Los servicios esenciales a favor de las víctimas de violencia de género, que brindan seis despachos judiciales, se concentran desde hoy en la Plataforma Integral de Servicios de Atención a la Víctima  (PISAV) ubicada en San Joaquín de Flores, Heredia.

La atención abarcará los cantones de San Joaquín de  Flores, Belén y Santa Bárbara.

Los Juzgados de Violencia Doméstica y de Pensiones Alimentarias, la Fiscalía, la Defensa Pública, el Departamento de Trabajo Social y Psicología y la Oficina de Atención y Protección a la Víctima, se ponen a disposición de las personas usuarias en las instalaciones del PISAV de San Joaquín de Flores, 300 metros al Oeste del Banco Nacional.

La Plataforma Integral es un proyecto impulsado por la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, que tiene como objetivo integrar en un solo lugar los 
despachos judiciales requeridos por las personas víctimas de violencia doméstica, con la finalidad de que no tengan que desplazarse a varios lugares. De esta manera, se apuesta a una atención integral.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, resaltó el nuevo modelo de despacho que promueve el PISAV, con procesos que  priorizan en las personas víctimas.

''La Plataforma Integral responde al acceso a la justicia de las personas víctimas y hace valer sus derechos con las herramientas que tenemos. El respeto de las víctimas es fundamental en todo proceso democrático'', puntualizó la Presidenta de la Corte.

Villanueva Monge recalcó que el sistema penal requiere reformas legales y constitucionales para el respeto a las víctimas en todas las etapas del proceso judicial y que tengan su propia voz en el proceso.

En los próximos días, el PISAV contará con el servicio de Medicina Legal.

Sara Arce Moya,  coordinadora del Programa PISAV, destacó la importancia de impulsar un trabajo coordinado entre diversas dependencias judiciales, ''para procurar un acceso real de las personas a los servicios que brinda el Poder Judicial y el reto es darle sostenibilidad a este modelo de trabajo''.

La jueza coordinadora del PISAV de San Joaquín, Nelda Jiménez Rojas,  explicó que la Plataforma Integral permite el abordaje inmediato de las personas víctimas que acuden a la plataforma y mediante una sola manifestación de la denuncia se tramita el caso, lo que hace menos revictimizante y más humano el proceso.

'' Sabemos que una situación de violencia nunca es fácil de llevar y queremos que desde esta Plataforma esa situación sea lo más acogedora posible. El acceso a la justicia es un derecho humano y aquí luchamos cada día por garantizarlo'', afirmó Jiménez Rojas.

El horario de atención es de lunes a viernes de 7:30 am a 12 md y de 1 pm a 4:30 pm. También se pueden contactar a los teléfonos 2265-5640 y 2265-7833. 

Actualmente el Poder Judicial cuenta con tres PISAV en funcionamiento: Pavas, La Unión y San Joaquín.

El modelo oral-electrónico de los Juzgados de Pensiones Alimentarias del país  apuesta a una labor coordinada, para garantizar su efectividad y canalizar sus necesidades y mejora.

Actualmente el Poder Judicial cuenta con diez despachos especializados, que trabajan bajo este modelo, de los cuales, cinco juzgados se sumaron a este modelo: San José, Limón, Cartago, Pérez Zeledón, Pococí y Puntarenas, éste último se encuentra actualmente en el proceso de implementación.  Antes del 2013, ya trabajaban de forma oral-electrónica Desamparados, Heredia, Goicoechea y Alajuela.

El proceso de seguimiento y monitoreo lo desarrollan la Dirección de Planificación, la Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia, coordinada por la magistrada Eva Camacho Vargas.

“Implementamos la figura del Juez Gestor como responsable de la coordinación, ejecución, acompañamiento y seguimiento de la labor de cada uno de los Despachos, labor desplegada por el Juez Cristian Martínez Hernández y principalmente el compromiso y la mística de trabajo del personal técnico y profesional de cada uno de los Despachos involucrados en este proceso”, destacó la magistrada Eva Camacho Vargas.

Según explicó el juez gestor, Cristian Martínez Hernández, muchos factores han sido vitales para emprender el proceso de rediseño de los juzgados electrónicos de Pensiones Alimentarias, “…empezando por los diagnósticos previos acerca de la situación de cada Juzgado, la implementación de un modelo de trabajo estándar adecuado a las necesidades y condiciones de cada uno de los Despachos, el proceso de monitoreo y seguimiento”.

Para Martínez Hernández, los beneficios han sido muchos para las personas usuarias, como la implementación de audiencias previas de conciliación, que permite la solución acordada entre las partes en un plazo más corto, la reducción de plazos para la fijación de los montos provisionales, la resolución pronta de recursos contra la fijación provisional, la reducción en la tramitación y resolución de órdenes de apremio.

“Se impulsó y puso en práctica la implementación de la solicitud de apremio corporal en línea, mayor acompañamiento de la Defensa Pública, crecimiento en el dictado de resoluciones de fondo y decrecimiento en las gestiones presentadas por los usuarios en las Contralorías de servicios regionales”, detalló el juez gestor.

Los requerimientos y el alcance que tendrá la tecnología con la entrada en vigencia de la nueva normativa procesal en materia Civil, se abordó de forma amplia durante una actividad académica realizada en los Tribunales de Cartago.

El magistrado y coordinador de la Comisión de la Jurisdicción Civil, William Molinari Vílchez tuvo a cargo la apertura de la actividad académica, en la cual participó el Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Froylán Alvarado Zelada.

Uno de los temas en los que se profundizó fue la dimensión tecnológica de la reforma procesal que entrará en vigencia en el 2018, así como la importancia del trabajo conjunto y coordinado en toda la labor que demanda para el Poder Judicial, la implementación del nuevo Código Procesal Civil.

El trabajo que desarrolla la institución desde la aprobación de la Ley Procesal procura garantizar un éxito en su ejercicio y gestión judicial, tanto por parte de la judicatura como de los y las abogadas litigantes.

La mesa de expertos estuvo integrada por Magaly Salas Álvarez, jueza del Tribunal Superior de Cartago; Manuel Echeverría Echeverría, abogado litigante; Luis Jiménez Fallas, jefe del Área de Informática en Gestión y Farth Suárez Valverde, juez del Juzgado Primero Civil de San José.