Sala de prensa - Page #233

Presidente de la Corte y Magistrada Damaris Vargas comparecen ante Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa

Audiencia se dio como parte del conocimiento del expediente legislativo 21360.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro y la Magistrada de Sala Primera y Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, Damaris Vargas Vásquez, comparecieron ante la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de exponer las acciones que realiza el Poder Judicial en la protección de esta población.

La audiencia se llevó a cabo el pasado 6 de octubre y tuvo como objetivo dar seguimiento al expediente legislativo 21360, el cual analiza las acciones adoptadas por el Estado en protección de los pueblos indígenas Teribe y Bribri de Salitre, según lo dispuesto en la resolución 16/15 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, medida cautelar n° 321-12 del 30 de abril de 2015.

Entre lo expuesto, se trataron los temas de los desalojos de personas indígenas realizados en sede judicial, así como de la protección de los derechos fundamentales de este grupo poblacional en relación con sus territorios, en donde los diputados y diputadas expusieron sus inquietudes sobre el trabajo que realiza el Poder Judicial.

El Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, destacó que es importante mencionar que el planteamiento de acciones concretas requiere también una voluntad política, por lo que el trabajo debe ser conjunto entre los tres Poderes de la República. Además, dijo que en cuanto a las resoluciones judiciales se debe respetar la independencia judicial de los jueces y juezas en la materia.

Cruz Castro señaló que es importante trabajar en la capacitación de los profesionales en derecho del Estado en materia de defensa de las poblaciones indígenas y subrayó que el Poder Judicial con las directrices que ha tomado, es consciente de un problema que hay que abordar.

Por su parte, la magistrada Damaris Vargas, acotó que dentro de las funciones de la Subcomisión se han formulado propuestas de circulares con el visto bueno de la Comisión de Acceso a la Justicia, tanto a Corte Plena como al Consejo Superior para mejorar el acceso a la justicia de las personas indígenas, entre ellas, la Circular 188-19 que da lineamientos para la atención de esta población y de las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH contra el Estado, entre otras relevantes para mejorar la calidad, eficacia y eficiencia del servicio de administración de justicia que se imparte a las personas indígenas.

Vargas Vásquez subrayó la importancia de la creación de una jurisdicción especializada para abordar de manera coherente y prioritaria los temas indígenas, el valor de los peritajes culturales realizados por las universidades estatales, para conocer la realidad de estas poblaciones y enfatizó en la importancia del tema presupuestario para poder lograr estas acciones.

También, se destacó el trabajo que se realiza desde la Defensa Pública en materia de atención a los pueblos indígenas.

La legisladora Nielsen Pérez, destacó las iniciativas propuestas por los altos jueces, haciendo énfasis en que se debe trabajar fuertemente para que estas poblaciones no sean consideradas usurpadoras en sus propias tierras y así lograr un marco de protección en sus territorios, ya que los problemas que sufren a raíz de esto son inadmisibles en un Estado de Derecho.

En la audiencia, también participó el Director del Despacho de la Presidencia, Roger Mata Brenes, así como diputados y diputadas integrantes de la Comisión.

Personas usuarias destacan efectividad en servicios judiciales

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Personas usuarias destacan efectividad en servicios judiciales

Contraloría realizó evaluación de acciones judiciales aplicadas para enfrentar emergencia sanitaria por COVID-19.

Desarrollan encuesta a usuarias y usuarios de servicios presenciales, electrónicos y virtuales.

Una alta satisfacción evidenciaron personas usuarias que utilizaron los servicios judiciales entre marzo y agosto del presente año, al aplicarse una serie de medidas institucionales para garantizar los servicios judiciales frente a la pandemia por el COVID-19.

Así lo reflejó el estudio de Percepción de los servicios del Poder Judicial bajo las medidas aplicadas debido a la crisis sanitaria COVID-19MARZO-AGOSTO 2020, elaborado por la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, el cual se conoció en Corte Plena el pasado lunes 28 de setiembre.

El informe contiene las respuestas brindadas por 861 personas usuarias de los servicios judiciales, de las cuales 687 mencionaron haber utilizado servicios presenciales, 318 realizaron trámites no presenciales y 65 personas participaron en audiencias virtuales. En total se aplicaron 1271 encuestas, sin embargo 410 personas no habían utilizado los servicios durante el periodo evaluado.

Entre los principales hallazgos se destaca que el servicio presencial recibió una calificación favorable del 82% en el promedio general, donde Guanacaste y Limón alcanzan el mayor porcentaje con un 89% y la provincia de San José el más bajo con un 70%.

“Las medidas sanitarias implementadas para garantizar la salud de las personas usuarias y servidores judiciales son valoradas con altas calificaciones (89%) y las

hacen sentirse seguras”, puntualiza el informe de la Contraloría de Servicios. En cuanto a los servicios no presenciales que la institución tiene disponibles, el Sistema de Gestión en Línea es el de mayor demanda, con un porcentaje de satisfacción del 87%; seguido por el medio telefónico, como mecanismo para consultas.

En el tema del uso de audiencias virtuales, las personas usuarias consultadas señalaron su funcionalidad en un 88%.

La Contraloría de Servicios también incluyó recomendaciones con el fin de mejorar los servicios judiciales y considerando los requerimientos de las personas usuarias, como lo es el reforzar las informaciones dirigidas a la población usuaria, desde la página web del Poder Judicial y las redes sociales.

Además, la valoración de mejoras en los sistemas informáticos, en ampliación de la vía electrónica de servicios de valor para la persona usuaria, la atención por vía telefónica en los despachos judiciales y velar porque las piletas y otros implementos de desinfección sean aptos para personas con discapacidad.

Estos y otros aportes se obtuvieron de la consulta a la sociedad civil organizada, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y a las personas usuarias de los servicios electrónicos institucionales.

Ante plenario legislativo Magistrado Fernando Cruz Castro rindió juramento constitucional

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Ante plenario legislativo Magistrado Fernando Cruz Castro rindió juramento constitucional

El magistrado de la Sala Constitucional y Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, rindió juramento ante la Asamblea Legislativa, luego de ser reelecto por un nuevo periodo constitucional de 8 años, en la sesión del plenario legislativo del pasado 5 de octubre 2020. En el acto de juramentación se realizó en la sesión legislativa extraordinaria de ayer martes 6 de octubre de 2020.

El Presidente de la Corte, Fernando Cruz, destacó, que para el Poder Judicial es una prioridad el trabajo en el tema de la mora judicial, que es un objetivo constante que no se puede perder de vista en el quehacer judicial, sobre todo en la administración de tribunales, por eso desde la Presidencia ha impulsado un proyecto que visualice la información judicial en temas como las cifras del desempeño de jueces y juezas, los informes de planificación y las observaciones sobre tardanzas, “con la finalidad de obtener con la mayor fluidez y transparencia la información judicial y que las personas ciudadanas pueda tener un fácil acceso a esos datos”, puntualizó.

El Presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank Smith, tuvo a cargo el acto formal y manifestó al magistrado Cruz Castro “éxitos en esa labor que la Asamblea Legislativa y Dios ha puesto en sus manos”.

El jerarca judicial es licenciado en Derecho, graduado en la Universidad de Costa Rica y Doctor en Derecho, título obtenido en la Universidad Complutense de Madrid, entre otros estudios académicos.

Es Presidente de la Corte Suprema de Justicia desde agosto del 2018 y magistrado propietario de la Sala Constitucional desde el año 2004.

Algunos de los cargos que desempeñó anteriormente fue Presidente a.i de la Sala Constitucional, Presidente del Tribunal de Casación Penal, Fiscal General del Ministerio Público. Se hizo acreedor del premio Ulises Odio Santos, por la contribución al desarrollo teórico del derecho penal y procesal penal.

Poder Judicial responde a estándares internacionales en la regulación de los conflictos de intereses

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Poder Judicial responde a estándares internacionales en la regulación de los conflictos de intereses

Oficina de Cumplimiento realizó exposición ante Corte Plena sobre la regulación de conflictos de interés.

Los magistrados y magistradas que integran Corte Plena conocieron en la sesión del 5 de octubre 2020, una presentación sobre la aplicación y alcances del Reglamento para la prevención, identificación y la gestión adecuada de los conflictos de interés en el Poder Judicial, por parte de la Oficina de Cumplimiento de este Poder de la República.

“Este es un tema de primer orden en la institución dado que el reglamento entró en vigor este año. Es una normativa que cubre todas las actividades de nuestro quehacer institucional. Su aplicación ha generado muchas inquietudes sobre la aplicación y extensión del reglamento, de manera que celebro, como coordinadora de la Comisión de Transparencia todas las inquietudes y el interés que ha despertado este tema tan necesario en la función judicial, somos pioneros a nivel internacional en tener un reglamento de esta naturaleza dentro de la administración de justicia”, destacó la Presidenta en ejercicio, magistrada Patricia Solano Castro.

La exposición estuvo a cargo de la Oficial de Cumplimiento, Kennia Alvarado Villalobos quien puntualizó que con esta regulación, el Poder Judicial responde a instrumentos internacionales adoptados por el país, así como a estándares y recomendaciones de la OCDE en esta materia. Indicó que:

“Como institución y como personas funcionarias, el reglamento fortalece la administración de justicia independiente y la gestión del cargo de forma imparcial, objetiva y transparente”, señaló.

Detalló una serie de instrumentos internacionales asociados que colocan a esta clase de regulaciones como una forma de lograr la protección de la integridad en la función pública con altos estándares de contenido ético. Para ello aclaró que el conflicto de interés no es sinónimo de corrupción; sin embargo, fue enfática en que una situación de conflicto de interés que no se identifique, gestione o resuelva puede conllevar a responsabilidad administrativa disciplinaria o ser constitutivo de una conducta delictiva, que es precisamente lo que se busca evitar con la aplicación del reglamento en cuestión. “El propósito de la regulación es gestionar en forma preventiva los intereses privados legítimos de las personas servidoras judiciales que tengan la capacidad de interferir indebidamente en el ejercicio de sus funciones, para garantizar la toma de decisiones de forma imparcial y objetiva”, comentó.

La funcionaria explicó conceptos que contiene el reglamento, necesarios para garantizar la imparcialidad de la persona funcionaria, quien al tomar una decisión sobre un caso determinado o bien dictar una resolución jurisdiccional, está en la obligación de hacerlo sin generar dudas razonables sobre la legalidad e integridad de su actuación.

Se refirió al concepto de conflicto de interés aparente, desarrollado en la normativa reglamentaria, artículo 7 y 9 inciso 11, entendido como aquella situación que, en sentido estricto, no se subsume en un supuesto de hecho específico de los incisos 1 a 10 de este numeral, pero la circunstancia que se presenta puede generar dudas razonables y justificadas respecto a la imparcialidad y objetividad de quien debe tomar una decisión. La gestión del conflicto aparente procura la protección tanto de la integridad de la persona funcionaria como de la institución.

En criterio de la Oficial de Cumplimiento el rol de las jefaturas es sumamente relevante en la gestión del riesgo y la sensibilización del personal a cargo sobre esta temática, sobre quienes recaen responsabilidades puntuales, según lo dispone el numeral 11 del reglamento.

Entre los aspectos que consideró relevantes es el correcto manejo de posibles datos sensibles por parte de las jefaturas de oficina y de despacho, quienes deben realizar un manejo reservado de la información y adoptar las medidas preventivas para evitar que los presuntos conflictos de interés en el personal a su cargo se materialicen.

Finalmente respondió consultas puntuales de magistrados y magistradas como las etapas de gestión de estos procesos y los plazos para las resoluciones correspondientes, al ser una normativa reglamentaria que aplica a todos los ámbitos del Poder Judicial. Esta regulación fortalece el compromiso institucional sobre la transparencia de la gestión judicial y de la actuación proba y ética de quienes laboramos en este Poder de la República.

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Tribunal de juicio de Pavas se enlaza con sede de Puriscal a través de medios tecnológicos

Medida se da como parte de las acciones que toma la institución en la lucha contra el Covid-19

El Tribunal Penal de Pavas realizó por primera vez un debate colegiado enlazando las salas de juicio de Puriscal y Pavas, mediante la utilización de la plataforma electrónica “Microsoft Teams” y el Sistema de Videoconferencias. Lo anterior dentro de una causa penal por el delito de violación y otros en perjuicio de una persona menor de edad.

La implementación y optimización de la tecnología es parte de las medidas adoptadas por el Tribunal ante la imposibilidad de realizar debates colegiados en la sede de Puriscal, la cual por motivos de precaución y para evitar aglomeraciones ante la emergencia sanitaria del Covid-19, no se está utilizando.

Para los jueces Mauricio Jiménez Vargas, Juan Carlos Carrillo Mora y la jueza Siany Mata Sánchez, con esta medida se permite la continuidad del servicio aún en condiciones de emergencia, ya que, si bien se han realizado múltiples juicios de esta manera en Pavas, en la sede de Puriscal aún no había sido posible.

Las personas juzgadoras, destacaron el aporte de la Licda. Jesenia Herrera González, profesional I de la Administración del Primer y Tercer Circuito Judicial de San José, quien facilitó el equipo y orientó al respecto en la realización de la audiencia.

Además, subrayaron la importancia de continuar realizando las audiencias bajo esta modalidad, no solo los actos de debate, sino también en las audiencias de apelaciones, medidas cautelares y prisión preventiva, que diariamente son señaladas, procurando así evitar el desplazamiento de las personas usuarias y la cancelación de las diligencias dadas las especiales circunstancias.

Para esta audiencia, desde Pavas estuvo conectada la parte denunciante y gracias al enlace virtual la Defensa y la Fiscalía realizaron su labor desde Puriscal, potenciando así el principio de gratuidad, celeridad y acceso a la justicia.

Con esta medida, se desarrollan las audiencias en cumplimiento de todos los lineamientos y protocolos dictados por el Ministerio de Salud y del Poder Judicial, evitando el contagio del Covid-19 y disminuyendo la erogación de recursos, facilitando a las personas usuarias el acceso a la justicia y estableciendo la comunicación en tiempo real.

Cabe destacar que en la actualidad se celebra otro debate con la misma dinámica y también está señalado otro juicio con persona detenida para el próximo 7 de octubre que igualmente se realizará con el enlace Pavas- Puriscal.