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Poder Judicial abre sus puertas a la Reforma Procesal Laboral

El Poder Judicial realizó este viernes 21 de julio, el acto oficial de inicio de la aplicación de la Reforma Procesal Laboral, en donde se aseguró que se cuenta con personal debidamente capacitado en todo el país, despachos especializados y con la claridad en los diversos procesos que deben aplicarse a partir del próximo 26 de julio.

El trabajo para la implementación de la nueva norma procesal en materia de Trabajo estuvo a cargo de la Comisión de la Jurisdicción Laboral, bajo la coordinación de la magistrada Julia Varela Araya y el trabajo de los magistrados Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Sala Segunda y Luis Porfirio Sánchez Rodríguez.

En el acto oficial, la magistrada Julia Varela Araya destacó el arduo trabajo en la capacitación de más de 700 personas de todo el país, correspondientes a jueces, juezas y personal técnico de los juzgados y tribunales de Trabajo.

“Hemos trabajado en materia de capacitación desde el mes de julio del 2016, para disminuir los riegos en la implementación de la reforma y garantizar que ésta sea efectiva”, puntualizó Varela Araya.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí indicó que la nueva reforma procesal laboral, brinda la oportunidad de reducir los tiempos de repuesta a un máximo de dos años, cuando con la legislación actual se duraban entre 8 y 10 años para resolver conflictos de trabajo.

“Reitero de parte de la Presidencia de la Corte, el apoyo, seguimiento, colaboración y compromiso en el proceso que emprende el Poder Judicial a partir de este 26 de julio, para garantizar los recursos requeridos”,  afirmó Chinchilla Sandí.

Para el Presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre Gómez, la reforma procuró establecer el efectivo acceso a la justicia laboral, con el establecimiento de la asistencia letrada gratuita para trabajadores en condición de vulnerabilidad, que presenta un instrumento facilitador para este fin.  A esto se suma la celeridad que se dará a los asuntos sobre fueros especiales sean estos sindicales, mujeres en estado de embarazo y la ampliación a asuntos sobre discriminación y el debido proceso.

De igual manera los procesos serán más simples ya que se hizo un replanteamiento estructural de los juzgados y tribunales del país, mediante un modelo que contempla únicamente dos instancias, así como la implementación de la oralidad, para agilizar los tiempos resolutivos. 

El trabajo del Poder Judicial implicó también un arduo plan de descongestionamiento de despachos que inició en junio del 2016 y culminó en  junio de 2017, con un total de 9500 asuntos laborales terminados.

Se implementó el expediente electrónico en 52 oficinas a nivel nacional, la contratación de 22 locales nuevos para albergar a los despachos laborales y la adaptación de salas de juicio para la aplicación de la oralidad.

Además el establecimiento de 231 plazas nuevas destinadas para jueces, juezas, personal técnico judicial y administrativo, de las cuales 79 son para abogados y abogadas de asistencia social gratuita.

En la actividad se contó además con la participación del Presidente de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez Zamora, el Ministro de Trabajo, Alfredo Hasbum Camacho, el Viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora Lizano y la representante de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, Ileana González.

En la actividad se dio a conocer la página web de la Comisión de la Jurisdicción Laboral, www.poder-judicial.go.cr/comisionjurisdiccionlaboral, que será una ventana informativa para todas las personas interesadas en profundizar en el tema de la reforma procesal laboral en temas como normativa, proceso de capacitación judicial, organización interna del Poder Judicial y contactos de despachos, jurisprudencia generada a partir de la nueva normativa, entre otros temas de interés.

Expertos en ciencias económicas elaboraron estudio actuarial del régimen jubilatorio judicial

Con la participación de un  equipo técnico del Poder Judicial  y de representantes de las agrupaciones gremiales judiciales, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica elaboró  el estudio actuarial sobre la situación del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
 
La contratación de la investigación actuarial la realizó el Poder Judicial con el IICE-UCR, mediante el convenio R-CONV-005-2016.
 
La evaluación actuarial estuvo a cargo de los investigadores MAS Ronald Cartín Carranza, Msc. Max Soto Jimenez, Msc. Juan Ricardo Jimenez Montero, Ing. Celia Barrantes Salazar y Lic. Luis Oviedo Carballo bajo la dirección del Dr. Jose Antonio Cordero Peña.
 
Como contraparte en todo el proceso de análisis sobre la situación del Fondo de Jubilaciones contó con equipos de trabajo.
 
El Equipo Ejecutivo integrado por la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins, el Jefe del Departamento de Financiero Contable, Miguel Ovares Chavarría, el Director de Gestión Humana, José Luis Bermúdez Obando y personas  representantes de los gremios judiciales, Arnoldo Hernández Solano, posteriormente, por solicitud del Frente Gremial, el Consejo Superior se incorporó a una representante más, Adriana Orocú Chavarría.
 
El Equipo Técnico-Actuarial contó con el trabajo del actuario externo contratado por el Poder Judicial, Raúl Hernández González,  y representantes técnicos del Departamento Financiero Contable y la Dirección de Gestión Humana, Miguel Gutiérrez Fernández y Roxana Arrieta Meléndez respectivamente.
 
El IICE es el instituto de investigación más antiguo de la Universidad de Costa Rica, con 57 años de creado, a cargo de la promoción de la investigación económica del país, en temas como economía global, análisis macroeconómicos y proyecciones de corto plazo, economía regional, sector financiero, entre otros.
 
Calidades de investigadores
 
Luis Angel Oviedo Carballo es Bachiller en Estadística y estudiante de la maestría profesional en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. Ha trabajado como asistente investigador del Proyecto Desigualdad y Pobreza y como investigador asociado de un proyecto de auditoría de estaciones de servicio de combustible y laboró en programas de encuestas sobre requerimientos de formación de recursos humanos para el sector industrial, entre otras labores relacionadas en el cambo de la investigación y consultoría.
 
María Cecilia Barrantes Salazar es Licenciada en Ingeniería en Sistemas y se desempeña como analista programadora y brinda soporte informático a los proyectos de investigación del IICE. Además es encargada de la red interna del Instituto.
 
Juan Ricardo Jiménez Montero, es Máster en Administración de Negocios  con énfasis en Finanzas, de la Universidad de Carolina del Sur, Estados Unidos y Licenciado en Economía de la Universidad de Costa Rica.
En su experiencia profesional destaca la asesoría financiera y de riesgos a grupos financieros, así como consultorías en finanzas corporativas, entre otros trabajos.
También se desempeña como Profesor de la Universidad de Costa Rica, de los Programas de Posgrados de las Escuelas de Administración de Negocios, de la Escuela de Economía e investigador del IICE desde marzo de 2010.
 
Max Alberto Soto Jiménez es Máster en Planificación Regional, de la Universidad de Puerto Rico, es Bachiller de Ciencias en Ingeniería Industrial y cuenta con Estudios de Posgrado en Investigación de Operaciones de la Universidad del Estado de Carolina del Norte, Estados Unidos.
Cuenta con una experiencia de 30 años como consultor internacional en temas como planificación estratégica, administración de riesgos, evaluación de proyectos, reingeniería, entre otros. Además, 20 años de experiencia en ingeniería financiera y manejo de instrumentos financieros para la cobertura de riesgos.
 
Ronald Cartín Carranza es Máster en Administración de Negocios, con énfasis en Finanzas e Investigación de Operaciones, de la Universidad de California, también es Máster en Ciencias Actuariales con énfasis en Ciencias Actuariales y Pensiones de la Universidad de Michigan.
Dentro de su experiencia destaca su trabajo como actuario consultor independiente, para entes públicas y privados como especialista en planes de pensiones y especialista en auditorías actuariales.

Magistrada Doris Arias rinde informe ante la CEDAW

Las acciones puntuales que emprende el Poder Judicial de Costa Rica para fortalecer la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres, se dieron a conocer durante la sétima reunión del Comité de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en Ginebra, Suiza. 
 
La magistrada Doris Arias Madrigal, Presidenta de la Comisión de Género, expuso los alcances al indicar que “en el Poder Judicial hemos trabajado en el acceso a la justicia.  El reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres ha implicado un avance importante en el fortalecimiento de capacidades institucionales, para la investigación, el juzgamiento y reparación de daños”.
 
La magistrada enfatizó el trabajo en la  modificación sociocultural con políticas para las personas en condición de vulnerabilidad garantizando la interseccionalidad para niñas y adolescentes, personas diversas sexualmente, migrantes, refugiadas y solicitantes, privadas de libertad, indígenas y afrodescendientes y víctimas de violencia.
 
La jerarca judicial recalcó que el trabajo también se ha orientado a la gobernanza y las alianzas públicas y con la sociedad civil, que se materializan en proyectos como la aplicación móvil Empodérate, para atender el tema del embarazo adolescente, la aprobación de la Ley de Relaciones Impropias, la reforma al Código Procesal Laboral que incluye por primera vez el tema de la discriminación contra la mujer y la tipificación de delitos en las normas legales costarricenses como la incorporación del fraude de simulación, establecida en la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer, por considerarse un tipo de violencia sobre los bienes suceptibles de ser gananciales en la relación de pareja.
 
“Hemos promovido alianzas estratégicas para la transversalidad de género, el establecimiento de los Equipos de Respuesta Rápida para la atención de las personas víctimas de violación, la puesta en marcha de la Plataforma Integral de Servicio de Atención a Víctimas de Violencia (PISAV) y el funcionamiento de los Comités Locales de Atención Inmediata de casos de alto riesgo por violencia contra las mujeres (CLAIS)”, puntualizó Arias Madrigal.
 
Estos y otros temas de avanzada en materia de género se expusieron en la reunión de la CEDAW.
 
La magistrada participa en la comitiva del Estado de Costa Rica, que expone los avances que el país tiene en el cumplimiento de las disposiciones internacionales, como integrante de la Convención de Ginebra.  La norma impulsa la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres, entre las naciones firmantes.

Reforma procesal establece procesos ágiles en materia laboral

A partir del 25 de julio, todos los procesos laborales que se tramitan a nivel nacional y que no tienen señalamiento para juicio o audiencia de prueba, así como los asuntos nuevos, se tramitarán bajo las nuevas reglas que establece la reforma procesal laboral.  Así se expuso en la capacitación que impartieron jueces de la República a periodista de los diversos medios de comunicación e instituciones públicas y organizaciones privadas.

La capacitación estuvo a cargo del magistrado suplente de la Sala Segunda, Jorge Olaso Alvarez y los jueces laborales, Fabián Arrieta Segleau y Fabrizio Garro Vargas. Es una actividad que organizó el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional con el apoyo de la magistrada Julia Varela Araya y el magistrado Porfirio Sánchez Rodríguez, integrantes de la Sala Segunda,  la Directora del Despacho de la Presidencia de la Corte, Laura Chaves Lavagni.

Se explicó la reorganización interna de los despachos laborales en todo el país y la especialización que tendrán algunos de ellos, que implica que se conozca únicamente la materia de trabajo. Así como el establecimiento de la nueva estructura jurisdiccional.

El Juzgado de Trabajo que recibe todo tipo de demanda, sin distingo de cuantía, como órgano de primera instancia. El Tribunal de Apelaciones que resuelve en alzada como última instancia  las apelaciones en asuntos  de menor cuantía, conflictos económicos sociales y riesgos de trabajo. El Tribunal de Casación (Sala Segunda) que atenderá los asuntos de mayor cuantía, fueros especiales y asuntos de cuantía inestimable. La cuantía fijada por la Corte Plena en la actualidad está fijada en 5.000.000 de colones. 

En la capacitación se profundizó en los beneficios que incorpora el nuevo procedimiento procesal laboral, que agiliza el trámite en esta jurisdicción.

El proceso ordinario destaca por ser un proceso por audiencias orales. Es decir, contestada la demanda se señala una audiencia que tiene dos etapas: audiencia preliminar y audiencia complementaria. En la audiencia preliminar el juez define el objeto del proceso, subsana las omisiones de la demanda sobre derechos irrenunciables, procura conciliar. De no ser posible, resuelve los motivos de nulidad, excepciones previas y establece la prueba que se evacuará. En la audiencia complementaria se recibe la prueba, las partes concluyen y el juez de manera inmediata dicta sentencia, señalando hora y fecha, en un plazo máximo de cinco días para la entrega de la sentencia integral.

Únicamente en los casos declarados complejos, las audiencias preliminar y complementaria, se realizará en audiencias separadas.

Se resaltó la posibilidad de las partes de presentar la demanda y sus recursos de manera totalmente electrónica, en los despachos laborales electrónicos, mediante la solicitud de un usuario y clave respectivos.  Esto permite que todos los despachos estén en línea y no hay necesidad de apersonarse al despacho.

El proceso se agiliza obligando a las partes a presentar toda la documentación que corresponda de una sola vez,  desde la misma presentación de la demanda.

La reforma abre la posibilidad de que ahora los sindicatos puedan presentar demandas colectivas jurídicas a nombre de todos sus asociados, lo que fortalece la figura de estas agrupaciones.

También el juez o jueza pueda hacer la prevención a las partes sobre los extremos laborales irrenunciables y con ello también puede ajustar estos derechos, en la sentencia, aunque la petición haya sido menor.

Para la protección de fueros especiales, asuntos de discriminación y otros, se establece un procedimiento especial y el juez puede suspender los actos administrativos lesivos  como una medida cautelar.  En estos casos, el curso de la demanda debe darse en un plazo de 24 horas después de presentada y se le da un plazo a la parte demandada para que rinda un informe.  Además las resoluciones de estos asuntos tienen recursos de apelación ante la Sala Segunda.

En cuanto a la asistencia legal gratuita, el Poder Judicial contempló 79 plazas para la atención de este servicio, la cual se brindará para las personas que tengan un salario menor a ¢850 mil, aproximadamente, personas menores trabajadores y madres.  Igualmente, las partes que soliciten defensa pública y que no cumplan con este requisito, pueden solicitarla pero deberá cancelar honorarios.

Cabe destacar que una vez iniciada la etapa de audiencia en los nuevos procesos laborales, la persona juzgadora solo puede suspender la audiencia por una única vez un por un plazo máximo de 10 días.

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2295-3000

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Contraloría de servicios

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Horario de atención : Lunes - Viernes, 7:00 am a 5:00 pm

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