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Magistrada Patricia Solano Castro asume Vicepresidencia de la Corte

“Trabajaré con absoluta probidad y responsabilidad”

 

 

La equidad de género, la probidad en la función y la independencia judicial son los temas fundamentales que marcarán la labor que hoy inicia la magistrada de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro como Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Su designación en el cargo tuvo lugar en la sesión de Corte Plena de este lunes 21 de enero, con un total de 21 votos a favor.

“Trabajaré con absoluta probidad y responsabilidad, en coordinación permanente con el señor Presidente, magistradas y magistrados.  He servido a este Poder de la República con todas mis fuerzas, con todo mi conocimiento y ahora con toda mi experiencia”, puntualizó Solano Castro.

La Vicepresidenta de la Corte destacó que dentro de su agenda de trabajo, está el impulso de la equidad de género y el fortalecimiento de los valores fundamentales de transparencia, probidad y eficiencia en los servicios públicos.

Señaló su compromiso de trabajar en los proyectos que impulsa la Presidencia de la Corte y seguir los esfuerzos por garantizar al país un Poder Judicial transparente y democrático.

“Mis esfuerzos estarán dirigidos siempre a fortalecer la independencia judicial como garantía, de que este país tenga la democracia de la que todos nos sentimos orgullosos y fortalecer la institucionalidad”,  afirmó la jerarca judicial.

Solano Castro postuló su nombre al cargo, luego de un concenso entre las magistradas propietarias y suplentes que integran Corte Plena, ante la responsabilidad asumida por Corte Plena de garantizar la paridad de género en los máximos cargos

La Vicepresidenta de la Corte tiene una carrera de 30 años en la judicatura. Es Licenciada en Derecho y Notariado de la Universidad de Costa Rica, cuenta con Estudios de Pos Grado de la Universidad Nacional en la Especialidad de Administración de Justicia en Derecho Penal. Enfoque Socio-Jurídico.  Además es egresada de la Maestría de Administración de Justicia de la UNA.

Durante el período de 1998 al 2017 asumió como Jueza del Tribunal Penal de Primer Circuito Judicial de San José,  hasta su jubilación en ese último año. 

Sus funciones en la Judicatura iniciaron en 1988 como jueza penal en Cañas.  A partir de allí, laboró en el Juzgado de Instrucción de San Ramón y Cañas y en la Alcaldía  Mixta de Cañas.

También se desempeñó como jueza mixta de Pruiscal, ocupó el cargo en los Juzgados Penales de Puntarenas y Alajuela.  A partir de 1997, ejerció como Jueza Superior en el Tribunal Superior Segundo Penal de San José.

Asumió labores como magistrada de la Sala de Casación Penal en noviembre del 2018, cuando fue designada por la Asamblea Legislativa.

 

Puntarenas impacta a nivel nacional en resolución penal

Un cumplimiento del 149% en las cuotas de trabajo del 2018, es el rendimiento que coloca al Tribunal Penal de Puntarenas, en el primer lugar a nivel nacional en materia de resolución. 

El Presidente y la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro y Patricia Solano Castro y el pleno de la Sala de Casación Penal, realizaron una visita al Tribunal de Puntarenas este martes 22 de enero.

El despacho inició el 2018 un Plan Remedial y reestructuración diseñado por la Dirección de Planificación, que durante el 2018 impactó la labor resolutiva en materia penal.

 El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro resaltó el trabajo en equipo y la garantía de brindar una justicia de calidad.

 “Cuando juzgamos con celeridad hacemos democracia. Debemos hacer la justicia célere pero con mucha reflexión y cuidado, que es fundamental para quien es sometido a juicio y las personas víctimas”, puntualizó el jerarca judicial.

 Los resultados destacan que el Tribunal de Puntarenas incrementó en un 50% la resolución de asuntos entre 2017 y 2018 y finalizó el año pasado con 856 asuntos activos en trámite, 411 casos menos que en el 2017.

 El juez coordinador del Tribunal Penal de Puntarenas, Ronald Nicolás Alvarado, explicó que la labor exitosa contó con el apoyo de una sección emergente vespertina colegiada y unipersonal, que facilitó esta labor de efectividad y reducción de tiempos de respuesta, durante el 2018.

 “Esto permitió dar una respuesta pronta y con calidad a la ciudadanía, logrando una reducción importante del circulante, maximizando el recurso humano”, explicó Nicolás Alvarado.

 Las sentencias resueltas con medidas alternativas contribuyó a la reducción del circulante. El plazo de respuesta pasó de 29 a 17 meses.

 Las juezas y jueces penales de Puntarenas alcanzaron un 149% de rendimiento sobre la cuota de trabajo fijada, el promedio más alto a nivel nacional, y que se suma el 112% obtenido del Tribunal de Quepos que forma parte de la labor del circuito.

 La Vicepresidenta de la Corte, Patricia Solano Castro, señaló la importancia de contar con una población judicial comprometida y garantizar la efectividad en el servicio público que se brinda del personal judicial. Por su parte, el Presiente de la Sala de Casación Penal, Jesús Ramírez Quirós, destacó la labor del personal de dicho Tribunal.

 La actividad contó con la participación de los magistradas y magistrados penales suplentes Sandra Zúñiga Morales, Rafael Segura Bonilla, Jorge Desanti Henderson y Gerardo Rubén Alfaro; el Director del Despacho de la Presidencia, Róger Mata Brenes y la Directora de Planificación, Nacira  Valverde Bermúdez.

 El Proyecto Remedial en Materia Penal a nivel nacional, procura la reducción de tiempos desde la reorganización de las agendas de señalamientos de juicios e incrementar la productividad en la resolución penal; la organización de secciones colegiadas y unipersonales en los tribunales y el trabajo coordinado con el Ministerio Público, la Defensa Pública y la Policía Judicial. La meta es llevar a un plazo de señalamiento a juicio de 6 meses plazo a nivel nacional para abril de 2020.

 

Ministerio Público y su verticalidad. Reflexiones y propuestas

 

Fernando Cruz Castro

Presidente

Corte Suprema de Justicia

 

 

Un saludo para todas las personas que nos acompañan en esta actividad. Me parece que puede ser un buen marco para una buena reflexión. Me resulta muy grato compartir con ustedes en la presentación de esta agenda que anualmente edita la CONAMAJ.  Este año su contenido se orienta a exaltar la importante función que realiza el Ministerio Público. El diseño de la agenda destaca algunas de las funciones relevantes que desarrolla la Fiscalía en función de su servicio a la ciudadanía, que tiene una condición bifronte, por un lado debe reprimir a los infractores y por el otro, su función fortalece los valores que subyacen en el proceso penal.

En los últimos años, especialmente con lo que aconteció con el órgano acusador, surgen diversos interrogantes sobre lo que debe ser la independencia del Ministerio Público. No hay duda que los enfoques sobre este tema, son variados, quizás algunos poco desarrollados en la reflexión académica. Es evidente que debe asegurarse a la Fiscalía una independencia institucional, evitando que quede bajo el control de alguno de los poderes del Estado, situación que compromete su actuación independiente en la investigación y persecución de los delitos. A pesar de las discusiones que se dieron en la década del setenta del siglo pasado sobre la ubicación e independencia de la Fiscalía, a mi juicio subsiste la discusión sobre si debe el órgano de la acusación estar dentro del Poder Judicial. Sobre esto habrá mucho que discutir y evaluar, especialmente desde el ángulo de la visión política que requiere el equilibrio de poderes. Un ramillete de ideas e interrogantes surgen respecto de la independencia que requiere el ente acusador, sin embargo, dejo este tema para discutirlo en otro escenario. 

Creo que podemos plantear algunas sugerencias o interrogantes sobre la independencia del Ministerio Público, dada su trascendencia institucional para la vigencia de los valores de la democracia y los derechos fundamentales. En el diseño de equilibrios que requiere un órgano tan poderoso como la Fiscalía, se requiere que al interior de la Fiscalía, exista un delicado equilibrio entre las saludables potestades que ejerce el Fiscal General al encarnar las potestades que se derivan del principio de unidad y de jerarquía, empero esa concentración de potestades no justifica la  verticalidad en la relación del Fiscal General con todos los Fiscales que integran los estamentos de la jerarquía del Ministerio Público. La verticalidad no era un tema preocupante hace veinte o treinta años, el número de Fiscales era muy reducido, pero ahora con un órgano acusador que tiene más de quinientos Fiscales, surgen muchos interrogantes que requieren respuesta. No me cabe la menor que debe existir un equilibrio entre las potestades del Fiscal General y las que corresponden a todos los demás funcionarios que ejercen la función acusatoria. Es indudable que hay una significativa diferencia entre la independencia interna del juez y la que correspondería a los fiscales, pero esa condición no impide atenuar y racionalizar la verticalidad que evidencia el diseño de la actual estructura orgánica del Ministerio Público. La redefinición de las potestades del Fiscal General frente al resto de los Fiscales, es una de las asignaturas pendientes en el fortalecimiento institucional de la Fiscalía.

          Una de las reformas significativas para atenuar la inconveniente concentración de poder en manos del Fiscal General,  es el diseño de la carrera fiscal. El principio de participación igualitaria y de idoneidad en la designación de todos los funcionarios que ejercen la potestad requirente, debe ser un objetivo de la carrera fiscal. La designación y el ascenso dentro de la estructura funcionarial de la Fiscalía, no puede depender de criterios imprecisos, cuya indefinición dificulta la  escogencia del que posea los mejores méritos para ser designado o para ascender. El ejercicio del principio de unidad y de jerarquía del Fiscal General no justifica que la designación de todos los fiscales, con algunas excepciones, responda a criterios subjetivos e imprecisos. En este objetivo hay que tener una convicción inquebrantable. El sistema actual de designación y promoción de los fiscales en el Ministerio Público presenta serias opacidades, imprecisiones, lo que le abre la puerta a una inconveniente subjetividad que puede convertirse en arbitrariedad. No hay duda que esta situación se puede solventar con la ley de carrera fiscal que se encuentra en el parlamento. Mientras tanto, los mismos principios que inspiran ese proyecto, se deben introducir en un reglamento que de inmediato defina un sistema de nombramientos que obedezca a principios de idoneidad e igualdad. El sistema de nombramientos conforme a criterios objetivos, según un escalafón, es una de las medidas para que la verticalidad que ha imperado en la Fiscalía, se reduzca. Sé muy bien que el Fiscal General no requiere una excesiva concentración de poder, porque su autoridad deriva de otras condiciones que  no son el mero ejercicio del poder. Debe poseer una autoridad moral e intelectual que le dé un liderazgo por encima de potestades formales.

Le corresponde a  Fiscala General, muy bien representada en la Licda Navas Aparicio, fortalecer una estructura interna de la Fiscalía que le dé preponderancia a la experiencia, los méritos, valorados conforme a criterios objetivos, este objetivo, aparentemente sencillo, asegura una Fiscalía que no depende del Fiscal de turno, sino que la propia institucionalidad representada por todos fiscales y fiscales, son los que aseguran la marcha y el futuro del Ministerio Público. Hay que superar las subjetividades y los caudillismos, tal como estoy seguro lo pretende hacer doña Emilia Navas Aparicio. 

Pero se requiere, además,  fortalecer la incidencia de los órganos colegiados al interior de la Fiscalía, porque si bien hay un responsable político de la acción de la Fiscalía, se requiere, como corresponde a una democracia, la consulta y la participación de todos los fiscales en la consulta y discusión de temas que definen la política del órgano de la acusación. Este es un interrogante que debe examinarse, analizando cuánta relevancia tiene la consulta a órganos colegiados de la Fiscalía, cuánta participación tienen los miembros de la Fiscalía en la discusión de temas de relevancia en para el órgano acusador. Los interrogantes sobre los niveles de participación y interacción en el Ministerio Público, resulta pertinentes, una buena hipótesis para la reflexión.  Esta es una ruta que tiene relación con la reducción razonable de la verticalidad que culturalmente heredó la Fiscalía de la estructura napoleónica de la judicatura. Sirva esta ocasión para abrir puertas, plantear interrogantes, porque la instituciones mejoran con los cuestionamientos  y mejor aún si la autocrítica  sale de su propia entraña. En el pasado se asumió que un modelo de Fiscalía con un poder muy concentrado, era la mejor respuesta, empero, debemos plantear interrogantes sobre esta ruta.

Otro interrogante que puede plantearse surge de la  estructura normativa que rige en el Ministerio Público en materia disciplinaria. El examen de las potestades del Fiscal General en materia disciplinaria a lo mejor reflejan, nuevamente, una verticalidad inconveniente en el contexto de un estado democrático de derecho. La materia disciplinaria no es un tema menor, tal como se ha evidenciado en relación a la independencia del juez. No pretendo establecer una sinonimia entre judicatura y fiscalía, pero admitidas diferencias importantes, la verticalidad puede resultar excesiva en el ejercicio de la potestad disciplinaria. Esta es otra ruta que debe explorarse para mejorar el rostro de la Fiscalía, de cara a todos sus funcionarios y los valores de la democracia.  Es muy poderoso el poder disciplinario, por eso requiere garantías, equilibrios, contrapesos, porque los excesos en esta materia no se justifican en función de la vigencia del principio de unidad y de jerarquía que preside la estructura del órgano acusador.

He señalado escenarios, interrogantes, sugerencias, porque es un buen ejercicio en esta ocasión, dada la relevancia que tiene la Fiscalía. Tanta que en otros países deben recurrir a organismos internacionales para asegurar una eficaz persecución del abuso de poder y de la corrupción.

El Ministerio Público, procurador de justicia, ese juez que bajó del estrado para ejercer la jurisdicción requirente. Tanta cercanía con el juez cuando el fiscal investiga, acusa, impugna y se autocontiene para evitar el abuso de poder y la arbitrariedad.

La crisis del Ministerio Público requiere humildad, autocrítica y una convicción sincera de cambiar, de reformar el órgano acusador para que responda a los auténticos principios de una democracia y de un estado de Derecho. He señalado rutas e interrogantes para que caminemos por los caminos de la democracia y el ejercicio equilibrado del poder, desde la judicatura, desde la Fiscalía. Mi admiración para el trabajo de todos los funcionarios del Ministerio Público, desde la máxima jerarca, fiscales adjuntos, fiscales coordinadores, Fiscales Auxiliares y personal auxiliar. El cambio meditado y reflexivo debe ser labor de todas las personas que integran el órgano requirente.

Esta agenda hace un alto en el camino, deteniéndose en tantas facetas que tiene la labor de los fiscales y fiscalas del país. Agradezco a la CONAMAJ esta llamada de atención, que debe ser el primer paso para la reflexión y la autocrítica, para que el sistema judicial mejore y preste un mejor servicio a los ciudadanos. Que nuestro quehacer no dependa de quien está transitoriamente en puestos de dirección, sino que la institucionalidad se funde en un grupo de funcionarios que definen la excelencia y el respeto para la labor de los Fiscales, Fiscalas, jueces y juezas. Para lograr esto se requiere participación e identidad con la institución, objetivos que no se logran si el sistema judicial y la fiscalía responde a un cultura vertical y con poca participación.

Todo tan transitorio, hoy me toca hablar de una institución que representa tanto en mi vida profesional, sé bien que las palabras se las lleva el viento, no hay que ser pretensioso, pero en esta ocasión, en este momento, aprovecho esta ocasión tan preciosa para compartir algunas de mis inquietudes sobre un órgano tan importante como la Fiscalía. Puntos de vista para sentarse frente a la realidad con otra perspectiva, a lo mejor regresamos a la silla original, pero le dimos oportunidad a otra visión, así se logran, en algunas ocasiones, los cambios. 

Doña Emilia Navas Aparicio tiene un gran reto, debe fortalecer y redefinir el órgano acusador. En este cometido requiere el apoyo de la ciudadanía y la participación activa y protagónica de todos los funcionarios del Ministerio Público. El nuevo rostro de la Fiscalía requiere fortalecer la horizontalidad y reducir la verticalidad. Se trata de un gran reto, porque trasciende voluntades y subjetividades.

 

Ministerio Público y su compromiso con poblaciones vulnerables

Información precisa sobre los servicios que brinda el Ministerio Público y su compromiso, desde su competencia, con las poblaciones en condición de vulnerabilidad, es la visión que encierra la Agenda de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ) 2019.

Ileana Mota Obando y Sandra Obando Martínez, indígenas cabécares y representantes del pueblo indígena de Alto Chirripó, destacaron el interés del Ministerio Público por llegar hasta sus pueblos, recorriendo extensas distancias y pidieron que se mantenga ese apoyo entre sus pueblos y las autoridades judiciales.

La Décimo Novena Edición de la  Agenda CONAMAJ ofrece en sus páginas, mes a mes, una amplia descripción de diversos servicios estratégicos que brinda el Ministerio Público, en materia de derechos de víctimas y testigos, acceso efectivo a la justicia para las personas indígenas, justicia penal juvenil, protección al ambiente, su labor contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, transparencia y rendición de cuentas, entre otros.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, destacó la labor de la Fiscalía a favor de las poblaciones vulnerables y el reto por resguardar su independencia.

“Debe asegurarse en la fiscalía una independencia institucional, evitando que caiga bajo el control de alguno de los Poderes del Estado.  El principio de una participación igualitaria y de idoneidad en la designación de todos los fiscales, debe ser un objetivo de la Carrera Fiscal”, afirmó Cruz Castro.

La Fiscala General, Emilia Navas Aparicio señaló que la agenda se convierte en “…un instrumento más de transparencia y rendición de cuentas, pues contiene la historia del Ministerio Público, nuestras tareas y funciones, nuestra formación en general y va a permitir el acceso a la justicia a través de la información que se brinda”.

Para el Presidente de CONAMAJ, el magistrado Román Solís Zelaya, “la agenda tiene una visión informativa, mostrando los servicios esenciales para las personas habitantes de nuestro territorio, teniendo como eje el enfoque y las necesidades de las poblaciones más vulnerables.  Lo que se trata es de convertir información jurídica, en contenidos amigables, prácticos, para que sea de fácil comprensión”, detalló.

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