Sala de prensa - Page #209

Poder Judicial y Conamaj realizan foro internacional de Alto Nivel en Acceso a la Información Pública

En conmemoración del Día Internacional de Acceso a la Información Pública.

El Poder Judicial de Costa Rica y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj) realizaron el foro internacional de alto Nivel denominado “Acceso a la Información Pública en el marco de la Justicia Abierta”.

La actividad contó con la participación del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, y fue moderada por Ana Virginia Calzada Miranda, Expresidenta de la Sala Constitucional de Costa Rica.

Los panelistas fueron Eduardo Bertoni, de la Oficina Regional de América del Sur, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con la ponencia: Referentes latinoamericanos y desarrollo del derecho al acceso a la información pública.

Además expuso Alfredo Chirino, Decano de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Costa Rica, quien presentó el tema: Perspectivas contemporáneas del derecho a la información pública y finalmente Jaime Moreno Valle, del Departamento de Derecho Internacional, de la Organización de Estados Americanos expuso sobre: Estándares de la Ley Modelo del Acceso a la Información Pública 2.0.

Así mismo la Magistrada Vocal XII de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, María Eugenia Morales Aceña expuso sobre el tema de la situación del derecho al acceso a la información pública en Guatemala.

Para el Magistrado Fernando Cruz “hablar del Derecho Universal al acceso a la información pública, es hablar de un derecho muy propio y característico de las democracias, que ha ido evolucionando con el paso del tiempo, gracias en una gran medida a los avances tecnológicos que -cuando se usan para bien- pueden democratizar el conocimiento y brindar acceso a información de gran utilidad. La información y el acceso a ella es fundamental”.

“Pero nada más sugiero que la información, no es sólo la de los entes públicos o gubernamentales, sino también las empresas o corporaciones que realizan funciones de un indiscutido interés público. El poder no lo ejerce sólo el sector público formal, también lo ejercen las empresas o entes privados que realizan actividades de un indiscutido interés público, como servicios, actividades de medios, etc”, señaló el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

El Magistrado Cruz Castro agregó que el Poder Judicial ha realizado esfuerzos importantes, desde la Política de Justicia Abierta, hasta el trabajo que realiza CONAMAJ, para construir una cultura donde los esfuerzos institucionales puedan acoplarse adecuadamente a estos principios y hacer una institución de puertas más abiertas hacia la ciudadanía.

Consejo Judicial Centroamericano y el Caribe avanza en la lucha contra la legitimación de capitales

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Consejo Judicial Centroamericano y el Caribe avanza en la lucha contra la legitimación de capitales

Se conocieron resultados del Diagnóstico Regional sobre Lavado de Activos en Centroamérica y el Caribe.

Representantes de los Poderes Judiciales y Tribunales Supremos de Centroamérica y el Caribe, dieron a conocer los resultados obtenidos del diagnóstico regional sobre el análisis comparativo sobre la normativa jurídica y la organización institucional en la lucha contra el delito de legitimación de capitales, en el marco del Consejo Judicial Centroamericano y el Caribe (CJCC).

La reunión tuvo como sede Costa Rica y se realizó bajo la modalidad virtual y presencial, con la participación de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana.

El magistrado Oscar Alberto López Jerez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, y Presidente Pro Témpore del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC), señaló que el diagnóstico “…en una herramienta en la lucha contra esta modalidad de criminalidad organizada dinámica que confirma el rol del Consejo Judicial Centroamericano y de El Caribe, como órgano integrador de políticas en materia de aplicación de justicia y seguridad jurídica entre los Poderes Judiciales de la región”.

En el acto oficial, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Fernando Cruz Castro, destacó que el Proyecto Lucha contra la Legitimación de Capitales y financiamiento al Terrorismo, “… es una necesidad impostergable en la Región de Centroamérica y el Caribe, avalado por el Consejo ante la necesidad de construir una agenda regional contra el lavado de dinero y activos, que además, cuenta con el valioso apoyo de la cooperación internacional de la Unión Europea por medio del Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado, El PacCto y del Centro Nacional de Cortes Estatales (NCSC siglas en inglés), que han mostrado un gran compromiso para contribuir con el bienestar de las personas de cada uno de los países de la región que integran el Consejo”.

La actividad contó con la participación de altas autoridades de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana, así como representantes del PACcTO, Delegación de la Unión Europea y del NCSC.

Sandra Zúñiga Morales, Magistrada de la Sala de Casación Penal, destacó la importancia del proyecto, el cual inició con la labor de un grupo de personas expertas de los países representantes y el desarrollo del diagnóstico regional, por medio del Grupo Especializado de Trabajo de Combate al Delito del CJCC.

“Costa Rica tuvo la iniciativa de presentar al Consejo Judicial Centroamericano y de El Caribe un proyecto para dar un paso al combate de este tipo de delincuencia y nos encontramos concluyendo la primera fase, que nos permitirá construir una hoja de ruta regional. Los datos que aportan las agencias que dan seguimiento a este tipo de criminalidad, nos advierten de que continua en crecimiento y por eso era necesario tomar acciones”, afirmó.

Inicia taller de Intercambio de Buenas Prácticas en Justicia Restaurativa y Justicia Terapéutica

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Inicia taller de Intercambio de Buenas Prácticas en Justicia Restaurativa y Justicia Terapéutica

En el marco del Programa ADELANTE 2 de la Unión Europea, los Poderes Judiciales de Costa Rica, El Estado de México, Paraguay y República Dominicana, así como las universidades españolas de Vigo y de Santiago de Compostela.

Intercambiar experiencias exitosas de justicia restaurativa y justicia terapéutica para que los países evalúen su incorporación en la administración de justicia, con el propósito de mejorar el servicio público que se brinda, es el propósito del “Taller de Intercambio de Buenas Prácticas en Justicia Restaurativa y Justicia Terapéutica”.

La actividad se realiza en el marco del Programa ADELANTE 2 de la Unión Europea, los Poderes Judiciales de Costa Rica, El Estado de México y Paraguay, en conjunto con las universidades españolas de Vigo y de Santiago de Compostela, quienes conforman la Alianza, para desarrollar la iniciativa de formación en Justicia Restaurativa y Justicia Terapéutica, donde figura como entidad participante el Poder Judicial de República Dominicana.

El taller pretende solventar retos en común, la continuidad de los servicios en esta materia en época de pandemia, promoviendo la virtualidad, para lo cual se hace indispensable la formación accesible y de calidad, destacándola como una alternativa satisfactoria para la resolución de conflictos.

El Magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa de Costa Rica, Gerardo Rubén Alfaro Vargas indicó que “La búsqueda de soluciones conjuntas entre socios, que dedicarán estos tres días, a compartir conocimientos, así como experiencias, ante los retos comunes identificados, potencian los recursos, de manera que los resultados sean de mayor impacto local y regional”.

“La experiencia de Justicia Restaurativa, próxima a cumplir diez años de aplicación, permite asegurar que es una forma de resolver problemas de delincuencia que tanto nos preocupa y ocupa como sociedad, brindando a las personas usuarias de manera real, efectiva y rápida, una respuesta al conflicto que lo llevó a solicitar los servicios de la administración de justicia. Por ello, el empeño en seguir conociendo y consolidando esta forma de atención a las personas usuarias” señaló el Magistrado Gerardo Rubén Alfaro.

En la apertura de la actividad virtual participó además Luis María Benítez Riera, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Paraguay y delegado representante en la Comisión MARC – TTD de Cumbre Judicial Iberoamericana, así como Laura Cabral del Programa ADELANTE 2 de la Unión Europea.

En la agenda del primer día se realizaron exposiciones sobre experiencias en la implementación de Justicia Restaurativa y Justicia Terapéutica en las cuales participaron representantes de España, República Dominicana, Paraguay, México y Costa Rica, esta última estuvo a cargo de Jovanna Calderón Altamirano, de la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa.

Las personas participantes se reunieron en grupos de trabajo de forma presencial y virtual para poder desarrollar los temas e intercambiar las acciones con los otros países participantes.

Poder Judicial alerta por elevada cantidad de personas en celdas judiciales

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Poder Judicial alerta por elevada cantidad de personas en celdas judiciales

Saturación lesiona derechos fundamentales de personas detenidas que únicamente pueden permanecer 72 horas como máximo.

El Poder Judicial, consciente de la situación carcelaria que enfrenta el país y en especial las celdas judiciales, manifiesta su preocupación y busca generar soluciones para solventar esta problemática y garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Según datos suministrados por el Organismo de Investigación Judicial, al día de hoy, las celdas del Poder Judicial a nivel nacional tienen un total de 335 personas detenidas, de las cuales 252 ya tienen una resolución judicial que ordena su traslado a un Centro Penal del Ministerio de Justicia.

Para el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, esta saturación de las celdas del Organismos de Investigación Judicial es muy preocupante, máxime con la situación que se vive a raíz de la pandemia por la enfermedad de COVID-19.

“Es una situación apremiante y angustiante pues no se está abordando está problemática como se debe; somos respetuosos de las competencias constitucionales y legales de los Poderes del Estado, por supuesto, porque somos un Estado de Derecho. Pero esta situación está provocando un colapso del sistema penal, con suspensiones de audiencias y juicios, convirtiendo celdas que son sólo de paso, en un sitio de encarcelamiento que contraviene las exigencias internacionales sobre la privación de la libertad”, mencionó Cruz Castro.

El máximo jerarca de la Corte fue enfático en que este problema del hacinamiento en centros penitenciarios que desde hace meses se trasladó a celdas judiciales del OIJ, debe ser abordado y solucionado por el Ministerio de Justicia, ya que es esta cartera la que tiene la responsabilidad legal en esto.

“Las deficiencias de la administración penitenciaria, de vieja data, se convirtió en un problema estructural que tiene un impacto en la justicia penal, no podemos exponernos a paralizar juicios y audiencias a nivel nacional por esta situación, hacerlo es irrespetar los derechos de las personas imputadas, de las víctimas que tienen derecho a que se les resuelva su proceso sin dilaciones, y no menos importante el costo para el erario público que esto significa. El encarcelamiento no puede convertirse en instrumento contrario a la dignidad humana”, manifestó el Presidente de la Corte.

Así mismo, la Vicepresidenta de la Corte, Patricia Solano Castro, señaló que este no es un problema reciente, y que, desde hace varios años, los espacios penitenciarios se están viendo reducidos, lo que afecta directamente los aforos en las celdas judiciales, que son espacios finitos y en donde la Sala Constitucional ha reiterado que su paso es de máximo 72 horas.

Según señala la magistrada, esto afecta no solo en el tema de la sobrepoblación, sino también el retraso de diligencias judiciales ante la imposibilidad de trasladar a las personas que están en centros penales y que deben utilizar las celdas del Organismo mientras se realizan dichas diligencias.

Adicionalmente, Solano Castro mostró su preocupación por el señalamiento de responsabilidad que se hace al Poder Judicial a razón de las órdenes de cierre de algunas cárceles, las cuales se dan en resguardo de las condiciones dignas que deben tener quienes están privados de libertad.

“Esta labor, que está encomendada a los jueces de ejecución de la pena, es un resguardo a las condiciones que deben tener las personas privadas de libertad en los diferentes centros penitenciarios, ya que cuando se pone una orden de cierre se hace basado en mecanismos nacionales e internacionales que señalan cuál es la cantidad de población que puede haber en un centro penal, cuando sobrepasa un 20% de población, no es posible que más personas estén albergadas en un centro institucional, si esto no se cumple, no se pueden levantar las órdenes de cierre por las autoridades judiciales”, señaló la Magistrada Solano Castro.

La Vicepresidenta de la Corte se refirió además a los inconvenientes en materia de mora judicial que esto produce y a la incapacidad de atender las audiencias con personas detenidas que son prioridad para la institución, lo cual también tiene repercusiones en el erario público.

El Magistrado Coordinador de la Comisión Corte-OIJ, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, se mostró preocupado por esta problemática, en donde se plantea por parte de las autoridades carcelarias la justificación por los cierres de las cárceles, el cual se da por un problema sistémico de la administración penitenciaria que viene desde hace muchos años.

“Sabemos que estamos ante un problema de Estado, pero que debe ser resuelto a lo interno del sistema penitenciario, ya que no podemos nosotros resolver porque las celdas judiciales están hechas para que las personas que tienen que atender diligencias específicas en ciertos circuitos vayan y puedan tener una estancia momentánea, porque no tienen condiciones para que una persona cumpla una prisión preventiva o una pena ordenada por un juez”, indicó Alfaro Vargas.

Por su parte, el Director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza Espinoza indicó que este es un problema muy grave, que pone en una situación crítica al sistema de Administración de Justicia penal a causa del incumplimiento del Ministerio de Justicia.

“Esto es un problema que puede colapsar el sistema administración de justicia penal, porque nosotros ya no podemos recibir a más personas que son detenidas diariamente en las calles por haber cometido un delito, porque ya no se tiene la capacidad de cupo, lo que podría provocar que el Organismo ya no realice allanamientos, no haga detenciones y que le tenga que pedir a Fuerza Pública que dosifique sus actividades, porque no hay lugar donde acomodar a las personas que están siendo detenidas como consecuencia de las acciones policiales que se ejecutan”, indicó el Director del OIJ.

Espinoza Espinoza señaló que adicional a la situación que se vive en las celdas judiciales, se violenta el respeto a las garantías fundamentales mínimas que deben tener las personas detenidas, ya que estas celdas están destinadas a una estancia no mayor de 72 horas, por lo que no cuentan con las condiciones necesarias para una permanencia mayor a este tiempo.

El máximo jerarca del OIJ también se refirió al problema que representa para la seguridad de los agentes judiciales esta situación, quienes deben trabajar jornadas más largas y custodiar a un número más grande de personas detenidas, lo que dificulta aún más sus funciones.

Este problema de exceso en el aforo ocasiona que en algunas sedes judiciales se dé la suspensión de diligencias que ya estaban programadas, además, del problema que representa que algunos circuitos judiciales deban albergar personas detenidas de otras sedes que superaron su capacidad de contención.

La problemática se presenta actualmente en las sedes del Primer Circuito Judicial de San José, en el Segundo Circuito Judicial de San José, Heredia, Alajuela, San Ramón, Sarapiquí, Pococí, Limón, Nicoya, Siquirres, Liberia, Cartago, San Carlos y Corredores.

Poder Judicial marca excelencia ambiental con nota 99,68%

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Poder Judicial marca excelencia ambiental con nota 99,68%

Recibe oficialmente Galardón de Excelencia Ambiental en V Edición 2021 del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI)

El compromiso del Poder Judicial en materia ambiental y desde la gestión sostenible se destacó con el Reconocimiento de Excelencia Ambiental obtenido en la V Edición 2021 del Programa de Gestión Ambiental Institucional, al alcanzar la nota de 99,68%.

El galardón lo entregaron las autoridades ambientales nacionales el pasado 16 de setiembre, en el cual se destaca la responsabilidad y cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Institucional del Poder Judicial, cuya labor coordinadora está a cargo de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional y la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial.

Para Eugenio Solís Rodríguez, Gestor Ambiental del Poder Judicial “El galardón es el reflejo de los esfuerzos realizados por la institución para reducir o controlar los impactos ambientales que genera su quehacer”

De esta manera el Poder Judicial cumple con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley No. 8839 “Ley para la Gestión Integral de Residuos” y con el Decreto Ejecutivo No. 36499-S-MINAE, de procurar acciones para mejorar la calidad ambiental, ejecutar un reordenamiento institucional en pro de hacer un uso más racional de los recursos y apoyar con las metas nacionales en materia de adaptación y mitigación al Cambio Climático.

Actualmente, la institución ya trabaja en la construcción de Plan de Gestión Ambiental Institucional para los próximos cinco años, según lo establece la legislación nacional.

El reconocimiento lo otorga la Dirección de Gestión Ambiental Institucional del Ministerio de Ambiente y Energía, con la participación de las autoridades institucionales reconocidas.

Para la V Edición del Galardón Ambiental se reconocieron 78 instituciones públicas, que obtuvieron una nota superior al 92.5%, de un total 165 entes con PGAI en el sector público.