- Incremento es de apenas 0,2% respecto al 2025
- Monto contempla requerimientos mínimos para operar
En estricto apego a las disposiciones y límites establecidos por el Ministerio de Hacienda, y sin creación de plazas nuevas, el Poder Judicial presentó este martes ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa su propuesta presupuestaria para el ejercicio económico 2026.
El presupuesto asciende a ₡532.837 millones, lo que representa tan solo un incremento del 0,2% en comparación con el 2025, y equivale únicamente al 4,16% del presupuesto nacional de la República.
Este planteamiento presupuestario, alineado con el principio de austeridad, contempla los requerimientos indispensables para el funcionamiento institucional. No obstante, quedan fuera del financiamiento importantes necesidades operativas, como el reforzamiento de cuerpos de seguridad, el fortalecimiento de despachos judiciales en zonas alejadas y la atención especializada para poblaciones indígenas, por ejemplo.
Durante su exposición ante la Comisión, el Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, reafirmó el compromiso institucional con la eficiencia y la mejora continua, incluso en escenarios de restricción económica.
“Somos un Poder Judicial autocrítico, que procura el cambio, la adaptación y la búsqueda de soluciones para una justicia más rápida y efectiva. Los resultados de estos esfuerzos ya están dando frutos”, señaló Aguirre Gómez.
Avances institucionales destacadas
A pesar de las limitaciones presupuestarias, el Poder Judicial ha mostrado importantes avances en materia de gestión:
- Reducción de expedientes activos: 113.386 menos en los últimos 4 años, lo que representa una disminución del 14,23%.
- Incremento en la productividad: de 537.727 expedientes resueltos en 2021 a 578.703 en 2024, con un crecimiento del 7,43%.
- Atención efectiva: el 65,99% de los expedientes recibidos en 2024 ya fue atendido.
Necesidades sin contenido presupuestario (no se pueden implementar)
- Fortalecimiento de despachos penales 1.335 plazas requeridas | Costo estimado: ₡44.118 millones
- Implementación de reforma a Ley 7594 (prueba anticipada en delitos sexuales) 222 plazas requeridas | Costo estimado: ₡9.876 millones
- Plazas de custodios para oficinas del OIJ 105 plazas requeridas a nivel nacional | Costo estimado: ₡2.579 millones
- Creación de la Jurisdicción Especializada para Pueblos Indígenas 146 plazas requeridas | Costo estimado: ₡5.007 millones
- Reforzamiento de la Sala Constitucional 7 plazas requeridas | Costo estimado: ₡414,9 millones.
“Con recursos limitados, producto de las políticas de Hacienda, el Poder Judicial ha maximizado esfuerzos para disminuir el rezago, ser más eficientes y rápidos; y continuar combatiendo la inseguridad, desde nuestras potestades”.
Magistrado presidente de la Corte
Suprema de Justicia,
Orlando Aguirre Gómez.
“Pese a las restricciones presupuestarias existentes, el Ministerio Público realiza un esfuerzo sostenido para enfrentar el grave problema de seguridad que afecta al país, priorizando las investigaciones dirigidas contra los principales grupos criminales en las zonas de mayor conflictividad. Dichas acciones han permitido obtener resultados significativos y alcanzar condenas relevantes, sin descuidar la lucha constante contra la corrupción”.
Fiscal General de la República,
Carlo Díaz Sánchez.
“El año anterior, la Asamblea Legislativa aprobó una cantidad significativa de plazas para el OIJ y la Fiscalía; sin embargo, el Ministerio de Hacienda no procedió con su ejecución ni asignó los correspondientes códigos presupuestarios. Hago un respetuoso llamado a la Asamblea Legislativa para que, en el presente ejercicio presupuestario, reincorpore dichas plazas”.
Director del Organismo de Investigación Judicial,
Randall Zúñiga López.
“El presupuesto ha sido construido en equilibrio con los requerimientos y necesidades que posee el Poder Judicial. Desde la Defensa Pública, adquirimos el compromiso de invertir cada uno de estos recursos en la atención de las personas más vulnerables de este país”.
Director de la Defensa Pública,
Juan Carlos Pérez Murillo.
