La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, solicitó al Tribunal de la Inspección judicial realizar una investigación a la labor que realizan los juzgados penales de todo el país, para determinar su efectividad en la atención de las diversas diligencias que solicitan las fiscalías en todo el territorio nacional.

La solicitud fue realizada por el Presidente de la Corte, Magistrado Fernando Cruz a la Presidenta del Tribunal de la Inspección Judicial, Siria Carmona, tras los datos que presentó la Fiscalía General de la República ante Corte Plena, en el marco de la rendición de cuentas anual,  en el que comentó que identificaban en algunos casos,   tardanza en la atención que los juzgados penales daban a las diligencias a cargo de las fiscalías.

La Inspección Judicial ejecutó las acciones necesarias para obtener elementos técnicos y tomar una decisión de si procedía o no la apertura de pesquisas administrativas y en cuáles juzgados penales.

El estudio comprendió entrevistas con la Fiscalía General y el análisis de un total de 5268 solicitudes hechas en todo el país en relación con prisiones preventivas, medidas cautelares, levantamientos de secreto bancario, apertura de evidencias y otras; así como entrevistas y la revisión de las labores de los 59 juzgados penales.

La investigación concluyó que el 75,55% de las respuestas emitidas por los juzgados, se da dentro del plazo de 10 días, que es el tiempo en el que, de forma generalizada, la fiscalía solicita su contestación.

Respecto de las resoluciones que se dictan dentro de los 30 días siguientes a la solicitud fiscal, éstas comprenden un 14,23% y solo un 1,62% superan los treinta días y solo un 1,36% son solicitudes pendientes de respuesta.

Se desprende de la investigación realizada que el cumplimiento en cuanto a plazos y tramitación de las causas es bastante alto,  que alcanza un 90% en la efectividad de los diferentes despachos analizados, por lo que no se puede indicar que haya negligencia en la tramitación.

El informe del órgano disciplinario concluyó que no existe un atraso injustificado que amerite la aplicación del régimen disciplinario por lo que en aplicación del artículo 207 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se resolvió desestimar y archivar las diligencias.  

Una de las metas a mediano plazo, que asumió el Tribunal Penal de Corredores, es reducir el tiempo de señalamiento de juicios a un año, una vez ingresado el expediente.

 Así, con objetivos muy claros, el despacho se integró al Programa de Mejora en Materia Penal, a finales del mes de junio. El proyecto lo impulsa la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia a nivel nacional.

 El Tribunal integrado por una sección colegiada que atiende los procesos ordinarios, una sección de flagrancia y un juez tramitador, emprendieron una reorganización del despacho para atender el circulante existente.

 Con apoyo del Consejo Superior, se reforzó con una sección adicional de jueces, que apoyará a la sección ordinaria en la resolución de los procesos colegiados.

 El juez sub coordinador de lo ordinario, asume los juicios unipersonales y las apelaciones.  La coordinación del Tribunal está a cargo de la jueza Yarmila Ulate Young .

 “El Plan de Mejora Penal es una necesidad, porque viene a ordenar la agenda del Tribunal: El recurso adicional nos permitirá abrir mayor espacio para la continuación de los juicios que lo requieran. Tenemos grandes esperanzas en este proyecto, que nos permitirá darle una respuesta clara y efectiva a la persona usuaria”, puntualizó el juez sub coordinador, Omar Retana Quirós.

 La propuesta de trabajo que se trabaja de la mano con la Dirección de Planificación del Poder Judicial, contempla la efectividad en el señalamiento de juicios y realización de las audiencias. La meta a mediano plazo es reducir de dos a un año el plazo de señalamiento de juicios; para finalmente llegar a 6 meses o menos.

 El Tribunal Penal de Corredores tiene una amplia competencia territorial. En procesos ordinarios atiende Corredores y Coto Brus; así como atender los reenvíos e inhibitorias de Osa y Golfito. En flagrancia le compete los procesos de Corredores, Golfito, Jiménez y San Vito.

 Según explicó el juez Retana Quirós, los delitos que se juzgan con mayor regularidad son relacionados con crimen organizado, narcotráfico y delitos sexuales, éstos últimos principalmente provenientes de la zona de San Vito.

El Poder Judicial recibió una calificación de 89,2% durante la gestión emprendida durante el 2018, así lo señaló el Índice de Gestión Institucional (IGI) aplicado por la Contraloría General de la República al Poder Judicial.

La institución ocupa el lugar 28 de 158 instituciones evaluadas por  el órgano contralor.

El esfuerzo de la administración judicial por mejorar el perfil institucional en su gestión administrativa permitió que del 2017 al 2018 se escalen 70 posiciones, al pasar del lugar 98 en el 2017 al lugar 28 en el 2018.  El puntaje se incrementó del 76,79% al 89,2%, durante esos años.

Las autoridades judiciales obtuvieron un alto nivel de gestión ante la labor emprendida en temas como Ética y Prevención de la Corrupción, planificación, presupuesto, tecnologías de la información, recursos humanos y contratación administración.  A esto la labor en eficacia y transparencia. En cada uno de estos factores se obtuvo la máxima calificación máxima.

El Poder Judicial ya focaliza su trabajo en reforzar las oportunidades de mejora en los componentes de servicio al usuario, gestión financiero-contable, Auditoría Interna, Secretaría de la Corte, Dirección Jurídica y Control Interno.

Desde el Consejo Superior y la Dirección Ejecutiva se emprendieron acciones para mejorar la gestión institucional en estas áreas, que comprenden la formulación de un plan de acción al 30 de agosto 2019, para dar cumplimiento con los aspectos evaluados en el Índice de Gestión Institución en las áreas de mejora. 

Con ello se propone incrementar la efectividad en los factores de evaluación del ente contralor; mediante la optimización de los procesos administrativos.

El IGI de la Contraloría General de la República permite determinar la óptima administración de las instituciones públicas basada en los pilares básicos de la estrategia, la cultura, la estructura y la ejecución.

Corte Plena aprobó este jueves 6 de junio en sesión extraordinaria,  el proyecto de presupuesto para el 2020 ajustado a las directrices de contención del gasto emitidas por el Ministerio de Hacienda previamente comunicadas a este Poder de la República.

Con la totalidad de 21 votos de magistrados y magistradas presentes en la sesión se acordó que la prioridad será la lucha contra la corrupción en todas las áreas de la institución, con una redistribución  en la ejecución presupuestaria del año 2020 para dar cumplimiento al  acuerdo de Corte Plena del 4 de marzo pasado que aprobó un informe de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

La jerarquía del Poder Judicial es consciente de la crisis fiscal que enfrenta el país, por ello desde los últimos 5 años el presupuesto institucional que se entrega al órgano hacendario es para cumplir con requerimientos mínimos y garantizar la efectividad de los servicios que actualmente tiene a disposición de las personas usuarias.

En la sesión de este jueves el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Fernando Cruz puntualizó: “… el presupuesto del Poder Judicial se aprueba conforme al marco legal ajustándonos a la regla fiscal.  De igual manera debemos plantear una serie de valoraciones y propuestas para los temas prioritarios de crimen organizado y otras leyes especiales pues debemos hacerle frente a estas nuevas obligaciones”.

La Directora de Planificación Nacira Valverde, expuso en la sesión el  plan de gasto y  señaló que ‘’... el presupuesto total se revisó y se ajusta al monto indicado y al límite estipulado por el Ministerio de Hacienda, que corresponde a un rubro por debajo del presupuesto otorgado en el 2019,  que representa un 0,56 %  menos y con cero crecimiento en plazas. Se tomaron una serie de acciones que comprendieron reajustes en materia de sustitución de personal en los diferentes programas presupuestarios y en la partida de remuneraciones”.

La formulación presupuestaria aprobada hoy cumple con los oficios DM-0466-2019  y DM-0615 –2019, de la autoridad hacendaria y fundamentados en Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada el 3 de diciembre del año anterior como Ley de la República, que introdujo la regla fiscal.

El proyecto de presupuesto judicial para el próximo año contempla los recursos económicos para la judicatura, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública, Escuela Judicial,  Programa de Protección de Víctimas y Testigos  y el ámbito administrativo.

No hay crecimiento en plazas nuevas dentro del Poder Judicial, directriz que las autoridades judiciales siguen desde el plan presupuestario del presente año.

Para el cumplimiento de leyes especiales aprobadas por el Plenario Legislativo que imponen nuevas obligaciones  se remitirá al Ministerio de Hacienda una propuesta de los requerimientos que se necesitan para su implementación. Estas leyes son bienestar animal, acceso a pueblos indígenas, justicia restaurativa, reforma agraria y la jurisdicción especializada en crimen organizado.  

La formulación del anteproyecto de presupuesto de  este Poder de la República corresponde  al Consejo Superior,  con el apoyo de los órganos técnicos y la aprobación final compete a la Corte Plena, así lo indica la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El proyecto de presupuesto 2020  se remitirá al Ministerio de Hacienda en fecha 14 de junio de 2019.

El monto total del presupuesto ordinario corresponde a 470.743.709.100 colones.