Hacer efectivo los derechos laborales mediante un proceso ágil y sin retrasos, es el reto que asumen jueces, juezas y personal técnico de todo el país. Así lo dejaron claro las autoridades judiciales durante el segundo taller preparativo para la implementación de las nuevas normas que introduce la Reforma Procesal Laboral.
Durante el taller que impulsa el Poder Judicial, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, destacó la importancia de quienes tienen a cargo la administración de justicia laboral, para que conozcan los principios generales de la reforma, los mecanismos que desarrollará la institución para su implementación y la reorganización que se requerirá a partir de julio del 2017.
“Tener claridad en cómo se va aplicar la reforma y que se haga efectiva la aspiración del pueblo costarricense, de acortar procesos y que los derechos laborales encuentren en la administración de justicia su efectividad, es la principal finalidad de todo este esfuerzo institucional”, explicó Villanueva Monge.
Para la máxima jerarca judicial, además de estos talleres, se programarán visitas en cada jurisdicción laboral del país durante este año y el 2017, para explicar el funcionamiento del sistema tecnológico que se pondrá en funcionamiento y la forma en que se harán efectivos los principios de la reforma.
“Contiene una tendencia al impulso de la conciliación, la eliminación de una etapa del proceso para acortarlo, la materialización del principio de concentración y oralidad, que implica una participación efectiva del juez y la jueza, para que sean más activos y lleguen al proceso conociendo y estudiando los casos bajo su conocimiento”, detalló la Presidenta de la Corte.
Según explicó el Presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre Gómez, las nuevas normas procesales que se introducen contemplan procesos especiales en temas como el derecho a huelga y derechos colectivos, que actualmente no existen en la ley vigente.
“El derecho de trabajo es quizá uno de los derechos más sensibles porque tiene que ver con la seguridad alimentaria de las personas, por ello es indispensable que exista una normativa. En el tema de la organización colectiva, en Costa Rica ha sido efectiva en el sector público, no así en el sector privado. La Organización Internacional del Trabajo ha señalado esta necesidad en el país, donde la negociación sea un instrumento de mayor aplicación y que los conflictos económicos y sociales puedan tener una solución pacífica”, explicó Aguirre Gómez.
El trabajo de la reorganización en esta materia, ha tenido el aporte de la magistrada coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Laboral, Julia Varela Araya, quien destacó la importancia de que los despachos de todo el país impulsen una mejora en la gestión, así como controles en la tramitación, para propiciar una labor sostenible y al día con los asuntos.
“Para ello, mediante un estudio se abordarán los despachos con mayor conflicto en atraso y se les brindará un apoyo técnico, con el compromiso de que el trabajo de mejora sea permanente y perdure. Los procesos de capacitación que se inician este año, se continuarán en el 2017 y esperamos que sea un proceso de actualización permanente a futuro”, determinó Varela Araya.
La magistrada Julia Varela recalcó que “…tenemos una responsabilidad histórica, de implementar un cambio legal para mejorar lo que ya hemos hecho en materia laboral, la estructura procesal nos da herramientas ágiles, pero depende de nosotros su aplicación efectiva”.
El acompañamiento técnico para la implementación contará con la colaboración de un equipo de juristas especializados: Fabián Arrieta Segleau, juez superior de Guápiles; María Alexandra Bogantes Rodríguez, letrada y magistrada suplente de Sala Segunda; Jorge Olazo Álvarez, juez superior civil y magistrado suplente de Sala Segunda; Fabricio Garro Vargas, juez del Tribunal Superior de Trabajo de Cartago; Marniee Guerrero Lobato, jueza coordinadora de la Sección Segunda del Juzgado de Trabajo de Goicoechea;
José Antonio Madrigal Soto, juez de Seguridad Social; Ana Luisa Meseguer Monge, jueza del Tribunal Superior de Trabajo y Lourdes Montenegro Espinoza, jueza coordinadora de la Sección Primera de Trabajo de Goicoechea.
Compromiso con reforma procesal
La jueza coordinadora de la Sección Segunda el Juzgado de Trabajo de Goicoechea, Marniee Guerrero Lobato y el juez de Seguridad Social, José Antonio Madrigal Soto, integran el equipo técnico que dará acompañamiento y soporte a los despachos judiciales de todo el país en la implementación de la reforma. Ellos externaron su compromiso por darle efectividad a las nuevas normas procesales laborales.
José Antonio Madrigal Soto
Juez de Seguridad Social
“La introducción de la oralidad en toda la jurisdicción va a implicar una disminución de audiencias y la posibilidad de que los procesos se tramiten en forma más rápida. Este tipo de competencias que contiene por ejemplo el derecho laboral, requieren evidentemente, procesos más ágiles, por la población a la que van dirigida; personas en un Estado de acceso a la justicia limitado o en condiciones de vulnerabilidad.
