El impulso de una política penal común contra la ciberdelincuencia, que propone la cooperación internacional entre los países firmantes, es una realidad con la publicación oficial en el Diario La Gaceta, de la Ley Adhesión al Convenio sobre Ciberdelincuencia.

El convenio surge como una iniciativa para combatir el posible uso de las redes informáticas y la información electrónica para cometer delitos y que las pruebas relativas a dichos delitos sean almacenadas y trasmitidas por medio de esas redes.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, destacó la relevancia de que nuestro país suscriba esta norma internacional, que viene a fortalecer los avances costarricenses en materia de normas legales contra la ciberdelincuencia.

“Con la publicación del  “Convenio sobre la Ciberdelincuencia”, mejor conocido como “Convenio de Budapest”,  las autoridades judiciales contamos, a partir de esta fecha, con un instrumento necesario para la lucha contra la cibercriminalidad. Hemos visto el incremento de estas actividades delictivas, recientemente las noticias nos han informado sobre la propagación de programas maliciosos, tal como el “WannaCry” y “Petya”, así como, la cantidad de allanamientos que han realizado nuestras autoridades, donde se ha encontrado material con pornografía infantil, entre otras muchas otras conductas, que permiten conocer la gravedad de esta clase de delitos, los cuáles sin duda, seguirán en aumento, haciendo cada vez más difícil su investigación.  Es por lo que celebro que contemos con este Convenio, que nos dará una mayor cooperación jurídica internacional, facilitando el resguardo, obtención y conservación de la prueba, entre muchos otros beneficios”.

El convenio de Budapest es el primer instrumento multinacional diseñado para combatir los delitos informáticos y busca unificar los criterios relativos a la cooperación internacional, cuando se está ante la investigación de un delito informático.

Dos tipos penales que incluye el Convenio de Budapest no tienen regulación penal en el país y son la falsificación informática y responsabilidad de las personas jurídicas.

También incluye tipos penales como estafa informática, delitos relacionados con la pornografía infantil, con las infracciones de la propiedad intelectual, tentativa y complicidad, entre otros.

El Convenio de Budapest fue firmado el 23 de noviembre de 2001 por 42 de los 47 países que integran el Consejo de Europa y entró en vigencia el 1 de julio del 2004.

Para garantizar la protección de la intimidad de las personas, el Poder Judicial implementó mejoras en la consulta en línea de los impedimentos de salida del país.  A través de un usuario y contraseña, las personas desde la página web de la institución pueden tener acceso a esta información.

Con el usuario y la clave, o la firma digital cualquier persona interesada en realizar esta consulta, puede dirigirse al juzgado de pensiones alimentarias más cercano y hacer la solicitud para el ingreso al sistema de consulta.

Mediante circular interna, los despachos judiciales tienen la directriz de asignar el acceso electrónico a todas las personas usuarias que lo soliciten, aunque no formen parte de un caso o expediente judicial.

“El trámite para la solicitud del usuario y contraseña es sencillo y todos los despachos judiciales pueden tramitarlo.  Con ello se garantiza que la consulta sea personal y se resguardan los datos personales y la intimidad de la población”,  explicó Carmen Quesada Chacón, Jefa del Área de Sistemas de la Dirección de Tecnología del Poder Judicial.

Igualmente, con la herramienta de la firma digital, las personas ingresan directamente a la consulta, pues es un documento que valida a la persona que le interesa conocer si tiene algún impedimento.

En la página electrónica del Poder Judicial www.poder-judicial.go.cr, encontrará un ícono con el título impedimento de salida, que le  lleva a un enlace en el cual el usuario debe ingresar su usuario y contraseña para poder consultar esta información.  También se puede ingresar por el Sistema de Gestión en Línea.

En caso de tener impedimento de salida, se le despliega el número de expediente, la oficina en la que se tramita la causa, el número telefónico para contactar el despacho.

Si la persona no tiene impedimento, el sistema únicamente despliega un mensaje indicándolo.

Las mejoras emprendidas atienden a la resolución de la Sala Constitucional, que señaló la obligación de resguardar la intimidad de las personas, al habilitarse este sistema de consulta.

Ejes de trabajo de gobierno judicial, reformas legales  prioritarias, seguridad ciudadana y situación del régimen jubilatorio judicial  fue la agenda que expuso el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, durante la reunión de Supremos Poderes.

En el encuentro participaron el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, el Presidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí, el Presidente de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez Zamora y el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado González. El encuentro se realizó hoy en Casa Presidencial.

En materia de seguridad, los Supremos Poderes coincidieron en la necesidad de aprobar el proyecto de ley de extinción de dominio, para un combate directo contra el crimen organizado.

El máximo jerarca del Poder Judicial, Carlos Chinchilla Sandí, explicó que “…la normativa no se dirige sobre montos pequeños, porque cuenta con un principio de priorización, que garantiza que se va a seguir los procesos en una materia autónoma a lo penal, sobre capitales especialmente importantes y que no tengan justificación alguna en nuestra legislación.  La Sala Constitucional en el 2015, por medio de su voto 18 946, analizó las propuestas que identifican esta normativa y dijo que la iniciativa tenía rango constitucional y que no violentaba derechos fundamentales”.

Chinchilla Sandí resaltó otros proyectos de interés judicial en los que ya trabaja el despacho de la Presidencia de la Corte, en el tema de justicia pronta y cumplida.  

“Hoy día estamos iniciando una labor con mi despacho, para ubicar los expedientes más antiguos que se tienen en el país. Estamos dirigiendo una nota a las Contralorías de Servicios y solicitamos un informe a los jueces y juezas a cargo de esos expedientes para que brinden el detalle del retardo existente. También tenemos la posibilidad de aprobar un proyecto de ley, denominado justicia pronta y cumplida, que pretende que los tiempos de duración en los procesos penales, que hoy desde el inicio a la apelación están tardando entre 6 y 7 años y la idea es reducir ese tiempo, con una nueva normativa, a once meses, respetando los derechos y garantías de todas la partes", indicó el jerarca judicial.

Hizo énfasis en la importancia de la aprobación de proyectos de ley como la creación de la Jurisdicción Especializada contra Crimen Organizado. Además de las reformas procesales que se encuentran avanzadas en la corriente legislativa que agilizarán los procesos de Derecho de Familia y Derecho Agrario y en la necesidad que se establezcan plazos de vacancia razonables, que permitan a la institución prepararse para su implementación. 

El magistrado Chinchilla Sandí señaló que durante su gestión, el trabajo se enfocará en el mejoramiento de la gestión de los despachos judiciales en aspectos puntuales como la reingeniería, simplificación y estandarización de los procesos, el impulso de la rendición de cuentas y evaluación del desempeño en todos los ámbitos judiciales.

Señaló que en relación con el presupuesto 2018 se aplicaron cerca de 116 directrices de contención del gasto, con el fin de garantizar el efectivo funcionamiento de los servicios judiciales en todo el país.

Chinchilla Sandí reiteró el respeto de la Corte a las decisiones que tome el Congreso, sobre la reforma al Fondo de Jubilaciones y Pensiones y el interés porque las reformas garanticen la fortaleza y sostenibilidad de éste.  Indicó que a finales de junio, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE), entregue el último producto del estudio actual sobre el régimen jubilatorio y confían que las decisiones tomen en consideración los criterios técnicos que garanticen la sostenibilidad del régimen a largo plazo.