La implementación de la Reforma Procesal Agraria es una estrategia institucional que se ejecuta conforme a la Metodología de Administración de Proyectos aprobada por el Consejo Superior. Su objetivo es preparar a la Institución para la entrada en vigencia del Código Procesal Agrario.

Así lo aprobó el Consejo Superior del Poder Judicial en sesión extraordinaria N°110-18 celebrada el 19 de diciembre del 2018, Artículo I, a solicitud del Despacho de la Presidencia, la Dirección de Planificación y de la Comisión de la Jurisdicción Agraria.

Previo a su aprobación, la citada comisión hizo de conocimiento de sus integrantes y los despachos agrarios, la propuesta de los productos entregables, tareas y cronograma de ejecución, así se desprende del oficio N° 1410-PLA-2018 de la Dirección de Planificación, el cual se encuentra integrado en los acuerdos del Consejo Superior de acceso público en la web judicial ( www.poder-judicial.go.cr)  

Por las limitaciones en el presupuesto institucional, Corte Plena y el Consejo Superior, acordaron un único recurso para su ejecución el cual consiste en un permiso con goce de salario y sustitución de una plaza de judicatura del Tribunal Agrario, de manera que esta persona fungiera como coordinadora de todas las acciones del proceso de implementación.

Los recursos invertidos para la ejecución del Proyecto, corresponden al salario ordinario de una persona juzgadora y no a la contratación de una consultoría externa, como de manera errada se informó en un medio de comunicación digital accesible por internet.   Tampoco la institución incurrió en erogaciones por concepto de viáticos de la persona asignada en la coordinación, éstos son rubros que se destinan para giras a provincias.  En este caso no se cancelaron a la persona coordinadora pese a que el año anterior se realizaron visitas a circuitos judiciales con el fin de exponer los principales cambios que introduce la nueva legislación procesal agraria. 

Por ello no han existido contrataciones de personas ni de servicios externos, la implementación se ha ejecutado con recursos institucionales, los gastos operativos se cubren con el presupuesto institucional. El salario que se le canceló a la persona funcionaria coordinadora es el que corresponde a la plaza que ocupa dentro del escalafón de puestos interno.  

Al   proyecto se sumaron personas funcionarias de las diferentes oficinas administrativas y jurisdiccionales involucradas en la materia agraria, pero no de manera exclusiva, pues debieron atender sus labores ordinarias, lo que refleja un alto compromiso de las quienes están involucradas en el proyecto.  

Los procesos de implementación de la reforma procesal laboral y procesal civil dejaron buenas prácticas de gran valía a nivel institucional, por lo que ambas experiencias se han aplicado, principalmente en lo que refiere a la capacitación de grupos y sectores de interés, tal es el caso de las personas facilitadoras judiciales y líderes comunales, así como el personal de los despachos de la materia agraria.

Informes de avance. Tal y como se indicó, en esta implementación, se aplicó a cabalidad la metodología de proyectos por ello debe cumplirse un cronograma y rendir los rigurosamente informes de las tareas cumplidas.  Estos informes son un mecanismo de control y seguimiento que deben de acatarse por la metodología aplicada. 

Los informes de avances se presentaron a la Dirección de Planificación el 28 de febrero, 31 de mayo, 30 de agosto y 31 de octubre todos del año 2019, posteriormente se remitieron al Magistrado Director del Proyecto, Luis Guillermo Rivas Loáciga y a las personas integrantes de la Comisión de la Jurisdicción Agraria y las representantes de las oficinas administrativas involucradas en la implementación, entre ellas las direcciones de Planificación, Ejecutiva, Gestión Humana, Tecnología de la Información, así como la Escuela Judicial, Contraloría de Servicios, Auditoría Judicial, Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), Control Interno, Secretaría Técnica de Valores y Secretaría Género, entre otras.

De los informes de avance la Dirección de Planificación determinó que al 31 de octubre del 2019 el proyecto alcanzó un 84% de cumplimiento. 

(Ver gráfico).

Indicadores.  En este proceso de implementación también se aplicaron los indicadores del Modelo de Sostenibilidad aprobado por el Consejo Superior. Por ello los relacionados con desempeño se coordinaron con la Unidad de Evaluación de Desempeño de Gestión Humana y los de derechos humanos se trabajaron con la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial, para ajustar el modelo a los requerimientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

Vacancia de ley. En la sesión de Corte Plena N° 39-19 de 16 de setiembre de 2019, Artículo X, se tomó el acuerdo de solicitar al Plenario Legislativo ampliar un año más la vacancia o entrada en vigencia del Código Procesal Agrario, lo que implica que la fecha programada para la implementación se extendió al 28 de febrero de 2021.

La vacancia fue aprobada en segundo debate por el Plenario Legislativo en la sesión del 17 de febrero 2020.”

Comunicado aprobado en sesión de Corte Plena N° 9-2020 celebrada el 24 de febrero del 2020.

La resolución oportuna de conflictos, la confianza y la probidad en el servicio de justicia, asi como la optimización e innovación son algunas metas  que se fijo  el Poder Judicial en el 2019, desde el Plan Estratégico Institucional.

Los resultados obtenidos durante el primer año de aplicación de esta metodología de trabajo, la conoció Corte Plena este lunes 17 de febrero.

La exposición de resultados estuvo a cargo de la Directora de Planificación del Poder Judicial, Nacira Valverde Bermúdez.

El Modelo de Gestión Estratégica Judicial aprobado por Corte Plena se puso en marcha durante el 2019; ello permitió trabajar y definir  un portafolio de proyectos, que integró las prioridades de la institución.

Adicionalmente, el modelo contempla la incorporación  de “ los planes anuales operativos de las oficinas de los tres ámbitos judiciales (administrativo, jurisdiccional y auxiliar de justicia), el presupuesto orientado por resultados, el manejo de políticas institucionales y temas de innovación”, puntualizó Valverde Bermúdez.

Solo en la meta de resolución oportuna de conflictos se alcanzó un 94,6% de cumplimiento de metas.  Esto se materializó con un 14% de aumento en la cantidad de expedientes terminados, considerando que se registró un aumento de casos entrados del 5%, durante el 2019, con un total de 606.141 procesos finalizados.

El 35,5% de los asuntos en el circulante ya se encuentran en las etapas de ejecución,  con una resolución provisional o medidas impuestas.

A esto se suma la metodología de rediseño de procesos aplicada en 214 despachos judiciales. Esto impactó de forma positiva en tiempos de resolución y productividad del personal en los despachos que atienden materias como civil, penal, laboral y pensiones alimentarias.

“En el 2019, la ejecución presupuestaria alcanzó un 95.9%. Esto es un esfuerzo institucional del Poder Judicial, cumpliendo también con las restricciones de las normas de ejecución presupuestaria aprobadas por la Asamblea Legislativa,  ya se trabaja también en la construcción del Modelo de Gestión de Presupuesto Plurianual, donde se realizó una reunión de trabajo con la Contraloría General de la República y se coordina con el Ministerio de Hacienda para pactar también una sesión de trabajo y retroalimentarse en  las recomendaciones de modelos a aplicar”, detalló la Directora de Planificación,  Nacira Valverde.

Corte Plena conoció este lunes 17 de febrero, un informe sobre el avance institucional en la construcción de un Modelo Salarial para el Poder Judicial.

El informe lo expuso el Director del Despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Roger Mata Brenes.

Mata Brenes señaló que se estudiaron las experiencias de otras instituciones públicas que aplican el salario global, como la Contraloría General de la República, el Banco Central, Banco Popular, el Instituto Costarricense de Electricidad, entre otros.

También se llevó a cabo un estudio de mercado y el análisis de los datos poblacionales y de los componentes salariales de la población judicial.

Resaltó que la política de esta clase de salario tiene como objetivo mejorar la competitividad, atraer el mejor talento humano y generar al país un ahorro en materia de remuneraciones.

El Modelo Salarial para el Poder Judicial deberá considerar las características específicas de la población judicial, pues no existe un modelo definido a nivel nacional. Actualmente cada entidad pública que lo aplica, contempló las particularidades de su estructura.

El Director del Despacho de la Presidencia también indicó que el Poder Judicial mantiene una estrecha comunicación con el Ministerio de Planificación, de cara a la presentación del proyecto de ley de salario único para todo el sector público, que ingresaría a la corriente legislativa.

Para la magistrada Roxana Chacón Artavia, el salario global sería una buena alternativa para el personal de nuevo ingreso y que permitirá ofrecer remuneraciones competitivas y captar personal calificado.

La magistrada Rocío Rojas, señaló la importancia de que el Poder Judicial emprenda las acciones, a la vez solicitó un estudio a la Dirección de Gestión Humana que determine el impacto económico al nominalizar los salarios.

Según indicó el magistrado Román Solís Zelaya, es importante que el Poder Judicial regule el tema de las remuneraciones a los nuevos requerimientos del país, lo que evidencia la voluntad de la institución por contribuir con el Estado costarricense.

De acuerdo con el magistrado William Molinari Vílchez, el trabajo que realiza la administración judicial en materia salarial evidencia una intención de este Poder de la República por buscar una reforma al sistema salarial de la población judicial, frente a la situación fiscal actual del Estado.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, manifestó que el trabajo de evaluar y reajustar el modelo salarial del Poder Judicial evidencia la voluntad de la Corte por contribuir con la situación fiscal del país, en un esfuerzo por armonizar la independencia judicial y las remuneraciones en este Poder de la República complejo en su estructura salarial por la diversidad de los grupos ocupacionales.

Con el compromiso de contribuir con la labor de administración de justicia y la Patria, las magistradas Sandra Zúñiga Morales y Damaris Vargas Vázquez recibieron el juramento en el Congreso.

La juramentación estuvo a cargo del Presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides Jiménez, durante la sesión extraordinaria del plenario de este jueves 16 de enero de 2020.

Zúñiga Morales y Vargas Vásquez desempeñarán las funciones en la Sala de Casación Penal y la Sala Primera, respectivamente, por un período de ocho años.

Ambas agradecieron a Dios y a los diputados y diputadas por la confianza depositada en su designación.

“Espero continuar trabajando en el tema de crimen organizado,  llevo bastante tiempo en este tópico y seguiré impulsando acciones en áreas como el abordaje de la ciberdelincuencia y ciberseguridad, que son temas prioritarios a nivel de institución y regional.  Es necesario encontrar puntos de encuentro entre las diferentes administraciones de justicia, pues se trata de delincuencias transfronterizas y Costa Rica no puede quedarse atrás en el combate en este tipo de criminalidad”, puntualizó la magistrada penalista Sandra Zúñiga.

Afirmó que enfocará su trabajo en la gestión administrativa del Poder Judicial, pues considera que “…se debe abogar por un funcionariato de alta calidad ética y profesional; también pretendo analizar la situación de las personas usuarias no solo del ámbito penal, sino en otros ámbitos, donde la institución ya tiene muchas iniciativas y me sumaré a estos esfuerzos”.

La magistrada Zúñiga Morales tiene una trayectoria de 28 años en el Poder Judicial.  En los últimos años se desempeñaba como magistrada suplente de la Sala de Casación Penal. Es Licenciada en Derecho y Notaria por la Universidad de Costa Rica, Doctora en Derecho  por la Universidad de Alcalá, España y se desempeñó como jueza del Tribunal de la Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea.

Por su parte, la magistrada Damaris Vargas Vásquez afirmó “quiero seguir contribuyendo con mi experiencia, en la implementación de la Reforma Procesal Agraria, que lidera el Presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas Loáiciga y brindar mi aporte en las materias civiles y contencioso administrativo, con el objetivo de fortalecer las acciones de la gestión del Poder Judicial y que el servicio de administración de justicia sea eficaz, eficiente y efectivo”.

Señaló que uno de los retos que tiene la institución y el país en general, frente a la situación fiscal que se enfrenta es trabajar con mucho compromiso y garantizando el aprovechamiento de los limitados recursos, que debe reflejarse en una buena gestión en el ejercicio de las funciones que tiene a cargo el Poder Judicial.

La magistrada Damaris Vargas Vásquez tiene una trayectoria de 30 años en el Poder Judicial, es Licenciada en Derecho y tiene un Doctorado en Derecho Comercial y Civil.  Se desempeñó en los últimos 12 años como magistrada suplente de la Sala Primera y como jueza del Tribunal Agrario.