El Poder Judicial puso en marcha un proyecto novedoso en la modernización de la administración de justicia, dirigido a personas víctimas de violencia.

La Plataforma Integral de Servicios de Atención a Víctimas (PISAV), es un modelo que implica un conjunto de acciones y medidas interdisciplinarias de carácter intersectorial, el cual aborda de manera integral la atención, protección y seguimiento a las personas usuarias víctimas de violencia.

Este proyecto nació como plan piloto en función del marco de la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana y fue impulsado por la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

En la actualidad, es considerado un proyecto de interés institucional, cuyo objetivo pretende minimizar el impacto emocional, personal y del entorno que sufren las víctimas del delito.

La PISAV integra en un solo lugar o espacio físico los despachos del Poder Judicial tales como el Juzgado de Violencia Doméstica, Juzgado de Pensiones Alimentarias, Fiscalía, Defensa Pública, Departamento de Trabajo Social y Psicología y la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, con la finalidad de que la persona ofendida reciba una atención integral no fraccionada y no tenga que desplazarse a varios lugares para sus trámites.

Se cuenta con este modelo de atención especializado en las comunidades de Pavas, Tres Ríos y próximamente será extendido en el cantón de San Joaquín de Flores y Siquirres.

En distintos escenarios nacionales e internacionales, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge ha sido enérgica en reafirmar la necesidad de propiciar esfuerzos para el reconocimiento de los derechos orientados a las personas víctimas del delito.

Así lo ha reiterado la magistrada Villanueva a lo largo de su gestión, como máxima jerarca del Poder Judicial, entre ellas en la Carta Iberoamericana de los Derechos de las Víctimas, presentado ante los países integrantes de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

La necesidad de contar con reformas de los sistemas procesales penales de América Latina, en el Siglo XXI, enfocadas en una política de persecución penal que considera a la víctima y sus derechos, las condiciones de vulnerabilidad que afectan a poblaciones específicas, la identificación de acciones preventivas para disminuir la revictimización, la asistencia de la víctima y su tratamiento interinstitucional e interdisciplinario, ha sido parte de su principal mensaje en esta temática. 

Esta iniciativa de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia es indispensable para el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas víctimas de delitos.