Maximizar la efectividad de los juzgados y tribunales que atienden la materia penal en todo el país, así como la celeridad y calidad en las resoluciones, es el rumbo que marca el Proyecto de Estandarización de los procesos para el señalamiento de las agendas, que impulsa la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. 

Este miércoles 30 de agosto se visitó los Tribunales del Segundo Circuito Judicial de San José, sede Goicoechea.

El proyecto es liderado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí y forma parte de las acciones contenidas en su Plan de Gobierno Judicial.  Además cuenta con un equipo de trabajo para su implementación, a cargo de las juezas Francini Quesada Salas, Mercedes Muñoz Campos y la asesora de la Presidencia, Patricia Bonilla Rodríguez, con el acompañamiento técnico de la Dirección de Planificación.

A la reunión asistieron los jueces y juezas del Tribunal Penal, Tribunal de Apelación, Tribunal de Flagrancia y del Juzgado Penal de San José.

Mediante un estudio de las condiciones y necesidades de cada despacho penal, se emprende un plan de buenas prácticas, para comenzar el proyecto en la Jurisdicción Penal del país.

“El objetivo que persigue la Presidencia de la Corte con este proyecto, es garantizar una forma de trabajo homogénea en todos los despachos del país, mediante acciones en la parte administrativa y que éstas impacten en el circulante los Tribunales Penales, garantizando la independencia de las juezas y los jueces”, destacó Francini Quesada Salas.

La jueza señaló que se pretende impulsar la efectividad del trabajo judicial desde la distribución de las cargas de trabajo, la definición de las agendas de señalamiento de audiencias; así como la medición de los niveles de resolución a partir de indicadores concretos.

Dentro de este proceso, se propone a los despachos penales, el establecimiento de un Consejo de Jueces, liderado por el Juez Coordinador para definir los parámetros de señalamiento y la atención de casos excepcionales, como los asuntos sobre delitos sexuales.

Otras buenas prácticas son los señalamientos de una audiencia, para los juicios donde se reciban menos de cuatro testigos; la actualización del domicilio de las partes involucradas en un expediente, para asegurar su ubicación de previo a que se señale un juicio, así como llevar un control de las causas puntuales de la suspensión de las audiencias, las cuales deben contar con la autorización del juez coordinador.

Las expectativas de la Presidencia de la Corte es que durante el tiempo de implementación del proyecto, la Jurisdicción Penal trabaje con circulantes al día, que les permita establecer señalamientos a más tardar seis meses después del ingreso de un expediente, para los tribunales con mayor volumen de trabajo.

La Presidenta de la Sala de Casación Penal y Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Doris Arias Madrigal, participó la mañana de este lunes 28 de agosto, de una audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con el caso IDH 12820 Manfred Amrheim y otros.

Además de la magistrada Arias Madrigal y en representación del Estado participaron la Embajadora, Gioconda Ubeda Rivera, Coordinadora General de la defensa, así como la Directora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Eugenia María Gutiérrez Ruiz, quienes presentarán las conclusiones finales sobre el caso.  De igual manera, 15 abogados y abogadas constituyen el Equipo Interinstitucional creado para la defensa por parte del Estado, en un caso de trascendencia para la institucionalidad costarricense en cuanto al Sistema de Justicia Penal y el Sistema Penitenciario.

El caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional de Costa Rica por la inexistencia de un recurso que permitiera obtener una revisión amplia de las condenas penales impuestas a diecisiete personas; el cual se alega que, conforme al marco procesal penal vigente al momento de las referidas condenas, el curso existente habría sido el recurso de casación que se habría encontrado limitado a cuestiones de derecho, excluyendo la posibilidad de revisión de cuestiones de hecho y prueba.

También se alega sobre las dos reformas legislativas adoptadas por el Estado con posterioridad a dichas sentencias que tampoco habrían permitido garantizar el derecho a recurrir el fallo de las presuntas víctimas, en tanto los mecanismos ofrecidos para las personas con condena en firme antes de dichas reformas, habrían adolecido de las mismas limitaciones; asimismo, respecto algunas presuntas víctimas, que alegan que el Estado vulneró el derecho a las garantías judiciales en en el marco de los procesos penales en su contra, el derecho a la libertad personal por la duración no razonable de la detención preventiva y el derecho a la integridad personal por las malas condiciones de detención en el centro penitenciario donde estuvieron recluidas.

En esta audiencia pública participaron los jueces que integran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes de las diecisiete presuntas víctimas que reclaman la no garantía del Estado al derecho de revisión integral del fallo, que se conoce como el derecho a la doble instancia.

La audiencia se realizó en las instalaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por parte del Poder Judicial se contó también con la asistencia del letrado Carlos Jiménez González y la Fiscala Greysa Barrientos Núñez.

Los procedimientos actuales, evolución y el desarrollo a futuro de la Patología Forense, son temas que se analizaron durante las XXXI Jornadas Costarricenses de Medicina Legal denominadas “La Patología Forense al servicio de la Sociedad”, que se desarrollaron del 25 al 27 de agosto.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, participó durante el acto de inauguración, junto al Subdirector del Organismo de Investigación Judicial, Gerald Campos Valverde; la Subdirectora de la Escuela Judicial, Kattia Escalante Barboza; el Jefe en ejercicio del Departamento de Medicina Legal, Franz Vega Zúñiga y el Presidente de la ASOCOMEL, Maikel  Vargas Sanabria.

Chinchilla Sandí destacó la relevancia del Congreso, por su interés de ampliar las habilidades en las mejores técnicas y ciencias, que permitan, de forma sensible, atender los requerimientos del Sistema Penal, a partir de la actividad científica legal y forense.

“Procuramos brindar un respaldo de calidad desde el trabajo científico, a las solicitudes y actividades que desempeña el Ministerio Público y la Judicatura y en aquellos asuntos que tienen en conocimiento los Tribunales de Justicia.  De ahí la importancia para la sociedad costarricense, del quehacer de la Medicina Legal y Patología Forense”,  afirmó Carlos Chinchilla.

Para el máximo jerarca judicial “la credibilidad que tienen los dictámenes periciales que resultan de la medicatura forense, logran marcar la dirección de una correcta investigación”.

Entre los temas que se analizaron durante estos tres días están el desarrollo histórico de la Sección de Patología Forense, la experiencia y futuro del Departamento de Medicina Legal en Desastres Masivos, temas puntuales sobre Odontología Forense, Antropología Forense, Autopsia Psicológica y Necroradiología.

También profundizaron en género y patología forense, reconstrucción de los hechos, autopsia molecular,  requerimientos Básicos para la Acreditación de Servicios de Patología Forense y proyección futura de la Sección de Patología Forense del Departamento de Medicina Legal, entre otros.

El establecimiento de prioridades y el avance de los proyectos que integran el Plan de Gobierno Judicial que trazó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, fue el eje central de la reunión de este miércoles 23 de agosto, con las jefaturas administrativas judiciales.

“Pretendemos analizar desde el ámbito de cada una de las direcciones administrativas del Poder Judicial, el trabajo que se emprende para poner en ejecución el planteamiento de la agenda de trabajo durante estos cuatro años en la dirección de la Presidencia de la Corte y con ello asumimos el compromiso por mejorar y fortalecer la administración de justicia”,  destacó el Presidente de la Corte.

A tres meses de asumir su cargo, Chinchilla Sandí señaló la importancia de establecer planteamientos claros y el seguimiento respectivo a los proyectos prioritarios para la institución, desde las competencias de las diversas direcciones administrativas.

Durante la sesión de trabajo, la Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez, hizo una exposición detallada de las labores a su cargo, en temas puntuales como la revisión de  estructuras organizacionales en el Poder Judicial, la incorporación de mejoras al proyecto de rediseño de procesos en los diferentes circuitos judiciales, que incluye la participación ciudadana,  la homologación y estandarización de los procesos, como iniciativa de la Presidencia.

Expuso las acciones tendientes a mejorar la imagen institucional a partir del acceso a la información pública, como la publicación en línea de informes de labores, planes anuales operativos, formulación presupuestaria, competencias territoriales, sistema georeferencial, estadísticas judiciales e indicadores de gestión por despacho.

También se profundizó en el trabajo que se realiza para ayudar a fortalecer el conocimiento del “Plan de sostenibilidad de los despachos judiciales”,  el cual impulsa el  fortalecimiento de los Consejos de Administración en el conocimiento de indicadores de gestión de las oficinas judiciales.

Además, se plantea la propuesta para desarrollar e implementar el Modelo Penal a nivel nacional, la propuesta para emprender el trabajo institucional a partir del modelo de administración de proyectos, con el uso de herramientas tecnológicas de seguimiento.

Se valora también la propuesta de una nueva estructura presupuestaria para darle mayor flexibilidad a la ejecución y el establecimiento de los lineamientos para la construcción del Plan Estratégico Institucional 2019-2024.

En la reunión, se contó con la participación de representantes de la Dirección Ejecutiva, Dirección de Planificación, Dirección de Gestión Humana, Dirección de Tecnología de la Información, Dirección Jurídica, Dirección del Despacho de la Presidencia, asesores y asesoras de la Presidencia y se contará con otras sesiones de trabajo para continuar organizando y priorizando la agenda de trabajo.