- La institución advierte que el bloqueo de ₡29.843,8 millones afectará los servicios de justicia y la lucha contra el crimen organizado.
La Corte Plena acordó este lunes autorizar a la Presidencia del Poder Judicial a presentar una consulta legislativa sobre el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027, en lo relativo a la institución.
Debido a que la consulta deberá ser resuelta por la Sala Constitucional, las magistraturas que integran esa cámara se inhibieron de participar en la votación.
La consulta se presentará una vez que el proyecto sea dictaminado por la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde las mociones que buscaban eliminar las restricciones presupuestarias impuestas al Poder Judicial por el Ministerio de Hacienda han sido rechazadas.
La institución ha manifestado, en diversos espacios y comunicaciones públicas, incluida una comparecencia ante esa comisión legislativa, su rechazo a las normas de ejecución presupuestaria impuestas exclusivamente al Poder Judicial. Asimismo, ha advertido sobre sus posibles efectos en los servicios de justicia y la lucha contra el crimen, y ha señalado que estas disposiciones contravienen lo establecido en la Constitución Política.
Las normas condicionan el uso de ₡29.843,8 millones del presupuesto judicial a una serie de requisitos y trámites adicionales. Entre ellos figuran la presentación de los estados financieros auditados del Fideicomiso de Infraestructura, certificaciones de la Contraloría General de la República, el conocimiento y la aprobación de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, la aprobación del Plenario Legislativo y, finalmente, una orden al Ministerio de Hacienda para desbloquear los recursos.
El procedimiento no establece un plazo definido para que los fondos estén efectivamente disponibles. Además, incluso si se cumplen todos los requisitos, su liberación depende de decisiones y trámites que involucran tanto a la Asamblea Legislativa como al Poder Ejecutivo.
Organización y el funcionamiento
La Corte Plena también acordó remitir a la Asamblea Legislativa un informe jurídico que concluye que el proyecto de presupuesto nacional para 2027 afecta la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.
Asimismo, se enviará un segundo informe sobre el presupuesto extraordinario de 2026, que señala su incidencia en la organización y el funcionamiento de la institución.
El primer informe responde a una iniciativa de la propia Corte Plena, mientras que el segundo se elaboró en atención a una consulta legislativa formulada por el Directorio de la Asamblea Legislativa.
Principales afectaciones a los servicios de justicia
- Paralización de la construcción de la Morgue Judicial de Buenos Aires, limitaciones para nombrar a 2.463 plazas (actualmente ocupadas por personal interino) y suspensión de audiencias y trámites virtuales.
- Trámites más lejanos y costosos: Si se concentran o reubican oficinas locales, la gente de comunidades rurales o costeras tendrá que viajar distancias más largas y gastar más dinero en transporte y comida para hacer sus trámites. En el caso de Puerto Jiménez, por ejemplo, el traslado de casos a Golfito obligaría a la población a viajar en lanchas privadas.
- Menor capacidad para combatir el crimen: las restricciones por ₡8.684 millones al OIJ afectarían recursos destinados a investigación, pericias, equipos e insumos necesarios para enfrentar el crimen organizado.
- Fallas e interrupciones en la atención virtual: La falta de presupuesto para licencias informáticas y enlaces de internet afectará la realización de juicios virtuales, el envío de notificaciones por correo y las consultas en línea.
- Casos y procesos más lentos: La falta de sustitución de personal y la presencia de 259 plazas vacantes de jueces generarán mayores atrasos y tiempos de espera para resolver cualquier trámite o demanda.
- Menor protección a víctimas e investigaciones: Se comprometen los recursos para proteger a personas en riesgo o amenazadas y se frena la rapidez de las pericias de investigación criminal del OIJ.
- Edificios e instalaciones en mal estado: Los recortes en mantenimiento básico ponen en riesgo el funcionamiento de ascensores y sistemas eléctricos, exponiendo a las sedes a cierres preventivos.
