Un total de 100 sesiones de trabajo, con análisis, discusión y tomas de decisiones en materia de administración del Poder Judicial, fue parte del informe de labores del Consejo Superior.

El informese presentó ante Corte Plena y contempla la gestión emprendida de noviembre del 2017 al 31 de octubre de 2018, que representó un total de 8.113 acuerdos.

Una de las labores importantes que se destaca es el estudio del anteproyecto de presupuesto 2019.

“Durante las 7 sesiones de trabajo que se llevaron a cabo, se conocieron los presupuestos y planes estratégicos de los distintos Consejos de Administración, los ámbitos y demás despachos judiciales, y se analizaron 43 informes integrales sobre solicitudes de recurso humano, producto de ello fue el anteproyecto de presupuesto que se presentó a la Corte Plena”, detalló el informe.

En materia disciplinaria, se constituyó como órgano de segunda instancia y superior jerárquico del Tribunal de la Inspección Judicial. 

Desde esta competencia se atendieron 134 asuntos relacionadas con confirmación de revocatoria de nombramientos, suspensiones del cargo, amonestaciones escritas, advertencias y archivo de asuntos por diversos motivos.

La visita a despachos judiciales es uno de las funciones que realizan con el fin de tomar acciones y acuerdos necesarios para dar una respuesta oportuna a los requerimientos en cada zona y mejorar el servicio que se brinda.  En total se realizaron giras a siete oficinas en diferentes zonas del país.

“En ellas se tuvo encuentros con diferentes sectores que participan en la gestión del Poder Judicial, lo que ha contribuido  a identificar  las necesidades de los servidores y servidoras judiciales, litigantes y personas usuarias, y se obtuvieron  insumos  importantes para la toma de decisiones”, detalló el informe de labores.

En cuanto a la materia de contratación administrativa, se adjudicaron 94 licitaciones y siete se declararon desiertas o sin efecto.

Se destacó el trabajo de las y los integrantes del Consejo Superior en las Comisiones Judiciales que atienden diversos temas referentes a la gestión judicial institucional.

En el conocimiento de temas relacionados con jubilaciones y pensiones, se aprobaron un total de 194 jubilaciones y se atendieron asuntos relacionados con el reconocimiento del derecho de jubilación y personas beneficiarias de pensión.  Además se analizaron informes medico-legales para atender temas de incapacidades absolutas y permanentes de servidoras y servidores judiciales.

Cabe señalar, que el Consejo Superior está integrado por el Presidente y Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro y Patricia Solano Castro; así como de los integrantes Carlos Montero Zúñiga, Gary Amador Badilla, Sandra Pizarro Gutiérrez y Sara Castillo Vargas y cuentan con el apoyo técnico de la Directora Ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins y la Secretaria General de la Corte, Silvia Navarro Romanini.

Acciones puntuales para el fortalecimiento y resguardo de la Independencia Judicial, como un derecho ciudadano y base de la democracia, fueron temas que analizaron expertos nacionales e internacionales en el Foro “Independencia Judicial: Retos y oportunidades para el fortalecimiento del Estado de Derecho”.

La selección de jueces y juezas forma parte de los retos y oportunidades para su garantía.

“No hay discusión en la relevancia de la independencia del juez.  La selección de estos cargos bajo criterios de idoneidad, integridad, sumado a la permanencia en el cargo sin ningún tipo de injerencia externa, son elementos fundamentales”, puntualizó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro.

El Politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE)- México, Julio Ríos Figueroa señaló como elemento importante la legitimidad judicial, la cual depende de manera crucial de una eficaz y profesional administración de los recursos materiales y humanos de la Administración de Justicia.

“Los Poderes Judiciales son claves en la moderación del uso del poder político y en la garantía de los Derechos Humanos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestros países. Hay que protegerlos, hay que proteger la independencia judicial y construirla desde adentro”, señaló Ríos Figueroa.

La visión desde la ciudadanía, la expuso la abogada costarricense, especialista en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos, Marcia Aguiluz.

“Defiendo la independencia judicial porque no es un privilegio para ustedes.  Entiendo que es mi derecho que ustedes puedan ser independientes; pero esta inamovilidad o garantías no pueden significar inmunidad y tienen que rendir cuentas, pues como funcionarios públicos están sujetos a mayores niveles de escrutinio. La independencia judicial es un derecho que tenemos la ciudadanía y tenemos que reclamarlo”,  externó.

Para la Vicepresidenta de la Corte, Patricia Solano Castro, los mecanismos de nombramiento de los operadores de justicia se constituyen como pilar del principio de independencia, así como la estabilidad laboral, la inamovilidad, el régimen disciplinario, la remoción y el resguardo de fuerzas indebidas internas y externas.

“Hoy urgen decisiones de parte de todas las instancias involucradas en estos procesos, para transparentar los mecanismos de nombramientos, asegurar en los elegidos la idoneidad esperada de un administrador de justicia.  El modelo de control a la labor jurisdiccional debe estar presente como garantía de eficiencia en la labor encomendada, pero nunca como una forma de interferir en las decisiones”, afirmó Solano Castro.

Panel: Reflexiones prácticas sobre Independencia de los Poderes Judiciales para el fortalecimiento del Estado de Derecho

Desde el análisis de la región latinoamericana, la necesidad de transparentar los mecanismos de nombramiento y blindar contra la infiltración de la corrupción, son temas fundamentales en el fortalecimiento de la Independencia Judicial.

“La independencia  judicial puede ser abordada desde muchas ópticas, una de ellas es el procedimiento y selección de nombramientos de magistrados y magistradas en el cual debe prevalecer objetivos de transparencia, a fin de que se nombren los mejores juristas del país, que cuenten con una sólida experiencia profesional y formación académica, altos valores éticos y que se respete la equidad de género”, detalló el Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro.

De acuerdo con el experto en prevención de la corrupción del Centro Nacional de Tribunales Estatales (NCSC)- Costa Rica,  Juan Carlos Astúa Jaime, “…la independencia judicial es una protección y fortalecimiento al Estado de Derecho, porque va a garantizar la efectiva tutela de los derechos de las personas, asegura una judicatura y todo un aparato judicial objetivo y apegado a derecho. Es un instrumento fundamental para la prevención o disminución de la corrupción”.

La Experta del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH)  del Sistema de las Naciones Unidas, Isabel Albaladejo, señaló que es el propio Poder Judicial el que debe fijar los salarios de las juezas y jueces y no órganos políticos ajenos con motivaciones distintas al carácter técnico.

“Se reafirma la premisa que los jueces deberían ser seleccionados en la carrera judicial por razones de mérito, capacidad, idoneidad y en condiciones de igualdad de oportunidades. Mecanismo que se debería complementar con procesos de entrevistas públicas, conducidas responsablemente, de manera que la población pueda tener la certeza de que es un proceso deliberativo y es importante el aseguramiento de la participación de la mujer”, manifestó.

El Foro Internacional estuvo moderado por el Presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo Víquez.

La actividad se realizó conjuntamente por el Poder Judicial, el Sistema de las Naciones Unidas y el Centro Nacional de Tribunales Estatales de la Embajada de los Estados Unidos y con la colaboración técnica de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial.  Además  formó parte de las actividades de Inauguración del Año Judicial 2019.

Magistrados y magistradas que integran la Corte Suprema de Justicia, premiaron la mística, profesionalismo y excelencia de cuatro personas que laboran en el Poder Judicial.

Los reconocimientos se entregaron en el marco de la inauguración del Año Judicial 2019, con la participación de los presidentes de los Supremos Poderes de la República, Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia; Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República; Carolina Hidalgo Herrera, Presidenta de la Asamblea Legislativa y Luis Antonio Sobrado González, Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones.

El primer galardón se entregó al Dr. Carlos Adolfo Picado Vargas, Juez del Tribunal Agrario, quien se hizo acreedor del reconocimiento “Ulises Odio Santos”, que se otorga al autor o autora que se destaque en la publicación de trabajos, artículos o libros de utilidad y trascendencia para el Poder Judicial.

El juez Picado se destacó por la publicación de muchas obras; sin embargo la obra jurídica “Reforma Procesal Civil. Práctica: Concordada, comentada, con definiciones, esquemas y respuestas prácticas de uso común”, fue considera de gran importancia por el impacto positivo para el Poder Judicial y la cultura jurídica de país.

La Dra. Ana Isabel Orozco Álvarez, quien labora en el Servicio Médico de Empresa del Segundo Circuito Judicial, sede Goicoechea, recibió el premio  “Luis Paulino Mora Mora”, que se destina a la persona que por su quehacer profesional en cualquier área del conocimiento hubiese influido o influya en el mejoramiento de la administración de justicia, haciendo posible su eficiencia y el acceso de los (as) ciudadanos (as) al servicio de la justicia.

El servidor Mauricio Castillo Guillén, Custodio de la Sección de Cárceles de San José, recibió el premio “Miguel Blanco Quirós”, que representa un reconocimiento a los más altos valores de un buen servidor o servidora judicial, a través del desempeño y dedicación en su función, cualidades que le fueron reconocidas por la Corte Plena.

Finalmente al Dr. Enrique Ulate Chacón, Juez del Tribunal Agrario, se le entregó el reconocimiento “Fernando Coto Albán”, que se otorga al administrador o administradora o ex-administrador de justicia que se haya destacado por su mística, honradez, transparencia y dedicación al trabajo y que sus cualidades y logros profesionales hayan contribuido a enaltecer la labor del Juez o Jueza en la sociedad costarricense.

Los premios fueron entregados por el Magistrado Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Sala Segunda y Presidente del Tribunal de Reconocimientos del Poder Judicial, quien resaltó las cualidades, valores y virtudes de cada una de estas personas en sus respectivos cargos.

“Este acto reviste importancia, dado que resalta el trabajo de personas que no sólo han hecho las cosas bien, sino, que han ido más allá de ello, convirtiéndose en verdaderos referentes y con ello, evidenciando la excelencia, como un ejemplo para el funcionariado judicial”; señaló el magistrado Aguirre Gómez.

“Sabemos que existen muchísimas personas que siguen esos pasos, que iluminan la vida profesional e incluso personal de otros, que llevan sobre sus hombros el gran peso de mantener la cohesión de las oficinas, el buen servicio público y el mejorarlo siempre.  A ellas, que para efectos de este acto se mantienen en el anonimato, también nuestro sincero y profundo agradecimiento”; concluyó el magistrado.

Estos reconocimientos tienen como propósito, incentivar las labores de todos los profesionales en las diferentes materias, a todas las y los servidores (as) y ex-servidores (as) judiciales, a los grupos de trabajadores y trabajadoras de una determinada oficina o Circuito Judicial, de acuerdo con los términos establecidos por el Reglamento de Reconocimientos Otorgados por el Poder Judicial.

“Tenemos un ineludible compromiso con valores esenciales, tales como la transparencia, la participación ciudadana, la democratización interna, la probidad, la celeridad y el fortalecimiento de la independencia judicial, no sólo en el juzgamiento, sino como claro factor de equilibrio en el diseño de los poderes del Estado”, reafirmó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, en la sesión solemne de Inauguración del Año Judicial 2019.

La actividad contó con la participación del Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada; la Presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo Herrera y el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado González.

Para el Presidente de la Corte, la defensa y fortalecimiento de la independencia judicial es uno de los temas fundamentales dentro de la labor institucional.

“La independencia judicial es un pilar de esta democracia, pero nos encontramos en una coyuntura particularmente compleja en la que la independencia judicial tiende a ser frágil y vulnerable. Dependemos de la actitud honrosa y decidida de jueces, juezas, fiscales, fiscalas, defensores y defensoras”, puntualizó Cruz Castro.

El máximo jerarca judicial recalcó que para el fortalecimiento de la independencia judicial deben mejorarse los mecanismos de designación de magistrados y magistradas.

“Un objetivo prioritario durante mi gestión es el mejoramiento de procedimiento de selección y nombramiento de los magistrados y las magistradas, en el cual deben prevalecer criterios objetivos y de transparencia, a fin que se nombre a los mejores juristas del país, aquellos quienes cuenten con una sólida experiencia profesional, formación académica, altos valores éticos y se respete la paridad de género”, aseveró Cruz Castro.

Durante la sesión, se hizo entrega de reconocimientos a la trayectoria, mística, aportes jurídicos, excelencia y profesionalismo del trabajo llevado a cabo por cuatro personas que laboran en el Poder Judicial.

Se trata de los premios “Fernando Coto Albán”, que se entregó al Dr. Enrique Ulate Chacón, Juez del Tribunal Agrario; el premio “Ulises Odio Santos”, al Dr. Carlos Adolfo Picado Vargas, Juez del Tribunal Agrario; el premio “Luis Paulino Mora Mora”, a la Dra. Ana Isabel Orozco Álvarez, del Servicio Médico de Empresa de Goicoechea y el premio “Miguel Blanco Quirós”, que se le entregó a Mauricio Castillo Guillén, Servidor de la Sección de Cárceles del Primer Circuito Judicial de San José.

Un Poder Judicial autocrítico

“Trabajamos de manera firme y constante, ahora desde esta posición, para recuperar la confianza y la legitimidad de la ciudadanía, lo cual debemos hacer con humildad y sentido de autocrítica”, manifestó el Presidente de la Corte, Fernando Cruz.

Desde su gestión dentro del Gobierno Judicial destacó el compromiso de funcionarios y funcionarias judiciales y la capacidad de reacción ante momentos críticos en los que se aplicó la Ley y la Constitución sin importar el puesto o jerarquía.

A esto se suma el impulso de medidas necesarias para fortalecer y modernizar la institución, con el trabajo de diez comisiones lideradas por los magistrados y magistradas de la Corte, tendientes a fortalecer la administración de justicia.

Entre los ejes de trabajo está la redefinición de las competencias de Corte Plena, con un modelo de gestión más técnico, transparente y eficiente, concentrando las funciones de dirección general de política judicial.

La introducción de la Carrera Fiscal se visualiza vital para reforzar el Ministerio Público, propuesta que ya se encuentra en la Asamblea Legislativa.

La Presidencia de la Corte también impulsa proyectos en la lucha contra la corrupción, como la reforma integral y estructural del proceso penal, que contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la reestructuración y sistematización de los tipos relativos a la corrupción en la función pública y la reforma a los procedimientos para el juzgamiento de miembros de los Supremos Poderes.

Recientemente, la Corte Plena aprobó la propuesta de la Comisión de Transparencia para crear una sección especializada contra la corrupción en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el refuerzo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

El trabajo es arduo en temas como régimen disciplinario, protocolo de conducta para el Poder Judicial, el diálogo permanente con la sociedad civil, la reforma a la carrera judicial, la evaluación del desempeño y la carrera de la defensa pública.

Mejora permanente

El Poder Judicial no se detiene en el trabajo que se emprende desde la Comisión de Género y Acceso a la Justicia y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia; así como en programas como Justicia Abierta, Facilitadores Judiciales y Justicia Restaurativa.

“Destaco, la efectiva administración de los recursos públicos que le fueron asignados, lo que llevó a alcanzar un 97.05% de ejecución presupuestaria, demostrando un uso eficiente de los recursos, priorizando en la atención del servicio público, infraestructura y equipo”, explicó el Presidente de la Corte.

Los recursos presupuestarios se dirigen a atender los requerimientos en los servicios que se brindaron desde la Judicatura, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Servicio de Atención y Protección a Víctimas y Testigos, así como en el ámbito administrativo y otros órganos de apoyo al quehacer judicial.

Se estableció la ruta de la institución para los próximos seis años, con la formulación del Plan Estratégico Institucional 2019-2024, donde la política en materia tecnológica destaca en el desarrollo de aplicaciones y sistemas con recursos propios para mejorar los servicios judiciales que se brinda a las personas usuarias.

También se retomó el proyecto de Mejora Integral del Proceso Penal, para reducir los tiempos de respuesta e incrementar la efectividad de los debates.

“La puesta en marcha de una estructura estandarizada convirtió el 2018 en un año histórico para la jurisdicción penal, al registrar el nivel más alto de asuntos terminados a nivel nacional, con un total de 15.814”, detalló el jerarca judicial.

Hoy se cuenta con cinco tribunales, con un plazo de respuesta de seis meses; estos son: Pérez Zeledón, Desamparados, San Carlos, Grecia y Osa. Al finalizar el 2018, otros cinco despachos señalan juicios entre siete meses y un año. 

Cabe resaltar la labor de la Sala Constitucional en la tutela y defensa de los derechos constitucionales.  Solo en el 2018 se interpusieron 20.525 casos, la cifra más alta de expedientes entrados.  En ese mismo año se terminaron 19.960 asuntos.

Los esfuerzos institucionales se centraron también en el impulso de las reformas procesales en materia civil y laboral y se prepara la para la entrada en vigor de la Reforma Agraria y de Justicia Restaurativa.

“Este Poder Judicial seguirá en la lucha de su propia transformación, ajustándose a las necesidades de los tiempos y en mantener su atención inclaudicable a mejorar la democracia costarricense con su propia tarea de autotransformación”, recalcó el Presidente de la Corte.