- Presidente de la Corte Suprema de Justicia inauguró el Año Judicial 2026
- Rezago judicial se redujo en 23 mil expedientes
“Costa Rica no necesita un Poder Judicial sometido. Necesita un Poder Judicial fuerte. No necesita personas juzgadoras, fiscales, policías y defensoras y defensores intimidados. Los necesita independientes. No necesita desmontar sus contrapesos. Necesita fortalecerlos”.
Con este mensaje, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, marcó la apertura del Año Judicial 2026.
La sesión solemne de Corte Plena se realizó este viernes 27 de marzo de 2026, con la participación de magistradas y magistrados de las distintas Salas, autoridades de los ámbitos jurisdiccional, administrativo y auxiliar de justicia, personal judicial; así como representantes del cuerpo diplomático y organismos no gubernamentales.
“El Poder Judicial ha debido comprender con mayor nitidez su doble naturaleza: somos contrapeso constitucional y, al mismo tiempo, un servicio público. Desde esa doble condición debemos interpretar el momento nacional”, señaló Aguirre.
El jerarca subrayó que el compromiso institucional es claro: defender la independencia judicial, fortalecer la institucionalidad, servir mejor a la ciudadanía y profundizar el diálogo republicano con los demás Poderes del Estado.
“Nuestro deber es custodiar la Constitución, servir a la gente y no intimidarnos. La independencia judicial es innegociable y preservar los esfuerzos de mejora continua es indispensable”, afirmó.
Cuatro años de reforma con resultados
El presidente de la Corte enfatizó que la independencia judicial también se defiende desde la gestión cotidiana.
“Se defiende con profesionalismo, con integridad y con resultados. Desde la calidad del trato, desde el rigor de la motivación, desde la voluntad de escuchar y desde la vocación por mejorar”, indicó.
Entre 2022 y 2025, la demanda de servicios judiciales creció un 12,19%, lo que representó la atención de 55 mil personas adicionales que acudieron al sistema.
A pesar de este aumento, la capacidad de respuesta institucional también mejoró. La resolución de casos creció un 15,89%, al pasar de 487.240 a 564.679 expedientes finalizados.
En ese contexto, el rezago judicial se redujo en un 3%, equivalente a cerca de 23 mil expedientes menos, gracias a un modelo de mejora continua enfocado en optimizar la gestión, identificar cuellos de botella y tomar decisiones basadas en datos.
|
Principio democrático esencial |
|
La independencia judicial no existe para proteger la comodidad de jueces y juezas. Existe para proteger la libertad de las personas. Por eso, cuando la defendemos, estamos defendiendo el derecho a vivir bajo reglas y no bajo caprichos. Estamos defendiendo la Constitución como límite civilizado al poder”, concluyó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez. |
Transformación, tecnología y eficiencia
En materia penal, se impulsan ajustes normativos orientados a agilizar procesos, limitar tácticas dilatorias y fortalecer la respuesta frente a la criminalidad.
A nivel tecnológico, el Poder Judicial avanza en la transformación digital. El uso responsable de inteligencia artificial en Cobro Judicial permitió clasificar 1,6 millones de documentos, lo que equivale a un ahorro superior a 34 plazas de tiempo completo.
También se han incorporado herramientas como la anonimización automática de datos, la clasificación de denuncias en el OIJ y sistemas de voz a texto, siempre bajo el control humano, transparencia y con plena capacidad de verificación.
Infraestructura y limitaciones presupuestarias
El Poder Judicial también avanza en el fortalecimiento de su infraestructura mediante la asignación estratégica de recursos, basados en una visión de país y no a una lógica centralista; así como en adecuaciones físicas para reforzar condiciones de seguridad a personas usuarias y funcionariado.
Estos avances se desarrollan en un contexto fiscal restrictivo. El presupuesto judicial pasó de representar un 9,16% de los ingresos corrientes en 2018 a un 6,82% proyectado para 2026, además de enfrentar retrasos en la liberación de recursos destinados a la lucha contra el crimen organizado
La institución estima un faltante de 1.834 plazas para atender nuevas leyes y el incremento en la demanda de servicios, necesidades que no pueden cubrirse plenamente bajo las actuales limitaciones fiscales.
Reconocimiento al servicio judicial
Durante la sesión solemne, también se entregaron seis reconocimientos a personas funcionarias judiciales, quienes destacaron por su trayectoria, desempeño y aportes a la excelencia en la administración de justicia.
















