El grupo de trabajo que analiza las propuestas para realizar un proyecto sobre el procedimiento y requisitos para la selección de Magistrados y Magistradas propietarias y suplentes, se reunió la tarde de este martes 14 de noviembre, con el fin de obtener instrumentos indispensables para contar con funcionarios y funcionarias con plena independencia e idoneidad técnica y ética.

Según explicó el coordinador de la comisión, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, en esta primera sesión se establecieron los objetivos y métodos de trabajo, así como los procedimientos a seguir, para analizar y recopilar las propuestas existentes y elaborar un proyecto.

Seguridad, crimen organizado, atención de poblaciones en condición de vulnerabilidad  y medio ambiente, fueron algunos de los temas que analizaron los Presidentes e integrantes de las Cortes Centroamericanas, que integran el Consejo Judicial de Centroamérica y el Caribe (CJCC), durante la Reunión Extraordinaria que se llevó a cabo este 9 de noviembre de 2017 en Panamá.

La delegación oficial del Poder Judicial de Costa Rica la integran el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí y el magistrado de la Sala Primera, Román Solís Zelaya, Coordinador Nacional ante el CJCC.

Durante esta sesión se analizaron las iniciativas que están desarrollando los países miembros del CJCC en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), en temas como la protección del medio ambiente, el Programa de Facilitadores Judiciales, la prevención y combate al financiamiento del terrorismo y al Terrorismo por intermedio del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE-OEA).

También se conoció el informe de la Comisión Centroamericana y del Caribe para el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, a cargo de la Presidenta de Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.

En cumplimiento a la Declaración de Managua de setiembre del 2016, se analizaron los temas a tratar durante la mesa de trabajo entre el CJCC y la Comisión de Seguridad de Centroamérica del Sistema de la Integración Centroamericana y del Caribe (SICA), prevista para los próximos meses, entre los cuales se pueden mencionar: combate al delito, prevención de la violencia, Rehabilitación, Reinserción y Seguridad Penitenciaria, entre otros.

También se abordó el tema del fortalecimiento del Estado de Derecho y de la Seguridad Ciudadana en América Latina, que está impulsando la Unión Europea por medio del Programa de Cooperación Técnica Regional sobre Seguridad Ciudadana y Estado de Derecho para América Latina de la Unión Europea (UE), denominado PAcCTO.

Sobre el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe

El Consejo constituye un espacio deliberativo para el intercambio de ideas, experiencias y criterios que atienden a la mejora de la administración de justicia de los países integrantes: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico; y como observadores. México y España.

La Secretaria Permanente está a cargo de la Corte Suprema de Justicia de Honduras y actualmente la Presidencia Pro Témpore la ostenta la Corte Suprema de Justicia de Panamá. 

El Poder Judicial participa activamente en este foro regional por medio del Presidente en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia y el Coordinador Nacional que cuenta con el apoyo de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI). 

A partir de enero de 2018 el Poder Judicial de Costa Rica asume la Presidencia Pro Témpore, como parte de la dinámica de rotación que tiene el Consejo cada año.

Con la integración formal de la Comisión de Crisis del Poder Judicial, la institución mantiene la coordinación permanente de las acciones que corresponden tras el paso de la Tormenta Nate en el país.  Los esfuerzos se concentran en la atención de la población judicial afectada (Osa, Quepos, Guanacaste, Aserrí y Acosta)  y la habilitación de los despachos judiciales en Osa.

Las decisiones han sido inmediatas, gracias al trabajo coordinado de la Presidencia de la Corte, que lidera el trabajo, los magistrados Luis Guillermo Rivas Loáiciga y Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, así como el Consejo Superior, la Dirección Ejecutiva, los Consejos de Administración de los Circuitos Judiciales del país, las Direcciones de Tecnología de la Información, Gestión Humana, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, el Centro de Apoyo a la Función Jurisdiccional, el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional y la Comisiones de Ética y Valores y Acceso a la Justicia.

A nivel administrativo, desde el Consejo Superior se han dictado directrices que permitieron al Poder Judicial actuar de forma expedita, como la declaratoria del asueto los días jueves 5 y viernes 6 de octubre, la potestad de los Consejos de Administración de las zonas afectas, para evaluar las condiciones y tomar acciones a favor de la seguridad del personal judicial, las personas usuarias, así como de los bienes de la institución.

La Comisión de Crisis y los Consejos de Administración mantienen una comunicación permanente para establecer las necesidades prioritarias de los despachos afectados y el personal judicial y se trabaja desde el pasado viernes 6 de octubre, en la rehabilitación de los servicios judiciales esenciales, en las zonas de mayor afectación.

Se ha coordinado el envío de ayuda para la limpieza de los inmuebles y el reemplazo del equipo y mobiliario de oficina que quedaron en desuso debido a las inundaciones.  También se coordina el acopio y envío de alimentos no perecederos, de higiene básica y limpieza para las y los servidores judiciales en diferentes zonas del país que lo requieren y se emprenden acciones para atender al personal que aún se encuentra en las zonas de riesgo.