La independencia judicial, la transparencia y el uso efectivo de los recursos públicos destinados a la administración de justicia, marcaron las labores del Poder Judicial durante el 2018, así lo destacó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, durante la rendición de cuentas, en el marco de la Inauguración del Año Judicial 2019, en el Tercer Circuito Judicial de Alajuela, sede San Ramón.

La actividad contó con la participación de magistrados, magistradas, integrantes del Consejo Superior, jefaturas administrativas, servidores, servidoras, funcionarios y funcionarias del Circuito Judicial de San Ramón, Palmares, Naranjo y Zarcero.

El Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro reafirmó el compromiso de trabajar por una mejor justicia y un Poder Judicial más sólido, transparente e independiente.

Destacó que ante la situación fiscal del país, se procuró un efectivo uso de los recursos presupuestarios, acciones que permitieron alcanzar un 97,05% de ejecución, “…demostrando un uso eficiente de los recursos, priorizando en la atención del servicio público, infraestructura y equipo”, puntualizó.

También destacó el trabajo del Tercer Circuito Judicial de Alajuela durante el año pasado, el cual registró el ingreso de 34.638 casos y un total de 24.222 terminados, con un circulante final de 62.078. A nivel presupuestario contó con un total de ¢324.168.138 asignados y para el 2019 se tienen previstos poco más de ¢400 millones para el correcto funcionamiento de este circuito judicial.

“Estos recursos se utilizarán principalmente al servicio jurisdiccional, al Organismo de Investigación Judicial, la Defensa Pública y el Ministerio Público”, expuso el magistrado Cruz Castro.

“Nuestra institución concentra dentro de sus funciones la laboriosa tarea de impartir justicia, la cual se traduce en una gran obligación frente a la sociedad:  garantizar justicia imparcial, oportuna, sin discriminación y accesible para todas las y los costarricenses”, afirmó el máximo jerarca judicial.

El juez del Tribunal de Juicio de San Ramón, Jorge Steve Fernández Rodríguez, rindió un informe de labores del Circuito Judicial y expuso los requerimientos para mejorar el servicio judicial en las comunidades de Occidente.

Así se desprende del informe emitido por el órgano contralor a la liquidación presupuestaria 2018 del Poder Judicial, en la auditoría financiera que anualmente realiza a instituciones públicas.

De acuerdo con Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva del Poder Judicial, esta es una garantía de que la institución judicial gestiona los recursos presupuestarios apegados a las normas legales que rigen esta materia.

“Esta auditoría comprende la evaluación de todas las partidas que aparecen en la liquidación presupuestaria y concluye que la información que se presenta en el informe del Poder Judicial presenta cifras de manera razonable y apegadas a la ley de administración financiera y presupuestos públicos. Esto representa un respaldo para la institución, pues evidencia que la tarea en materia presupuestaria se hace de manera correcta, mediante una efectiva ejecución, apegada a la legalidad”, puntualizó Romero Jenkins.

El estudio de auditoría financiera del ente contralor N°DFOE-PG-0141, del 20 de marzo del presente año, comprendió la evaluación de los saldos de las partidas presupuestarias de Remuneraciones, Servicios, Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital del Poder Judicial, de la liquidación presupuestaria del 2018.

La Directora de Gestión Humana del Poder Judicial, Roxana Arrieta Meléndez indicó que los resultados muestran la efectividad de las buenas prácticas que se emprenden en los procesos de ejecución del presupuesto.

“En el caso de la partida de remuneraciones, esta representa el 89,4% del presupuesto del Poder Judicial.  Es una institución que lo que brinda son servicios a la ciudadanía en el tema de justicia, la mayor inversión es en salarios.  En este proceso, hacemos una coordinación estrecha con las jefaturas del Departamento de Financiero Contable y la Dirección Ejecutiva, con el fin de alcanzar los objetivos trazados”, explicó Arrieta Meléndez.

La Contraloría General de la República realiza estos auditorajes a las instituciones públicas cada año, por mandato de ley.

El Poder Judicial contabiliza cuatro auditorías financieras elaboradas por la entidad contralora, cumpliendo con las normas generales de la evaluación.

En el 2018, la ejecución del Presupuesto del Poder Judicial alcanzó el 97,05%.

“1.2 En opinión de la Contraloría General, la partida de Remuneraciones, Servicios, Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital, contenidas en la Liquidación del Presupuesto de la República del ejercicio económico 2018, se presenta razonablemente  con fundamento en lo establecido en la Ley 8131 “Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” y su Reglamento, así como con las disposiciones legales, reglamentarias y otra normativa emitida por el Ministerio de Hacienda.”, detalla el informe de la Contraloría General de la República.

Superar las brechas de género, visibilizar y combatir  la discriminación que sufren las mujeres, y comprometerse con la construcción de una sociedad más justa…Estas tres ideas resumen el mensaje que la magistrada de la Sala Constitucional Nancy Hernández López compartió con un grupo de 170 estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia en el día de su graduación.

Hernández, única magistrada titular del máximo Tribunal, fue la invitada de honor en la actividad de graduación de esa casa de estudio el pasado 30 de marzo, celebrada en el Teatro Melico Salazar.

La disertación de la magistrada se dio en el marco de la declaratoria del Consejo Nacional de Rectores del Año de las Universidades Públicas por la Igualdad de Género, la No Violencia y una Sociedad Más Justa.

“Cuando una país excluye a la mitad de su talento humano es como si un avión volara solo con uno de sus motores… En una sociedad justa sin equidad de género no hay desarrollo posible”, dijo tras lamentar las barreras que afrontan las mujeres para ascender profesionalmente o incorporarse al mercado laboral.

La magistrada también lanzó una alerta por la violencia física que sufren las mujeres, en especial por los femicidios: una terrible realidad que solo el año pasado acabó con 24 vidas.

Ante tal panorama, Hernández retó a los graduandos para que se convirtieran en agentes de cambios desde sus profesiones y hogares, y se comprometan con la equidad de género.

Sala Constitucional comprometida con la equidad de género

Dentro de su disertación, la magistrada destacó la labor de la Sala Constitucional en la construcción de una sociedad más justa para las mujeres, en cuanto al acceso a la educación, a los servicios de salud y a los puestos políticos. Esto por medio de numerosas sentencias.

Resaltó, por ejemplo, la histórica sentencia de paridad horizontal electoral (Nº 16070 – 2015 del 14 de Octubre del 2015), en la cual se obliga a los partidos políticos aplicar la regla de la paridad en los encabezamientos –de tal forma las mujeres pasaron a encabezar las papeletas de tres o cuatro provincias del país– con el objetivo de  lograr la igualdad a lo largo de todas las nóminas de candidaturas de elección popular.

La mañana de este viernes 5 de abril autoridades judiciales inauguraron el nuevo edificio de los Tribunales de Justicia de Osa.

Esta nueva infraestructura está ubicada en el centro cívico de ese cantón, específicamente en la comunidad de Ojo de Agua de Osa y fue construido bajo condiciones seguras a inundaciones, lejos de la zona de afectación del Río Grande de Térraba.

La inauguración contó con la participación del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Fernando Cruz Castro, magistrados y magistradas de la Corte Plena, integrantes del Consejo Superior y jerarcas del Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública, y representantes del ámbito administrativo y personal de los Tribunales de Osa.

“Me complace participar en esta inauguración del edificio de los Tribunales de Osa, cuyo funcionamiento facilitará el acceso a la justicia de la población de esta zona del país.”, señaló el Presidente de la Corte, Magistrado Fernando Cruz Castro.

“Con la construcción de este edificio se refleja el mejoramiento en las condiciones de funcionamiento tanto para las personas servidoras judiciales, como para las personas usuarias.”; agregó el magistrado Cruz quien además resaltó el esfuerzo de muchas personas que mediante un trabajo articulado entre el Poder Judicial y la Comunidad, aportaron de una y otra manera para hacer realidad la construcción de este edificio.

 “Hoy es un día especial para el Poder Judicial y muy especialmente para nuestras personas usuarias y colaboradoras del cantón de Osa.  Hemos logrado el objetivo trazado de culminar esta edificación con la seguridad que se requiere en esta zona del país, con la tecnología de punta y cumpliendo las disposiciones que las leyes especiales exigen.”; señaló el magistrado Rivas Loáiciga.

Los Tribunales de Justicia de Osa consta de una edificación de una sola planta en un área de construcción de 2.691.1 m2 distribuidos en dos bloques; uno donde están ubicadas las oficinas administrativas y el otro principal que alberga los despachos, salas de juicio y otros servicios judiciales.

La construcción de la obra contempla como énfasis especial el bienestar de las personas usuarias y a la implementación de las Normas de la Ley 7600; para ello cuenta con rampas, y barandas de acceso, guías para personas no videntes.

Toda la estructura fue diseñada bajo parámetros amigables con el ambiente; por ello cuenta con un sistema climatizado y de iluminación eficientes. Inodoros de baja descarga, espacios con zonas verdes y paisajismo para asegurar sombra y reducir la reflexión social y altas temperaturas; y se instalaron un total de 190 paneles solares proveen el 25% de la energía eléctrica del edificio.

Su diseño cuenta con el cumplimiento del Reglamento de Seguridad Humana del Cuerpo de Bomberos, Reglamento de Construcciones, Normas del Ministerio de Salud, así como de los lineamientos internos del Poder Judicial establecidos por los Departamentos de Seguridad y Salud Ocupacional.

En el nuevo inmueble se ubican los siguientes despachos: Tribunal de Juicio, Salas de Juicio, Juzgado Penal, Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía, Juzgado Civil, Defensa Pública, Fiscalía, Subdelegación del OIJ, Contraloría de Servicios, Administración, Correo Interno, Trabajo Social y Psicología y Oficina de Comunicaciones judiciales, entre otras.