La mañana de este viernes 5 de abril autoridades judiciales inauguraron el nuevo edificio de los Tribunales de Justicia de Osa.

Esta nueva infraestructura está ubicada en el centro cívico de ese cantón, específicamente en la comunidad de Ojo de Agua de Osa y fue construido bajo condiciones seguras a inundaciones, lejos de la zona de afectación del Río Grande de Térraba.

La inauguración contó con la participación del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Fernando Cruz Castro, magistrados y magistradas de la Corte Plena, integrantes del Consejo Superior y jerarcas del Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública, y representantes del ámbito administrativo y personal de los Tribunales de Osa.

“Me complace participar en esta inauguración del edificio de los Tribunales de Osa, cuyo funcionamiento facilitará el acceso a la justicia de la población de esta zona del país.”, señaló el Presidente de la Corte, Magistrado Fernando Cruz Castro.

“Con la construcción de este edificio se refleja el mejoramiento en las condiciones de funcionamiento tanto para las personas servidoras judiciales, como para las personas usuarias.”; agregó el magistrado Cruz quien además resaltó el esfuerzo de muchas personas que mediante un trabajo articulado entre el Poder Judicial y la Comunidad, aportaron de una y otra manera para hacer realidad la construcción de este edificio.

 “Hoy es un día especial para el Poder Judicial y muy especialmente para nuestras personas usuarias y colaboradoras del cantón de Osa.  Hemos logrado el objetivo trazado de culminar esta edificación con la seguridad que se requiere en esta zona del país, con la tecnología de punta y cumpliendo las disposiciones que las leyes especiales exigen.”; señaló el magistrado Rivas Loáiciga.

Los Tribunales de Justicia de Osa consta de una edificación de una sola planta en un área de construcción de 2.691.1 m2 distribuidos en dos bloques; uno donde están ubicadas las oficinas administrativas y el otro principal que alberga los despachos, salas de juicio y otros servicios judiciales.

La construcción de la obra contempla como énfasis especial el bienestar de las personas usuarias y a la implementación de las Normas de la Ley 7600; para ello cuenta con rampas, y barandas de acceso, guías para personas no videntes.

Toda la estructura fue diseñada bajo parámetros amigables con el ambiente; por ello cuenta con un sistema climatizado y de iluminación eficientes. Inodoros de baja descarga, espacios con zonas verdes y paisajismo para asegurar sombra y reducir la reflexión social y altas temperaturas; y se instalaron un total de 190 paneles solares proveen el 25% de la energía eléctrica del edificio.

Su diseño cuenta con el cumplimiento del Reglamento de Seguridad Humana del Cuerpo de Bomberos, Reglamento de Construcciones, Normas del Ministerio de Salud, así como de los lineamientos internos del Poder Judicial establecidos por los Departamentos de Seguridad y Salud Ocupacional.

En el nuevo inmueble se ubican los siguientes despachos: Tribunal de Juicio, Salas de Juicio, Juzgado Penal, Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía, Juzgado Civil, Defensa Pública, Fiscalía, Subdelegación del OIJ, Contraloría de Servicios, Administración, Correo Interno, Trabajo Social y Psicología y Oficina de Comunicaciones judiciales, entre otras.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Fernando Cruz Castro urgió por una nueva forma de elección al cargo de la magistratura. Enfatizó que un objetivo prioritario durante su gestión es el mejoramiento de procedimiento de selección y nombramiento de los magistradas y magistrados, en el cual deben prevalecer criterios objetivos y de transparencia, con el fin de que se nombre a los y las mejores juristas del país que cuenten con una sólida experiencia profesional, una formación académica, altos valores éticos y que se respete la paridad de género.

Planteó la necesidad de construir una Morgue Judicial en la Zona Sur, para mejorar los servicios de medicina legal que se brinda en esta región, así como el impulso y apoyo de la Asamblea Legislativa al proyecto de ley de Carrera Fiscal será fundamental para el fortalecimiento de las funciones que ejerce el Ministerio Público.

Además, expuso el avance de los temas prioritarios de reforma judicial en los que trabaja Corte Plena, como la reciente aprobación del Protocolo para la Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial.

En relación con la implementación de la Ley de Crimen Organizado que demanda una serie de servicios nuevos, Cruz Castro indicó: “Desde el Poder Judicial tenemos una responsabilidad de ejecutar las normas legales que se aprueben, sin embargo la ausencia de contenido económico no nos permite hacerle frente a los nuevos servicios de manera efectiva.  El presupuesto judicial se ha caracterizado por ser austero y con crecimiento cero; esto nos limita a dirigir los recursos, únicamente, a la atención de los servicios judiciales que actualmente se brindan a la ciudadanía”.  

El Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, dio su respaldo al proyecto de Carrera Fiscal que promueve el Poder Judicial e indicó que solicitó la convocatoria para que inicie su trámite en la corriente legislativa, durante el período extraordinario en el que el Poder Ejecutivo establece la agenda de proyectos para discusión.

De acuerdo con la Presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo Herrera, también señaló el compromiso de impulsar dicho proyecto; así como abrir la discusión de cara a la construcción de una reforma legal en materia de ejecución de la pena.

Por su parte, el Presidente del Tribunal Supremo de Elección, Luis Antonio Sobrado González, abogó porque se emprendan propuestas que tengan como prioridad contrarrestar la amenaza de las noticias falsas y que constituyen un riesgo para los procesos electorales.

Durante el encuentro la y los representantes de los Supremos Poderes procedieron con la firma del Ideario - Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional: Compromiso Marco para el Funcionamiento del Estado Abierto y el Diálogo Nacional entre la Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, con el fin de fortalecer la incorporación de la ciudadanía en la fiscalización y participación dentro del quehacer de las instituciones del Estado.

La reunión se realizó en la Corte Suprema de Justicia con la participación del Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, el Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, la Presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo Herrera y el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado González.

El Auditor Judicial Robert García González presentó a Corte Plena elInforme Anual de Labores 2018, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa establecida en la Ley General de Control Interno. Detalló los resultados de las diferentes Secciones y áreas de trabajo que en total generaron como resultado 74 informes distribuidos entre Fiscalizaciones, Asesorías, Advertencias y Relaciones de Hechos ; también se cumplió con el seguimiento de 1611 recomendaciones derivadas de 384 informes anteriores en procura de la constante mejora en los niveles de eficiencia, eficacia y economía del funcionamiento integral del Poder Judicial.

La presentación de dicho Informe se efectuó en la sesiones de Corte Plena del 11 y 25 de marzo pasado.

Se destaca un informe de fiscalización elaborado por la Sección Auditoría Operativa que tenía como objetivo evaluar si los casos gestionados por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, se tramitaban en forma eficiente y efectiva conforme a la política de persecución criminal y en función de su aporte al proceso penal, el cual fue desarrollado por un equipo de Profesionales en Auditoría, quienes a través de diversas pruebas realizadas obtuvieron la evidencia requerida para emitir el informe de fiscalización mencionado que contiene el análisis de siete casos concretos considerados como sensibles y de interés de toda la ciudadanía.

“Con el cumplimiento de las recomendaciones emitidas se fortalecería el trabajo de la Fiscalía evaluada”,   así introdujo el tema  el Auditor Judicial Roberth García González en la sesión de Corte Plena del pasado 11 de marzo, previo a darle la palabra a la Jefa de la Sección de Auditoría Operativa, María Jesús Jiménez Soto, quien tuvo a cargo la presentación del documento, el cual fue remitido en su oportunidad a los actuales jerarcas del Ministerio Público.

El estudio tiene su origen en la solicitud expresa del anterior Fiscal General, quien el 11 de julio del 2016 gestionó ante la Auditoría Judicial,  el desarrollo de una evaluación para determinar operativamente las razones que generan trámite prolongado en asuntos penales.

Como se indicó, el informe presentado es el resultado de una fiscalización de naturaleza operativa especial, cuyo alcance consideró la revisión de siete asuntos examinados a diciembre de 2016. El objetivo fue determinar los tiempos de tramitación en las diferentes etapas del proceso penal e identificar las variables que podrían afectar la celeridad del trámite.

La Auditoría Interna emitió recomendaciones dirigidas a la Fiscalía General, referente a impulsar acciones de coordinación con el Organismo de Investigación Judicial para formular estrategias orientadas al desarrollo eficiente de la dirección y seguimiento de los casos.

Además, la Auditoría señaló  la necesidad interna en el Ministerio Público de desarrollar perfiles competenciales, con la colaboración de la Dirección de Gestión Humana, antes de rotar personal profesional y técnico y así prevenir un impacto negativo en la dirección de las investigaciones.

Recomendaron la coordinación con la Dirección de Planificación para un estudio técnico que defina la estructura organizacional y funcional de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, que se ajuste a los requerimientos, competencias y normativa aplicable.

En cuanto al área tecnológica, se propone formular con la Dirección de Tecnología, una solución informática para atender las necesidades de bitácoras o controles internos en el registro de labores de supervisión, dirección funcional, coordinación de acciones entre dependencias internas y externas, control de plazos, entre otros.

Asimismo se recomendó  participación más activa por parte del Ministerio Público en el proyecto “Protocolo de Cadena de Custodia para el OIJ-MP”, en procesos de actualización e integración del marco regulatorio y de procedimientos para el manejo de evidencias y toda regulación especial que las Fiscalías requieran para los trámites y gerenciamiento de casos, así como mejorar el ambiente de control interno desde el seguimiento y supervisión de las causas a cargo de las y los fiscales auxiliares.

También se solicitó la colaboración al Consejo Superior, para que gire las directrices pertinentes a las Direcciones de Planificación, Tecnología de Información y Gestión Humana, con el fin de que la implementación de las recomendaciones señaladas sea de manera prioritaria y oportuna.

Para cada recomendación se establecieron plazos puntuales y para verificar su cumplimiento la Auditoría Interna ya se encuentra desarrollando el seguimiento correspondiente de los resultados del informe expuesto, a fin de comprobar la implementación de las propuestas de mejora. 

Además del máster García González en la Dirección, el equipo de trabajo fue conformado por la máster Jiménez Soto en la Supervisión y los profesionales en auditoría, Zaira Sánchez Coto, Minor Zúñiga González y Daniel Gutiérrez Castillo.

Auditoría Interna activa

Según explicó el Auditor Interno del Poder Judicial, Roberth García González, el 80% de la labor emprendida durante el 2018 correspondió a estudios de fiscalización, un 17% correspondieron a evaluaciones de advertencias y un 3% canalizado en la elaboración de relaciones de hechos.

En cuanto a la labor de consultas legales, el Auditor Interno del Poder Judicial destacó las funciones que realizó la Unidad Jurídica de esa Auditoría, la  cual  elaboró 30 criterios en esta materia y brindó apoyo técnico en temas específicos, atendiendo solicitudes del Consejo Superior, Consejo Consultivo de la Corte Plena y la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente según puntualizó el Auditor Judicial, en el 2018 se logró el cumplimiento del Plan Anual Operativo PAO-2018, aproximadamente en un 100%, de ahí que “Podemos asegurar que cerramos la gestión de la Auditoría Interna, con un 99,47% de cumplimiento, respecto a los objetivos, metas y acciones planteados en el Plan Anual Operativo de este último año”, destacó Roberth García.

Un total de 100 sesiones de trabajo, con análisis, discusión y tomas de decisiones en materia de administración del Poder Judicial, fue parte del informe de labores del Consejo Superior.

El informese presentó ante Corte Plena y contempla la gestión emprendida de noviembre del 2017 al 31 de octubre de 2018, que representó un total de 8.113 acuerdos.

Una de las labores importantes que se destaca es el estudio del anteproyecto de presupuesto 2019.

“Durante las 7 sesiones de trabajo que se llevaron a cabo, se conocieron los presupuestos y planes estratégicos de los distintos Consejos de Administración, los ámbitos y demás despachos judiciales, y se analizaron 43 informes integrales sobre solicitudes de recurso humano, producto de ello fue el anteproyecto de presupuesto que se presentó a la Corte Plena”, detalló el informe.

En materia disciplinaria, se constituyó como órgano de segunda instancia y superior jerárquico del Tribunal de la Inspección Judicial. 

Desde esta competencia se atendieron 134 asuntos relacionadas con confirmación de revocatoria de nombramientos, suspensiones del cargo, amonestaciones escritas, advertencias y archivo de asuntos por diversos motivos.

La visita a despachos judiciales es uno de las funciones que realizan con el fin de tomar acciones y acuerdos necesarios para dar una respuesta oportuna a los requerimientos en cada zona y mejorar el servicio que se brinda.  En total se realizaron giras a siete oficinas en diferentes zonas del país.

“En ellas se tuvo encuentros con diferentes sectores que participan en la gestión del Poder Judicial, lo que ha contribuido  a identificar  las necesidades de los servidores y servidoras judiciales, litigantes y personas usuarias, y se obtuvieron  insumos  importantes para la toma de decisiones”, detalló el informe de labores.

En cuanto a la materia de contratación administrativa, se adjudicaron 94 licitaciones y siete se declararon desiertas o sin efecto.

Se destacó el trabajo de las y los integrantes del Consejo Superior en las Comisiones Judiciales que atienden diversos temas referentes a la gestión judicial institucional.

En el conocimiento de temas relacionados con jubilaciones y pensiones, se aprobaron un total de 194 jubilaciones y se atendieron asuntos relacionados con el reconocimiento del derecho de jubilación y personas beneficiarias de pensión.  Además se analizaron informes medico-legales para atender temas de incapacidades absolutas y permanentes de servidoras y servidores judiciales.

Cabe señalar, que el Consejo Superior está integrado por el Presidente y Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro y Patricia Solano Castro; así como de los integrantes Carlos Montero Zúñiga, Gary Amador Badilla, Sandra Pizarro Gutiérrez y Sara Castillo Vargas y cuentan con el apoyo técnico de la Directora Ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins y la Secretaria General de la Corte, Silvia Navarro Romanini.