Corte Plena inició hoy la discusión de las normas éticas y de conducta que aplicarían a todas las personas servidoras del Poder Judicial, una vez que sean aprobadas.
El tema central de este martes fue el abordaje de los conflictos de interés y que están relacionados con principios esenciales para su manejo y prevención.
La propuesta de Regulación para la prevención, identificación y la gestión adecuada de los conflictos de interés en el poder judicial fue presentada por el magistrado Paul Rueda Leal, quien coordina el grupo de trabajo.
El documento tomó como base el trabajo de la Comisión de Transparencia, coordinada por la Magistrada Hernández.
“Comenzamos con el análisis y discusión de un protocolo que tiene que ver con la aplicación de criterios éticos, que marcan la pauta de la conducta del personal judicial y una serie de normas que van orientadas a procurar que exista confianza en el buen desempeño en todos los ámbitos del Poder Judicial”; comentó el magistrado Rueda Leal.
Se inició el análisis de los primeros seis artículos que profundizan en aspectos puntuales como el conflicto entre el deber público y los intereses privados de una persona servidora pública, los cuales pueden ser de índole financieros o pecuniarios (negocios, deudas, expectativas de trabajos, etc.), derivados de relaciones familiares (círculo familiar cercano), afectivos (amistad íntima, enemistad manifiesta, noviazgo, relaciones de pareja públicas o clandestinas, etc.), comunales, religiosos, entre otros.
Así como las acciones para el manejo adecuado y efectivo de estas situaciones, la aplicación de sanciones por conductas contrarias a esta regulación y la observancia de los principios de servir al interés general, la transparencia y escrutinio, la promoción de la responsabilidad individual, la imparcialidad e independencia y la protección de la confianza y credibilidad de la función judicial.
Durante la próxima sesión se continuará con el análisis de la propuesta, la cual será un instrumento para resguardar la independencia y probidad en el servicio de administración de justicia y fortalecer la institucionalidad y credibilidad del Poder Judicial.
