El pasado lunes 13 de marzo, inició en la Escuela Judicial, el proceso de capacitación para personas juzgadoras y letradas de las Salas Primera y Segunda de la Corte Suprema de Justicia, así como a personal de la Procuraduría General de la República sobre la Reforma Procesal Civil.

Dicho proceso de formación, se desarrolla desde el año anterior bajo la coordinación de la Comisión de la Jurisdicción Civil, la cual identifica los ejes temáticos que lo orientan y que se ha desarrollado de una manera sistemática y metódica, bajo los estándares más ambiciosos que ha fijado la Escuela Judicial para sus procesos académicos.

Durante el primer día de capacitación, el Magistrado de la Sala Primera de la Corte, William Molinari Vílchez, realizó una exposición por las diferentes áreas en las que se trabaja, en aras de hacer exitoso este proceso de transición, además de acercar al primer grupo de participantes a la labor realizada por la Comisión en la implementación del nuevo Código Procesal Civil.

En esta oportunidad participan Guillermo Guilá Alvarado, Juan Carlos Meoño Nimo, Laura León Orozco e Ian Berrocal Azofeifa, quienes integran el grupo de facilitadores y facilitadoras y que se desempeñan como personas juzgadoras.

Por su parte, la directora de la Escuela Judicial, Ileana Guillén Rodríguez, ratificó el compromiso de todo el personal que lidera, para llevar a buen puerto este proceso.

El Tribunal de la Inspección Judicial del Poder Judicial reactivó la labor preventiva de visitas de despachos judiciales, dentro del plan para el reforzamiento de su función disciplinaria.

El trabajo forma parte de la política anticorrupción que impulsó la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, desde el inicio de su gestión.  

El objetivo es mejorar la capacidad de acción del órgano disciplinario judicial, al retomar su presencia en los despachos judiciales, no con un fin represivo, sino preventivo.  

Las visitas las realizan inspectores especializados y los despachos se eligen bajo criterios de urgencia y necesidades. También se toma el aspecto territorial, con el fin de cubrir todas las zonas del país, así como por antecedentes o circunstancias particulares que se presenten.   Durante el 2016, el programa preventivo llevó a la Inspección Judicial a desplazarse a 95 despachos en todo el país. 

De los cuales se atendieron 21 en San José y Alajuela, 16 en Cartago, 12 en Puntarenas, 10 en Heredia, 9 en Guanacaste y 7 en Limón.  

El plan de visitas permite realizar seguimientos para verificar el cumplimiento de recomendaciones, que permitan superar los puntos deficitarios encontrados, en coordinación con el Consejo Superior.  

Un equipo de la Inspección Judicial también integra las giras establecidas por la Presidencia de la Corte, en las que imparte capacitación a los jefes de despacho e integrantes de los Consejos de Administración, quienes tienen a cargo la instrucción y resolución de aquellas faltas disciplinarias cuyas sanciones alcancen hasta 15 días de suspensión sin goce de salario.

Cumpliendo con la política  del Poder Judicial sobre las "Reglas Prácticas para facilitar el acceso a la justicia de las poblaciones indígenas", el Tribunal de Apelación de la Sentencia de Cartago realizó por primera vez una audiencia oral en la localidad de San Rafael de Cabagra, en Buenos Aires.

Los operadores de la justicia buscaron tener un contacto directo con las personas que forman parte del proceso judicial,  al realizar esta vista en el salón comunal de la zona, en la cual participó el Consejo de Mayores de esta población indígena.

El Tribunal estuvo integrado por los jueces Giovanni Mena Artavia, Douglas Iván Rivera Rodríguez y Christian Fernández Mora.

Según mencionó el juez Christian Fernández el objetivo es cumplir con lo dispuesto por el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de 1989, que en su artículo 8, establece que "Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario", y en su artículo 10 se señala que: "Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales".

“La decisión de que este Tribunal se trasladara hasta dicha comunidad indígena responde a lo dispuesto por la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional, mediante voto número 2015-014906 de setiembre del 2015, donde reconoció el derecho que tienen las personas pertenecientes a poblaciones indígenas a que se garantice la atención "in situ" de los conflictos judiciales donde se encuentren involucradas personas indígenas”.

La audiencia la solicitó la Defensa Pública para escuchar los argumentos de las partes, en relación con una impugnación planteada por el Ministerio Público en una causa penal seguida por el delito de violación agravada, en donde tanto el imputado como la víctima son personas indígenas y cuyo conflicto se dirime ante los Tribunales de Justicia.

La vista se realizó el pasado 7 de marzo, en la cual compareció el imputado, representado por Roberto Madrigal Zamora, en su condición de Defensor Público y gestionante de la audiencia, además intervinieron Julián Martínez Madríz, como representante de la Fiscalía Adjunta de Impugnaciones del Ministerio Público y la Víctima.

Se contó con la colaboración de personal de Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial para brindar la seguridad y correcta realización de la diligencia.
 

La política  del Poder Judicial sobre las "Reglas Prácticas para facilitar el acceso a la justicia de las poblaciones indígenas" la aprobó por el Consejo Superior en octubre de 2008, y se reiteró mediante circular 10-09 de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.