- Las normas de ejecución presupuestaria impedirían el acceso oportuno a casi ₡30.000 millones.
Paralización de la construcción de la Morgue Judicial de Buenos Aires, limitaciones para nombrar a 2.463 plazas (actualmente ocupadas por personal interino) y suspensión de audiencias y trámites virtuales. Este es parte del panorama que enfrentaría el Poder Judicial ante el bloqueo de su presupuesto para 2027.
Este viernes, la mayoría de las diputaciones de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa rechazó las mociones que buscaban eliminar o modificar las normas de ejecución presupuestaria que condicionan el acceso oportuno a los recursos del Poder Judicial.
La decisión se tomó pese a que las autoridades judiciales expusieron públicamente, incluso durante una comparecencia ante esa Comisión el 16 de setiembre, los posibles efectos de estas medidas en los servicios de justicia y en la lucha contra el crimen. De mantenerse estas restricciones, la institución podría enfrentar un cierre técnico.
Bloqueo
El proyecto de Presupuesto Nacional para 2027, presentado por el Ministerio de Hacienda ante la Asamblea Legislativa el 1.° de setiembre, reduce en ₡10.542 millones los recursos asignados al Poder Judicial con respecto a 2026.
Sin embargo, el principal impacto radica en que ₡29.843,8 millones del total del presupuesto quedan sujetos a normas de ejecución presupuestaria que crean nuevos requisitos y trámites para poder utilizar esos recursos.
Entre estos requisitos figuran la presentación de los estados financieros auditados del Fideicomiso de Infraestructura, certificaciones de la Contraloría General de la República, el conocimiento y la aprobación de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, la aprobación del Plenario Legislativo y, finalmente, una orden al Ministerio de Hacienda para proceder con el desbloqueo de los recursos.
El procedimiento no establece un plazo definido para que los recursos estén efectivamente disponibles. Además, aun cuando se cumplan las condiciones establecidas, su disponibilidad dependerá de decisiones y trámites que involucran tanto a la Asamblea Legislativa como al Poder Ejecutivo.
Esto no solo generaría problemas de ejecución presupuestaria, sino también la imposibilidad de brindar el servicio en todo el territorio nacional y un aumento del rezago judicial.
Para ponerlo de forma sencilla y directa, estos recortes afectan a las personas en su día a día de seis maneras principales:
- Trámites más lejanos y costosos: Si se concentran o reubican oficinas locales, la gente de comunidades rurales o costeras tendrá que viajar distancias más largas y gastar más dinero en transporte y comida para hacer sus trámites. En el caso de Puerto Jiménez, por ejemplo, el traslado de casos a Golfito obligaría a la población a viajar en lanchas privadas.
- Menor capacidad para combatir el crimen: las restricciones por ₡8.684 millones al OIJ afectarían recursos destinados a investigación, pericias, equipos e insumos necesarios para enfrentar el crimen organizado.
- Fallas e interrupciones en la atención virtual: La falta de presupuesto para licencias informáticas y enlaces de internet afectará la realización de juicios virtuales, el envío de notificaciones por correo y las consultas en línea.
- Casos y procesos más lentos: La falta de sustitución de personal y la presencia de 259 plazas vacantes de jueces generarán mayores atrasos y tiempos de espera para resolver cualquier trámite o demanda.
- Menor protección a víctimas e investigaciones: Se comprometen los recursos para proteger a personas en riesgo o amenazadas y se frena la rapidez de las pericias de investigación criminal del OIJ.
- Edificios e instalaciones en mal estado: Los recortes en mantenimiento básico ponen en riesgo el funcionamiento de ascensores y sistemas eléctricos, exponiendo a las sedes a cierres preventivos.
Acciones legales de defensa
El Poder Judicial analiza y evalúa posibles acciones legales para defender su presupuesto, pues esto significa, en esencia, defender los servicios de justicia que se brindan a todas las personas que habitan en el país.
16 de octubre de 2026
