Los resultados puntuales del reciente estudio actuarial aplicado al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial evidenciaron que el régimen no será una carga para el Estado costarricense.
Así coincidieron Alvaro Ramos Chaves, Superintendente de Pensiones (SUPEN) y Luis Guillermo Fernández Valverde, Actuario Matemático a cargo del estudio actuarial del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
Este martes 17 de setiembre 2019 se presentaron los resultados del último estudio actuarial del Fondo del Poder Judicial, en una conferencia de prensa en la que participó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro; el Superintendente de Pensiones (SUPEN) Alvaro Ramos Chaves; Luis Guillermo Fernández Valverde actuario de la empresa Proveedor Integral de Precios Centroamérica S.A. (PIPCA) y Juan Carlos Sebiani Serrano, en representación de los gremios sindicales de este Poder de la República.
“El resultado de este estudio actuarial muestra una mejora sustancial en el déficit que presentaba el régimen antes de la reforma, disminuyendo en ¢5,75 billones. La reducción en un plazo corto es evidente. Somos conscientes que la reforma era necesaria y que significó un esfuerzo de todas las personas activa, jubiladas y pensionadas”, señaló el Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro.
“Hay un déficit hoy y es manejable con la toma de decisiones y una administración prudente de los dineros de todos los afiliados al Fondo del Poder Judicial. Sí pueden salir adelante. Hoy puedo decirle a los empleados judiciales que sí van a tener pensión, cuiden la plata. El fondo de ustedes ahora sí tiene futuro. Las razones por las que el fondo no es una carga directa para el Estado, es porque se recargó en las futuras generaciones del Poder Judicial”, afirmó el jerarca de la SUPEN, Alvaro Ramos.
La presentación del informe estuvo a cargo del actuario Luis Guillermo Fernández, quien destacó que las reformas que se implementaron a partir de mayo del 2018 sanearon sus finanzas, disminuyendo el déficit en ¢5,75 billones, ya que pasó de ¢6,37 billones en el 2015, a ¢0,62 billones, según este nuevo informe.
“El impacto actuarial sustancial de la reforma fue bastante importante ante los resultados obtenidos en este estudio y entre las recomendaciones que señalamos está la pronta instalación de la Junta Administradora y mejoras en las inversiones”, señaló Fernández Valverde, actuario matemático.
Entre las principales recomendaciones que propone la evaluación está mejorar aún más la administración de las inversiones, valorando realizar operaciones en mercados internacionales y el otorgamiento de líneas de crédito a la población judicial. Las propuestas de mejora no contemplan aumentos en los aportes, en la edad de retiro, ni reducir el porcentaje de asignación.
El estudio concluye recomendando que se continúe con la implementación de acciones para alcanzar la estabilidad plena del régimen, a través de la integración de la Junta Administradora que asumirá la gestión del Fondo a partir del mes de noviembre 2019.
Para el representante del sector gremial, Juan Carlos Sebiani Serrano, “…vemos frutos en este estudio actuarial y mejoras en las que se tienen que trabajar, como las inversiones. Es importante reinvertir recursos en la población judicial, ya sea en créditos personales. Si logramos dar créditos a la población judicial con tasas competitivas, la población judicial está ganando en liquidez”.
El estudio evaluó la situación del Fondo al 31 de diciembre de 2018 y se realizó en apego a la normativa que sobre éstos dicta la SUPEN.
Actualmente el Fondo Judicial registra un total de 18.093 personas cotizantes, de las cuales 13.940 corresponde a personal activo y 4.153 personas jubiladas y pensionadas. Toda la población judicial aporta mensualmente un 13.5 % de contribución al Fondo, respecto de sus salarios o jubilaciones y pensiones.
Las reformas al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, emprendidas en el 2018, contribuyeron a mantener y garantizar la estabilidad del régimen jubilatorio de este Poder de la República al que cotizan servidores activos y retirados, sin distingo de puesto.
El próximo Estudio Actuarial que se realice al Fondo del Poder Judicial deberá presentarse durante los primeros tres meses del 2020.
