El Magistrado Paul Rueda Leal presentó ante la Corte Plena, la propuesta de protocolo que regula la conducta y comportamiento de los funcionarios y funcionarias judiciales, en la sesión de este lunes 20 de noviembre.

La propuesta representa el producto final de un trabajo que inició el pasado 16 de noviembre, en el marco de un proyecto sobre reformas urgentes al Poder Judicial, y, en este caso, con el fin regular las conductas de las personas servidoras judiciales y darles a conocer principios que regulen sus actuaciones.

“En esta propuesta estamos regulando diversos aspectos de la conducta y comportamiento de todos los funcionarios judiciales, que sentimos deben ser remozados y analizados, entre ellos se prohíbe el lobby político a personas que participen en cargos públicos y que deseen algún tipo de recomendación de funcionarios judiciales.  Estamos estableciendo un protocolo para la manera en que los funcionarios judiciales tienen que tratar a las partes, igualmente estamos estableciendo una serie de pautas que nos orientan tanto en nuestros comportamientos públicos y privados, incluso en asistencia a eventos sociales a los efectos de que la independencia judicial nunca puede quedar en riesgo.”, comentó el Magistrado Rueda Leal.

Durante la presentación, el Magistrado Rueda destacó que el proyecto toma como base la propuesta “Regulación para la prevención, identificación y la gestión adecuada de los conflictos de intereses en el Poder Judicial”, elaborada por la Comisión de Transparencia con la coordinación de la Magistrada Nancy Hernández. Este trabajo comenzó en noviembre de 2014, contó con varios talleres de validación y hubo participación de asociaciones gremiales judiciales y la Procuraduría de la Ética, así como de la Auditoría Judicial, el Tribunal de la Inspección Judicial, la Secretaría Técnica de Ética y Valores, entre otros órganos judiciales. Esta propuesta fue recogida por el grupo de trabajo, estudiada y complementada a los efectos de este proceso, con medidas como la prohibición del lobby político por parte de personas servidoras judiciales a favor de quienes se postulan a cargos, así como un registro del contacto de las partes con operadores de justicia.

El grupo de trabajo que analizó y presentó la propuesta contó con la participación, además del Magistrado Paul Rueda, del Presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, la magistrada y el magistrado de la Sala Segunda, Julia Varela Araya y Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, el magistrado de la Sala de Casación Penal, Jesús Ramírez Quirós y la magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández López.