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Jurisdicción de Familia cuenta con lineamientos para realizar audiencias orales virtuales

 

  • Corte Plena aprobó Protocolo que se aplicaría en los procesos de Familia, Violencia Doméstica, Pensiones Alimentaria, Niñez y Adolescencia.

Frente a la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios judiciales en materia de Familia, ante la emergencia sanitaria que vive el país por el COVI-19, resguardando la seguridad y salud de las personas usuarias y personal judiciales, Corte Plena aprobó el Protocolo para la realización de audiencias orales por medios tecnológicos, para la Jurisdicción de Familia.

El acuerdo se tomó este lunes 29 de junio de forma unánime.

De acuerdo con la magistrada Julia Varela Araya, coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción de Familia, la construcción de esta normativa contó con los aportes de un equipo interdisciplinario como la Comisión Interinstitucional de Violencia Doméstica, jueces y juezas de Familia, Pensiones Alimentarias y  Violencia Doméstica.

 “Esta propuesta visualiza las particularidades de la Jurisdicción.  Y se consideró a las poblaciones vulnerables que se atienden en estas materias.  Es una oportunidad que da la institución, con el compromiso de brindar a las personas usuarias la inducción que requieran para la efectividad de las audiencias por medios tecnológicos. Que sienta ese acompañamiento, el espirítu de servicio y humanización que debe prevalecer en todos los procesos” destacó la magistrada Varela Araya.

La directora de Planificación Nacira Valverde Bermúdez, expuso las acciones a corto, mediano y largo plazo referentes a la implementación de las herramientas tecnológicas de los despachos judiciales. la capacitación y asesoramiento del personal judicial de los despachos y la Defensa Pública.

La exposición del contenido estuvo a cargo del juez de familia y gestor de la Comisión de la Jurisdicción de Familia, Cristian  Martínez Hernández. 

Los lineamientos consideraron las particularidades de cada una de las materias que abarca el protocolo como lo son: Familia, Pensiones Alimentarias, Violencia Doméstica y Niñez y Adolescencia.

"El protocolo regula el uso de las herramientas tecnológicas, para dar continuidad al servicio público de los despachos judiciales, fomentar la realización de audiencias virtuales, garantizando la legitimidad y seguridad”, explicó el juez Martínez Hernández.

La audiencias orales por medios tecnológicas se podrían realizar en actos procesales de recepción de prueba, siempre que se garantice el contradictorio, la igualdad procesal y demás principios procesales de las distintas materias, en audiencias de conciliación, y audiencias de seguimiento en materia de violencia doméstica. Se recalca que no procede la conciliación en asuntos de violencia doméstica.

Para la realización de estos procesos virtuales se debe contar con el consentimiento de las partes y dentro de los requisitos es remitir todos los datos de contacto para garantizar la efectividad de las audiencias.

Todas las audiencias en estas materias serán privadas tal y como lo señalan las normas legales.

La audiencia en audio y video se realizarán a través del Sistema Microsoft Teams y se grabarán en el Sistema de Grabación de Audiencias Orales del Poder Judicial (SIGAO).

Para la atención de la brecha digital de las personas usuarias de esta jurisdicción, se coordina con la Dirección Ejecutiva,  y los despachos judiciales para el establecimiento de espacios para que las partes que así lo requieran puedan utilizarlas en este tipo de audiencias. Igualmente se puede proceder con la realización de audiencias mixtas, que significa que una de las partes puede estar presencialmente en el Juzgado y la otra de manera virtual.

Se establecen los deberes éticos tanto de las personas juzgadoras, como de las partes que integran los procesos.

Cuando se está en presencia de una persona usuaria en condición de vulnerabilidad, se tomarán las previsiones para la participación en la audiencia virtual, con forme a las políticas institucionales de accesibilidad.  La representación legal deberá informar de estos requerimientos, de previo a la audiencia, al despacho correspondiente.

Se garantiza el acceso al expediente electrónico a las partes y durante la audiencia virtual, la persona juzgadora lo compartirá en pantalla, en caso de que se requiera alguna consulta.

Los despachos tendrán a cargo la explicación y orientación sobre el uso de la herramienta tecnológica a las personas usuarias.

Nicoya demuestra efectividad en primera audiencia oral por medios tecnológicos

 

  • En Juzgado Civil y Laboral del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, Sede Nicoya.

 

Las partes del proceso manifestaron la anuencia para que la audiencia oral que programó el Juzgado Civil y Laboral del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, sede Nicoya, se llevara a cabo utilizando herramientas tecnológicas.

 Este fue uno de los elementos que marcó el éxito de la primera audiencia virtual que realizó el Juzgado, la cual estuvo bajo la coordinación de la jueza civil Elizabeth Fallas Espinoza.

 Las personas usuarias manifestaron la satisfacción porque el Poder Judicial brinde la opción de realizar las audiencias a través de medios tecnológicos, con lo cual no se requiere el traslado de las partes hasta los despachos judiciales, así lo destacó la jueza Fallas Espinoza.

 La audiencia se llevó siguiendo los lineamientos establecidos en el protocolo para la realización de audiencias civiles orales por medios tecnológicos, que aprobó Corte Plena.

Poder Judicial ratifica voluntad y compromiso con la contención presupuestaria

Poder Judicial ratifica voluntad y compromiso con la contención presupuestaria

Mantener la prestación de los servicios esenciales y ordinarios es una prioridad en el Poder Judicial frente al impacto que representa trabajar con un presupuesto ajustado desde el 2018.

El decrecimiento presupuestario debe distribuirse entre  los ámbitos Administrativo, Jurisdiccional y Auxiliar de Justicia, que involucra al Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública, obligando a la institución a priorizar sin posibilidad de asumir nuevas funciones y hacerle frente a obligaciones legales aprobadas por la Asamblea Legislativa.

Cumplimiento de directrices presupuestarias. En el 2019, el Poder Judicial brindó  servicios con el mismo presupuesto que se aprobó en el 2018,  aproximadamente con 474 mil millones de colones. Para este año 2020, dicho monto registró una disminución del 0,2% y bajó  a 472.677 millones colones. La propuesta  para el 2021 registra un 0,87% de recursos menos, es decir cerca de 468.793 millones de colones.

Esta disminución paulatina que se refleja en cada ejercicio económico es producto del cumplimiento de las directrices presupuestarias giradas por el Ministerio de Hacienda y la voluntad institucional de recortar el plan de gastos para, como Estado, hacerle frente a la crisis económica que vive  el país.   

Esta estrechez  presupuestaria la visibiliza el Tercer Informe del Estado de la Justicia, en el que se indica que  a partir del 2018, el presupuesto de este Poder de la República  inició un decrecimiento ante la situación fiscal del país, por lo que actualmente, el Poder Judicial tiene un margen mínimo para financiar nuevas competencias. Esta limitación fiscal dificulta la implementación y el seguimiento de leyes que aunque aprobadas, no se han desplegado en su totalidad. La mayoría de estas reformas legales afectan al ámbito jurisdiccional.

Ajuste en el presupuesto. Al recibir la solicitud del Ministerio de Hacienda para reducir el plan de gastos en ejecución, se realizó un análisis técnico para determinar el monto y las subpartidas que se podían reducir sin afectar  la operatividad institucional y consecuentemente el servicio público de  los órganos judiciales.

Es por ello que el estudio técnico de la institución, concluyó que la reducción y contención del gasto procedía por un monto de  ¢2.562.738.982,00, en los programas presupuestarios Administrativo, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial,  Defensa Pública, Servicios Jurisdiccionales y el Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos.

Tal y como se detalló en la sesión de Corte Plena del lunes 20 de julio 2020, el  Consejo Superior aprobó la  propuesta técnica, por el monto señalado.   Sin embargo sin consultar al Poder Judicialla cartera de Hacienda duplicó ese monto que no toma en consideración los compromisos a los que debe hacerle frente el Poder Judicial.

Además debe tenerse presente, que desde el 3 de abril 2020, el Poder Judicial aprobó  una modificación a su presupuesto mediante la cual se trasladaron recursos al Ministerio de Hacienda para atender la emergencia generada por el Covid-19. La suma trasladada fue de 1.700 millones de colones, conforme recursos aportados por Ministerio Público (136 millones), Defensa Pública (79 millones), Organismo de Investigación Judicial (1.000 millones) y ámbito administrativo (80 millones), entre otros.

Ambos rebajos parten de proyecciones y estudios,  a  diferencia de esta reducción adicional que fue tramitado de manera inconsulta por el Ministerio de Hacienda y sin rigor técnico, por lo que impactará el cumplimiento de las metas y objetivos trazados por el Poder Judicial para el actual  ejercicio presupuestario.

Oficinas judiciales registraron un 96,77% de cumplimiento de metas operativas

Oficinas judiciales registraron un 96,77% de cumplimiento de metas operativas

  •  Consejo Superior aprobó informe de la Dirección de Planificación sobre evaluación de Planes Anuales Operativos del 2019.

 

 La gestión de los despachos judiciales del país durante el 2019 alcanzó un nivel de cumplimiento de metas operativas de un 96,77%.  Así se desprende del informe N° 721-PLA-EV-2020 del 20 de mayo de 2020, del Proceso de Planeación y Evaluación de la Dirección de Planificación, el cual conoció y aprobó el Consejo Superior del Poder Judicial.

 Para el seguimiento de las labores operativas y su vinculación con el Plan Estratégico Institucional, la Dirección de Planificación diseñó la herramienta informática “Sistema PEI”, para el control del cumplimiento de los compromisos del Plan Estratégico Institucional. 

 Además se emprendieron mejoras al Sistema de Formulación y Seguimiento de los Planes Anuales Operativos, para la vinculación de ambos.

 La evaluación de los cumplimientos de las metas de los PAO se realizó con corte al 24 de enero de 2020 y midió el estado de los avances de las metas operativas del 99,88% de las oficinas judiciales del país.

 Cabe destacar que el 96,77% de cumplimiento que se registró en el 2019 es mayor al de años anteriores.

 “Para ser un porcentaje que equivale a todas las labores ejecutadas a lo largo del año podría constituirse como un valor con un comportamiento mayor que en años anteriores, debido al impacto y al uso cada vez más extenso del Sistema, así como una mayor aceptación y adecuación al mismo, y la cultura de planificar las metas y actividades. Resulta relevante destacar que para el 2018 los avances registrados fueron de 80,15% y para el 2017 el cumplimiento fue de 76,34%.”, destacó el informe de Planificación.

 El nivel de cumplimiento según los programas presupuestarios, destaca el alto avance de la Defensa Pública que superó el 99%, seguido del Servicio de Atención y Protección a la Víctima y Testigos y al Organismo de Investigación Judicial que reportaron un 98% de cumplimiento.  El Programa Servicio Jurisdiccional se mantiene por encima del 95% y abarca a 410 despachos.

 En el tema de cumplimiento por Ejes Transversales, el promedio de cumplimiento registra un 96,5%.  “…es un dato que destaca por el compromiso implícito en el cumplimiento de las metas operativas y su alineación de acuerdo con los ejes transversales, los cuales están presentes en el quehacer institucional con el fin de cumplir las obligaciones establecidas en los convenios e instrumentos internacionales, la legislación nacional, la normativa institucional y los compromisos asumidos por la institución” resaltó el estudio.

 En cuanto a avances de cumplimiento por Temas Estratégicos, el porcentaje alcanzado fue del 97%, con el mayor número de metas obtenidas en los temas “Confianza y probidad en la Justicia” y “Planificación Institucional”.

 El informe de Planificación detalló que de las 5.136 metas formuladas en todos los PAO de los despachos judiciales a nivel nacional, 1.784 de estas metas operativas provienen del PEI.   El 87% de las metas alcanzaron el 100% de cumplimiento, lo que generó un impacto positivo en el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.

 El Consejo Superior aprobó el informe y las recomendaciones de mejora que incluye la Dirección de Planificación y que están dirigidas a las Administraciones Regionales, Centros de Responsabilidad, oficinas y despachos judiciales del país, con el fin de consolidar la cultura de planificación de metas en la gestión.

 

 

 

 

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