“Tenemos un ineludible compromiso con valores esenciales, tales como la transparencia, la participación ciudadana, la democratización interna, la probidad, la celeridad y el fortalecimiento de la independencia judicial, no sólo en el juzgamiento, sino como claro factor de equilibrio en el diseño de los poderes del Estado”, reafirmó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, en la sesión solemne de Inauguración del Año Judicial 2019.
La actividad contó con la participación del Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada; la Presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo Herrera y el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado González.
Para el Presidente de la Corte, la defensa y fortalecimiento de la independencia judicial es uno de los temas fundamentales dentro de la labor institucional.
“La independencia judicial es un pilar de esta democracia, pero nos encontramos en una coyuntura particularmente compleja en la que la independencia judicial tiende a ser frágil y vulnerable. Dependemos de la actitud honrosa y decidida de jueces, juezas, fiscales, fiscalas, defensores y defensoras”, puntualizó Cruz Castro.
El máximo jerarca judicial recalcó que para el fortalecimiento de la independencia judicial deben mejorarse los mecanismos de designación de magistrados y magistradas.
“Un objetivo prioritario durante mi gestión es el mejoramiento de procedimiento de selección y nombramiento de los magistrados y las magistradas, en el cual deben prevalecer criterios objetivos y de transparencia, a fin que se nombre a los mejores juristas del país, aquellos quienes cuenten con una sólida experiencia profesional, formación académica, altos valores éticos y se respete la paridad de género”, aseveró Cruz Castro.
Durante la sesión, se hizo entrega de reconocimientos a la trayectoria, mística, aportes jurídicos, excelencia y profesionalismo del trabajo llevado a cabo por cuatro personas que laboran en el Poder Judicial.
Se trata de los premios “Fernando Coto Albán”, que se entregó al Dr. Enrique Ulate Chacón, Juez del Tribunal Agrario; el premio “Ulises Odio Santos”, al Dr. Carlos Adolfo Picado Vargas, Juez del Tribunal Agrario; el premio “Luis Paulino Mora Mora”, a la Dra. Ana Isabel Orozco Álvarez, del Servicio Médico de Empresa de Goicoechea y el premio “Miguel Blanco Quirós”, que se le entregó a Mauricio Castillo Guillén, Servidor de la Sección de Cárceles del Primer Circuito Judicial de San José.
Un Poder Judicial autocrítico
“Trabajamos de manera firme y constante, ahora desde esta posición, para recuperar la confianza y la legitimidad de la ciudadanía, lo cual debemos hacer con humildad y sentido de autocrítica”, manifestó el Presidente de la Corte, Fernando Cruz.
Desde su gestión dentro del Gobierno Judicial destacó el compromiso de funcionarios y funcionarias judiciales y la capacidad de reacción ante momentos críticos en los que se aplicó la Ley y la Constitución sin importar el puesto o jerarquía.
A esto se suma el impulso de medidas necesarias para fortalecer y modernizar la institución, con el trabajo de diez comisiones lideradas por los magistrados y magistradas de la Corte, tendientes a fortalecer la administración de justicia.
Entre los ejes de trabajo está la redefinición de las competencias de Corte Plena, con un modelo de gestión más técnico, transparente y eficiente, concentrando las funciones de dirección general de política judicial.
La introducción de la Carrera Fiscal se visualiza vital para reforzar el Ministerio Público, propuesta que ya se encuentra en la Asamblea Legislativa.
La Presidencia de la Corte también impulsa proyectos en la lucha contra la corrupción, como la reforma integral y estructural del proceso penal, que contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la reestructuración y sistematización de los tipos relativos a la corrupción en la función pública y la reforma a los procedimientos para el juzgamiento de miembros de los Supremos Poderes.
Recientemente, la Corte Plena aprobó la propuesta de la Comisión de Transparencia para crear una sección especializada contra la corrupción en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el refuerzo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
El trabajo es arduo en temas como régimen disciplinario, protocolo de conducta para el Poder Judicial, el diálogo permanente con la sociedad civil, la reforma a la carrera judicial, la evaluación del desempeño y la carrera de la defensa pública.
Mejora permanente
El Poder Judicial no se detiene en el trabajo que se emprende desde la Comisión de Género y Acceso a la Justicia y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia; así como en programas como Justicia Abierta, Facilitadores Judiciales y Justicia Restaurativa.
“Destaco, la efectiva administración de los recursos públicos que le fueron asignados, lo que llevó a alcanzar un 97.05% de ejecución presupuestaria, demostrando un uso eficiente de los recursos, priorizando en la atención del servicio público, infraestructura y equipo”, explicó el Presidente de la Corte.
Los recursos presupuestarios se dirigen a atender los requerimientos en los servicios que se brindaron desde la Judicatura, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Servicio de Atención y Protección a Víctimas y Testigos, así como en el ámbito administrativo y otros órganos de apoyo al quehacer judicial.
Se estableció la ruta de la institución para los próximos seis años, con la formulación del Plan Estratégico Institucional 2019-2024, donde la política en materia tecnológica destaca en el desarrollo de aplicaciones y sistemas con recursos propios para mejorar los servicios judiciales que se brinda a las personas usuarias.
También se retomó el proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal, para reducir los tiempos de respuesta e incrementar la efectividad de los debates.
“La puesta en marcha de una estructura estandarizada convirtió el 2018 en un año histórico para la jurisdicción penal, al registrar el nivel más alto de asuntos terminados a nivel nacional, con un total de 15.814”, detalló el jerarca judicial.
Hoy se cuenta con cinco tribunales, con un plazo de respuesta de seis meses; estos son: Pérez Zeledón, Desamparados, San Carlos, Grecia y Osa. Al finalizar el 2018, otros cinco despachos señalan juicios entre siete meses y un año.
Cabe resaltar la labor de la Sala Constitucional en la tutela y defensa de los derechos constitucionales. Solo en el 2018 se interpusieron 20.525 casos, la cifra más alta de expedientes entrados. En ese mismo año se terminaron 19.960 asuntos.
Los esfuerzos institucionales se centraron también en el impulso de las reformas procesales en materia civil y laboral y se prepara la para la entrada en vigor de la Reforma Agraria y de Justicia Restaurativa.
“Este Poder Judicial seguirá en la lucha de su propia transformación, ajustándose a las necesidades de los tiempos y en mantener su atención inclaudicable a mejorar la democracia costarricense con su propia tarea de autotransformación”, recalcó el Presidente de la Corte.
