Para garantizar la protección de la intimidad de las personas, el Poder Judicial implementó mejoras en la consulta en línea de los impedimentos de salida del país.  A través de un usuario y contraseña, las personas desde la página web de la institución pueden tener acceso a esta información.

Con el usuario y la clave, o la firma digital cualquier persona interesada en realizar esta consulta, puede dirigirse al juzgado de pensiones alimentarias más cercano y hacer la solicitud para el ingreso al sistema de consulta.

Mediante circular interna, los despachos judiciales tienen la directriz de asignar el acceso electrónico a todas las personas usuarias que lo soliciten, aunque no formen parte de un caso o expediente judicial.

“El trámite para la solicitud del usuario y contraseña es sencillo y todos los despachos judiciales pueden tramitarlo.  Con ello se garantiza que la consulta sea personal y se resguardan los datos personales y la intimidad de la población”,  explicó Carmen Quesada Chacón, Jefa del Área de Sistemas de la Dirección de Tecnología del Poder Judicial.

Igualmente, con la herramienta de la firma digital, las personas ingresan directamente a la consulta, pues es un documento que valida a la persona que le interesa conocer si tiene algún impedimento.

En la página electrónica del Poder Judicial www.poder-judicial.go.cr, encontrará un ícono con el título impedimento de salida, que le  lleva a un enlace en el cual el usuario debe ingresar su usuario y contraseña para poder consultar esta información.  También se puede ingresar por el Sistema de Gestión en Línea.

En caso de tener impedimento de salida, se le despliega el número de expediente, la oficina en la que se tramita la causa, el número telefónico para contactar el despacho.

Si la persona no tiene impedimento, el sistema únicamente despliega un mensaje indicándolo.

Las mejoras emprendidas atienden a la resolución de la Sala Constitucional, que señaló la obligación de resguardar la intimidad de las personas, al habilitarse este sistema de consulta.

Ejes de trabajo de gobierno judicial, reformas legales  prioritarias, seguridad ciudadana y situación del régimen jubilatorio judicial  fue la agenda que expuso el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, durante la reunión de Supremos Poderes.

En el encuentro participaron el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, el Presidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí, el Presidente de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez Zamora y el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado González. El encuentro se realizó hoy en Casa Presidencial.

En materia de seguridad, los Supremos Poderes coincidieron en la necesidad de aprobar el proyecto de ley de extinción de dominio, para un combate directo contra el crimen organizado.

El máximo jerarca del Poder Judicial, Carlos Chinchilla Sandí, explicó que “…la normativa no se dirige sobre montos pequeños, porque cuenta con un principio de priorización, que garantiza que se va a seguir los procesos en una materia autónoma a lo penal, sobre capitales especialmente importantes y que no tengan justificación alguna en nuestra legislación.  La Sala Constitucional en el 2015, por medio de su voto 18 946, analizó las propuestas que identifican esta normativa y dijo que la iniciativa tenía rango constitucional y que no violentaba derechos fundamentales”.

Chinchilla Sandí resaltó otros proyectos de interés judicial en los que ya trabaja el despacho de la Presidencia de la Corte, en el tema de justicia pronta y cumplida.  

“Hoy día estamos iniciando una labor con mi despacho, para ubicar los expedientes más antiguos que se tienen en el país. Estamos dirigiendo una nota a las Contralorías de Servicios y solicitamos un informe a los jueces y juezas a cargo de esos expedientes para que brinden el detalle del retardo existente. También tenemos la posibilidad de aprobar un proyecto de ley, denominado justicia pronta y cumplida, que pretende que los tiempos de duración en los procesos penales, que hoy desde el inicio a la apelación están tardando entre 6 y 7 años y la idea es reducir ese tiempo, con una nueva normativa, a once meses, respetando los derechos y garantías de todas la partes", indicó el jerarca judicial.

Hizo énfasis en la importancia de la aprobación de proyectos de ley como la creación de la Jurisdicción Especializada contra Crimen Organizado. Además de las reformas procesales que se encuentran avanzadas en la corriente legislativa que agilizarán los procesos de Derecho de Familia y Derecho Agrario y en la necesidad que se establezcan plazos de vacancia razonables, que permitan a la institución prepararse para su implementación. 

El magistrado Chinchilla Sandí señaló que durante su gestión, el trabajo se enfocará en el mejoramiento de la gestión de los despachos judiciales en aspectos puntuales como la reingeniería, simplificación y estandarización de los procesos, el impulso de la rendición de cuentas y evaluación del desempeño en todos los ámbitos judiciales.

Señaló que en relación con el presupuesto 2018 se aplicaron cerca de 116 directrices de contención del gasto, con el fin de garantizar el efectivo funcionamiento de los servicios judiciales en todo el país.

Chinchilla Sandí reiteró el respeto de la Corte a las decisiones que tome el Congreso, sobre la reforma al Fondo de Jubilaciones y Pensiones y el interés porque las reformas garanticen la fortaleza y sostenibilidad de éste.  Indicó que a finales de junio, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE), entregue el último producto del estudio actual sobre el régimen jubilatorio y confían que las decisiones tomen en consideración los criterios técnicos que garanticen la sostenibilidad del régimen a largo plazo.

Analizar y discutir una serie de acciones y esfuerzos relacionados con el tema de la lucha contra el crimen organizado en el país, fue el eje central del encuentro sostenido este martes 13 de junio, entre el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, el Director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza Espinoza y el Ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata Vega.

La reunión también contó con la participaron de representantes del OIJ, Ministerio Público, Asociación Costarricense de la Judicatura, Dirección General de Migración y Extranjería, Instituto Costarricense sobre Drogas y Dirección de Inteligencia y Seguridad.

Durante la reunión el Ministro Gustavo Mata, dio a conocer algunos de los avances que lleva a cabo ese ministerio en la lucha contra la criminalidad, así como información relevante sobre un proyecto de política de migración en el país.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, destacó la labor que viene desarrollando el Ministerio de Seguridad Pública y reafirmó el compromiso del Poder Judicial en la lucha contra el crimen organizado.

Chinchilla resaltó la importancia de realizar este tipo de acercamientos, que permiten compartir entre todos los entes involucrados aspectos y preocupaciones relacionadas con esta problemática.

“Nos parece muy saludable tener este tipo de acercamientos, se trata de construir, caminar en conjunto y encausar algunos aspectos, cada cual en su ámbito de competencia y lograr así buenos resultados”, indicó el Presidente de la Corte.

Por su parte, el Director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza Espinoza compartió algunas de las acciones que desarrolla esta dependencia en

cuanto a procedimientos de mejora en la investigación y destacó la importancia de participar a otras instituciones vinculadas con esta temática.

En el encuentro también participó la Presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), Adriana Orocú Chavarría y la Fiscala Subrogante, Berenice Smith Bonilla, quienes compartieron desde sus competencias sus posiciones sobre la temática.

· Labor es liderada por el magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez. 

Con un total de 8019 casos fallados en materia laboral en todo el país, el Plan de Descongestionamiento Laboral que se inició en junio del 2016, supera las metas establecidas, cuyo fin es mejorar el circulante de los despachos a nivel nacional y prepararlos para la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Laboral.

El trabajo es liderado por el magistrado de la Sala Segunda, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez.

El plan inició el 1 de junio del 2016. La meta al finalizar el mes de diciembre pasado, se estableció en la resolución de 2175 asuntos y se registró un total de 2221 asuntos fallados en los diversos despachos judiciales de menor y mayor cuantía y superiores. Este dato representa un cumplimiento del 102% sobre la meta fijada.

Para este año, la meta para finalizar en junio son 5879 fallos. Al 12 de mayo el Programa ya registraba un total de 5798 resoluciones laborales, con un cumplimiento del 99% del trabajo proyectado.

Desde el 1 de junio del año pasado al 12 de mayo de 2017, se contabilizan un total de 8019 asuntos fallados.

“Estos datos solo comprenden la producción del equipo especial de descongestionamiento, que es adicional a la labor que realizan las y los jueces ordinarios en sus despachos. En cada plan se cuenta con un grupo de jueces y juezas que trabajan asignados a los juzgados y tribunales laborales de todo el país. Este equipo tiene a cargo la resolución de la carga de trabajo establecida, previo análisis del estado de cada oficina”, explicó el magistrado Luis Porfirio Sánchez.

El sistema de gestión que implementa el Programa de Descongestionamiento, va involucrando a los jueces ordinarios de los juzgados y tribunales laborales, con el objetivo de que se instale y se mantenga la dinámica de trabajo, una vez que finalice la intervención.

Esta labor permite medir los niveles resolutivos, trabajar con informes semanales y manejo de indicadores para fiscalizar el trabajo, de tal forma que permite a cada despacho identificar las mejoras requeridas a través de este monitoreo.

La intervención de cada despacho laboral, cuenta de previo, con un análisis de la Dirección de Planificación sobre la situación actual del circulante, la identificación de los procesos que requieran mejorar su gestión para evitar retraso, se establecen los requerimientos estructurales y el plan de trabajo se elabora a partir de las necesidades y características particulares de cada oficina. El equipo de jueces y juezas que se asigna en los juzgados y tribunales tienen a cargo la evacuación de prueba y el dictado de sentencias.

El Plan de Descongestionamiento Laboral está bajo la coordinación del magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez y los jueces Fabricio Garro Vargas y Fabián Arrieta Segleau, que tienen a cargo la supervisión.

Conciliaciones en Riesgos de Trabajo

La conciliación tiene un papel protagónico en este trabajo de mejorar el circulante en la jurisdicción laboral. Dentro de este proyecto, destaca las acciones emprendidas en los procesos de riesgos de trabajo, que comenzó en octubre del 2016.

Los resultados obtenidos entre octubre de 2016 a abril de 2017, contabilizan 772 expedientes resueltos por este mecanismo alterno, en el cual participaron nueve despachos: el Juzgado de Seguridad Social de San José, los Juzgados de Trabajo de Cartago, de Limón y Pococí y los Juzgados Civil y de Trabajo de Pérez Zeledón, Turrialba, Nicoya, San Ramón y Puntarenas.

“Se ha hecho un gran esfuerzo en la materia de conciliaciones, que comprendió un proceso de coordinación con las diversas entidades públicas, Instituto Nacional de Seguros y la Caja Costarricense de Seguro Social, para reforzar esta figura alterna de resolución de conflictos. Su importancia se refleja en la economía procesal para la institución y las personas usuarias, además de que es una herramienta que se potenciará con la reforma procesal”, explicó el magistrado Luis Porfirio Sánchez.