· El servicio es gratuito para las personas usuarias que no cuentan con recursos económicos suficientes para pagar un abogado o abogada particular.
Con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Agrario el 28 de febrero de 2025, se podrán resolver los conflictos de manera diferenciada y especializada. En este contexto, la Defensa Pública continuará siendo un pilar esencial para garantizar el respeto a los derechos y garantías fundamentales de las personas en condición de vulnerabilidad, brindando asesoría legal a personas de escasos recursos, pueblos indígenas, personas de la tercera edad, e, incluso, mujeres agricultoras.
Entre los principales beneficios de este nuevo instrumento se encuentran el deber de cooperación entre las partes procesales, la regulación expresa de los medios alternativos de resolución de conflictos cuando una persona indígena es parte del proceso y las disposiciones especiales para la tutela del ambiente, priorizándose estos casos en el sistema judicial.
Según explicó el defensor público agrario y coordinador nacional de la Unidad Agraria, Jesús Chaves Mora, “es importante que las personas usuarias conozcan sobre cómo solicitar los servicios, lo cual, según este nuevo instrumento, se hará en las oficinas de la Defensa Pública de cada circuito judicial”.
Las personas usuarias podrán solicitar la representación de la Defensa Pública en asuntos como posesión de fincas, desahucios, derribo de árboles, informaciones posesorias para la inscripción de fincas, sucesiones de parcelas, divisiones de fincas, entre otros.
“La labor de la Defensa Pública está delimitada por las competencias asignadas por ley. En este sentido, esperamos que este nuevo cuerpo normativo agilice los procesos agrarios, lo que permitirá dar una respuesta más rápida a los conflictos que surjan en esta materia”, puntualizó el Jesús Chaves.
Asimismo, el defensor público agregó: “Al otorgar a las personas defensoras públicas atribuciones como directores del proceso, podremos garantizar una tramitación efectiva de las causas, contribuyendo así a una justicia pronta y cumplida. Desde la institución, asumimos este nuevo cuerpo normativo con compromiso y profesionalismo, con el objetivo de brindar un verdadero acceso a la justicia a las personas usuarias”.
Dado el rol social que desempeña la Defensa Pública Agraria en la asesoría legal a personas en diversas condiciones de vulnerabilidad, es fundamental que los profesionales en materia agraria se mantengan actualizados y capacitados para seguir ofreciendo un servicio público de calidad.
Para ello, Chaves Mora también aseguró “la Defensa Pública cuenta con el proceso de Gestión del Conocimiento, que es una unidad encargada de organizar capacitaciones para todos los profesionales, incluidos aquellos especializados en materia agraria”.
