• Trabajo realizado por la Comisión de Género, la Secretaría Técnica de Género, el Observatorio de violencia de género y la Comisión de seguimiento a la ley contra la violencia doméstica
• Durante la actividad se evidenció el compromiso institucional en la identificación, prevención y atención de las distintas formas de discriminación y violencia que afectan a las mujeres y se hizo un llamado para que acudan a los servicios judiciales cuando son víctimas de violencia de cualquier orden. 

E   En la rendición de cuentas dichas instancias dieron a conocer las múltiples y diversas acciones realizadas durante el 2024 para cumplir con los compromisos asumidos por el Poder Judicial al aprobar la Política de igualdad de Género y atender lo establecido en la Ley contra la violencia doméstica y la Ley de Penalización de la violencia contra las mujeres, 

Una de las principales tareas del Poder Judicial es garantizar el derecho al acceso a la justicia como derecho en sí mismo y como derecho instrumental para alcanzar otros derechos: a una vida libre de violencia y discriminación, a la salud, el trabajo, el ambiente, la educación, entre otros.

Durante la actividad se hizo un llamado para que las mujeres acudan a los servicios judiciales cuando son víctimas de violencia de cualquier tipo, porque el Poder Judicial es un recurso disponible para que puedan buscar un camino para resolver la situación que viven.

Roxana Chacón Artavia, Magistrada de la Sala Segunda y coordinadora tanto de  la Comisión de Género como de la Comisión de seguimiento a la ley contra la violencia doméstica del Poder Judicial indicó que “hemos expuesto todas las acciones que llevamos a cabo el año pasado para combatir la violencia, son acciones puntuales para proteger la vida de las mujeres, hemos revisado todos los protocolos de atención que tienen que ver con los juzgados de violencia doméstica. La violencia es una conducta aprendida, entonces para revertirla se requiere de la participación activa y comprometida de distintas instituciones y órganos del Estado, no es suficiente el trabajo del Poder Judicial, que actúa cuando ya los hechos han sucedido”.

“Queremos dar un mensaje directo a las mujeres… denuncien, busquen la ayuda necesaria, busquen el apoyo psicológico para que puedan salir de este ciclo, porque la violencia va en aumento y hemos visto en los últimos días, la escalada de esa violencia con el asesinato de varias mujeres”, señaló la magistrada Roxana Chacón. 

Xinia Fernández Vargas, jefa a.i. de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia detalló los proyectos, programas y acciones realizados por la Secretaría durante el año pasado entre los que destacan el seguimiento al uso de Cámaras de Gesell, el trabajo del Colectivo de hombres por la igualdad, la capacitación a juezas y jueces en la aplicación de la Guía para la elaboración de sentencias con perspectiva de género en materia penal y violencia doméstica, Además, la  organización y ejecución del Primer Encuentro Nacional de Mujeres de la judicatura y letradas entre otros.

Por su parte, Dixie Mendoza Chaves, Encargada del Observatorio de Violencia de Género contra las mujeres y Acceso a la Justicia destacó los esfuerzos por informar, sensibilizar y comunicar de una forma efectiva e innovadora respecto al femicidio, la violencia doméstica y el impacto de la entrada en vigor del Código Procesal de Familia en materia de género.   Es el Observatorio una ventana donde se reflejan las múltiples acciones que distintas instancias judiciales realizan

De igual forma, Shirley González Quirós, gestora de violencia doméstica informó sobre el trabajo de la Comisión de Seguimiento a la Ley contra la Violencia Doméstica mencionó la metodología empleada, las múltiples capacitaciones y talleres dirigidos a juezas y jueces de violencia doméstica, fiscalía, la policía e integrantes de los CLAIS. Resaltó  el arduo trabajo de divulgación enfocado en la prevención de femicidios dirigida a las personas usuarias incentivando la denuncia de las víctimas de violencia doméstica.

Dichas actividades cumplen con el mandato de los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 5 y 16, que tratan sobre igualdad de género y acceso a la justicia.

En los siguientes enlaces puede observar los videos preparados con información relevante de la rendición de cuentas:

https://secretariagenero.poder-judicial.go.cr/index.php/videos-generales

https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/images/Videos/Video_rendicion_2024_7feb.mp4

• Acciones internas procuran dar resolución a expedientes judiciales de mayor antigüedad y combatir el rezago judicial

 De la mano de la tecnología, los despachos judiciales de todo el país agilizarán la tramitación de los procesos judiciales de mayor antigüedad.  El Poder Judicial estableció una serie de lineamientos internos para su puesta en marcha y combatir el rezago judicial.

 Las buenas prácticas que deben seguirse en todo el país, surge del Proyecto Cuadro de Mando Integral, liderado por la magistrada Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez, en coordinación con la Dirección de Planificación y las Comisiones Jurisdiccionales.  El fin de esta herramienta es disminuir el rezago judicial y cumplir con el mandato constitucional de justicia pronta.

 Mediante la circular N° 6-2025, aprobada por el Consejo Superior, se establecieron estas normas internas, para priorizar la atención, tramitación y resolución de los expedientes cuya fecha de ingreso al Poder Judicial sea la más antigua.

 “Desde el Proyecto de Cuadro de Mando Integral (CMI) se diseñaron una serie de indicadores que visibilizan el estado de la labor de los despachos.  Muestra la evolución del balance general de la carga de trabajo, la duración de los procesos y la antigüedad de los asuntos que se mantienen en cada oficina.  El Sistema ordena el circulante de acuerdo al año de ingreso al Poder Judicial.  Esto hace que se convierta en una herramienta útil para identificar los expedientes que presentan diferentes niveles de rezago en los distintos ámbitos judiciales y que requieren una priorización en la tramitación y resolución, de acuerdo con a las directrices institucionales emitidas. La idea es sacar el máximo provecho a la plataforma tecnológica para disminuir las cargas administrativas de los despachos y oficinas del Poder Judicial.”, explicó la Vicepresidenta de la Corte, Damaris Vargas Vásquez.

 El sistema también permite identificar aquellos expedientes en los que figuran como parte, poblaciones en situación de vulnerabilidad, a fin de darles un trámite expedido.

 Algunas de estas buenas prácticas que los despachos y oficinas judiciales en todo el país deben poner en práctica, especialmente en los casos de expedientes con mayor antigüedad en su circulante son las siguientes:

 ·       Dar seguimiento periódico a los expedientes de mayor antigüedad con base en la fecha de ingreso a la corriente judicial y analizar opciones para darles un impulso procesal oficioso cuando sea viable, para procurar que llegue a la fase de sentencia en el menor tiempo.

·       La identificación de los asuntos que ingresen provenientes de otro despacho u oficina judicial y que registren fechas antiguas de ingreso.  Analizar las causas de su rezago en cada caso particular y priorizar su tramitación para resolver en el menor tiempo.

·       Cumplir con las circulares judiciales internas de actualizar la fase y estado de los expedientes en los sistemas de información.

·       Depurar y verificar que la tarea de fallo de expedientes se encuentre de acuerdo con el orden de antigüedad, señalado en circulares anteriores.

·       Continuar con los esfuerzos por parte de los actores del Modelo de Mejora Continua y considerar en la resolución de las causas, mediante planes remediales o planes de trabajo, las circulares actuales sobre el respetar el orden cronológico, con base en la fecha de ingreso a la corriente judicial, en que se deben atender los expedientes judiciales de forma que se resuelva los de mayor antigüedad.

 También se propone el uso de otros sistemas disponibles en la página de la Dirección de Planificación relacionados con el abordaje del rezago, tomando como base las estadísticas judiciales. Esto con el  fin de acompañar y apoyar a los juzgados, tribunales y oficinas de órganos auxiliares de justicia, en su gestión.

 “La atención al rezago judicial se ha establecido como la prioridad principal en el Plan Estratégico Institucional 2025-2030. Hemos identificado que este desafío es multifactorial, destacando entre sus causas:

 1. El aumento en los niveles de litigiosidad, que refleja una creciente conflictividad social.

2. El elevado endeudamiento de la ciudadanía.

3.El incremento de la criminalidad, entre otras causas.

A pesar de las limitaciones presupuestarias, el Poder Judicial ha mostrado un notable compromiso con la optimización de los recursos disponibles y la mejora de sus procesos para responder a estas demandas”, detalló Allan Pow Hing Cordero, Director de Planificación del Poder Judicial.

 De acuerdo con Pow Hing Cordero, los datos estadísticos del Poder Judicial revelan que en el 2024 se resolvieron 579.894 expedientes, lo que representa un aumento del 2.49% respecto al año anterior. Además, se logró reducir en un 1.05% el número de expedientes pendientes, a pesar de la incorporación de más de 4.741 nuevos casos en el mismo periodo.

 Así, desde la Herramienta Estadística Judicial cada juzgado, tribunal u oficina de órganos auxiliares de justicia pueden consultar el último corte del circulante activo, por antigüedad y sus características.    

También desde la plataforma SIGMA, está disponible para cada oficina judicial los reportes llamados “Informe Mensual “ y el “Informe Mensual de inconsistencias”, que orientan con elementos estadísticos sobre balance general, listados de entrados, terminados, circulantes, duraciones, resoluciones, apuntes en agenda, entre otros.

 Además, desde el proyecto de “Indicadores de Gestión de los Despachos” se construyeron indicadores que permiten monitorear los resultados mensuales y se evalúan dentro del modelo de Mejora Continua para la creación de planes de trabajo y mejora del servicio público. El enlace de acceso es: https://planificacion.poder-judicial.go.cr/index.php/indicadores-de-gestion-por-oficina

 La Dirección de Planificación emprende procesos de capacitación al personal judicial sobre el manejo de estos sistemas.

• En respuesta a resultados de encuesta difundida este lunes 10 de febrero

La seguridad es una preocupación legítima de toda la ciudadanía, y en el Poder Judicial asumimos nuestra responsabilidad con firmeza y transparencia. Sin embargo, atribuir el problema de la criminalidad y homicidios a nuestra institución es un enfoque equivocado.

A diario, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lleva a cabo allanamientos, operativos y detenciones, siempre bajo la dirección funcional del Ministerio Público y con el aval de jueces y juezas de la República. Nuestro compromiso con la seguridad se traduce en hechos: hemos gestionado más recursos y plazas para fortalecer el OIJ y la Fiscalía, además de crear la Jurisdicción Especial en Crimen Organizado, que permite enjuiciar a estructuras criminales de manera más rápida y efectiva.

Pero enfrentar la inseguridad no se trata solo de capturar y procesar delincuentes. Se necesita una respuesta integral que incluya educación, empleo y programas de inclusión social. Sin oportunidades, las comunidades más vulnerables seguirán atrapadas en un ciclo de pobreza y violencia. La seguridad no puede abordarse únicamente desde la represión; es una tarea que involucra a todas las instituciones del Estado.

Somos autocríticos y sabemos que hay áreas en las que podemos mejorar. Por eso, estamos trabajando en reformas normativas en materia procesal penal para agilizar los tiempos de respuesta y hacer frente al crimen de manera más eficiente. Estas propuestas serán presentadas oportunamente al Poder Legislativo.

El Poder Judicial está comprometido con la seguridad de todas las personas. Seguiremos trabajando sin descanso para fortalecer la justicia, proteger a la ciudadanía y contribuir a devolver la paz social que tanto anhela el país.

San José, Costa Rica | 10 de febrero de 2025

• Poder Judicial consultará a la Contraloría sobre posible declaratoria de urgencia y necesidad

• Se aprueba guía de autoprotección para personas servidoras judiciales

La Corte Suprema de Justicia aprobó en la sesión de este lunes 10 de febrero, mediante acuerdo firme, instruir a las diferentes direcciones del Poder Judicial para revisar las partidas presupuestarias asignadas y redirigir recursos con el fin de fortalecer la seguridad de las personas usuarias y el funcionariado judicial, sin afectar los servicios de administración de justicia que se brindan a la población.

Esta medida busca, de forma responsable y ágil, atender y prevenir posibles ataques a las distintas sedes judiciales, priorizando aquellas que, según los diagnósticos elaborados por la institución, enfrentan mayores riesgos o vulnerabilidades, como las ubicadas en la provincia de Limón.

La decisión es una respuesta concreta de la Corte Plena, compuesta por las 22 magistraturas, tras el lamentable asesinato del subjefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles, Geiner Zamora, luego de ser atacado con arma de fuego el pasado  1° de febrero.

“Para el Poder Judicial, la seguridad de las personas funcionarias y de quienes requieren nuestros servicios es una prioridad. Estamos tomando medidas, fortaleciendo programas y generando cambios, siempre con el objetivo de atender de manera oportuna la situación de violencia que enfrenta el país. El acuerdo de este lunes refleja el compromiso de todo el Poder Judicial y la unión hacia un mismo objetivo”, afirmó el magistrado presidente Orlando Aguirre Gómez.

Consulta a la Contraloría

La Corte también aprobó consultar a la Contraloría General de la República sobre la posibilidad de declarar un Estado de Urgencia y Necesidad, lo que permitiría disponer de fondos adicionales del Fondo de Emergencias del Poder Judicial para reforzar la seguridad en los circuitos judiciales de Limón, Pococí y el I Circuito Judicial de San José.

La presidencia de la Corte gestionará la consulta ante el ente contralor con el fin de obtener una respuesta lo más pronto posible.

Guía de autoprotección para el funcionariado judicial

Finalmente, las y los magistrados aprobaron la implementación del protocolo “Persona atacante activa” y la Guía de autoprotección para personas funcionarias del Poder Judicial, herramientas que forman parte del Proyecto Fortalecimiento de la Seguridad Institucional. En 2024, se capacitó a 12.000 personas funcionarias en estos temas, lo que representa un 80% del funcionariado. Para este año, se alcanzará al 100%.

Acciones desarrolladas en el Proyecto de Fortalecimiento de la Seguridad

Este proyecto se sustenta en tres ejes estratégicos y cuenta con un presupuesto de ₡2.400 millones para 2025:

1. Seguridad en infraestructura, tecnología y recurso humano

Se han destinado recursos para mejorar las condiciones de seguridad en los espacios de trabajo y atención al público, incluyendo:

• Instalación de cerramientos perimetrales
• Construcción de cámaras de seguridad tipo exclusamiento
• Implementación de casetas de seguridad
• Ampliación del sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)
• Instalación de sistemas de alarma, botones de pánico y control de acceso
• Fortalecimiento del servicio de seguridad privada

2. Seguridad en los procesos

• Actualización y aplicación de protocolos y reglamentos para la prevención y respuesta ante situaciones de riesgo
• Revisión de los sistemas de detección temprana de amenazas y vigilancia
• Coordinación con entidades externas para fortalecer las acciones de seguridad

3. Seguridad de las personas

• Capacitación obligatoria en vigilancia y manejo de riesgos para el personal judicial
• Charlas sobre medidas preventivas y autoprotección