Una judicatura de integridad inobjetable es la institución básica fundamental que garantiza la vigencia de la democracia y la legalidad.

Con tal tesitura, este jueves 16 de noviembre, el grupo de trabajo a cargo de esta temática procedió a analizar los insumos para trabajar en la propuesta de protocolos de conducta dentro de la labor que realizan las y los servidores judiciales, así como tomar acuerdos sobre los productos que se entregarían a Corte Plena.

Esta labor la coordina el magistrado de la Sala Constitucional Paul Rueda Leal.

“A través de una serie de instrumentos internacionales y con base en una propuesta de la Comisión de Transparencia, que cuenta con la consulta a asociaciones gremiales del Poder Judicial, se está arribando a la presentación de un protocolo de actuaciones de funcionarios judiciales, que nos va a guiar a efectos de que nuestros comportamientos sean acordes con la independencia y probidad judicial”, puntualizó Rueda Leal.

Las acciones que ha emprendido el Poder Judicial en este tema registran un importante avance desde la labor de la Comisión de Transparencia, coordinada por la Magistrada Nancy Hernández,quepresentó los protocolos de conducta de los servidores judiciales, administrativos, auxiliares de justicia, jueces y magistrados, mediante la revisión del marco ético judicial. La elaboración de este documento, quecomenzó en el año 2014, ha contado con aportesde agrupaciones gremiales judiciales, la Contraloría General de la República y la Procuraduría de la Ética.
El grupo de trabajo complementó la propuesta inicial con normas tendientes a que todos los jueces, incluyendo a los magistrados, lleven un registro de las personas que son atendidas con ocasión del cargo, y una serie regulaciones tendentes a fortalecer la buena imagen del Poder Judicial en cuanto a la independencia y probidad de sus funcionarios, incluso en el contexto de las redes sociales y eventos no oficiales.

En adición, se plantea una difusión de los “Principios de Bangalore sobre la conducta judicial” por medio de un texto pedagógico. Precisamente, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha apoyado activamente este documento, que también ha recibido el reconocimiento de órganos como la American Bar Association y la Comisión Internacional de Juristas. A partir de lo anterior, se busca impulsar una propuesta didáctica dirigida a jueces y juezas costarricenses,para ello sesolicitará el apoyo dela Escuela Judicial.

En la sesión participaron,además del Magistrado Paul Rueda, el Presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, la magistrada y el magistrado de la Sala Segunda, Julia Varela Araya y Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, el magistrado de la Sala de Casación Penal, Jesús Ramírez Quirós y la magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández López. Se contó con el apoyo profesional del letrado de la Sala Constitucional Daniel Mora Díaz y del profesional de la Presidencia de la Corte, Juan Humberto Rodríguez Barrios.

Esta acción se enmarca dentro del proyecto para concretar reformas urgentes al Poder Judicial.

Reunión se realizó en la Sala de Sesiones de la Presidencia de la Corte.

El grupo de trabajo que analiza la propuesta del “Establecimiento de la Carrera Fiscal” en el Poder Judicial, finalizó la tarde de este viernes 17 de noviembre el análisis y discusión de una nueva propuesta que fortalecerá el sistema judicial costarricense, la cual será presentada el próximo lunes en la sesión de Corte Plena.

El producto obtenido es el anteproyecto de Ley de Carrera Fiscal del Ministerio Público, que tiene como objetivo “garantizar en igualdad de condiciones, el ingreso, permanencia, ascenso, finalización del cargo, los derechos y obligaciones esenciales de la función fiscal sobre la base de idoneidad funcional y ética, así como el desarrollo de las competencias exigidas”.

Este grupo de trabajo es coordinado por el Magistrado Fernando Cruz Castro, y cuenta con la participación activa de la Fiscala General Emilia Navas Aparicio y el Magistrado Paul Rueda Leal. Además, han tenido una valiosa intervención los Magistrados Suplentes Jazmín Aragón Cambronero, Alicia Salas Torres y Ronald Salazar Murillo, así como de la Asociación Costarricense de Fiscales, representada por su Presidente Ronald Segura Mena, la Fiscala de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público, Mayra Campos Zúñiga, y los letrados de la Sala Constitucional Andrea Herrera y Daniel Mora.

“Esta sesión es muy importante porque se presenta el anteproyecto para la Carrera Fiscal y lo interesante es que los insumos vienen del Ministerio Público. Ha sido una aspiración de muchos años contar con una carrera Fiscal que tiene mucha relevancia para el desarrollo institucional de la Fiscalía y para la reducción de arbitrariedad y la discrecionalidad en el nombramiento.”, comentó el magistrado Cruz Castro.

Este proyecto se rige bajo principios de probidad, igualdad, mérito, capacidad, estabilidad, eficiencia y responsabilidad y se enmarca dentro del proyecto de reformas urgentes en el Poder Judicial.

Discutir y analizar los avances del proyecto sobre “Evaluación del Desempeño y Rendición de Cuentas” en el Poder Judicial, fue el eje central de la reunión que llevó a cabo el grupo de trabajo asignado por la Corte Suprema de Justicia, la tarde de este jueves 16 de noviembre.

El grupo es liderado por el Magistrado Ernesto Jinesta Lobo, Presidente de la Sala Constitucional, con la participación de los Magistrados suplentes de la Sala Segunda, Marcela Allón Zúñiga y Jorge Olaso Alvarez.

Al respecto, el Magistrado Jinesta Lobo luego de contextualizar esta temática y su importancia en el Poder Judicial y el sector público, presentó una propuesta con el fin de retomar el proyecto de ley que ya había sido aprobado por Corte Plena y que sería el insumo base para el trabajo de esta comisión.

La propuesta fue acogida por los integrantes de esta comisión y se acordó elaborar un nuevo cuerpo normativo, para la implementación de un sistema que permita la evaluación de la gestión, el desempeño y la rendición de cuentas en el Poder Judicial.

La evaluación del desempeño propuesta, abarca a todo el Poder Judicial, jueces y juezas de la República, Policía Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, personal auxiliar en general de todo el aparato administrativo, todas las jefaturas de los órganos de gran relevancia dentro de la arquitectura y estructura del Poder Judicial, Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia; de forma tal que no queden segmentos exentos de evaluación y de rendición de cuentas.

La reunión también contó con la participación de la Asesora de la Presidencia de la Corte, Patricia Bonilla Rodríguez, quien explicó la metodología y cronograma de trabajo de los grupos.

El trabajo para establecer propuestas específicas dentro del Poder Judicial para el acercamiento con la sociedad civil, mediante un diálogo permanente, fue el propósito de la reunión que se llevó a cabo este miércoles 15 de noviembre.