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Aspirantes a Subauditoría Interna Judicial deben comprobar conocimiento técnico

La Comisión de Nombramientos de la Corte Suprema de Justicia incorporó las pruebas de conocimiento técnico, como requisito para el proceso de selección del próximo Subauditor o Subaditora Interna del Poder Judicial.
 
Lo anterior conforme a una propuesta del Magistrado Paul Rueda Leal. De acuerdo con la Vicepresidenta de la Corte, Carmenmaría Escoto Fernández, coordinadora de la comisión, el perfil por competencia para este concurso, se instauró con la nueva integración de este órgano judicial.
 
“Consideramos que no basta con que una persona posea un título de Auditoría, la experiencia es trascendental, pues debe demostrar destrezas, aptitudes y actitudes, al tener que asumir funciones administrativas y gerenciales”, explicó la magistrada Escoto Fernández.
 
Estas pruebas han sido diseñadas científicamente con el apoyo de la universidad Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, quienes elaboraron el temario y definieron los ítems que componen el examen.
 
Se debe resaltar que esta es la primera vez que en este tipo concreto de concurso, relativo a en un puesto de la clase gerencial, se impone la aplicación de una prueba de conocimiento técnico, que se deberá aprobar a fin de que al oferente se le permita continuar con el proceso selectivo. Es importante aclarar que, en concordancia con las bases selectivas definidas en este proceso, la prueba técnica significa dos terceras partes del total de la nota final.
 
Asimismo, de acuerdo con el artículo 3.4 de la resolución R-CO.91.2006 de la Contraloría General de la República, la terna en este concurso se integrará con las tres personas candidatas que obtengan las calificaciones más altas, como resultado de la ponderación de todos los criterios establecidos.
 
Una vez definida la terna, las personas preseleccionadas deberán realizar (de manera complementaria) un proceso conformado por varias técnicas selectivas competenciales, según el perfil definido al efecto.
 
Finalmente, la Comisión de Nombramientos citará a entrevista pública a las personas preseleccionadas integrantes de la terna, que se transmitirá por streaming, de manera que una vez que la Contraloría General de la República apruebe el procedimiento realizado, la terna y el respectivo expediente se remitirán a la Corte Plena para la designación del nuevo Subauditor del Poder Judicial.
 
Resulta muy significativo que la Comisión de Nombramientos de la Corte esté implementando pruebas de conocimiento técnico en el proceso de selección de un puesto de la clase gerencial.
 
A la fecha, lo tradicional había sido que primeramente se revise que los interesados cumplan los requisitos de ley, para luego entrar a valorar sus atestados y su idoneidad para el cargo. En los últimos años, a lo anterior se ha agregado una entrevista pública de los candidatos, que aumenta la transparencia del proceso.
 
Ahora, la Corte continúa en la ruta de establecer más requerimientos de tipo técnico y objetivo en las designaciones que le competen. De esta forma, en acatamiento del principio de idoneidad establecido en el artículo 192 de la Constitución Política, los oferentes al cargo de Subauditor Judicial deberán aplicar un examen, cuyas preguntas y cuyo diseño ha sido realizado de manera científica, con el apoyo del TEC.
 
Esta medida que por primera vez se implementa, servirá de guía para que, en el futuro se proponga que los nombramientos a cargo de la Corte atinentes a los puestos de mayor responsabilidad en el Poder Judicial (como Fiscal General o Director del OIJ), todos sean sometidos, como requisito inexorable, a pruebas de conocimiento técnico. Esto significa un avance notable en el establecimiento de criterios objetivos y con base en el mérito en la selección de los diversos en el puestos de mayor responsabilidad dentro del Poder Judicial.

Corte fija idoneidad ética y funcional para ingreso a Fiscalía

Blindar de toda injerencia política el nombramiento de quien ocupe el cargo de Fiscal o Fiscala General y establecer un proceso de ingreso al Ministerio Público basado en atestados, experiencia e idoneidad, es lo que contiene el Proyecto de Carrera Fiscal que concretó Corte Plena este lunes 7 de mayo.

La propuesta de proyecto forma parte de las reformas urgentes al Poder Judicial que establecieron en su agenda de trabajo los magistrados y magistradas de la Corte Suprema Justicia.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, destacó el trabajo emprendido por las autoridades judiciales en la discusión y aprobación de propuestas de ley para una reforma integral al Poder Judicial.

“Iniciaremos un acercamiento con las autoridades del Poder Ejecutivo para darles a conocer la importancia y la urgencia de dotar al Ministerio Público con una Carrera Fiscal y desde la iniciativa de ley del Ejecutivo impulsar la aprobación de los proyectos que vamos concretando”, destacó Chinchilla Sandí.

En el caso del nombramiento de Fiscal o Fiscala General de la República, su designación requeriría la mayoría absoluta de la totalidad de los integrantes de Corte Plena. Se mantiene que el período sea por cuatro años, con posibilidad de reelección, únicamente por un período igual.

“No podrá ser nombrado como Fiscal General o Fiscala General, quien haya ocupado cargos políticos o vinculados a estos directamente en los últimos ocho años conforme lo definirá el Reglamento de esta ley”, contiene la propuesta en discusión.

 

También deberá cumplir con los requisitos constitucionales establecidos para ser magistrado o magistrada y se establece una experiencia mínima de 20 años de servicio como fiscal en cualquiera de sus escalafones.

El magistrado Fernando Cruz Castro, coordinador del equipo de trabajo que tuvo a cargo la construcción del texto base, destacó que la propuesta da otro impulso al Ministerio Público, “…para reivindicar a fiscalas y fiscales con una carrera y una estabilidad en el puesto. Fortalecemos con ello, el mandato de la Fiscalía General y que en el nombramiento impere la transparencia, meritocracia y la institucionalidad”.

Para el magistrado Paul Rueda Leal, “…este es el primer producto en el marco de un programa que la Corte se fijó el año pasado sobre Reformas Urgentes al Poder Judicial, donde nosotros ante la crisis quisimos aprovecharla en positivo y darle a la ciudadanía un mejor Poder Judicial, al plantear las reformas que se requieran para asegurar la independencia de esta institución y un fortalecimiento de la calidad del servicio que se brinda”.

Durante las sesiones de Corte Plena en las que se discutió la propuesta, se contó con el aporte de la Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio y la Fiscala Subrogante, Mayra Campos Zúñiga.

“La propuesta aprobada por Corte Plena viene a asegurar que el Ministerio Público tenga funcionarios, funcionarias, fiscales y fiscalas con idoneidad ética y funcional, debidamente capacitadas y que los nombramientos se hagan por mérito, experiencia y trayectoria y no por otro motivo.  Se regula el tema de los ascensos y el ingreso a la institución.  También se fortalecerá el Consejo Fiscal y se crea el Consejo de Carrera Fiscal que colaborará en todos los trámites administrativos importantes en materia de selección, reclutamiento y capacitación”, resaltó la Fiscala General, Emilia Navas Aparicio.

En cargos como Fiscal o Fiscala Subrogante se establecería un mínimo de 10 años de experiencia continua como fiscales o fiscalas adjuntas.

Para los 11 escalafones que integran el Ministerio Público, las personas aspirantes no deben haber sido destituidos por medida disciplinaria a lo interno del Poder Judicial, ni registrar un despido en otra institución pública sin responsabilidad patronal, en los últimos 10 años.

La propuesta establece que únicamente mediante concurso por competencias, se realicen los nombramientos en propiedad de los cargos en la Fiscalía y las personas interesadas deberán ingresar al proceso de reclutamiento y selección y al Programa de Formación inicial que contempla un examen escrito, un examen oral, un curso teórico y una práctica dirigida.

Las personas aspirantes deberán someterse a unas pruebas técnicas selectivas y de valoración de idoneidad ética y moral, determinadas por la Dirección de Gestión Humana.

Además, quienes ingresen al Ministerio Público, serán sometidas a las investigaciones pertinentes mediante la oficina del Área de Valoración Psico-Sociolaboral (AVAL) del Ministerio Público.

También se estableció que el Fiscal o Fiscala General deberá rendir un informe de rendición de cuentas ante Corte Plena y la ciudadanía en general, en el marco de la transparencia y el control en la gestión de persecución penal.

El equipo de trabajo “Establecimiento de la Carrera Fiscal y requerimientos en la presentación del informe anual del Fiscal General”, fue liderado por el magistrado Fernando Cruz Castro, con la colaboración del magistrado Paul Rueda Leal, la participación de los magistrados y magistradas suplentes Jazmín Aragón Cambronero, Alicia Salas Torres, Ronald Salazar Murillo, la Fiscala General y Suborrogante, Emilia Navas Aparicio y Mayra Campos Zúñiga y la Asociación Costarricense de Fiscales.

Jurisdicción Penal emprende proyecto para impactar justicia

Con una meta clara de reducir los tiempos en el señalamiento de los juicios e incrementar la productividad en la resolución de los conflictos penales, los Tribunales y Juzgados Penales del país emprendieron el trabajo dentro del Proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal.
 
El viernes 4 de mayo, el Poder Judicial hizo la presentación oficial del Proyecto, que impulsa una estandarización de los procesos en los Juzgados Penales, Tribunales Penales y de Apelación, en las oficinas de la Fiscalía, Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial, con la colaboración directa de las Administraciones Regionales de todo el país.
 
La propuesta la  lidera la Presidencia de la Corte y su implementación está a cargo de la Dirección de Planificación del Poder Judicial.
 
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, destacó el compromiso de jueces, juezas y personal técnico judicial por emprender el plan de trabajo y con ello, mostrar en el corto plazo, resultados muy positivos desde diciembre de 2017.
 
“Nos debemos a la Administración de Justicia para brindar un mejor servicio. Buscamos una estandarización de los procesos para resolver los asuntos, con tiempos de respuesta efectivos.  Estas acciones no han requerido reformas legales y por ello buscamos darle mayor vigor y una identidad distinta al Código Procesal Penal vigente”, manifestó Chinchilla Sandí.
 
Se inició en agosto del 2017, mediante la visita a todos los tribunales penales y de flagrancia del país.  En cada despacho se realizó un diagnóstico y se estableció un plan de mejoras, tendientes a incrementar la productividad, la cual se refleja en el número de sentencias y asuntos terminados; así como la reorganización interna para hacer más efectivo el señalamiento de los juicios y acortar tiempos en la tramitación de los asuntos.
 
La meta del Proyecto es que al 30 de abril del 2020, todos los Tribunales Penales del país mantengan una agenda de señalamiento de un máximo de 6 meses, luego de ingresado un expediente.
 
Cabe destacar, que en los primeros tres meses del presente año, los resultados son muy positivos, ya se contabilizan 5 Tribunales Penales con agendas de señalamiento a 6 meses máximo. 
 
El 2017 registró un incremento del 4% en el número de sentencias dictadas y los asuntos terminados registraron en ese período un aumento del 10%, con respecto al 2016.
 
Reorganización de las agendas de señalamiento y a lo interno del despacho, el establecimiento de secciones colegiadas en secciones unipersonales, identificación de cuellos de botella en la tramitación y coordinación con el Ministerio Público, el OIJ y la Defensa Pública, fueron protagonistas para la efectividad en la implementación del plan.
 
Actualmente la Dirección de Planificación trabaja en la construcción del modelo en materia penal para su establecimiento formal a lo interno de la institución.  Además se definió un cronograma para la intervención integral de los 15 Circuitos Judiciales del país y establecer su implementación.
 
Proyecto integral
 
Las acciones que se emprenden dentro de este plan de mejora, integra la participación de todos los actores que contempla la Jurisdicción Penal.  De ahí el compromiso de las autoridades del Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública.
 
Mayra Campos Zúñiga
Fiscal Subrogante de la Fiscalía General
 
Esta propuesta guarda relación con las acciones que exige nuestro Estado de Derecho.  Es la posibilidad de poner en movimiento la maquinaria judicial, pero con un modelo de atención que contemple las necesidades de las personas usuarias y los recursos existentes en cada despacho judicial involucrado.  Un modelo que mejore los tiempos de respuesta a los conflictos de índole penal.
 
Diana Montero Montero
Jefa de la Defensa Pública
 
Se planean mejoras en el servicio público que se brinda, las cuales visualizan las necesidades de las personas usuarias de nuestro servicio, lo cual resulta encomiable.  El proyecto coincide con la filosofía de la actual Dirección de la Defensa Pública, en el sentido de maximizar el desempeño y los resultados con los recursos ya existentes, pues estamos conscientes de la realidad nacional a nivel económico y social y lo hace respetando siempre los principios fundamentales de un proceso penal democrático.
 
Walter Espinoza Espinoza
Director del OIJ
 
En el OIJ nos da una luz de esperanza y una necesidad evidente de participar en este proceso, sobre todo si tomamos en cuenta que los tiempos que estamos viviendo en nuestro país, en los esquemas de seguridad y criminalidad no son los mejores y con las mismas condiciones e insumos nosotros tenemos que enfrentar una situación cada vez más agresiva. Esperamos que nos visualicen como una policía, que los indicadores del Organismo no deben ni pueden ser nunca los de un fiscal, un juez o un defensor; que las jornadas de quienes laboramos en el OIJ son disímiles, que su capacitación es diferente, que las estrategias de trabajo son divergentes con las que tienen el resto de la población judicial.

Circuito Judicial de Heredia expone labor y requerimientos

La situación actual del Circuito Judicial de Heredia en temas de rendimiento y requerimientos prioritarios para mejorar el servicio de administración de justicia,   fue expuesto este viernes 27 de abril de 2018, durante la realización del Consejo Ampliado.

La actividad estuvo dirigida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, así como representantes del Consejo Superior, el Consejo de Administración de Heredia e integrantes de los diversos despachos judiciales de la provincia.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, resaltó la importancia de atender los requerimientos en materia de infraestructura que requiere el Circuito Judicial de Heredia y manifestó el compromiso por atender las necesidades prioritarias. 

Durante la sesión de trabajo de la mañana, el Presidente del Consejo de Administración, Andrés Vargas Araya, presentó un informe de rendición de cuentas.  Resaltó la importancia de atender los requerimientos con un espacio judicial más adecuado y con ello mejorar las condiciones del personal y personas usuarias, pues la construcción de un nuevo edificio es una necesidad, así como la atención en la infraestructura de los despachos fuera de la edificación principal.

Se destacó el buen trabajo de diversas jurisdicciones como los Tribunales de Flagrancia y la importancia de evaluar y promover mejoras del servicio, ante el incremento de los asuntos, cuyos casos los atiende una sección del tribunal ordinario. 

La Directora de Planificación, Nacira Valverde indicó que se abordará de manera integral la jurisdicción penal para la implementación del nuevo modelo penal.

Las autoridades penales heredianas señalaron de vital importancia los  temas relacionados con el espacio para salas de juicio y reforzamiento de la materia de flagrancia como prioridad, valorar jornadas vespertinas para atender el volumen de asuntos y mejorar los recursos dirigidos en la zona de Sarapiquí; propuestas que ya valora la Dirección de Planificación.

También se destacó el trabajo de oficinas como la Defensa Pública con la asesoría legal gratuita en materia laboral y considerar el servicio en el cantón de Sarapiquí. 

En la mesa principal participaron el Presidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí, la Vicepresidenta, Carmenmaría Escoto Fernández, los magistrados Jesús Ramírez Quirós, William Molinari Vilchez y la magistrada Sandra Zúñiga Morales; la y los integrantes del Consejo Superior, Laura Chaves Lavagni, Carlos Montero Zúñiga, Gary Amador Badilla y Ramiro Salvador Arauz; la Directora Ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins y la Secretaria General de la Corte, Silvia Navarro Romanini.

Cabe destacar que las autoridades judiciales realizaron una visita a los despachos judiciales ubicados en el edificio principal de los Tribunales de Heredia.

En la tarde, se organizó un espacio para el diálogo con la comunidad.

La actividad contó con la participación de magistrados, magistradas, integrantes del Consejo Superior, la Fiscalía General, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial, directores y directoras administrativas, la Secretaría General de la Corte, la Contraloría de Servicios, funcionarios y funcionarias de Heredia, San Rafael, San Isidro, Sarapiquí, Santo Domingo y San Joaquín de Flores, los alcaldes municipales de Heredia, Belén, San Pablo y San Isidro, fuerzas vivas de la provincia, personas usuarias y del Colegio de Abogados de la Filial de Heredia, representante de la Parroquia Inmaculada Concepción de Heredia, delegaciones policiales, centros educativos, centros de salud, centros de atención a la persona adulta mayor, entre otros.

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Central telefónica

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Contraloría de servicios

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