• Acuerdo se toma luego de un análisis profundo de los resultados presentados recientemente.
• Por unanimidad Corte Plena aprueba informe presentado por Dirección de Planificación

Aspectos puntuales sobre indicadores judiciales validados por el Poder Judicial, proyectos institucionales en ejecución, sistemas informáticos de seguimiento y análisis de gestión son temas que incorpora el informe aprobado por Corte Plena que será remitido al Estado de la Justicia, con el fin de que se evalúe las inconsistencias registradas en los datos del cuarto informe presentado recientemente.

El acuerdo lo tomaron magistrados y magistradas que integran Corte Plena, en la sesión de este lunes 8 de agosto, donde se realizó un profundo análisis de dicho informe.

A partir de la aprobación del informe magistrados y magistradas definirán la ruta a seguir en cumplimiento con lo que dispone el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  Esta fue una decisión tomada por voto de mayoría.

Además, se propone al Programa Estado de la Justicia realizar un taller con autoridades judiciales para cotejar la información y brindar conclusiones más apegadas a datos institucionales oficiales.

La elaboración del informe judicial estuvo a cargo de la Dirección de Planificación del Poder Judicial, en coordinación con magistrados y magistradas de Corte Plena, direcciones administrativas, la Sala Constitucional y la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, áreas en las que se centran los capítulos del estudio.

Aspectos relacionados con la comparación de los datos entre los años 2019 y 2020, pese a lo atípico de este último año por el impacto de la pandemia en las labores de los despachos judiciales, se pusieron de manifiesto.

Se consideró necesario señalar que el estudio de la carga de trabajo y el circulante activo judicial se debe realizar de forma segregada y no global, puesto que, de 1.279.966 asuntos activos, 540 243 expedientes ya se encuentran con sentencia en ejecución o seguimiento y los 739.723 asuntos restantes se encuentran activos.

Respecto a datos relacionados con la administración judicial señalan que entre los años 2019 y 2020 no hubo aumento de plazas en la institución, como se afirma en las conclusiones del Estado de la Justicia.

En el análisis del capítulo 2 sobre la Jurisdicción Contencioso, pese a la fe de erratas de corrección de datos, se extraña el uso de los indicadores oficiales del Poder Judicial respecto a la tramitación de los asuntos sobre el circulante real de los despachos a cargo de la materia y la tramitación de los procesos de expropiaciones del Estado.     

Además, se destacó que en el análisis de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, desde su Centro de Información se realiza una rigurosa clarificación de la misma, la cual se pone a disposición de manera pública.

Sobre el nombramiento en los puestos de juez o jueza 1, 2 y 3, se recalcó el proceso técnico que se aplica y que comprende un proceso de reclutamiento objetivo que considera atestados, análisis psicosocial, disciplinario y de evaluación de desempeño.

A estos se suma la puesta en marcha de herramientas tecnológicas de avanzada como el Observatorio Judicial que permite al público en general, darle seguimiento a la gestión de las oficinas y despachos judiciales con información actualizada desde 2019 a la fecha y que facilitan a las autoridades judiciales la toma de decisiones dentro de la administración de justicia.

El informe sobre las inconsistencias de los datos identificados en el IV Estado de la Justicia lo presentó la Directora de Planificación del Poder Judicial, Nacira Valverde Bermúdez.

Las magistradas y magistrados de Corte Plena coincidieron en que el informe presenta para el Poder Judicial una oportunidad de mejora, pero que demanda un análisis profundo, con datos rigurosos y objetivos.

• Lunes 29 de agosto se realizaría sesión de debate de aspirantes y elección al cargo.

Los magistrados y magistradas de Corte Plena definieron fijaron los plazos para la inscripción, debate y elección de quien ocupará el cargo en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para los próximos cuatro años.

En la sesión de este lunes 1 de agosto, se realizó la convocatoria oficial para iniciar con el proceso. 

Se definió que el plazo para la inscripción de candidaturas corre a partir de los próximos 15 días naturales, período que inicia este martes 2 de agosto y finalizan el 16 de agosto a las 4:30 p.m.  Las y los magistrados aspirantes deben presentar sus atestados ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia.

El proceso para la elección quien asume el cargo en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, establece que posterior a la inscripción de candidaturas, se deberá realizar un debate público, para que las y los magistrados aspirantes expongan sus propuestas y planes de gobierno judicial.

Dicho debate se fijó para el lunes 29 de agosto y una vez finalizado éste, se procederá inmediatamente con el proceso de votación.

La apertura del proceso  elección del cargo en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, siguiendo los lineamientos establecidos por la circular 88-2017, y sus artículos 2 y 9.

 CIRCULAR No. 88-2017

Asunto:      Modificación a la Circular N° 69-14 relativa a las “Reglas para la sucesión de una vacante permanente en la Presidencia o Vicepresidencia de la Corte”.-

A LAS INSTITUCIONES, ABOGADAS, ABOGADOS, SERVIDORAS Y SERVIDORES JUDICIALES Y PÚBLICO EN GENERAL

SE LES HACE SABER QUE:

La Corte Plena, en sesión N° 11-2017 celebrada el 15 de mayo de 2017, artículo XV, dispuso modificar el texto sobre las “Reglas para la sucesión de una vacante en la Presidencia o Vicepresidencia”, publicado mediante Circular N° 69-14 en el Boletín Judicial N° 93 del 16 de mayo del 2014, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

 “Reglas para la sucesión de una vacante permanente en la Presidencia o Vicepresidencia de la Corte.

Artículo 1. De ocurrir una vacante permanente de quien ocupe la Presidencia de la Corte se comunicará a la Asamblea Legislativa de inmediato, a fin de que proceda a la reposición del magistrado o de la magistrada respectiva.

Artículo 2. Recibida la comunicación oficial del nombramiento o una vez transcurridos treinta días naturales luego de la comunicación a la Asamblea Legislativa sin que se haya procedido a la reposición, la Corte Plena convocará a la elección de la persona que deba ocupar la  Presidencia de la Corte. Para ese fin, abrirá un periodo de inscripción de candidaturas por un periodo de quince días y fijará la fecha para un debate público en los 15 días siguientes, salvo que haya acuerdo sustentado en razones fundadas de la Corte para adelantar la elección, en el que los y las postulantes expondrán sus ideas y propuestas sobre una eventual gestión institucional.

Artículo 3.- Las postulaciones se presentarán en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia. Concluido el periodo para la inscripción de candidaturas, esa Secretaría General a través del Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, emitirá un comunicado donde informará a la ciudadanía el nombre de los y las postulantes al cargo de Presidente o Presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 4. La sesión de debate y elección será presidida por la persona que ocupe la Vicepresidencia, salvo que quien ocupe ese cargo sea postulante al puesto, en cuyo caso la presidirá el magistrado o magistrada que no sea candidato o candidata, con mayor tiempo de servicio titular en la Corte. En igualdad de tiempo, por el de título más antiguo en el catálogo del Colegio de Abogados, de conformidad con el artículo 32 inciso 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 5. Las reglas del debate serán fijadas de común acuerdo entre las candidatas o candidatos inscritos y quien haya sido designado para dirigir el debate. El acuerdo será debidamente comunicado a la Corte. En caso de que no haya acuerdo, las reglas del debate serán definidas por la Corte Plena.

Artículo 6. Votación: Una vez concluido el debate se procederá inmediatamente a la votación. La votación será secreta, según lo dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial. Participarán los magistrados y magistradas titulares o suplentes que estén nombrados el día designado para la elección. En la misma sesión se realizarán cinco rondas de votación de la siguiente manera: primero tres rondas y de no haber elección se decretará un receso de al menos veinte minutos. Las rondas restantes iniciarán luego de agotado el tiempo de receso.

Artículo 7. De resultar infructuosas las primeras cinco rondas de elección, se convocará una segunda ronda de votación, una semana después, bajo el mismo procedimiento. Durante esa semana o bien el mismo día designado para la segunda ronda se podrán proponer nuevas candidaturas, las cuales se someterán al mismo procedimiento establecido supra. Los candidatos o candidatas que hubieran participado en el debate de la primera ronda, no están obligados a hacerlo en la segunda.

Artículo 8. Si al finalizar esta segunda ronda de votaciones no se lograre el consenso necesario para elegir, se convocará a una tercera ronda de votaciones dentro de la siguiente semana, bajo el mismo procedimiento de debate y votación; y así sucesivamente hasta lograr la elección, todo bajo las reglas supra indicadas.

Artículo 9. Si la vacante en el cargo de Presidente o Presidenta ocurriere por vencimiento del nombramiento o renuncia a ese cargo, la convocatoria estipulada en el artículo segundo se hará una vez producida cualesquiera de esas situaciones.

Artículo 10.  De la sucesión de quien ocupa la Vicepresidencia.  De ocurrir una vacante permanente en la Vice-presidencia, la Corte fijará una sesión para que las personas interesadas expongan las razones de su postulación. Debe contarse con un plazo razonable que no podrá ser inferior a 8 días para organizar la propuesta de género. De quedar una persona del género masculino en la Presidencia, se deberá garantizar la paridad de género en la Vicepresidencia y viceversa.

En esa sesión, una vez concluida la exposición de las personas candidatas, se procederá de inmediato a la elección.

Artículo 11. En ambas elecciones, debe garantizarse la participación con equidad de género con fundamento en los convenios internacionales, la Constitucional y la ley.

San José, 25 de mayo de 2017.

Licda. Silvia Navarro Romanini

Secretaria General

Corte Suprema de Justicia

• Durante la sesión de Corte Plena de este lunes 1 de agosto 2022.

“Mi prioridad ha sido ejecutar acciones institucionales enfocadas en el fortalecimiento de la independencia judicial, la transparencia administrativa, la lucha contra la corrupción, el uso de la tecnología en la administración de justicia y afrontar la mora judicial en tiempos tan difíciles como los que vivimos actualmente con la pandemia por el COVID-19 y limitaciones presupuestarias”, afirmó el magistrado Fernando Cruz Castro, durante la rendición de su informe de labores, en el cargo de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

El magistrado Cruz Castro finalizó sus labores como Presidente de la Corte el 31 de julio de 2022 y detalló las acciones emprendidas durante estos cuatro años de funciones y los retos actuales del Poder Judicial.

Destacó que de las 22 propuestas de reformas urgentes al Poder Judicial, planteadas en el 2019, se alcanzó en su gestión un 81% de avance, con la aprobación de 18 de éstas, quedando pendientes reformas de igual trascendencia como la propuesta de reforma al sistema de nombramiento de magistrados y magistradas, el plan para concentrar a la Corte en aspectos macro de gobierno judicial y definición de políticas generales y el reglamento para la regulación del proceso de carrera, selección y nombramiento de la Defensa Pública, que garantice la transparencia y objetividad, criterios objetivos como calificaciones, experiencias, desempeño, antigüedad, capacitaciones, grados académicos e idoneidad.

Señaló los avances en materia de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información, protección de grupos vulnerables y derechos humanos, igualdad de género, justicia abierta, así como la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

“Es por ello que la independencia judicial y el respeto a su autonomía, debe ser una construcción constante de todos los Poderes del Estado, en el respectivo marco de sus competencias; como también lo es el trabajar por la eficiencia y la celeridad y la mejora de la calidad de la justicia. Este ha sido nuestro reiterado compromiso con el país y el que ha asumido Corte”, puntualizó el magistrado Fernando Cruz.

El impulso de la tecnología para garantizar la continuidad de los servicios judiciales, en la atención de la pandemia fue una prioridad; la aprobación de protocolos para regular las audiencias virtuales en diversas materias impidió la parálisis de la justicia frente al COVID-19, así reconocido en el Estado de la Justicia 2022.

Destacó la puesta en marcha del Observatorio Judicial como una herramienta para ofrecer a la ciudadanía información judicial, para el control de la gestión de los despachos, el análisis de la mora judicial y la medición de los tiempos de respuesta.

Además recalcó la importancia de las instancias de control ciudadano sobre la transparencia y celeridad de la justicia, que deben tener causes definidos. 

“Debe mantenerse el ejercicio de rendición de cuentas tan particular que brinda el Estado de la Justicia, que es el someterse a la evaluación de un órgano externo, que examina y valora con plena independencia al sistema judicial”, puntualizó Cruz Castro.

En materia de acciones contra la corrupción, señaló la puesta en funciones de la Oficina de Cumplimiento, cuya función debe fortalecerse y que propone un control preventivo en el tema de los conflictos de interés, así como la entrada en vigor del Reglamento de Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés, para asegurar la imparcialidad en el actuar judicial, sin distingo de puestos.

• Con una nota de 96,33%.
• Reconocimiento es otorgado por el MINAE.
• Galardón reconoce el esfuerzo de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional, las Subcomisiones de los diferentes Circuitos Judicial y en general, de toda la población judicial.

El Poder Judicial recibió la calificación de Excelencia en Gestión Ambiental, reconocimiento otorgado por parte del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), al obtener una nota de 96,33 como parte de su gestión en la protección del ambiente.

Esta calificación, la brinda la Dirección de Gestión de Calidad de la citada cartera del Poder Ejecutivo, destacando el compromiso institucional y sus esfuerzos en procura de una adecuada labor en materia ambiental.

Cabe destacar, que la Comisión Técnica Evaluadora del Programa de Gestión Ambiental Institucional de dicho Ministerio, realiza visitas de seguimiento y auditorías anuales con el fin de verificar el estado de la implementación del programa, en donde para esta ocasión, se pudo corroborar la labor de la institución y su responsabilidad con esta temática.

En su última visita, la representación de la Comisión Técnica Evaluadora fue recibida por las personas integrantes de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional, magistrada Damaris María Vargas Vásquez, el magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, la señora Adriana Esquivel Sanabria, y los señores Eugenio Solís Rodríguez, Wilberth Kidd Alvarado, José Luis Soto Richmond y Allan Delgado Cairol, quienes acompañaron durante el recorrido a la funcionaria que les visitó y expusieron un panorama detallado de lo que viene haciendo la Institución en materia ambiental, tanto en lo directamente vinculado con la implementación del Plan de Gestión Ambiental Institucional, como en otras acciones ambientales conexas.

En el documento remitido a este Poder de la República por parte del MINAE, se destaca que la Institución muestra un gran compromiso e interiorización con el PGAI y la temática ambiental en general, ejemplificado esto con el Proyecto Estratégico Política Ambiental del Poder Judicial aprobado por Corte Plena, que se desarrolla conforme a la Metodología de Políticas Institucionales y la Metodología de Administración de Proyectos, aprobado por Corte Plena, con el que se pretende actualizar la Política Ambiental Institucional, así como su divulgación y seguimiento.

Además, se destacan los esfuerzos realizados en la aplicación de medidas en favor del ambiente en las nuevas edificaciones, tal es el caso del edificio Torre Judicial y los edificios de Jicaral y Los Chiles, en donde se cuenta con certificaciones LEED o EDGE, que evidencian la construcción de estas edificaciones bajo criterios ambientales. Adicionalmente, en el documento se extiende la felicitación por las campañas de reforestación y recolección de basura realizadas por distintas instancias del Poder Judicial junto con actores locales.

Por otra parte, se aplaude que el Poder Judicial cuente con procedimientos de gestión de residuos y conducción eficiente y a la vez, se insta a continuar avanzando para contar con todo procedimiento que garantice la continuidad de las acciones ambientales que se ejecutan para el cumplimiento del PGAI u otras líneas en pro del ambiente, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Gestión Integral de Residuos, impulsando acciones para la mejora constante de la calidad ambiental.

Es importante resaltar, que este reconocimiento se da gracias a la labor de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional, la cual ha estado detrás de todos estos esfuerzos, los cuales responden al Plan de Gestión Ambiental Institucional, aprobado por Corte Plena y propuesto por dicha Comisión; esfuerzos que se suman a los realizados por todas las personas integrantes de la Subcomisiones Ambientales de los diferentes Circuitos Judicial y en general, de todas las personas servidoras judicial que con sus acciones han acreditado un alto compromiso y responsabilidad por el Ambiente.

Como lo señala DIGECA, este “efecto en cadena” apunta y suma de forma significativa al cambio cultural necesario para lograr una sociedad costarricense verdaderamente comprometida con la sostenibilidad, tal como lo dicta nuestra normativa y los acuerdos internacionales que ha suscrito Costa Rica en materia ambiental.