La implementación de la Reforma Procesal Agraria es una estrategia institucional que se ejecuta conforme a la Metodología de Administración de Proyectos aprobada por el Consejo Superior. Su objetivo es preparar a la Institución para la entrada en vigencia del Código Procesal Agrario.
Así lo aprobó el Consejo Superior del Poder Judicial en sesión extraordinaria N°110-18 celebrada el 19 de diciembre del 2018, Artículo I, a solicitud del Despacho de la Presidencia, la Dirección de Planificación y de la Comisión de la Jurisdicción Agraria.
Previo a su aprobación, la citada comisión hizo de conocimiento de sus integrantes y los despachos agrarios, la propuesta de los productos entregables, tareas y cronograma de ejecución, así se desprende del oficio N° 1410-PLA-2018 de la Dirección de Planificación, el cual se encuentra integrado en los acuerdos del Consejo Superior de acceso público en la web judicial ( www.poder-judicial.go.cr)
Por las limitaciones en el presupuesto institucional, Corte Plena y el Consejo Superior, acordaron un único recurso para su ejecución el cual consiste en un permiso con goce de salario y sustitución de una plaza de judicatura del Tribunal Agrario, de manera que esta persona fungiera como coordinadora de todas las acciones del proceso de implementación.
Los recursos invertidos para la ejecución del Proyecto, corresponden al salario ordinario de una persona juzgadora y no a la contratación de una consultoría externa, como de manera errada se informó en un medio de comunicación digital accesible por internet. Tampoco la institución incurrió en erogaciones por concepto de viáticos de la persona asignada en la coordinación, éstos son rubros que se destinan para giras a provincias. En este caso no se cancelaron a la persona coordinadora pese a que el año anterior se realizaron visitas a circuitos judiciales con el fin de exponer los principales cambios que introduce la nueva legislación procesal agraria.
Por ello no han existido contrataciones de personas ni de servicios externos, la implementación se ha ejecutado con recursos institucionales, los gastos operativos se cubren con el presupuesto institucional. El salario que se le canceló a la persona funcionaria coordinadora es el que corresponde a la plaza que ocupa dentro del escalafón de puestos interno.
Al proyecto se sumaron personas funcionarias de las diferentes oficinas administrativas y jurisdiccionales involucradas en la materia agraria, pero no de manera exclusiva, pues debieron atender sus labores ordinarias, lo que refleja un alto compromiso de las quienes están involucradas en el proyecto.
Los procesos de implementación de la reforma procesal laboral y procesal civil dejaron buenas prácticas de gran valía a nivel institucional, por lo que ambas experiencias se han aplicado, principalmente en lo que refiere a la capacitación de grupos y sectores de interés, tal es el caso de las personas facilitadoras judiciales y líderes comunales, así como el personal de los despachos de la materia agraria.
Informes de avance. Tal y como se indicó, en esta implementación, se aplicó a cabalidad la metodología de proyectos por ello debe cumplirse un cronograma y rendir los rigurosamente informes de las tareas cumplidas. Estos informes son un mecanismo de control y seguimiento que deben de acatarse por la metodología aplicada.
Los informes de avances se presentaron a la Dirección de Planificación el 28 de febrero, 31 de mayo, 30 de agosto y 31 de octubre todos del año 2019, posteriormente se remitieron al Magistrado Director del Proyecto, Luis Guillermo Rivas Loáciga y a las personas integrantes de la Comisión de la Jurisdicción Agraria y las representantes de las oficinas administrativas involucradas en la implementación, entre ellas las direcciones de Planificación, Ejecutiva, Gestión Humana, Tecnología de la Información, así como la Escuela Judicial, Contraloría de Servicios, Auditoría Judicial, Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), Control Interno, Secretaría Técnica de Valores y Secretaría Género, entre otras.
De los informes de avance la Dirección de Planificación determinó que al 31 de octubre del 2019 el proyecto alcanzó un 84% de cumplimiento.
(Ver gráfico).
Indicadores. En este proceso de implementación también se aplicaron los indicadores del Modelo de Sostenibilidad aprobado por el Consejo Superior. Por ello los relacionados con desempeño se coordinaron con la Unidad de Evaluación de Desempeño de Gestión Humana y los de derechos humanos se trabajaron con la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial, para ajustar el modelo a los requerimientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Vacancia de ley. En la sesión de Corte Plena N° 39-19 de 16 de setiembre de 2019, Artículo X, se tomó el acuerdo de solicitar al Plenario Legislativo ampliar un año más la vacancia o entrada en vigencia del Código Procesal Agrario, lo que implica que la fecha programada para la implementación se extendió al 28 de febrero de 2021.
La vacancia fue aprobada en segundo debate por el Plenario Legislativo en la sesión del 17 de febrero 2020.”
Comunicado aprobado en sesión de Corte Plena N° 9-2020 celebrada el 24 de febrero del 2020.
