Para mejorar el servicio y la efectiva actualización del Sistema de Obligados al Pago de Pensión Alimentaria (SOAP), el Consejo Superior estableció mediante circulares internas, una serie de acciones para evitar inconvenientes a las personas usuarias, durante el trabajo de verificación de los impedimentos de salida del país.

En el acuerdo tomado el pasado 22 de setiembre del 2016 las y los integrantes del Consejo Superior acordaron “…1) Reiterar el contenido de las circulares emitidas respecto a la obligación que tienen las personas servidoras en cuanto al debido registro, actualización y aprobación de la información que se incluye en el Sistema de Obligados al Pago de Pensión Alimentaria (SOAP”).

Otra de las acciones que se emprendieron fue señalar la responsabilidad  del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional de coordinar con la Dirección de Gestión Humana,  para que se remita a la Dirección de Migración y Extranjería, una lista completa y actualizada (nombres completos y números telefónicos) de las juezas y jueces del país que atienden materia de pensiones alimentarias, “…para que en caso de llegarse a presentar fuera de la jornada laboral un problema de identificación de las personas, éstos puedan ser localizados de manera inmediata y atienda las consultas”, detalló el acuerdo del órgano judicial administrativo.

De igual manera, se señaló la necesidad de que la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial coordine una reunión con la Dirección de Migración y Extranjería y Registro Judicial, para que se analice la problemática en la actualización del SOAP, se evalúen posibles alternativas y se defina un protocolo para atender situaciones inmediatas.

En la sesión del 29 de setiembre, el Consejo Superior también estableció lineamientos que definen acciones puntuales para las personas servidoras judiciales a cargo del manejo del SOAP.

“Señalar a las personas usuarias del SOAP que deben fortalecer el control interno en el proceso de registro, actualización y aprobación de la información.  Para ello, deben revisar, de manera exhaustiva, cada uno de los datos registrados para asegurarse que correspondan a la información que consta en el expediente”, indicó el Consejo Superior.

También hace una instancia a los jueces y juezas coordinadoras  que atienden la materia de pensiones alimentarias para que revisen y corrijan las inconsistencias que se registren en el sistema sobre impedimentos de salida.

La Dirección de Tecnología de la Información del Poder Judicial tendrá un plazo de tres meses para implementar mejoras; “…así como una consulta que estará a disposición de la ciudadanía tanto en la web como en la aplicación móvil del Poder Judicial (App) donde los interesados, digitando el número de cédula, puedan conocer si tienen o no impedimento de salida del país vigente.  En caso que sí tengan impedimento, se desplegará además, el número del expediente y el nombre del despacho que lo ordenó, observando las seguridades requeridas para que no sea factible extraer la información  de la base de datos en forma masiva”, puntualizó el acuerdo.

Se establece que la Dirección de Tecnología de la Información determinará los temas  sensibles y prioritarios en esta materia, que deberá comunicar al Consejo Superior, con una propuesta de mejora y abordaje.

La celebración de los 190 años de creación del Poder Judicial se destacó por el reconocimiento que se realizó a los y las funcionarias judiciales que han brindado su trabajo y dedicación en el servicio de administración de justicia por 20, 25 y 30 años. Además fue el momento propicio para realizar la premiación del Concurso de Buenas Prácticas en Participación Ciudadana.

“Mi admiración a quienes reciben un reconocimiento por su lealtad y compromiso.  Contar con un personal comprometido con los valores institucionales no es tarea fácil y ustedes demuestran que sí se puede trabajar con entrega, con mística y con respeto.  Quiero compartir con ustedes el orgullo de haber prestado servicios a esta grande y noble institución e invitarles a seguir liderando metas y buenas prácticas”, destacó la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge.

También resaltó la importancia de encaminar al Poder Judicial hacia una cultura de rendición de cuentas y de evaluación del desempeño, cumpliendo con lo que establece el artículo 11 de nuestra Constitución Política.

El certificado de reconocimiento por tiempo laborado se entregó a funcionarios y funcionarias judiciales de todo el país.

El Concurso de Buenas Prácticas en Participación Ciudadana otorgó el primer lugar a la Contraloría de Servicios de Corredores  con la buena práctica denominada “Programa de Televisión Nuestra Justicia”, y el segundo lugar a la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, con la buena práctica “Proyección social del OIJ”.

Se entregaron menciones honoríficas para las buena prácticas: “Dejando huella para la nueva generación”, de la Delegación Regional del OIJ de Limón; “Proceso de educación legal popular con niños, niñas y adolescentes de la comunidad de la Carpio respeto a la Ley 8720”, por parte de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito y “Jurisprudencia penal al alcance de la ciudadanía”, de la Sala de Casación Penal.

El magistrado y Presidente de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, Román Solís Zelaya, señaló la importancia de visibilizar aquellas prácticas y propuestas de participación ciudadana que se ejecuten por los distintos despachos  y oficinas judiciales, desde un trabajo conjunto entre la CONAMAJ y el Programa de Banco de Buenas Prácticas del Consejo Superior.

Solís Zelaya destacó que en esta edición especial del Concurso de Buenas Prácticas participaron “… funcionarias y funcionarios, quienes con gran sensibilidad social, mística y compromiso se han propuesto mejorar los servicios que brinda esta institución.  Acciones que promueven procesos de formación y sensibilización sobre estructura y funcionamiento del Poder Judicial, difusión  de información inclusiva, rendición de cuentas e incorporación de representantes de la sociedad civil en instancias administrativas de la institución, son algunos de los  ejemplos que visibilizan la concreción de la política de participación ciudadana”.

Para Milena Conejo Aguilar, integrante del Consejo Superior y Coordinadora del Programa de Buenas Prácticas, el concurso tuvo como objetivo motivar a la población judicial en el tema de participación ciudadana y también reconoció el empuje que la CONAMAJ ha dado al tema.

“Todas las oficinas que tuvieron iniciativas en participación ciudadana pudieron exponerlas,  fueron evaluadas de manera objetiva y ya forman parte del banco de buenas prácticas.  Estamos procurando cumplir con los requerimientos de la sociedad,  tenemos que hacerlo de una manera concreta y esta es una forma de hacerlo.  Estas prácticas demuestras que es posible y que estamos trabajando para incluir a la ciudadanía en la construcción del modelo de administración de justicia”, manifestó Conejo Aguilar.

El jurado del concurso estuvo integrado por Juan Carlos Chavarría,  Herrera, Director de la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa; Carlos León Ureña, Director de las Oficinas Regionales de la Defensoría de los Habitantes; Shirley Salas Montiel, Coordinadora del Foro  Ciudadano por la Justicia de Pococí; Robert García González, Auditor Interno del Poder Judicial y WaimánHin Herrera, Subdirectora de Gestión Humana del Poder Judicial.

Generar un espacio de discusión, reflexión y conocer sobre los criterios técnicos y las posiciones de las diferentes instituciones encargadas de los fondos de pensiones del país, fue el eje principal del foro realizado la mañana este lunes 26 de setiembre.

La actividad fue promovida por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial, en el marco de la discusión de las  reformas al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, presentada ante la Asamblea Legislativa.

El foro contó con la participación de losexpositores Álvaro Ramos Cháves, Superintendente de Pensiones; Pamela Jiménez Fontana, Investigadora del Programa Estado de la Nación; Esteban Bermúdez Aguilar, Jefe del Departamento Actuarial de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional y Juan Carlos Sebiani Serrano, Presidente de la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial como moderador.

“Para la Asociación de Profesionales del Poder Judicial es un gusto buscar y generar este tipo de foros, ya que nos permite contar con criterios válidos y científicos de información importante, con el fin de tomar las mejores decisiones”, señaló Sebiani Serrano.

“Me parece que este tipo de espacios es muy importante, ya que el Poder Judicial se ha caracterizado por procurar una reforma de tipo técnica y en este espacio tuvimos la oportunidad de conocer cómo funcionan otros sistemas de pensiones. Además se contó no solo con la jerarquía institucional, sino también con representantes de los gremios,  y ese es un aspecto relevante, para  que ellos también conozcan la realidad de las situaciones de los fondos y procuremos las mejores reformas o medidas para la salud del fondo de pensiones del Poder Judicial.”, indicó Carlos Montero Zúñiga, integrante del Consejo Superior.

Durante el encuentro, los panelistas se refirieron a temas de pensiones y jubilaciones tanto a nivel nacional como internacional, brindaron un enfoque sobre el tema de inversión de recursos y solvencia de los diferentes fondos. 

De igual manera, se conoció la posición de la SUPEN como órgano supervisor de pensiones; un informe sobre el marco general de la situación demográfica y fiscal del país, por parte del Estado de La Nación y la presentación de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, respecto a los estudios actuariales realizados en el territorio nacional.

Al final de las exposiciones se contó con un espacio para preguntas y respuestas.

Al encuentro asistieron magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, integrantes del Consejo Superior, Despacho de la Presidencia, Dirección Ejecutiva, representantes de los diferentes órganos gremiales del Poder Judicial, servidores y servidoras judiciales.

El foro fue trasmitido por streaming  gracias a los esfuerzos que realiza el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional.

Aquellos casos en flagrancia,  que reúnan los requisitos para la aplicación de la Justicia Restaurativa, se tramitan desde el pasado mes de mayo, bajo una forma distinta de hacer justicia, a partir de la restauración del daño causado a favor de la víctima y la aplicación de medidas alternas a la prisión, con la participación activa de todas las partes del proceso y la comunidad, desde las redes de apoyo.

La magistrada Doris Arias Madrigal, coordinadora del Programa de Justicia Restaurativa del Poder Judicial, destacó la labor emprendida en coordinación con la Comisión de Flagrancia, para iniciar un plan piloto en los circuitos judiciales de Heredia, Pérez Zeledón y Pococí.

El protocolo denominado “Proyecto de gestión de casos para juzgar los delitos  de flagrancia a través de justicia restaurativa”, contó con la aprobación del Consejo Superior y la Comisión Nacional de Flagrancias, integrada por: Lic. Francisco Fonseca, Dra. Doris Arias Madrigal, Lic. Rodolfo Solórzano.

“Se desarrolló una propuesta de protocolo de actuación específica  para cada región, por las condiciones  en las que funcionan los Tribunales de Flagrancia.  En el caso de Heredia y Pérez Zeledón, funcionan en horarios vespertinos, donde las audiencias restaurativas están a cargo de los equipos interdisciplinarios.  En Pococí, que funcionan con horario ordinario, son los jueces de flagrancia los que facilitan las reuniones”, destacó la magistrada Arias Madrigal.

La funcionaria judicial resaltó que este proceso se inició con los recursos existentes, mediante la ampliación de la atención de audiencias de los equipos psicosociales de Justicia Restaurativa, que funcionan en los tres circuitos judiciales.

Uno de los aspectos importantes a considerar, son las condiciones que deben cumplir los casos que se presenten para la aplicación de la Justicia Restaurativa en casos de Flagrancia.

“El perfil de casos se incorporó al protocolo que elaboramos y que contiene los delitos aprobados por el Ministerio Público, además de aspectos como que las personas sean primarias, algunos que se puedan detectar y abordar desde el Programa de Tratamiento de Drogas, donde el detonante del delito es el consumo”, explicó la magistrada.

Para el Vicepresidente de la Corte Suprema y de Justicia y Coordinador de la Comisión de Flagrancia, José Manuel Arroyo Gutiérrez, “…el Programa Nacional de Flagrancias surgió como una respuesta del Estado Democrático y con el respeto pleno de derechos para todos los intervinientes, ofreciendo una respuesta ágil, aplicable a ciertos procesos penales de sencilla tramitación, donde se detenía al imputado en el momento de la comisión de los hechos, inmediatamente después o cuando tuviera objetos o rastros que hagan presumir su participación en un delito y a cumplido a cabalidad con las expectativas”.

Arroyo Gutiérrez, explicó que en los procedimientos expeditos para los delitos en flagrancia, también se puede lograr la solución de conflicto a través de institutos como la conciliación y suspensión del proceso a prueba, entre otros.

“En aquellos casos donde exista la posibilidad de restaurar el daño causado, las ventajas derivadas de la Justicia Restaurativa deben ser aprovechadas y esperamos que sus métodos y principios orientadores, brinden, no sólo, la plena satisfacción a la víctima, sino una oportunidad al imputado a través de un alto control y apoyo”, afirmó el magistrado José Manuel Arroyo.

En los asuntos donde no se concrete un acuerdo entre partes, se remite nuevamente el expediente al Tribunal de Flagrancia, para que continúe con la audiencia inicial y el juicio.

“Este plan comprende un trabajo articulado entre Justicia Restaurativa y los Tribunales de Flagrancia.  Buscamos dar un abordaje más integral desde la raíz del conflicto y tratar de darle una solución mediante una resolución integral”,  destacó la magistrada Arias Madrigal.

El seguimiento a los planes reparadores han marcado el éxito de la Justicia Restaurativa, que desde su creación registra un 96% de cumplimiento por parte de las personas imputadas y ésta labor es la que se pretende llevar en este ámbito de lo penal.

Los resultados de la propuesta permitirán la expansión en el I, II  y III Circuito Judicial de San José.