Exponer los criterios de los jueces y juezas en materia de evaluación del desempeño y que éstos se analicen e integren al trabajo en esta materia que desarrolla el Poder Judicial, es uno de los objetivos del Taller “Análisis de Indicadores de Gestión y del Reglamento de Evaluación de Desempeño para la Judicatura”.

La actividad convoca a jueces y juezas de la República, de todas las jurisdicciones; así como a jueces y juezas de la región centroamericana quienes compartirán sus experiencias en la implementación de esta temática.

El taller lo organiza la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD).

En el acto de apertura participó el magistrado y coordinador de la Comisión de Evaluación del Desempeño, Jorge Olaso Alvarez, quien destacó que para el trabajo que se emprende desde la comisión y la administración judicial, en la modificación del reglamento actual sobre evaluación del desempeño, este ejercicio es importante para integrar la visión de los jueces y juezas.

Explicó la labor emprendida por el Poder Judicial en esta materia, por ser una de las reformas urgentes establecidas por Corte Plena. 

Destacó que la propuesta procura que se aplique un modelo de evaluación por competencias, “… el cual identificamos como un proceso de desarrollo humano, respetando las particularidades de cada uno de los ámbitos judiciales.  Integraríamos aspectos sobre responsabilidad de las personas evaluadoras y evaluadas y los alcances de este proceso, que tiene como fin la mejora de la calidad de los servicios y contribuir con el valor público de que el Estado debe estar integrado por las mejores personas”, puntualizó Olaso Alvarez.

La Presidenta de la ACOJUD, Adriana Orocú Chavarría señaló que el espacio es una oportunidad para que los jueces y juezas externen sus inquietudes en los temas de indicadores de gestión y el reglamento de evaluación del desempeño; que amplíen la información sobre el trabajo que realiza la administración judicial y contribuir con sus aportes desde la Judicatura.

“Los insumos que obtengamos de este taller y sus conclusiones, las trasladaremos a la Administración Judicial y la Comisión, para que se tomen en consideración y valoren su inclusión en el trabajo de construcción de instrumentos finales de evaluación y los criterios de gestión de indicadores. Queremos un Poder Judicial eficiente, con una Administración de Justicia de calidad e independiente”, manifestó Orocú Chavarría.

La actividad está programada para realizarse los días 28, 29 y 30 de agosto.

Durante este día se contó con la participación de las Directoras de Planificación y Gestión Humana del Poder Judicial, Nacira Valverde Bermúdez y Roxana Arrieta Meléndez, quienes expusieron la labor emprendida desde el ámbito de sus competencias.

Las juezas y jueces participantes, se integraron a mesas de trabajo durante la actividad.

Como una evidencia gráfica del compromiso que asumió el Poder Judicial con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el pasado 14 de agosto, se procedió en la colocación de las letras 3D en la Plaza de la Justicia.

Esta iniciativa pretende dar a conocer de manera pública ese compromiso que la institución suscribió en el Pacto Nacional sobre los ODS, según el acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión No. 86-16 de fecha 14 de setiembre del 2016, artículo LXXV.

El Pacto Nacional constituye un hito mundial, donde Costa Rica se convirtió en el primer país comprometido al más alto nivel con los ODS; por medio de los tres poderes de la República, instituciones autónomas, sociedad civil, universidades públicas y el sector privado nacional. Todos con un rol activo para alcanzar sus objetivos y metas.

Desde la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, se apoya e impulsa la Agenda 2030 y los ODS, con la coordinación del Magistrado Román Solís Zelaya y la asesoría de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI), como Enlace Oficial del Poder Judicial en materia de cooperación y relaciones internacionales.

De esta forma, desde el 2016 inició en la institución una estrategia de trabajo para la apropiación, alineamiento con el quehacer institucional y armonización de ODS con los procesos y la gestión del Poder Judicial, lo cual constituye una labor que se realizó con la participación de todas las instancias judiciales.

Adicionalmente, se han desarrollado procesos de sensibilización y comunicación sobre los ODS dirigidos al personal judicial, por medio de campañas informativas, materiales impresos y virtuales; realización de sesiones de trabajo con representantes de diversas instancias judiciales.

La misión de asegurar el acceso a la justicia para todas las personas, el fortalecimiento del Estado de Derecho y brindar servicios de calidad es el compromiso asumido para el cual se debe seguir redoblando esfuerzos, que permitan en los años seguir avanzando en el cumplimiento de la Agenda 2030.

Esta iniciativa de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales contó con el apoyo y colaboración de la Dirección Ejecutiva, Departamento de Artes Gráficas y el Despacho de la Presidencia.

El Director del Centro de Estudios de Justicia de las América (CEJA) Jaime Arellano participó el pasado viernes 19 de julio como ponente en el Foro Internacional sobre Independencia Judicial, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

En su intervención el director de CEJA defendió de manera amplia y enfática la Independencia Judicial desde el punto de vista de la regla de la “inamovilidad” en un sistema de nombramientos de jueces y juezas y de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia.

“Inamovilidad suele entenderse como una regla fundamental de defensa de la independencia judicial y de autonomía de los sistemas de justicia.  La esencia del carácter contra mayoritario de la función de la jueza y el juez, significa no estar preocupado por una reelección o una ratificación”; señaló Jaime Arellano.

Para el experto, el perfil definido de un candidato a estos altos cargos, debe estar determinado con base en el mérito, con conocimiento, experiencia y probidad desde la primera etapa de inicio en el proceso de selección y no sustentado en el cuestionamiento de sus resoluciones.

“…Es peligroso que un juez o una jueza de primer grado pudiera tener que someterse a ocho años de ejercicio a un cuestionamiento probablemente basado en cómo ha resuelto sus casos, y con mayor razón, es relevante con nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, puntualizó Arellano.

“En CEJA lo primero que planteamos es la idea de Independencia Judicial, igual a inamovilidad, y donde quiera que ella ocurre a manera de jueces de primer grado, de jurisdicción de revisión y de Corte Suprema y Tribunales Superiores, es donde encontramos los mayores grados de independencia en la decisión jurisdiccional, respecto al poder político en el gobierno y en el Poder Legislativo”, agregó.

Jaime Arellano también insistió en la importancia de contar con procesos de selección públicos, fundamentados y separados de los Poderes del Estado.

“Todos los procesos de decisión que no son públicos y fundamentados, son por esencia cuestionables”, afirmó Arellano quien defendió la importancia de la no participación de ninguno de los Poderes del Estado ni representantes del Presidente de la República, en estos procesos de nombramiento como una forma de garantizar un proceso de selección más soberano y popular.

A raíz de los últimos acontecimientos presentados en la reelección de magistrados de la Corte Suprema en Costa Rica, el Director del CEJA fue enfático en señalar la relevancia de recomendar una reforma a la Constitución Política, al decir: “…lo importante es avanzar en la reforma de la Constitucional, parece impensable que en el año 2019, esta sea la regla de una democracia tan profunda como la costarricense. Me preocupa que estas cosas estén ocurriendo en Costa Rica y aquí hay un tema de peligrosa normalización de prácticas contrarias a la independencia y autonomía judicial y por lo tanto atentatorias contra la tan venerada democracia costarricense.”

Con respecto a los ODS contenidos en la Agenda 2030, el experto insistió en la “Reinstitucionalización Democrática para los Sistemas de Justicia de América Latina”, pues comenta que los mismos atraviesan por diversos grados de deterioro institucional democrático.

Para ello Jaime Arellano informó que actualmente la Reunión de Ministros de Justicia (REMJA) se encuentra coordinando una próxima agenda de trabajo en el 2019-2020 para enfrentar esta situación, y al que recomienda a Costa Rica como uno de los países líderes a este llamado.

En su mensaje final durante su participación el Director del CEJA hizo un llamado a estar atentos a la señales y prácticas peligrosas que puedan dañar el sistema de justicia y democracia costarricense en el tema de la Independencia Judicial.

“Pongan atención a señales peligrosas, prácticas incorrectas que dañan el sistema de justicia y a la democracia. …El llamado a la Asamblea Legislativa a pensar seriamente en reformar la Constitución Política y en el inter tanto a tomar pasos serios para hacer un proceso transparente y claro de nombramiento de magistrados y magistradas de la Corte Suprema, para que no se repitan situaciones que ha ocurrido en el pasado y que han vivido, situaciones por las que el relato de las Naciones Unidas vendrá a observar con más detalle.

¡Convicción!, porque estos hechos no se pueden dejar pasar, no son anécdotas, son situaciones graves que atentan en contra de la democracia costarricense y el que diga lo contrario, quiere disimular prácticas que no condicen con los líderes que tuvieron los revolucionarios de 1945.”

La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, solicitó al Tribunal de la Inspección judicial realizar una investigación a la labor que realizan los juzgados penales de todo el país, para determinar su efectividad en la atención de las diversas diligencias que solicitan las fiscalías en todo el territorio nacional.

La solicitud fue realizada por el Presidente de la Corte, Magistrado Fernando Cruz a la Presidenta del Tribunal de la Inspección Judicial, Siria Carmona, tras los datos que presentó la Fiscalía General de la República ante Corte Plena, en el marco de la rendición de cuentas anual,  en el que comentó que identificaban en algunos casos,   tardanza en la atención que los juzgados penales daban a las diligencias a cargo de las fiscalías.

La Inspección Judicial ejecutó las acciones necesarias para obtener elementos técnicos y tomar una decisión de si procedía o no la apertura de pesquisas administrativas y en cuáles juzgados penales.

El estudio comprendió entrevistas con la Fiscalía General y el análisis de un total de 5268 solicitudes hechas en todo el país en relación con prisiones preventivas, medidas cautelares, levantamientos de secreto bancario, apertura de evidencias y otras; así como entrevistas y la revisión de las labores de los 59 juzgados penales.

La investigación concluyó que el 75,55% de las respuestas emitidas por los juzgados, se da dentro del plazo de 10 días, que es el tiempo en el que, de forma generalizada, la fiscalía solicita su contestación.

Respecto de las resoluciones que se dictan dentro de los 30 días siguientes a la solicitud fiscal, éstas comprenden un 14,23% y solo un 1,62% superan los treinta días y solo un 1,36% son solicitudes pendientes de respuesta.

Se desprende de la investigación realizada que el cumplimiento en cuanto a plazos y tramitación de las causas es bastante alto,  que alcanza un 90% en la efectividad de los diferentes despachos analizados, por lo que no se puede indicar que haya negligencia en la tramitación.

El informe del órgano disciplinario concluyó que no existe un atraso injustificado que amerite la aplicación del régimen disciplinario por lo que en aplicación del artículo 207 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se resolvió desestimar y archivar las diligencias.