Comunidades cabécares como San Miguel, Los Ángeles, San Vicente, Gavilán Canta, Sibujú, Orochico, Chína̱ Kicha, El Progreso, Monte Sión. Ubicadas en el cantón de Talamanca, cuentan con personas facilitadoras judiciales a partir de este mes de octubre.
Personal del Juzgado Contravencional de Bribri, junto a la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), programó una serie de visitas y asambleas comunitarias, con el fin de explicar la forma de operar, roles y funciones de esta amplia red de voluntariado, perteneciente al Poder Judicial.
El juez Felipe Granados Monge, participante de la gira, resaltó el especial beneficio que obtienen estas localidades rurales indígenas con el servicio, porque “contar con personas facilitadoras elegidas por sus propias comunidades permite acercar la orientación judicial a los territorios, fortalecer la confianza y el diálogo con el Poder Judicial y brindar un servicio más respetuoso de su realidad”.
Para esta persona juzgadora, “el acceso a la justicia debe construirse desde el reconocimiento de su cultura, sus lenguas y sus formas propias de organización, pero también desde la comprensión de las dificultades que enfrentan para acudir a un despacho judicial, con desplazamientos que, en muchos casos, requieren al menos seis horas”, concluyó Granados.
De este modo, doce nuevas personas facilitadoras judiciales fueron nombradas por sus propios vecinos y vecinas para asumir esta función voluntaria, en donde el Poder Judicial les capacitará, apoyará y brindará todo el soporte que necesiten para ser verdaderos puentes entre las comunidades y el aparato judicial, ofreciendo información fidedigna a la población sobre trámites y servicios judiciales, mediando en conflictos vecinales y orientando a las personas sobre rutas de acceso a la justicia, todo de forma gratuita.
El desplazamiento geográfico hacia estas comunidades es retador debido a las condiciones de las carreteras, climáticas y la escasez de servicios públicos de transporte.
Este servicio, que opera en Costa Rica desde el año 2013, constituye un gran aporte público de inversión social al fortalecer los lazos y la comunicación entre los servicios judiciales ofrecidos en las comunidades y la población habitante de los territorios. El servicio también promueve la participación ciudadana, así como la sensibilización que adquiere el personal judicial en la relación dialógica con la ciudadanía y, en síntesis, es una muestra clara de la aplicación de una justicia abierta, donde el eje del servicio es la persona usuaria, sobre todo aquella en condición de vulnerabilidad.
Según las estadísticas del Poder Judicial, entre los años 2018 y 2026, el Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales ha alcanzado casi 200 mil personas (116 842 mujeres y 82 319 hombres). Para más información sobre este servicio se puede consultar el sitio web: https://facilitadores.poder-judicial.go.cr/ o escribir al correo electrónico:
