- Consejo Superior aprobó informe de la Dirección de Planificación sobre evaluación de Planes Anuales Operativos del 2019.
La gestión de los despachos judiciales del país durante el 2019 alcanzó un nivel de cumplimiento de metas operativas de un 96,77%. Así se desprende del informe N° 721-PLA-EV-2020 del 20 de mayo de 2020, del Proceso de Planeación y Evaluación de la Dirección de Planificación, el cual conoció y aprobó el Consejo Superior del Poder Judicial.
Para el seguimiento de las labores operativas y su vinculación con el Plan Estratégico Institucional, la Dirección de Planificación diseñó la herramienta informática “Sistema PEI”, para el control del cumplimiento de los compromisos del Plan Estratégico Institucional.
Además se emprendieron mejoras al Sistema de Formulación y Seguimiento de los Planes Anuales Operativos, para la vinculación de ambos.
La evaluación de los cumplimientos de las metas de los PAO se realizó con corte al 24 de enero de 2020 y midió el estado de los avances de las metas operativas del 99,88% de las oficinas judiciales del país.
Cabe destacar que el 96,77% de cumplimiento que se registró en el 2019 es mayor al de años anteriores.
“Para ser un porcentaje que equivale a todas las labores ejecutadas a lo largo del año podría constituirse como un valor con un comportamiento mayor que en años anteriores, debido al impacto y al uso cada vez más extenso del Sistema, así como una mayor aceptación y adecuación al mismo, y la cultura de planificar las metas y actividades. Resulta relevante destacar que para el 2018 los avances registrados fueron de 80,15% y para el 2017 el cumplimiento fue de 76,34%.”, destacó el informe de Planificación.
El nivel de cumplimiento según los programas presupuestarios, destaca el alto avance de la Defensa Pública que superó el 99%, seguido del Servicio de Atención y Protección a la Víctima y Testigos y al Organismo de Investigación Judicial que reportaron un 98% de cumplimiento. El Programa Servicio Jurisdiccional se mantiene por encima del 95% y abarca a 410 despachos.
En el tema de cumplimiento por Ejes Transversales, el promedio de cumplimiento registra un 96,5%. “…es un dato que destaca por el compromiso implícito en el cumplimiento de las metas operativas y su alineación de acuerdo con los ejes transversales, los cuales están presentes en el quehacer institucional con el fin de cumplir las obligaciones establecidas en los convenios e instrumentos internacionales, la legislación nacional, la normativa institucional y los compromisos asumidos por la institución” resaltó el estudio.
En cuanto a avances de cumplimiento por Temas Estratégicos, el porcentaje alcanzado fue del 97%, con el mayor número de metas obtenidas en los temas “Confianza y probidad en la Justicia” y “Planificación Institucional”.
El informe de Planificación detalló que de las 5.136 metas formuladas en todos los PAO de los despachos judiciales a nivel nacional, 1.784 de estas metas operativas provienen del PEI. El 87% de las metas alcanzaron el 100% de cumplimiento, lo que generó un impacto positivo en el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.
El Consejo Superior aprobó el informe y las recomendaciones de mejora que incluye la Dirección de Planificación y que están dirigidas a las Administraciones Regionales, Centros de Responsabilidad, oficinas y despachos judiciales del país, con el fin de consolidar la cultura de planificación de metas en la gestión.
quien realizó una instrucción de la evolución histórica del tema, especialmente recalcando el movimiento de los años noventa relacionada con la revalorización de la democracia como forma de gobierno, resaltando la importancia de la ética política, probidad, transparencia en la gestión del Estado y el combate a la corrupción. De igual manera se recalcó la relevancia que distintas iniciativas e Informes internacionales han dado al tema, así por ejemplo la OCDE en el 2000, que llama a los conflictos de interés como un tema urgente de tratar en los Estados, por eso este foro para “reflexionar, concientizar, pero sobre todo para trabajar” expresó la Magistrada Zúñiga Morales.
“El Problema se presenta cuando la persona funcionaria que se encuentra en un conflicto de interés lo maneja de manera inapropiada y se convierta en un acto de corrupción. Porque si el servidor o servidora pública actúa de manera transparente e íntegra, declarando su conflicto, poniéndolo de manifiesto y apartándose de la decisión, el funcionario obra de manera correcta e íntegra y en esa medida no hay un acto de corrupción que se le pueda impugnar”, analizó Wilson Alejandro Martínez.
La Vicepresidenta de la Corte añadió que “los esfuerzos por fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la institución no son nuevos, si no que iniciaron desde hace varios años, no obstante, se han visto materializados en mayor medida con una serie de disposiciones adoptadas de forma reciente, apostando por reformas ambiciosas en estos temas, creando herramientas útiles para alcanzar nuestros objetivos”.
