Una evaluación de la Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer, en aspectos puntuales como el tipo de relación de pareja y la duración de las relaciones de poder, se emprenderá desde los órganos judiciales a cargo del tema.

La iniciativa es de la magistrada suplente de la Sala Constitucional, Marta Esquivel Rodríguez, quien destacó que el objetivo es aprovechar la experiencia de las y los profesionales judiciales en esta materia.

“Con esta iniciativa pretendemos determinar si es necesario hacer alguna ref orma legal,  para ponernos al día con las nuevas formas de convivencia en materia de relaciones interpersonales.  Todas las mujeres son importantes para nosotros, y no queremos una menos” manifestó  la magistrada Marta Esquivel.

La revisión integral hace énfasis en el artículo 21 de la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer, norma que establece la tipificación del delito de femicidio.

“Específicamente deberá analizarse lo relativo a la determinación de las relaciones de pareja que se deben contemplar (noviazgo, unión de hecho, matrimonio y divorcio y su disolución) y la necesidad de que la norma contemple plazos durante los cuales se mantienen las relaciones de poder una vez que estas terminan …Lo anterior deberá llevarse a cabo con base en la experiencia acumulada desde la aprobación de la Ley en el 2007 y los resultados obtenidos en los últimos años. Deberá una propuesta de reforma en caso de que lo consideren necesario a partir de los elementos señalados”, puntualizó el acuerdo de Corte Plena.

Esta labor estará a cargo de la Subcomisión de Seguimiento de la Ley de Penalización, con la participación de la Fiscalía de Género del Ministerio Público y la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial; así como la contribución de expertos judiciales.

La evaluación tendrá un plazo de tres meses.

La Auditoría Interna del Poder Judicial determinó que la seguridad de la información y aleatoriedad se aplican en el proceso de selección de las personas que asumen las suplencias en los cargos a la magistratura del Poder Judicial.  Además, se identificaron oportunidades de mejora que serán aplicadas por la Dirección de Tecnología de Información.

Las conclusiones de esta evaluación las conocieron las y los magistrados que integran Corte Plena, durante la sesión de este lunes 18 de febrero.

Para la Autoría Interna, “…De la evaluación realizada se logra concluir que el Sistema de Sorteos para el Nombramiento de Magistrados Suplentes, cumple con los aspectos de seguridad mínimos necesarios para el resguardo de la información, así como de uso, de acuerdo con lo indicado por la normativa vigente”.

Además, se determinó que el Sistema de Sorteos para el Nombramiento de Magistrados Suplentes (SIMAS) “…junto a los procedimientos utilizados por las salas en la preparación de los sorteos hace que los concursos sean lo más justos para todos los participantes”.

De acuerdo con el Subauditor Interno del Poder Judicial, Roy Díaz Chavarría, “el resultado del informe de fiscalización establece que el sistema informático implementado, proporciona una seguridad razonable en cuanto a su manejo así como que utiliza un algoritmo informático que garantiza la aleatoriedad en la selección de las personas aspirantes.  Adicionalmente incluimos recomendaciones para la mejora y fortalecimiento de la transparencia, las cuales serán implementadas por la Dirección de Tecnología de Información durante el primer semestre del presente año. “ 

Estas mejoras comprenden incorporar la opción para incluir las razones sobre las excusas que representen las personas aspirantes, con el fin de hacer más eficiente su verificación y consulta de la información.

Y se propuso la mejora tecnológica que permita el reenvío de los resultados de los sorteos de forma electrónica, que mejore y dé mayor transparencia a la comunicación.

El informe fue elaborado por los especialistas de la Sección de Auditoría de Tecnología de Información, Alicia Sancho Brenes, jefa de la Sección y Jabier Alfaro Valerio. Su tramitación estuvo a cargo del Auditor Interno, Robert García González.

Magistrados y magistradas que integran la Sala Constitucional, llevaron a cabo la mañana de este jueves 31 de enero,  la vista oral y pública para analizar la situación sobre las listas de espera de los pacientes de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Dicha diligencia se realiza con motivo del  recurso de amparo 18-14499-0008-CO y tuvo lugar en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia.

La vista contó con la participación de los magistrados Fernando Castillo Víquez, Paul Rueda Leal, Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Huberth Fernández Arguello y las magistradas Nancy Hernández López y Marta Esquivel Rodríguez; así como de los representantes de la Caja Costarricense de Seguro Social, Defensoría de los Habitantes, Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, Ministerio de Salud y la Fundación Derechos sin Fronteras (DSF).

La audiencia inició a las 9:00 a.m. y se extendió hasta el medio día de esta mañana, en la que cada uno de los representados externaron sus alegatos y discusiones respecto a la situación planteada en el recurso. Posteriormente magistrados y magistradas consultaron a las partes intervinientes posibles soluciones desde sus áreas de trabajo al ser este un tema país que afecta a poblaciones vulnerables principalmente personas adultas mayores.

Según datos estadísticos de la Sala Constitucional, durante el año 2018 la Sala reportó un ingreso de 7037 recursos de amparo relativos a las listas de espera y medicamentos; lo que representa un 34,5% del total de amparos.  Además en comparación con el año 2017 se generó un aumento sustancial, pues para ese año el número de amparos en materia de salud fue de 5.520, lo que significó un 26,7% del total de los amparos.

“Trabajaré con absoluta probidad y responsabilidad”

La equidad de género, la probidad en la función y la independencia judicial son los temas fundamentales que marcarán la labor que hoy inicia la magistrada de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro como Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Su designación en el cargo tuvo lugar en la sesión de Corte Plena de este lunes 21 de enero, con un total de 21 votos a favor.

“Trabajaré con absoluta probidad y responsabilidad, en coordinación permanente con el señor Presidente, magistradas y magistrados.  He servido a este Poder de la República con todas mis fuerzas, con todo mi conocimiento y ahora con toda mi experiencia”, puntualizó Solano Castro.

La Vicepresidenta de la Corte destacó que dentro de su agenda de trabajo, está el impulso de la equidad de género y el fortalecimiento de los valores fundamentales de transparencia, probidad y eficiencia en los servicios públicos.

Señaló su compromiso de trabajar en los proyectos que impulsa la Presidencia de la Corte y seguir los esfuerzos por garantizar al país un Poder Judicial transparente y democrático.

“Mis esfuerzos estarán dirigidos siempre a fortalecer la independencia judicial como garantía, de que este país tenga la democracia de la que todos nos sentimos orgullosos y fortalecer la institucionalidad”,  afirmó la jerarca judicial.

Solano Castro postuló su nombre al cargo, luego de un concenso entre las magistradas propietarias y suplentes que integran Corte Plena, ante la responsabilidad asumida por Corte Plena de garantizar la paridad de género en los máximos cargos

La Vicepresidenta de la Corte tiene una carrera de 30 años en la judicatura. Es Licenciada en Derecho y Notariado de la Universidad de Costa Rica, cuenta con Estudios de Pos Grado de la Universidad Nacional en la Especialidad de Administración de Justicia en Derecho Penal. Enfoque Socio-Jurídico.  Además es egresada de la Maestría de Administración de Justicia de la UNA.

Durante el período de 1998 al 2017 asumió como Jueza del Tribunal Penal de Primer Circuito Judicial de San José,  hasta su jubilación en ese último año. 

Sus funciones en la Judicatura iniciaron en 1988 como jueza penal en Cañas.  A partir de allí, laboró en el Juzgado de Instrucción de San Ramón y Cañas y en la Alcaldía  Mixta de Cañas.

También se desempeñó como jueza mixta de Pruiscal, ocupó el cargo en los Juzgados Penales de Puntarenas y Alajuela.  A partir de 1997, ejerció como Jueza Superior en el Tribunal Superior Segundo Penal de San José.

Asumió labores como magistrada de la Sala de Casación Penal en noviembre del 2018, cuando fue designada por la Asamblea Legislativa.