- La resolución señala que las partes deben tener la posibilidad de contar con representación y asesoría legal, en condiciones de igualdad, durante los conflictos que se resuelven en la sede arbitral.
La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia determinó en un proceso arbitral que se llevó a cabo en una Junta Arbitral (conforme lo permite la Ley de Cooperativa, N° 4179) declarar con lugar una solicitud de nulidad del laudo, porque una de las partes no contó con asistencia, ni asesoría de una persona profesional en Derecho.
En la resolución N.° 001582-F-S1-2026, la Sala Primera constató que el asociado no tuvo asesoría legal durante el proceso arbitral, mientras que la cooperativa sí contó con un apoderado especial arbitral.
“En el presente asunto, la revisión de los autos permite confirmar que a lo largo del proceso arbitral el señor [Nombre 001] no contó con la asistencia o asesoría de una persona profesional en derecho, como sí lo tenía su contraparte, pues la accionada contaba con un apoderado especial arbitral tal y como lo refleja el folio 385 del expediente arbitral. Se trata de un aspecto que la Junta Arbitral no ordenó aportar al proceso, ello conforme lo refleja la prevención realizada al requirente, visible a folio 223 del expediente arbitral. El señor [Nombre 001] no es profesional en derecho”, señaló la resolución de casación.
La sentencia destacó que un elemento esencial en la justicia arbitral, es el deber de las partes de contar con asesoría de una persona profesional en derecho, pues ello es lo que posibilita un verdadero ejercicio del derecho de defensa; criterio que sustentó con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como con la jurisprudencia constitucional; las cuales reconocen el derecho de las personas a contar con representación y asesoría legal.
Esto permite “…enfrentar y hacer valer sus derechos, no solamente en condiciones de igualdad jurídica con su contraparte, sino también con la amplitud, suficiente y necesaria, para demostrar su tesis defensiva y para ejercer, con conocimiento y eficacia, las diferentes etapas del proceso, como sería la evacuación de la prueba, la interposición de recursos, o incluso, la dirección en aspectos como la discusión de la competencia subjetiva de las personas árbitro”.
Origen del conflicto
El caso inició cuando una persona asociada a una cooperativa productora de leche reclamó daños económicos, que atribuyó al consumo de un alimento elaborado por esa misma organización.
Según expuso, entre julio y agosto de 2021 adquirió ese producto y, posteriormente, parte de su ganado presentó problemas de salud y se registraron muertes de animales.
Por esta situación, solicitó una indemnización por la muerte de las vacas, los ingresos que dejó de percibir y los gastos en medicamentos, atención veterinaria y servicios de laboratorio. También reclamó una compensación por el daño emocional causado a él y a su familia, así como una disculpa formal de la cooperativa.
En mayo de 2023, la Junta Arbitral declaró sin lugar la demanda. Ante esa decisión, el asociado presentó una solicitud de nulidad ante la Sala Primera.
Tras analizar el caso, la Sala declaró con lugar la gestión y anuló el proceso arbitral.
