• Se han realizado cinco audiencias por medios tecnológicos (virtuales)

El Juzgado Civil, de Trabajo y Familia de Osa ha realizado desde el pasado 15 de mayo, cinco audiencias en materia laboral por medios tecnológicos, utilizando para ello la plataforma Microsoft Teams, logrando así agilizar la resolución de los procesos.
Según indicó la jueza Ileana Castillo Porras, dos de estas audiencias fueron conciliaciones de pensión por vejez, en donde los representantes legales de la Caja Costarricense de Seguro Social participaron desde San José, logrando así pensionar a dos adultos mayores al día siguiente de la homologación.
Adicionalmente, la jueza destacó una audiencia de estejueves 04 de junio, donde se contó con la participación del actor y el representante de la empresa demandada, en donde ambaspartes lograron dialogar y llegaron a un acuerdo sin mayor inconveniente.
Castillo Porras resaltó la participación de la Defensa Social.
“Es importante resaltar que, mediante el uso de la plataforma virtual, se impulsa la tramitación de los procesos, y en esta zona ha sido de mucha importancia ya que, por la distancia al Valle Central, se evita el traslado de la persona usuaria al cantón, logrando resolver los asuntos de una forma más ágil”, puntualizó Ileana Castillo.

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• Presupuesto para el 2021 disminuyó en un 0.82% con respecto al 2020, lo que representa ¢3.884 millones menos.
• No se crean plazas nuevas y por restricción hacendaria, el presupuesto no se incrementa por costo de vida. También contiene el ajuste nominal de los componentes salariales.
• Gasto presupuestario máximo es de ¢468.793 millones

Apegado a las directrices de restricción del gasto y atendiendo la situación fiscal del país, la Corte Plena aprobó por mayoría el proyecto de presupuesto para el año 2021, durante la sesión extraordinaria de este martes 2 de junio.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, señaló que “el proyecto de presupuesto judicial para el ejercicio económico del año 2021, se apega a la Regla Fiscal y a las políticas restrictivas del Ministerio de Hacienda”.
La exposición sobre el contenido del proyecto estuvo a cargo de la Directora de Planificación del Poder Judicial, Nacira Valverde Bermúdez.
El plan de inversión presupuestaria para el próximo año garantiza la prestación de los servicios judiciales actuales y respeta el límite presupuestario establecido por las autoridades hacendarias y no sobrepasa los ¢468.793 millones. Los recursos se destinan a la Judicatura, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública, Escuela Judicial, Programa de Protección de Víctimas y Testigos y el ámbito administrativo.
Este monto registra un decrecimiento del plan presupuestario del 0.82% (¢3.884 millones) en relación con el presupuesto 2020 e igualmente para cumplir con la Ley 9635 se incluyeron los recursos necesarios para cancelar el Impuesto al Valor Agregado, por más de 8.000 millones de colones.
Valverde Bermúdez destacó que el Gasto Corriente se fijó en ¢443.707 millones y el Gasto de Capital en ¢25.086 millones. Estos montos se ubican dentro de las restricciones presupuestarias establecidas.
No se crean plazas nuevas y por restricción hacendaria, el presupuesto no se incrementa por costo de vida. De igual manera, el presupuesto 2021 contiene el ajuste nominal de los componentes salariales.
En materia de alquileres, no se autorizaron contratos nuevos y se adecuó la fecha de vigencia de los actuales, de forma anual; además se ajustaron los contratos en limpieza, vigilancia y bienes y servicios.
Dentro de los proyectos prioritarios para el Poder Judicial, se contempla la inversión en tecnología, para el fortalecimiento de los servicios judiciales en línea, de relevancia para la institución, para garantizar la continuidad de los servicios judiciales y la seguridad sanitaria ante la emergencia sanitaria que vive el país, ante el COVID-19, desde sistemas y servicios electrónicos efectivos.
“Por el impacto que ha generado la situación del COVID-19, el Consejo Superior revisó algunos conceptos que pudieran impactar para el próximo año y ante ello, en un esfuerzo presupuestario se incluyeron recursos para mantener y aumentar la capacidad de los servicios de Internet, la capacidad de los servicios, la adquisición de equipo de infraestructura de servidores y recursos para la apertura de servicios médicos en San Ramón y Pococí”, detalló Nacira Valverde Bermúdez.
También se establecieron proyectos de construcción que generarán un impacto en el servicio judicial y que están relacionados con el mantenimiento de la infraestructura actual en San José, Santa Cruz, Turrialba, San Joaquín, Puntarenas, San Ramón, Puriscal y San Carlos.
El proyecto de presupuesto 2021 del Poder Judicial, se remitirá al Ministerio de Hacienda, cuya fecha legal de entrega está fijada para el 15 de junio.
Los magistrados Fernando Castillo Víquez y Paul Rueda Leal se inhibieron de votar la formulación presupuestaria del Poder Judicial 2021, al estar habilitados para conocer la acción inconstitucional sobre el acuerdo tomado por Corte Plena para la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, del 18 de marzo de 2019.
Ejecución de nuevas leyes demandan recursos adicionales. Para el cumplimiento de leyes especiales aprobadas por el Plenario Legislativo que imponen nuevas obligaciones al Poder Judicial, Corte Plena acordó remitir al Ministerio de Hacienda, una propuesta aparte al proyecto de presupuesto ordinario de la institución, con los requerimientos que se necesitan para su implementación. Este acuerdo se toma ante la rigidez presupuestaria y la aplicación de la regla fiscal, es decir fuera del límite del presupuesto ordinario.
Dichas leyes son la de bienestar animal, acceso a pueblos indígenas, justicia restaurativa, los nuevos códigos procesales en materia Agraria y de Familia, el reforzamiento de las oficinas anticorrupción y la jurisdicción especializada en crimen organizado.

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El Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil de Puntarenas realizó este martes 02 de junio, su primera audiencia oral por medios tecnológicos (virtual) en un proceso ordinario, en el cual se dictó sentencia oral.
La audiencia fue presidida por la jueza Xinia González Grajales, y acompañada por las juezas Marypaz Moreno Navarro y Eunice Villalobos Jiménez, quienes integraron el tribunal.
Según indicó la jueza Xinia González “para el equipo de trabajo, jueces, personal informático y el Circuito de Puntarenas representa un gran orgullo, continuar administrando justicia pronta y cumplida para todos los ciudadanos y las ciudadanas nacionales y extranjeros. Las audiencias virtuales, también permiten en un momento histórico que los seres humanos enfrentemos con valentía los obstáculos que vivimos por la pandemia mundial y desarrollar otras actitudes positivas para la solución a toda clase de problemas y barreras sociales”.
En la audiencia participaron como abogados de las partes Jockline Zúñiga Varela y Franklin Carrillo Fonseca.
“Nuestra muestra de gratitud a los abogados que decidieron participar. Juntos todo es posible, cuando la mirada esta puesta en lo infinito”, agregó González Grajales.

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03 de junio, 2020

Mediante videoconferencia virtual

Comisión de Ética y Valores del Poder Judicial presentó avances ante la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial

El compromiso ético de las juezas y jueces con las nuevas tecnologías en tiempos de coronavirus fue el nombre de la videoconferencia virtual organizada por la Secretaría de Ética y Valores del Poder Judicial y la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, mediante la plataforma Microsoft teams.

La sesión fue presentada por el magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, coordinador de la Comisión de Ética del Poder Judicial y por el magistrado Eduardo Fernández Mendía, del Tribunal Superior de La Pampa, Argentina.

El comisionado Fernández Mendía (i.) y los secretarios ejecutivos de la CIEJ, Luis F. Lozano y David Ordóñez

Además, participaron Juan Carlos Sebiani, jefe de la Secretaría de Ética y Valores y el magistrado español, David Ordóñez Solís, Secretario Ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial; ambos como moderadores.

El magistrado Luis Porfirio Sánchez habló sobre la importancia de promover este tipo de actividades para divulgar los productos e informes que genera la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y la necesidad que sean de conocimiento de los diferentes poderes judiciales de Iberoamérica.  Además reconoció el esfuerzo que ha hecho el Poder Judicial de Costa Rica para mantener los servicios judiciales a pesar de las medidas que se han adoptado con ocasión de la pandemia y la necesidad de fortalecer las nuevas tecnologías para la mejora constante del servicio.

“En los últimos meses hemos visto que los servicios en la administración de justicia han mantenido una producción constante, la utilización del expediente digital ha permitido utilizar el teletrabajo para servidores y servidoras judiciales así como para las personas juzgadoras. Pero además necesitamos hacer audiencias o juicios, por lo que la Corte Plena aprobó protocolos en materia laboral, civil, penal y penal juvenil; próximamente también en familia y pensiones alimentarias; para que la justicia no se suspenda. Esto solo se puedo hacer por las ventajas tecnologías que tiene esta institución”, comentó el magistrado Sánchez.

En la reunión virtual se analizó las ventajas y desafíos éticos de las nuevas tecnologías, esto en seguimiento a la XV reunión de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, celebrada en Madrid en julio de 2019, donde se acordó la elaboración de un dictamen referido a las implicaciones éticas en el uso de las nuevas tecnologías por jueces y juezas en ejercicio de la función pública.

Luis Porfirio Sánchez, magistrado de la Corte Suprema de Costa Rica y comisionado CIEJ (d.) y Juan Carlos Sebiani Serrano, Jefe de la Oficina de Ética y Valores del Poder Judicial de Costa Rica

Para Juan Carlos Sebiani “es fundamental respetar las conductas y principios contenidos en el Código de Ética, el cual abarca a jueces, fiscales, defensores, policía judicial, ámbito administrativo en general y a todos los que trabajamos en este Poder de la República. El mismo se sustenta internacionalmente por las reglas de Bangalore y el Código de Ética Iberoamericano, en el comportamiento que coadyuven el actuar judicial en esta nueva forma de hacer las cosas”.

La conferencia contó con la presencia virtual de más de 170 personas, representantes de países Europeos y América Latina, quienes expresaron sus felicitaciones a Costa Rica por buscar opciones para que la administración de justicia continúe pese a la pandemia por el coronavirus. También elogiaron el uso de las tecnologías con que cuenta el Poder Judicial que permiten avanzar en acceso a la justicia y transparencia.

Al final de la actividad intervinieron el exsecretario ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, juez argentino Luis Lozano, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, la delegación del Superior Tribunal de Justicia de Brasil, encabezado por la Vicepresidenta María Theresa Rocha de Assis Moura, así como varios integrantes actuales de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial.