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Analizan experiencias de aplicación de Justicia Juvenil Restaurativa en delitos de género

Analizan experiencias de aplicación de Justicia Juvenil Restaurativa en delitos de género

  • Poder Judicial se nutre con experiencia de autoridades judiciales y penitenciarias del Condado de Harris, Houston-Texas, Estados Unidos.

Profundizar en la experiencia internacional sobre la aplicación de la Justicia Restaurativa Juvenil en temas de Género, reunió a autoridades judiciales costarricenses y estadounidenses, durante este 24 de febrero de 2021.

La capacitación virtual “Abordaje con Enfoque Juvenil Restaurativo en Violencia de Género”, se desarrolla en el marco de la cooperación internacional del Poder Judicial y la Embajada de los Estados Unidos, desde el Proyecto de Cooperación Internacional Corte-Embajada USA-NCSC sobre Justicia Juvenil Restaurativa.

Jueces, juezas, representantes del Ministerio Público y la Defensa Pública del Poder Judicial de Costa Rica, se nutren de las experiencias compartidas por expertos en Justicia Restaurativa del Centro Penitenciario del Condado de Harris Houston-Texas, Estados Unidos.

La Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano Castro resaltó que “…en materia de violencia de género, la obligación asumida por el Poder Judicial debe ser aún más expedita, en aras de eliminar cualquier tipo de ejercicio o reproducción de los patrones que han  caracterizado el sistema patriarcal que conlleva el ejercicio de la violencia estructural en perjuicio de las personas más vulnerables, tradicionalmente las mujeres y personas menores de edad.  Por ello es que en estas mesas de reflexión con las experiencias exitosas de los Estados Unidos, podremos valorar la réplica de prácticas en nuestro país, que puedan contribuir con el avance de la institucionalidad, para buscar una sociedad más pacífica y equitativa”.

El magistrado y rector de Justicia Restaurativa del Poder Judicial, Gerardo Rubén Alfaro Vargas destacó la importancia del intercambio de experiencias a nivel internacional, porque abren oportunidades para el replanteamiento de estrategias en el abordaje de situaciones de interés nacional, desde el trabajo conjunto, colaborativo, respetuoso y consensuado que emprende la Justicia Restaurativa.

“A partir del conocimiento de las experiencias internacionales, vamos a escuchar de las personas expertas y se podría valorar la posibilidad de abrir la discusión en cuanto a la capacidad de los procedimientos restaurativos, en brindar una solución integral para las partes intervinientes en el conflicto y que permita evitar la reproducción de los patrones de violencia intrafamiliar de género”, puntualizó Alfaro Vargas.

La representante de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica, Lisa Lesage, señaló que “…si bien en Costa Rica existen una serie de limitaciones para la aplicación de la Justicia Restaurativa, en temas sensibles como aquellos relacionados con la violencia de género, es importante abrir espacios que permiten proponer reflexiones comparativas, con otros sistemas legales que contribuyan con el funcionamiento y la cultura de paz, la sana convivencia y resolución de conflictos de forma integral”.

La magistrada y coordinadora de la Comisión de Género del Poder Judicial, Roxana Chacón Artavia señaló la necesidad de reflexionar en temas como la debida investigación de los hechos delictivos, el cumplimiento internacional del país en la prevención, investigar y sancionar; así como reparar y proteger a las víctimas en temas relacionados con los delitos de género. 

“Espero que este espacio enriquecedor en el plano académico e intercambio de experiencias, nos permita reflexionar sobre estas circunstancias y nos permita aprender cómo ha funcionado un programa tan exitoso en Houston, en el tema de la violencia contra las mujeres, porque es una preocupación de la Comisión de Género y de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, el poder darle mayor diligencia a estos delitos de la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujeres y que podamos tener éxito en la prevención también, en esos casos que son amenazados por el femicidio”,  afirmó Chacón Artavia.

La actividad también contó con la participación de la Fiscala General, Emilia Navas Aparicio; el Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo, la Jefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología, Alba Gutiérrez Villalobos y el Director del National Center for State Courts, Timothy Hughes.

Costa Rica y Paraguay firman convenio de cooperación en materia de Justicia Restaurativa

Costa Rica y Paraguay firman convenio de cooperación en materia de Justicia Restaurativa

  • Apoyo y acciones conjuntas en la materia e intercambio de buenas prácticas.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Fernando Cruz Castro y su homólogo de la República de Paraguay, Alberto Joaquín Martínez Simón firmaron un convenio para desarrollar acciones de cooperación para el fortalecimiento de la justicia restaurativa.

La firma del convenio se realiza bajo la premisa de los objetivos 16 y 17 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que consisten en la creación de alianzas para el cumplimiento de los objetivos claves en materia de instituciones sólidas, democráticas y transparentes.

En el acuerdo se estipula el desarrollo de capacitaciones sobre cuestiones teórico-prácticas en la implementación del proceso restaurativo con énfasis en la persona ofensora, la víctima y redes comunitarias, así como procesos, prácticas y resultados restaurativos en el marco del derecho penal y penal juvenil de ambas partes. También se hará material de difusión para la implementación del programa.

En dicha cooperación, el Poder Judicial de Costa Rica brindará apoyo, orientación y seguimiento de las acciones conjuntas, así como difundir, divulgar y promover los procedimientos del programa a fin de replicar las buenas prácticas. Por su parte, el Poder Judicial de Paraguay brindará apoyo y seguimiento a dichas prácticas y proyectos conjuntos.

El Magistrado Cruz Castro indicó que la firma de este convenio es una muestra de la relación de colaboración entre los Poderes Judiciales que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana, con el objetivo de fortalecer procesos en la Administración de Justicia, para brindar servicios de calidad eficiente, oportunos y necesarios para la ciudadanía. 

“Esta alianza significa que todas las instituciones tenemos la voluntad de cumplir la misión de asegurar el acceso a las personas, generar acciones para el intercambio de experiencias, buenas prácticas y conocimiento que de manera conjunta se podrá potenciar para la región iberoamericana” afirmó Cruz Castro.

Fernando Cruz aseguró que “el Poder Judicial de Paraguay ha sido un aliado, aspiramos seguir desarrollando iniciativas y proyectos en diversos temas de interés, tanto bilateral como en el ámbito iberoamericano; es de particular interés que el tema de Justicia Restaurativa lo podamos trabajar además de manera conjunta, en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana”. 

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial de la República de Paraguay, Alberto Joaquín Martínez Simón indicó que “este convenio que tanto nos interesa tiene un único fin que es llevar una mejor justicia a las personas que más lo necesitan. Compartir experiencia entre ambas instituciones para decir que tenemos una mejor justicia y tenemos un Poder Judicial con un rostro humano”.

En la actividad virtual participaron el Magistrado y Coordinador Nacional de Cumbre Judicial Iberoamericana, Román Solís Zelaya, así como el Magistrado Rector de Justicia Restaurativa Gerardo Rubén Alfaro Vargas. También el Ministro Coordinador Nacional Cumbre Judicial Iberoamericana de Paraguay, Luis Maria Benites Riera; el juez penal de la adolescencia y ministro encargado del programa de Justicia Restaurativa, Camilo Torres y la Ministra del Poder Judicial de Paraguay, Gladis Barreiro.

Programa Hacia Cero Papel destaca la tecnología como aliada en ahorro de papel

Programa Hacia Cero Papel destaca la tecnología como aliada en ahorro de papel

  • Poder Judicial trabaja en nueva política institucional orientada en la simplificación y celeridad de trámites.

 El establecimiento de procesos electrónicos para la ejecución de diversas gestiones judiciales internas y esfuerzos del personal judicial para promover un ahorro en el consumo de papel, fotocopias y tóner, es lo que destaca en el informe presentado por el Programa Hacia Cero Papel del Poder Judicial, bajo la coordinación del Consejo Superior.

 Los resultados obtenidos en el 2020, involucran las acciones emprendidas por los equipos de trabajo que se integraron según el ámbito institucional Administrativo, Jurisdiccional y Auxiliar de Justicia (Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público y Defensa Pública).

La integrante del Consejo Superior y coordinadora del Programa Hacia Cero Papel del Poder Judicial, Sandra Pizarro Gutiérrez, resaltó el trabajo de todos los órganos judiciales involucrados, que contribuyeron “…a mejorar en gran medida el acceso a la justicia y la tutela efectiva de una justicia pronta y cumplida, esto a través de la eliminación progresiva de formalismos excesivos e innecesarios en la tramitación de los procesos (administrativos y jurisdiccionales), que permita la reducción del uso del papel y la maximización de los recursos tecnológicos”.

Entre los que destacan a nivel administrativo, la implementación de los sistemas electrónicos para el control vehicular, el sistema de vehículos decomisados, el sistema integrado de correspondencia y el de asistencia electrónica institucional, este último ya registra 10.307 con carné electrónico en todo el país.

También destaca la entrega de certificaciones de antecedentes penales digitales, las cuales se entregaron bajo esta modalidad como una medida para garantizar el servicio ante la pandemia.  En total se entregaron 99.739 documentos digitales, lo que representa un aumento del 292% con respecto al año 2019, que llegó a entregar 25.432 certificaciones digitales.

A estos esfuerzos se suman los sistemas de recepción de facturas de manera electrónica y la implementación de la oferta electrónica en los procedimientos de contratación.

Solo en consumo de fotocopias al compararse el II Semestre del 2019 con el I Semestre del 2020, se registra una disminución de 307.298 hojas no utilizadas, que equivale a un 50% de reducción y con un costro promedio de ahorro de ¢4.723.170,26.  El Ámbito Auxiliar de Justicia registró el mayor porcentaje de ahorro con un 52%.

En cuanto al uso de resmas de papel, al compararse el II Semestre del 2019 (7.102 resmas utilizadas) con el I Semestre del 2020 (5.783 resmas utilizadas), se contabiliza una disminución de consumo en resmas de papel de 1.397 entre ambos períodos, con un valor económico de ¢6.146.800,00. 

Para la integrante del Consejo Superior y coordinadora del Programa Cero Papel, Sandra Pizarro Gutiérrez, desde la Dirección Ejecutiva y las Administraciones Regionales se realiza un monitoreo periódico del consumo de papel, tóner y fotocopias en los circuitos judiciales de todo el país y existe un compromiso de parte de estas dependencias por sensibilizar a la población judicial para mantener estos esfuerzos de ahorro institucionales.

Pizarro Gutiérrez mencionó que dentro de las nuevas propuestas en las que se trabaja, está la construcción de la Política de Simplificación y Celeridad de Trámites Judiciales, que tiene entre sus objetivos promover en la población judicial mejores prácticas y procedimientos que contribuyan progresivamente a eliminar los formalismos excesivos e innecesarios entre los trámites judiciales y desarrollar una gestión más ágil y oportuna.

 

Consejo Superior rinde informe de labores 2020 ante Corte Plena

Consejo Superior rinde informe de labores 2020 ante Corte Plena

Las acciones administrativas emprendidas durante el 2020 para el efectivo funcionamiento del Poder Judicial, las expuso el Consejo Superior en un detallado informe de labores que presentó en la sesión de Corte Plena de este lunes 15 de febrero de 2021.

La exposición de la gestión administrativa judicial estuvo a cargo de los y la integrante del Consejo Superior, Carlos Montero Zúñiga, Gary Amador Badilla, Gary Bonilla Garro y Sandra Pizarro Gutiérrez.

El informe del órgano judicial administrativo destacó acciones en materia presupuestaria, atención de la emergencia por COVID-19, construcción y mantenimiento de infraestructura, requerimientos y apoyo a las oficinas y despachos judiciales, el respaldo al proyecto de Modelo Integral del Proceso Penal, aplicación del régimen disciplinario, la labor en la integración de comisiones y el trabajo en el Modelo de Gestión de Riesgos de la Institución.

El integrante del Consejo Superior, Carlos Montero Zúñiga resaltó el presupuesto para la atención de la pandemia, en áreas como la compra de implementos de limpieza, equipo de protección y licencias, equipos de software y mejorar la conectividad para brindar el servicio judicial; así como el establecimiento de directrices y acuerdo administrativos para establecer medidas sanitarias.  Resaltó que durante 2020 se emprendieron labores para mantener la estabilidad de la estructura judicial, con el reforzamiento estructural y eléctrico.

Por su parte, Gary Amador Badilla expuso la importancia del Plan de Modelo Integral del Proceso Penal, donde dio un fuerte apoyo en materia de administración del recurso humano; así como un monitoreo permanente para establecer las prioridades y ajustes en eficiencia, tendientes a fortalecer la gestión de los Tribunales.

La integrante Sandra Pizarro Gutiérrez afirmó que se le dio prioridad en la reducción de plazos en la resolución de asuntos disciplinarios en procesos que involucraron medidas cautelares o revocatoria de nombramientos y se trabajó de manera coordinada con la Comisión de Asuntos Laborales y el Tribunal de la Inspección Judicial.  Detalló que durante el 2020 se conocieron 427 asuntos disciplinarios, de los cuales 380 de éstos se resolvieron con lugar y sanción correspondiente, además, se trabajaron planes de descongestionamiento.

En materia de participación de comisiones, la exposición estuvo a cargo del integrante Gary Bonilla Garro y señaló que se trabajó en coordinación con  la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, así como el seguimiento, en conjunto con la Unidad de Control Interno, la Dirección de Planificación y de Tecnología de la Información, el modelo de gestión de riesgos para lograr la integración del Plan Estratégico Institucional y el Plan Anual Operativo y el SEVRI, con lo cual se alcanzó el alineamiento en el 2020 de un total de 109 metas, de las 120 metas estrategias existentes.

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