El Poder Judicial participa en la XXII Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana bajo el eje temático ”Una Justicia al Día para Garantizar la Dignidad de las Personas”, que se lleva a cabo los días 15 y 16 de mayo de 2025 en República Dominicana, junto con 23 países iberoamericanos.

La Delegación Oficial la lidera el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez; el Presidente de la Sala Primera y coordinador nacional ante Cumbre para Costa Rica, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, quienes asumen la representación del Poder Judicial en la Asamblea Plenaria para la aprobación de los productos elaborados durante la edición 2023-2025.

El Poder Judicial participó activamente en la elaboración de productos en diversos temas por medio de Comisiones y Grupos de Trabajo:  coordinación y seguimiento, Justicia ambiental, ética judicial, calidad de la justicia, tratamiento de drogas, género, lucha contra el crimen transnacional organizado, entre otros, bajo una justicia oportuna, inclusiva y confiable.

Los temas de la agenda propuesta por el Poder Judicial de República Dominicana de una justicia más humana, cercana y efectiva, durante el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore de la Cumbre, están alineados con las prioridades institucionales de una justicia cercana a la gente.

El inicio de la Asamblea Plenaria incluyó rendición de cuentas de parte de la Secretaria Permanente de la Cumbre, además, se abrió un diálogo entre Presidentas y Presidentes para la reflexión sobre el futuro de la justicia y la democracia en la región iberoamericana, una justicia al día inclusiva y transparente y para garantizar la dignidad de las personas.

Presencia institucional en la RIAEJ

En el marco de esta Asamblea Plenaria se llevó a cabo la XIII Asamblea General de la Red de Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ), destacando la elección del Poder Judicial en la Junta Directiva de la Red y que estará representada por la Magistrada Patricia Vargas, con el acompañamiento de Rebeca Guardia, Directora a.i de la Escuela Judicial.

·       La temática transita entre el derecho colectivo e individual del trabajo, para llenar las necesidades de los operadores en esta materia.

Los días 15 y 16 de mayo se realiza el conversatorio denominado "Análisis de la normativa internacional y experiencias en Derechos Fundamentales en el Trabajo y Prevención del Conflicto de Laboral", el cual pretende ser un punto de encuentro entre especialistas del Poder Judicial y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En el taller se tratarán temas como el derecho de huelga en la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); la implementación de la reforma laboral en México; los nuevos fueros de discriminación en Costa Rica; el Convenio 190 y el acoso laboral y la Ley Karin chilena sobre mecanismos de tutela ante ese acoso.

El magistrado de la Sala Segunda, Jorge Olaso Álvarez indicó que “el conversatorio es relevante para nutrir las necesidades de nuestros operadores en materia laboral, en torno a problemáticas nacionales, en las que los criterios técnicos de la OIT, vinculados con una visión más macro del derecho laboral, permiten comparar cómo otras normativas solucionan problemas que muestran identidad con nuestras circunstancias, como por ejemplo, como sucede en el campo del acoso laboral, en países que si implementan el Convenio 190 que ofrecen leyes nacionales que brindan aplicación a ese convenio”.

De manera virtual, les acompañó el director adjunto de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, Leonardo Ferreira Neves, quien mencionó que “este conversatorio resulta muy oportuno, tanto por su actualidad, así como por sus participantes, quienes son los encargados de administrar la justicia laboral a nivel nacional, esperamos que sea de utilidad y que genere referencias técnicas y doctrinales que puedan acogerse en los pronunciamientos judiciales”. 

La primera charla denominada “La dimensión procesal del derecho de huelga en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia y su impacto en el proceso de calificación de huelga costarricense”, estuvo a cargo del magistrado Jorge Olaso.

Durante el primer día también se realizaron las charlas “Implementación de la reforma laboral en México: cambios en la legislación y en la administración de justicia”, por Elizabeth Echeverria Manrique, especialista en normas internacionales del trabajo, de la OIT de Ginebra y “Nuevos fueros y motivos de discriminación en la legislación costarricense y su tratamiento frente al despido por causas económicas o empresariales” a cargo del magistrado Jorge Olaso y Fabián Arrieta Segleau, juez de Apelaciones de Trabajo.

Así mismo, en el segundo día se inició con la charla “El Convenio 190 y la Recomendación 206 OIT Sobre violencia y acoso en el trabajo”, impartida por Sergio Paixāo Pardo, especialista en Normas Internacionales del Trabajo de la OIT del Cono Sur, quien también tuvo a cargo la segunda charla denominada “Experiencia de Chile. Ley N° 21.643, que “Modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo” conocida como Ley Karin”.

Adicionalmente, se programó la ponencia “Los Convenios de la OIT sobre igualdad de oportunidades y de trato en la ocupación.  C 100, C 111, C 156, C 183, C 190”, por Blanca Peralta Paguaga, especialista en Normas Internacionales del Trabajo, de la OIT en San José.

Finalmente, la ponencia “Las normas internacionales del trabajo en materia de prevención y autocomposición del conflicto”, a cargo de Fernando García Granara, especialista en Relaciones Laborales y Diálogo Social, de la OIT en San José.

La actividad estuvo a cargo de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión de la Jurisdicción Laboral del Poder Judicial y se realizó en el Salón Multiusos.

·       Rendición de cuentas 2024: compromiso de forjar una justicia real y auténtica para la promoción de la paz social

·       Basada en los principios de Justicia Restaurativa y de Justicia Abierta.

El Poder Judicial a través del Ministerio Público, la Defensa Pública, el Departamento de Trabajo Social y Psicología y la Rectoría de Justicia Restaurativa, realizó la rendición de cuentas 2024 denominada “Aprendamos en comunidad sobre Justicia Restaurativa”.

Dicha actividad se desarrolló mediante mesas de diálogo con personas de la comunidad interna y externa del Poder Judicial, donde compartieron aspectos sobre los procesos restaurativos en materia penal, penal juvenil, ejecución de la pena y de las sanciones penales juveniles, así como materia disciplinaria, con detalle de las principales acciones realizadas durante el año anterior.

La Justicia Restaurativa contribuye con logros a nivel judicial, comunitarios y del país en general, donde prevalece la óptica de los Derechos Humanos, a su vez, la reparación de los daños causados a la víctima y a la comunidad y la responsabilidad activa para la solución integral de conflictos, creando una cultura de paz.

En las mesas de diálogo se compartieron datos relevantes sobre los resultados obtenidos durante el año 2024.

En el marco de la Justicia Juvenil Restaurativa, se llevaron a cabo 317 Reuniones Restaurativa de las cuales 309 concluyeron con acuerdos, lo que representa un nivel de satisfacción del 99% por parte de las personas usuarias del servicio.

En cuanto a la Justicia Penal Restaurativa, de las cuales 2023 concluyeron con acuerdos restaurativos. Estos acuerdos presentaron un nivel de cumplimiento del  96%, manteniéndose igualmente un alto grado de satisfacción por parte de las personas usuarias, con un 99% de aprobación del servicio recibido..  

De igual manera, se mostraron los datos del programa de Justicia Restaurativa   para el bienestar integral del personal judicial. En total, se realizaron 267 Reuniones Restaurativas, de las cuales 229 concluyeron con acuerdos, Estos acuerdos alcanzaron un nivel de cumplimiento del 95%, reflejando el compromiso y la efectividad del proceso.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez indicó que “cada encuentro restaurativo devuelve dignidad a la víctima, responsabiliza al ofensor y genera cohesión social justo en los espacios donde la violencia ha dejado fracturas. Por ello resulta fundamental remarcar que la justicia restaurativa no relativiza la gravedad del delito; por el contrario, la encara desde la restauración de la persona, la comunidad y el bien común”.

Por su parte, el magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa, Gerardo Rubén Alfaro Vargas señaló que “nos significó un trabajo articulado del cual tenemos muy buenos resultados, tenemos que rendir más, siempre tenemos que dar la milla extra, cada día tenemos que ser más eficientes y es el mensaje para todos los equipos y todos los que trabajamos en Justicia Restaurativa, solo haciendo más podemos abrir más brecha de la que ya hemos abierto y solo haciendo más nos van a creer que la Justicia Restaurativa si funciona y tenemos que ir más allá, tenemos que impactar a más personas, tenemos que sembrar más, para cosechar más”.

En las mesas de diálogo participaron el magistrado Gerardo Rubén Alfaro;; Carlo Díaz Sánchez, Fiscal General de la República;, Juan Carlos Pérez Murillo, director de la Defensa Pública;; Alba Gutiérrez Villalobos, jefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología; , personas representantes de diferentes instancias y oficinas del Poder Judicial, así como instituciones públicas aliadas,  como el Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Educación, ICD, IAFA, INAMU, organismos internacionales y sociedad civil.

Una vez finalizadas las mesas de diálogo, el magistrado Alfaro Vargas realizó una plenaria de cierre. Adicionalmente, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a  los equipos interdisciplinarios que destacaron por su desempeño en eñ años 2024, otorgado una distinción  al equipo de  Justicia Juvenil Restaurativa de Nicoya y al equipo de Justicia Penal Restaurativa de Pococí y Limón. También se reconoció a las personas que formaron el primer equipo de Justicia Juvenil Restaurativa del país en 2015, en agradecimiento a su contribución para el desarrollo de este procedimiento en materia penal juvenil.

Estos resultados evidencian la efectividad de los acuerdos alcanzados y el alto nivel de satisfacción de las personas usuarias con el servicio brindado, reafirmando que “Reparar vale más que castigar”.

·       Con la creación de Protocolo para facilitar la comunicación en LESCO

El Poder Judicial continúa sus esfuerzos por mejorar la calidad de sus servicios, atendiendo de la mejor manera a todas las poblaciones en condición de vulnerabilidad que se acercan a diario a las instalaciones judiciales en búsqueda de una solución de sus conflictos.

De esta forma, se destaca que la institución asumió importantes compromisos en materia de derechos humanos, plasmados en diversos instrumentos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tal como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Para garantizar el acceso a la justicia, el Poder de la República debe de reconocer las diferencias existentes entre las distintas poblaciones en condición de vulnerabilidad y la necesidad de tomar en cuenta sus necesidades particulares en todas las acciones que se ejecuten para que el resultado que se genere garantice el principio de igualdad.

En concordancia con las obligaciones derivadas de los compromisos internacionales, el Poder Judicial trabaja de manera constante en materia de capacitación en idioma LESCO, con el fin de contar con la mejor respuesta posible a la hora de atender a las personas con discapacidad auditiva.

Es importante destacar que la institución cuenta con un protocolo denominado “Protocolo para facilitar la comunicación en LESCO, en diligencias menores, básicas e inmediatas, que son requeridas por las personas usuarias en situación de discapacidad auditiva, con la colaboración del personal judicial capacitado por la institución”.

Este Protocolo, tiene como objetivo motivar a la población judicial que se ha capacitado hasta el módulo IV de interpretación en LESCO (capacitaciones coordinadas por el Subproceso de Capacitación de la Dirección de Gestión Humana) para que continúen capacitándose y brindando su colaboración a las personas usuarias sordas que requieren una atención y orientación inmediata en los despachos judiciales.

El documento se constituye en una herramienta que permite a las oficinas judiciales con la colaboración del personal judicial capacitado en LESCO, brindar un efectivo acceso a la justicia de las personas usuarias con discapacidad auditiva, en igualdad de condiciones que la población en general y donde se impulse la eliminación de las barreras en comunicación, propiciando mecanismo adecuados para la comunicación de manera oportuna y ágil.

La aplicación de este Protocolo garantiza al Poder Judicial de Costa Rica  que el personal judicial capacitado en LESCO, posea las competencias necesarias para asistir a las personas sordas, en actividades muy puntuales de orientación e información; quedando absolutamente prohibido y en cumplimiento de la Ley Orgánica institucional, la posibilidad de brindar la asistencia para actuaciones judiciales, donde por su naturaleza corresponde a las y los peritos inscritos en la base de datos del Poder Judicial.

Para Víctor Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica (ANASCOR), es crucial que en el Poder Judicial se promueva el conocimiento de la Lengua de Señas Costarricense, para garantizar el acceso a la justicia para todas las personas sordas en Costa Rica.

“Esta iniciativa fomenta la inclusión y la igualdad en el sistema judicial, garantizando que todas las personas tengan la oportunidad de presentar sus casos y ser escuchadas. Es de suma importancia que los funcionarios participen en cursos y capacitaciones actualizadas en la Lengua de Señas Costarricense, completando los niveles del 1 al 6. Esto no solo mejora la comunicación y asegura una atención más fluida hacia las personas sordas, sino que también contribuye a una mayor sensibilización sobre las necesidades de las personas con discapacidad”.

“El impacto del conocimiento de la Lengua de Señas Costarricense en el acceso a la justicia de las personas sordas es sumamente positivo y transformador. Sin acceso, las personas sordas enfrentan barreras que limitan su derecho a la justicia y fomentan situaciones de discriminación”, agregó el Presidente de ANASCOR.

Para más información sobre el tema, puede comunicarse a la Unidad de Acceso a la Justicia a la siguiente dirección de correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..