• Poder Judicial trabaja en nueva política institucional orientada en la simplificación y celeridad de trámites.

 El establecimiento de procesos electrónicos para la ejecución de diversas gestiones judiciales internas y esfuerzos del personal judicial para promover un ahorro en el consumo de papel, fotocopias y tóner, es lo que destaca en el informe presentado por el Programa Hacia Cero Papel del Poder Judicial, bajo la coordinación del Consejo Superior.

 Los resultados obtenidos en el 2020, involucran las acciones emprendidas por los equipos de trabajo que se integraron según el ámbito institucional Administrativo, Jurisdiccional y Auxiliar de Justicia (Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público y Defensa Pública).

La integrante del Consejo Superior y coordinadora del Programa Hacia Cero Papel del Poder Judicial, Sandra Pizarro Gutiérrez, resaltó el trabajo de todos los órganos judiciales involucrados, que contribuyeron “…a mejorar en gran medida el acceso a la justicia y la tutela efectiva de una justicia pronta y cumplida, esto a través de la eliminación progresiva de formalismos excesivos e innecesarios en la tramitación de los procesos (administrativos y jurisdiccionales), que permita la reducción del uso del papel y la maximización de los recursos tecnológicos”.

Entre los que destacan a nivel administrativo, la implementación de los sistemas electrónicos para el control vehicular, el sistema de vehículos decomisados, el sistema integrado de correspondencia y el de asistencia electrónica institucional, este último ya registra 10.307 con carné electrónico en todo el país.

También destaca la entrega de certificaciones de antecedentes penales digitales, las cuales se entregaron bajo esta modalidad como una medida para garantizar el servicio ante la pandemia.  En total se entregaron 99.739 documentos digitales, lo que representa un aumento del 292% con respecto al año 2019, que llegó a entregar 25.432 certificaciones digitales.

A estos esfuerzos se suman los sistemas de recepción de facturas de manera electrónica y la implementación de la oferta electrónica en los procedimientos de contratación.

Solo en consumo de fotocopias al compararse el II Semestre del 2019 con el I Semestre del 2020, se registra una disminución de 307.298 hojas no utilizadas, que equivale a un 50% de reducción y con un costro promedio de ahorro de ¢4.723.170,26.  El Ámbito Auxiliar de Justicia registró el mayor porcentaje de ahorro con un 52%.

En cuanto al uso de resmas de papel, al compararse el II Semestre del 2019 (7.102 resmas utilizadas) con el I Semestre del 2020 (5.783 resmas utilizadas), se contabiliza una disminución de consumo en resmas de papel de 1.397 entre ambos períodos, con un valor económico de ¢6.146.800,00. 

Para la integrante del Consejo Superior y coordinadora del Programa Cero Papel, Sandra Pizarro Gutiérrez, desde la Dirección Ejecutiva y las Administraciones Regionales se realiza un monitoreo periódico del consumo de papel, tóner y fotocopias en los circuitos judiciales de todo el país y existe un compromiso de parte de estas dependencias por sensibilizar a la población judicial para mantener estos esfuerzos de ahorro institucionales.

Pizarro Gutiérrez mencionó que dentro de las nuevas propuestas en las que se trabaja, está la construcción de la Política de Simplificación y Celeridad de Trámites Judiciales, que tiene entre sus objetivos promover en la población judicial mejores prácticas y procedimientos que contribuyan progresivamente a eliminar los formalismos excesivos e innecesarios entre los trámites judiciales y desarrollar una gestión más ágil y oportuna.

Las acciones administrativas emprendidas durante el 2020 para el efectivo funcionamiento del Poder Judicial, las expuso el Consejo Superior en un detallado informe de labores que presentó en la sesión de Corte Plena de este lunes 15 de febrero de 2021.

La exposición de la gestión administrativa judicial estuvo a cargo de los y la integrante del Consejo Superior, Carlos Montero Zúñiga, Gary Amador Badilla, Gary Bonilla Garro y Sandra Pizarro Gutiérrez.

El informe del órgano judicial administrativo destacó acciones en materia presupuestaria, atención de la emergencia por COVID-19, construcción y mantenimiento de infraestructura, requerimientos y apoyo a las oficinas y despachos judiciales, el respaldo al proyecto de Modelo Integral del Proceso Penal, aplicación del régimen disciplinario, la labor en la integración de comisiones y el trabajo en el Modelo de Gestión de Riesgos de la Institución.

El integrante del Consejo Superior, Carlos Montero Zúñiga resaltó el presupuesto para la atención de la pandemia, en áreas como la compra de implementos de limpieza, equipo de protección y licencias, equipos de software y mejorar la conectividad para brindar el servicio judicial; así como el establecimiento de directrices y acuerdo administrativos para establecer medidas sanitarias.  Resaltó que durante 2020 se emprendieron labores para mantener la estabilidad de la estructura judicial, con el reforzamiento estructural y eléctrico.

Por su parte, Gary Amador Badilla expuso la importancia del Plan de Modelo Integral del Proceso Penal, donde dio un fuerte apoyo en materia de administración del recurso humano; así como un monitoreo permanente para establecer las prioridades y ajustes en eficiencia, tendientes a fortalecer la gestión de los Tribunales.

La integrante Sandra Pizarro Gutiérrez afirmó que se le dio prioridad en la reducción de plazos en la resolución de asuntos disciplinarios en procesos que involucraron medidas cautelares o revocatoria de nombramientos y se trabajó de manera coordinada con la Comisión de Asuntos Laborales y el Tribunal de la Inspección Judicial.  Detalló que durante el 2020 se conocieron 427 asuntos disciplinarios, de los cuales 380 de éstos se resolvieron con lugar y sanción correspondiente, además, se trabajaron planes de descongestionamiento.

En materia de participación de comisiones, la exposición estuvo a cargo del integrante Gary Bonilla Garro y señaló que se trabajó en coordinación con  la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, así como el seguimiento, en conjunto con la Unidad de Control Interno, la Dirección de Planificación y de Tecnología de la Información, el modelo de gestión de riesgos para lograr la integración del Plan Estratégico Institucional y el Plan Anual Operativo y el SEVRI, con lo cual se alcanzó el alineamiento en el 2020 de un total de 109 metas, de las 120 metas estrategias existentes.

• Funcionario rindió informe de labores 2015-2021 durante la sesión ordinaria de la Corte.

Por un nuevo período de seis años, el magistrado Max Esquivel Faerrón, asumirá el cargo en propiedad en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), luego de la designación que hizo Corte Plena este lunes 15 de febrero de 2021.

La reelección de Esquivel Faerrón se dio por unanimidad de la Corte Plena.

Durante la sesión, el funcionario del TSE dio un amplio informe de labores sobre el trabajo emprendido entre el 2015 y 2021 en el cargo de magistrado propietario del TSE.  Destacó el trabajo en temas como la garantía de la participación ciudadana inclusiva y un Estado Democrático de Derecho, igualdad de género y el fortalecimiento de la deliberación informativa para el ejercicio del sufragio, entre otros temas.

Los nombramientos a los cargos de la magistratura en el Tribunal Supremo de Elecciones son competencia de la Corte Suprema de Justicia, así lo dispone el artículo 100 de la Constitución Política de Costa Rica.  La designación es por un período de seis años.

• Corte Plena conoce informe de Contraloría de Servicios y acoge recomendaciones de mejora.

Una serie de recomendaciones se considerarán en el Poder Judicial, para mejorar la atención telefónica de las personas usuarias.  Corte Plena conoció este lunes 18 de enero, un estudio elaborado por la Contraloría de Servicios para profundizar en la efectividad del servicio.

Con un total de 5.350 llamadas realizadas en todos los Circuitos Judiciales del país, durante el mes de octubre, se determinó que el 68,95% de las llamadas hechas a los despachos judiciales recibieron una respuesta positiva, al atender la consulta durante el mes en estudio. Es decir 7 de cada 10 llamadas se atienden.

El Informe denominado “Revisión y seguimiento de la atención de llamadas telefónicas en los despachos del Poder Judicial”, estuvo a cargo de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial y las Contralorías de Servicios Regionales.

Según destacó el Contralor de Servicios del Poder Judicial, Erick Alfaro Romero, en promedio, se realizaron unas 412 llamadas diarias, entre el 14 y el 30 de octubre del año pasado.

“El propósito fue conocer la atención telefónica que se brindó en oficias judiciales especialmente en las jurisdicciones y principalmente, en el contexto de la pandemia por COVID-19 y con ello damos cumplimiento a la solicitud de Corte Plena en el tema”, afirmó Alfaro Romero. 

Cabe considerar que durante el 2020, a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19, el Poder Judicial ha tenido que recurrir al cierre constante de despachos, debido a los casos positivos registrados en la población judicial y proceder con el protocolo de limpieza profunda y desinfección de los espacios de trabajo, para la protección de la salud del personal judicial y las personas usuarias que se atienden.

“Hemos estado viendo una dinámica con motivo de la pandemia y que se debe considerar en este tipo de ejercicios, como lo es el cierre de oficinas por casos positivos y órdenes sanitarias; así como la alta demanda que registran muchos servicios judiciales en la Gran Área Metropolitana”, explicó el Contralor de Servicios del Poder Judicial.

El Circuito Judicial de la Zona Atlántica es el que registra la mejor respuesta en atención telefónica al público, donde del total de 274 llamadas registradas en el estudio, se contestaron positivamente el 87,96%. Es decir, 9 de cada 10 llamadas recibieron contestación.

El segundo lugar en efectividad en la atención telefónica al público lo ocupa el III Circuito Judicial de Alajuela, sede San Ramón con un 87% de contestación positiva en las 133 llamadas que se realizaron a sus despachos.

Si se revisan los datos del estudio por provincia, Limón mantiene el primer lugar con un 81,36% de las llamadas con contestación positiva sobre el servicio. Seguida por Puntarenas 78,07% de efectividad del total de las llamadas a los despachos de la región.

Entre las recomendaciones que conoció Corte Plena y consideraron importante poner en práctica, están el que los despachos judiciales designen al menos a una persona para atender las líneas telefónicas y de priorizar la atención por esta vía.

Se deberá corroborar con periodicidad el correcto funcionamiento de las líneas telefónicas del despacho y analizar si existe un aumento en la cantidad de llamadas que se reciben, para que se valore la habilitación de otra línea telefónica.

Se señaló la importancia de las Administraciones Regionales de emprender una actualización de las guías de contacto, de forma periódica, para que las personas usuarias cuenten con información correcta y oportunidad, acción que se encuentra contenida en la Circular 142-2020.