios, sin menoscabo de los servicios judiciales que se brindan.

El máximo jerarca judicial explicó a las autoridades hacendarias que el Poder Judicial no aumentará gastos, pese a las nuevas obligaciones que debe asumir con motivo de la entrada en vigencia de las reformas procesal laboral y civil.

“Cumplimos nuestro compromiso con el Ministerio de Hacienda de reducir en las partidas que indicaron las directrices tales como alquileres, suplencias, viáticos, viajes, actividades protocolarias, entre otras”, puntualizó el Presidente de la Corte.

El Poder Judicial registra históricamente una ejecución presupuestaria eficiente, alcanzando en el 2017 un 97%.

Poder Judicial reduce presupuesto del 2018

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Poder Judicial reduce presupuesto del 2018

Las medidas tomadas contribuyen a disminuir el déficit fiscal. El monto asciende a 2. 073. 768. 148 del presupuesto de este Poder de la República.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, expuso a la Ministra de Hacienda Rocío Aguilar Montoya, los ajustes al plan de gastos del Poder Judicial del 2018. La reunión se realizó este martes 12 de junio en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

El jerarca judicial señaló que el Poder Judicial toma muy en serio las medidas solicitadas, por lo que desde tiempo atrás ya se han tomado acciones para aplicarlas. “Somos un aliado y tenemos conciencia de la crisis fiscal que enfrenta el país”, manifestó.

Por su parte la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar reconoció el esfuerzo realizado y destacó la disposición de las autoridades judiciales por atender las directrices emitidas por la cartera de Hacienda. En su criterio se realizó un extraordinario trabajo que ayuda a la contención del gasto.

Tal y como señaló el Presidente Chinchilla Sandí las directrices emitidas por el Ministerio de Hacienda, ya se han venido implementado en el Poder Judicial desde el año 2017, cuando la Corte Plena en la sesión No. 29-2017 acordó una serie de medidas para el ahorro. En esta misma línea de hacer un uso racional de los recursos públicos el Consejo Superior emitió medidas administrativas dirigidas a los diferentes centros de responsabilidad.

Las medidas emitidas días atrás por dicha cartera, que ya se aplican en el Poder Judicial, están orientadas a reajustes en los contratos de alquileres que se aplican de acuerdo a la inflación, teletrabajo, uso de la tecnología con la firma digital que en el 2017 permitió suscribir 3.364.094 documentos; en lo que va de este año 2018 se registran 1.817.318. Es importante destacar que la institución no dispone de contratos de televisión por cable.

Así mismo se tomó la decisión de ajustar la subpartida de transporte y viáticos al exterior, actos protocolarios, suplencias, publicidad y propaganda, pago de horas extras, anualidades, disponibilidad, otros incentivos, alquiler de equipo de cómputo, servicios de telecomunicaciones, entre otros. Con estas medidas se logra un ahorro de 2.073.768.148 que es conforme con la contención del gasto solicitado por el Ministerio de Hacienda.

Adicionalmente, se analiza el plan de inversión judicial para el 2019, con el fin de lograr reducir el presupuesto para el año que viene. Las medidas se presentarán en los próximos días.

El presupuesto del Poder Judicial integra al ámbito jurisdiccional, administrativo así como al Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública y el programa de Protección de Víctimas y Testigos. Históricamente la ejecución presupuestaria institucional ha superado en promedio más del 95%, lo que refleja el esfuerzo de este Poder para maximizar los recursos públicos.

En la reunión realizada hoy martes participaron el Director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza Espinoza; Directora de la Defensa Pública, Diana Montero Montero; integrante del Consejo Superior, Carlos Montero Zúñiga; Directora Ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins; Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez; Directora a.i. de Gestión Humana, Roxana Arrieta Meléndez; el subdirector de Planificación Erick Mora Leiva; Directora del Despacho de la Presidencia de la Corte, Patricia Bonilla Rodríguez. A la Ministra de Hacienda la acompañaron los viceministros Rodolfo Cordero Vargas y Nogui Acosta Jaén.

Selección de magistraturas requiere transformación en transparencia e idoneidad

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Selección de magistraturas requiere transformación en transparencia e idoneidad

La necesidad de establecer un perfil del cargo de la magistratura, requisitos más rigurosos sobre preparación académica, idoneidad y experiencia, así como analizar aspectos relacionados con procesos de ampliación del nombramiento y requerimientos claros en casos de destitución fueron aspectos que se analizaron durante el Seminario Internacional organizado por el Poder Judicial.

La actividad se realiza en el marco de una iniciativa judicial de construir una propuesta de reforma para mejorar los procesos de designación de magistrados y magistradas.

Expertos nacionales expusieron sobre la evolución histórica del Poder Judicial y los cambios que ha presentado en cuanto a su integración y Gobierno Judicial.

Según explicó Manuel Solís Avendaño, Catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, a partir de los años noventa se emprenden cambios importantes para la selección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia a partir del establecimiento de la Comisión Permanente Especial de la Asamblea Legislativa, mediante una reforma al reglamento, manteniendo la potestad final del plenario legislativo.

‘Se introdujo con ello criterios calificativos para compensar la decisión política. A ello se suma una reforma constitucional del 2002-2003 que estableció los 38 votos para designar a magistrados y magistradas que fortalece su independencia’, explicó Solís Avendaño

A partir de estos años se comenzó a visualizar la necesidad de establecer un sistema de elección basado en criterios de idoneidad y se limitó la injerencia política.

Visualizar cambios trascendentales

Un segundo panel expuso sobre los aspectos positivos y negativos del modelo actual de selección.

Para Magally Hernández Rodríguez, Coordinadora de la Maestría de Derecho Público de la UCR y Letrada de la Sala Constitucional, surgen necesidades puntuales de normar el proceso de selección, valorar la posibilidad de que otros órganos políticos asuman esta competencia, el establecer más requisito para aspirar al cargo y valorar eliminar o limitar la reelección y que su condición de automática sea justificada. Además de establecer claramente en la constitución las causales de destitución y su procedimiento.

Hernández Rodríguez determinó que existen de fondo que deben tomarse en cuenta, como la discrecionalidad en la elección, la independencia e imparcialidad judicial, así como la transparencia que imponen reglas claras para cambiar la opacidad por la visibilidad, máxime que el nombramiento y el modelo de selección tienen una incidencia directa en el Estado de Derecho.

Para Alfredo Chirino Sanchez, Decano de la Faculta de Derecho de la UCR, se requiere cambios sustanciales directamente en las funciones que desarrolla la Comisión de Nombramientos del Congreso y la importancia de resolver la flexibilidad de los requisitos actuales para aspirar a estos cargos, que garantice un proceso más democrático, transparente y justo.

Jorge Vargas Cullel, Director del Estado de La Nación destacó que a partir del 2000, las designaciones fueron mayoritariamente por carrera judicial, más que por carácter político. Consideró necesario mantener la competencia de nombramiento en el Congreso, pero impulsar cambios en el sistema de elección con una reelección limitada, implantar las mismas condiciones para cargos propietarios como suplentes, una mayor calificación del método disciplinario y una revisión de los impedimentos e incompatibilidades.

Según expresó Constantino Urcuyo Catedrático de la UCR la designación de las magistraturas no pueden desligarse de la política y que el pluralismo es esencial para que funcione el sistema democrático.

Señaló que claramente el establecimiento de los 38 votos para la elección de este alto cargo judicial, dificulta que se de alguna irregularidad al requerirse más consensos para la decisión legislativa e impide la obediencia a un partido político. Consideró que sí deben existir filtros para las postulaciones y que se evalúen aspectos académicos, calidad y fondo de las sentencias, trayectoria pública personal y la relevancia de no designar personas que no hayan pasado por el filtro de la comisión.

Una forma diferente para conversar con la gente

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Una forma diferente para conversar con la gente

Promover acercamientos y obtener información de primera mano para buscar soluciones a las dificultades que enfrentan los despachos judiciales y la comunidad de Santa Cruz fue parte de la agenda que se desarrolló en el Consejo Ampliado realizado el 25 de mayo pasado.

La actividad la dirigió el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, acompañado por magistrados, integrantes del Consejo Superior así como jefaturas de las diferentes direcciones de la institución.

El magistrado Chinchilla Sandí manifestó la anuencia por solucionar las necesidades prioritarias que enfrentan actualmente en la medida que el presupuesto institucional lo permita.

Destacó que las remodelaciones que se realizaron en el edificio ya están finalizadas tras el embate de fenómenos naturales que causaron daños severos.

El Presidente del Consejo de Administración del Circuito, juez Edgar Jesús Leal Gómez expuso las principales peticiones y que forman parte de la agenda de trabajo que desarrollarán entre ellas: activar las jornadas de reflexión en valores institucionales, ampliación del edificio, vehículos 4 x 4 para la Oficina de Comunicaciones Judiciales y constituir a Santa Cruz como el tercer circuito judicial de la provincia de Guanacaste.

Otro aspecto que el juez Leal consideró prioritario fue adelantar el cronograma del proyecto Modelo Integral del Proceso Penal para que ésta jurisdicción inicie con mayor prontitud las acciones que agilicen los señalamientos a juicios.

En la actividad participaron personas facilitadoras judiciales de la zona de Tempate, Ostional, Marbella y Ortega, a quienes se les reconoció la labor que

llevan a cabo en sus comunidades en la solución de conflictos entre vecinos y así fortalecer la paz social.

En el encuentro el jerarca judicial juramentó a las personas integrantes del Consejo de Administración de Circuito.

Comunidad participa. Al finalizar el encuentro con personal judicial representantes de instituciones públicas y empresa privada y el cura párroco de Santa Cruz se sumaron a la actividad. Se abrió un espacio para que expusieran sus requerimientos.

Una de las principales preocupaciones que externaron y fueron coincidentes, es en relación con el aumento de la criminalidad en las diferentes comunidades. Por ello urgieron de mayor presencia policial principalmente en las áreas de la costa.

Las autoridades judiciales también visitaron despachos judiciales de Liberia en los que se entregó material de la campaña “Yo también soy Poder Judicial”.

Posteriormente se visitó el Juzgado Contravencional de Carrillo con el fin de inspeccionar el avance de las obras de remodelación pues el inmueble resultó con daños estructurales que urge reparar antes de la época de lluvia.

Se aprovechó la visita para que la Asociación Solidarista de Empleados Judiciales (ASOSEJUD) entregará a cinco compañeras judiciales electrodomésticos, ellas sufrieron pérdidas de mobiliario por el embate de la tormenta Nate el año anterior.

Analizarán los modelos de elección de magistraturas

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Analizarán los modelos de elección de magistraturas

Fecha: 6 de junio de 2018
Hora: 8:30 p.m.
Lugar: Auditorio de la Facultad de Derecho de la UCR

Profundizar en la experiencia costarricense e internacional en materia de elección de magistrados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es el tema que se desarrollará en el Seminario-Taller Internacional “Criterios para la Selección de Personas a ocupar las Magistraturas de la Corte Suprema de Justicia”.

Especialistas nacionales y extranjeros ahondarán en temas como los niveles de organización y gestión de la Corte Suprema de Justicia en la Historia del Poder Judicial de Costa Rica.

Los aspectos positivos y negativos del modelo actual de selección de magistrados en Costa Rica, será uno de los temas a desarrollar.

Se profundizará en las experiencias internacionales en la selección de los máximos cargos de las Altas Cortes, con representantes de Alemania, Bolivia, Guatemala, Perú, Colombia, Estados Unidos y Argentina.

El enfoque comprenderá el estudio de las prácticas de selección que favorecen o desfavorecen la independencia judicial, la transparencia en la administración de justicia y la idoneidad técnica y ética.

La actividad académica y abierta al público se realizará el próximo miércoles 6 de junio, a partir de las 8:30 a.m., en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Este es un evento que desarrolla el Poder Judicial con la colaboración de la Asociación Konrad Adenauer Stiftung, la Fundación para el Debido Proceso, la Facultad de Derecho, el Programa de Postgrado en Derecho y el Programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de Costa Rica.