Las magistradas y los magistrados de Corte Plena, designaron a Sara Castillo Vargas como integrante propietaria del Consejo Superior.

El nombramiento se realizó en la sesión de este lunes 5 de noviembre, en cuya votación Castillo Vargas obtuvo 12 votos a favor.

La representante del órgano judicial administrativo asumirá funciones a partir del 16 de noviembre.

“Asumo esta responsabilidad con gran emoción, pues representa una posibilidad de hacer aportes desde mi experiencia de más de 20 años dentro de la institución, en diferentes temas, para incidir en el fortalecimiento del Poder Judicial en el acto humano y jurídico, para lograr avances y ser una administración pública de justicia moderna, transpartente y con el eje en los derechos humanos, enfocada en la persona usuaria que es a quien nos debemos”, afirmó Sara Castillo.

Para la funcionaria judicial, al ser el Consejo Superior el órgano administrativo mayor de la institución, tiene una gran responsabilidad, pues tiene a su cargo áreas tan sensibles como el tema financiero.

“Es una labor importante del Consejo Superior pensar en nuevas formas de hacer la gestión pública, descentralizando, haciendo más eficientes y efectivos los procesos y dando un mayor impulso desde la transparencia y la rendición de cuentas”, puntualizó Castillo Vargas.

“Asumo mi cargo con el único compromiso de defender la Constitución, sus valores y principios”, expresó el magistrado de la Sala Constitucional,  Jorge Araya García, al recibir la juramentación ante la Asamblea Legislativa, este jueves 1 de noviembre.

El acto estuvo a cargo de la Presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo Herrera, durante la sesión ordinaria del plenario legislativo.

Araya García señaló que aportará al Tribunal una experiencia continua de 34 años de academia constitucional.

“Desde la academia, los temas se toman con un grado de reflexión muy grande y con un grado de análisis comparado sobre las experiencias de America Latina y europeas. Mi aporte será como un académico, un estudioso del Derecho Constitucional”, aseveró.

Destacó que la Sala Constitucional costarricense tiene una serie de retos por delante, que debe de enfrentar con mucha determinación y no posponer algunos de esos aspectos que son vitales para el fortalecimiento de la democracia costarricense, como la sobrecarga de trabajo, la ejecución de las sentencias de la Sala, la capacidad de respuesta de la Sala y su reforma.

Araya García es Doctor en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho.

Es Especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y Licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Centroamérica; además es periodista graduado en esta misma casa de enseñanza.

Desde el 2005 y hasta la fecha asumió funciones como magistrado suplente de la Sala Constitucional.

Entre su experiencia destaca su desempeño en la función pública como Viceministro de Gobernación y de la Presidencia.  También se desempeñó como Director del Consejo Técnico de Aviación Civil,  del Consejo Nacional de Drogas y de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad.

El magistrado Jorge Araya es docente en el curso de Derecho Constitucional de la Escuela Libre de Derecho.

La evidencia digital toma relevancia en la lucha de las autoridades judiciales contra la ciberdelincuencia.  Sus características, estándares internacionales de almacenamiento y preservación, fueron temas en los que profundizaron representantes judiciales de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica que integran el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe.

La actividad la desarrolla el Consejo, cuya presidencia Pro Témpore la asume el Poder Judicial de Costa Rica y en este segundo día contó con la participación de la magistrada de la Sala de Casación Penal, Sandra Zúñiga Morales.

La exposición sobre los “Aspectos prácticos de la cadena de custodia”, estuvo a cargo del experto internacional en ciberdelincuencia, Freddy Bautista, quien destacó que todo dispositivo electrónico siempre deja huella.

De allí surge la evidencia digital, en la cual deben seguirse una serie de reglas para su recopilación, almacenamiento y preservación.

Se destacaron las principales características que debe contener este tipo de prueba como lo es el ser admisible, que se ajuste a las normas legales; auténtica que implica que debe tener conexión con el incidente en investigación; completa para que integre una perspectiva total del caso; confiable de tal manera que los procesos de recolección y procesamiento de análisis no dejen duda de su veracidad y creíble, es decir, que sea de fácil entendimiento por la persona juzgadora.

La conferencia expuso los tipos de datos que se pueden extraer desde la informática forense y la importancia de resguardarla y efectuar las actuaciones judiciales con prontitud para garantizar preservación.

“La Evidencia Digital a diferencia de la física, es frágil, pues la copia de un documento almacenado es idéntica a la original.  Otro aspecto único es su potencial de realizar copias no autorizadas de archivos, sin dejar rastro alguno”, puntualió Freddy Bautista.

Las personas participantes del taller también realizaron una mesa de discusión sobre la “Dicotomía que enfrenta el juzgador a la hora de adquirir un criterio de culpabilidad en delitos informáticos.

Los insumos que surgen de este encuentro permitirán establecer la ruta de trabajo y construcción de productos en el Grupo de Combate al Delito del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe.

La actividad contó con la colaboración técnica de la Presidencia de la Corte, la Escuela Judicial y la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial.

Jueces y juezas de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica profundizan en los avances y herramientas para reforzar la persecución de la ciberdelincuencia.

Además, participan representantes del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial costarricenses.

El encuentro se realiza en el marco de las actividades que desarrolla Costa Rica, al asumir la Presidencia Pro Tempore del Consejo Judicial Centroamericano de Centroamérica y del Caribe; representación a cargo del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro.

“El tema de la evidencia informática requiere de personal calificado, de carrera y el reto es tomar estos conocimientos para aplicarlo en el entorno del trabajo.  Puede que se encuentren con limitaciones de recursos humanos y materiales para hacerlo, pero lo importante es tener el conocimiento de una ruta para emprenderlo, considerando la relevancia que tendría una prueba como ésta en la investigación de asuntos relacionados con el crimen organizado y la corrupción”, afirmó el máximo jerarca del Poder Judicial.

De acuerdo con el magistrado y Coordinador del Consejo, Román Solís Zelaya, la actividad se desarrolla en el cumplimiento de los acuerdos de la entidad, para el fortalecimiento de las funciones de los operadores de justicia de la región.

‘Fortalecer las capacidades técnicas de nuestros jueces y juezas en la interpretación y valoración probatoria, respecto de los delitos cometidos en el ámbito digital, permite ser más asertivos en la resolución de los casos’, destacó Solís Zelaya.

Durante este 30 y 31 de octubre, las personas participantes analizan aspectos sobre evidencia digital y el desarrollo de insumos para el establecimiento de la ruta de trabajo y construcción de productos en el Grupo de Combate al Delito.

Para la Directora del Centro de Capacitación Centroamericana y del Caribe, Ileana Guillén Rodríguez, ‘es un tema que nos ocupa a todos los Poderes de la Región y las oportunidades de discutirlo en conjunto y conocer los esfuerzos que se hacen en otros  países es una oportunidad valiosa’.

El Grupo de Trabajo inició con la charla sobre ‘Alfabetización Digital’, a cargo de la asesora de la Presidencia de la Corte de Costa Rica, Patricia Bonilla Rodríguez, donde se profundizó en los conceptos y diferencias sobre delitos informáticos y ciberdelitos, la ciberseguridad y la ciberdelincuencia; así como el avance tecnológico que se encuentra inmerso.

Cada uno de los participantes expuso sobre la experiencia en sus países en temas normativos, jurisdiccionales y procesales en materia de delitos informáticos.

En la sesión de la tarde se contó con los aportes del expositor internacional, Freddy Bautista quien profundizó en los ‘Aspectos Dogmáticos de la cadena de custodia’.

La actividad contó con la colaboración técnica de la Presidencia de la Corte, la Escuela Judicial y la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial.