Poder Judicial debe responder al entorno nacional con transparencia y participación ciudadana

Establecer la situación actual, las necesidades y los retos que enfrenta el servicio de administración de justicia que se brinda desde el I Primer Circuito Judicial de San José, fueron parte de los temas que se conocieron durante este viernes 22 de julio, en la visita que realizaron autoridades judiciales.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, señaló que el Poder Judicial debe responder a un nuevo entorno nacional donde la participación ciudadana y la transparencia judicial deben tomar un papel protagónico.

“La inversión en justicia es una inversión en democracia, en paz y que trae réditos económicos.  Nos corresponde a nosotros como institución, la tarea fundamental de la Constitución, de administrar justicia y mantener la paz social.  Tenemos un papel en la democracia y un entorno actual, al cual debemos responder y demostrar esa inversión en justicia, mediante un buen uso de recursos públicos desde la evaluación del desempeño, la rendición de cuentas y la transparencia como garantía del uso efectivo de los recursos públicos”, destacó Villanueva Monge.

La máxima jerarca judicial resaltó el trabajo institucional dirigido a fortalecer el acceso a la justicia, desde hace 25 años, mediante una justicia gratuita dirigida a todos los sectores sociales, principalmente, aquellos que se encuentran en condiciones vulnerables.

“El fortalecimiento, la gratuidad y la expansión de nuestros servicios se ha dirigido principalmente a nuestros servicios en materia laboral, pensiones alimentarias y atención de delitos sexuales, propiciando con ello ampliar el acceso a la justicia en todo el país”,  puntualizó la Presidenta de la Corte.

El acto se realizó en el Auditorio “Miguel Blanco Quirós”, con la participación de jueces, juezas, personal auxiliar y administrativo de las oficinas y despachos judiciales, autoridades administrativas y judiciales.

La Dirección de Planificación realizó una exposición sociodemográfica sobre la situación del I Circuito Judicial de San José, donde se destacó la atención de población en condición de vulnerabilidad, que durante el 2015 registró la atención de 20 mil personas con alguna discapacidad, 167 mil personas usuarias adultas mayores y 45 700 personas usuarias menores de edad, a quienes se les ha brindado una atención transversal desde las políticas institucionales adoptadas por el Gobierno Judicial.

El trabajo del Consejo de Administración de I Circuito Judicial de San José estuvo a cargo de la jueza Patricia Solano Castro, Presidenta de dicho órgano administrativo, quien indicó que la labor emprendida se focaliza en tres ejes fundamentales: transparencia, modernización de la gestión judicial y la participación ciudadana.

Solano Castro informó sobre el trabajo realizado en el campo administrativo del circuito de cara a la mejora permanente, en materia de elaboración del presupuesto, plan estratégico institucional, impulso de políticas institucionales como Cero Papel, propuestas y acompañamiento en la divulgación de cambio de espacios físicos de despachos y un fuerte trabajo de cara a la promoción de la participación ciudadana.

La visita al circuito judicial también comprendió una charla sobre el Régimen Disciplinario, a cargo del Tribunal de la Inspección Judicial y la charla sobre la Contraloría de Servicios.

Juzgado Cuarto Civil de San José: autoevaluación y mejora

Uno de los despachos que se evaluaron para establecer propuestas de mejora fue el Juzgado Cuarto Civil de San José.  El análisis de la gestión estuvo a cargo de la Dirección de Planificación.

A nivel estadístico, durante el 2015 se registró una entrada de nuevos asuntos de 339 casos y una salida de 510 expedientes.  El estudio determinó que el promedio mensual de ingreso es de cerca de 28 expedientes, de los cuales el 30% corresponden a procesos ordinarios y un 22% a sucesiones, principalmente.

El magistrado y coordinador de la Comisión de la Jurisdicción Civil, William Molinari Vílchez, destacó el trabajo que se desarrolla para la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Civil y la importancia de este tipo de procesos de autoevaluación, que son una oportunidad para mejorar el servicio del despacho y fortalecer la calidad en el servicio público.

Juzgado de Seguridad Social:

El Juzgado de Seguridad Social, despacho modelo y único en el país expuso su labor y compromiso con el servicio especializado y con la aplicación de las normas de calidad que le han permitido mantener su acreditación, a partir del compromiso del personal, el control de las cargas de trabajo y propiciar un equilibrio entre los asuntos entrados y terminados.

El informe de desempeño lo realizó Andrés Méndez Bonilla,  jefe del Centro de Gestión de Calidad (CEGECA), donde se destacó el trámite electrónico y la inclusión de la valoración médica legal en estos procesos laborales que hace más efectivo el servicio.

Solo en el 2015 se registraron 3588 asuntos nuevos y la salida de 3197.  Señaló que el volumen de trabajo y su incremento se debe a la extensión de la competencia a todo el país y la especialización en los casos que se tramitan.

El año pasado, el 54% de los asuntos eran procedentes de zonas fuera de San José.

La jueza coordinadora, Gabriela Bustamante Segura, destacó el compromiso del personal del despacho por brindar un servicio efectivo y recomendó que se valore la posibilidad de que el modelo de Seguridad Social pueda replicarse en otras zonas del país para acercar esta justicia especializada a las personas usuarias.

El ámbito de acción de las autoridades judiciales para prevenir y proteger al Poder Judicial de la penetración del narcotráfico y el crimen organizado a lo interno de la institución, mantiene un fuerte proceso de seguimiento y control desde la Comisión de Alto Nivel que coordina las diversas gestiones.

La labor concretamente se ha focalizado en un estricto control en temas de reclutamiento, selección y seguimiento de las y los empleados judiciales, capacitación en temas de ética y valores, especialización en temas penales, a nivel de judicatura y órganos auxiliares, un fortalecimiento del Tribunal de la Inspección, así como la identificación, intervención y mejora en los despachos de mayor riesgo, por los casos que se atienden.

El tercer informe de seguimiento de estas acciones se presentó durante la reunión de la Comisión para la Investigación de la Penetración del Crimen Organizado y el Narcotráfico.

El Director del Despacho de la Presidencia, Róger Mata Brenes expuso los resultados alcanzados en los ocho ejes temáticos establecidos y de las 81 acciones a emprender.

Resaltó el trabajo para reforzar internamente los despachos judiciales de alto riesgo por su ubicación geográfica y los asuntos que se tramitan, que ha involucrado visitas permanentes para fiscalizar la  ejecución de planes de mejora y seguridad.

A esto se suma el reforzamiento a nivel institucional de los procesos de capacitación en materia de ética y valores, campañas sobre institucionalidad internas y externas.

Se expuso el avance de los proyectos pilotos de evaluación del desempeño que se ejecutan en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público y que se espera incorporar a la Defensa Pública y la Judicatura.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, resalta el informe de incompatibilidades elaborado por la Comisión de Transparencia del Poder Judicial, que se constituiría en una propuesta de proyecto de ley,  que está próxima a ser presentada en Corte Plena para su aprobación.

Otro alcance importante es la puesta en funcionamiento del Sistema de Valoración de Riesgos, que permite una vigilancia permanente a los que pueden estar expuestas las personas funcionarias y servidoras judiciales, en el tema de penetración del crimen organizado y el narcotráfico.

También se desatacó el reforzamiento de la labor de Control Interno en las áreas consideradas vulnerables y seguimiento a oficinas judiciales.

Cabe destacar que la incorporación de la participación ciudadana en este proceso de blindaje judicial, registra buenos resultados desde la línea gratuita de denuncia 800-8000-645.

La Escuela Judicial participa con capacitación, en las zonas de alto riesgo, con reforzamiento de temas en crimen organizado, mediante foros y videoconferencias; además trabaja en la elaboración de un plan de especialización en la materia, dirigida a la Judicatura, Organismo de Investigación Judicial y Ministerio Público.

Dicha capacitación incluye cursos sobre Ley de Enriquecimiento Ilícito y régimen disciplinario, ésta última impartida por el Tribunal de la Inspección Judicial a jefaturas de oficina.

Desde el trabajo de la Comisión Judicial se desarrollaron tres iniciativas de ley, que actualmente se encuentran en la corriente legislativa y que contemplan la creación de una Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado, la Evaluación del Desempeño y una reforma a la Ley de Carrera Judicial.

La Reestructuración del Tribunal de la Inspección Judicial permitió mejorar los procesos resolutivos en las causas disciplinarias bajo su conocimiento.

El Director de Gestión Humana, José Luis Bermúdez Obando, destacó las gestiones puntuales en la modificación del proceso de selección, reclutamiento y evaluación del desempeño, como facilitar la investigación de antecedentes de las personas oferentes en coordinación con las diversas Unidades de Reclutamiento, propiciar una actualización periódica de las condiciones de la población judicial activa, desde el Sistema de Información Integral de Servidores Judiciales.

Bermúdez Obando indicó que se trabaja en los estudios técnicos para definir la aplicación del incentivo por regionalización, en coordinación con el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Personal, para controlar y mejorar los procesos de nombramientos en zonas vulnerables. 

En la reunión participaron la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia Zarela Villanueva Monge, el Vicepresidente magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez, los magistrados Presidentes de la Sala Primera y Sala Segunda, Luis Guillermo Rivas Loáiciga y Orlando Aguirre Gómez; el Fiscal General, Jorge Chavarría Guzmán; el Director del OIJ, Walter Espinoza Espinoza, el Director del Despacho de la Presidencia, Róger Mata Brenes, el Director de Gestión Humana, José Luis Bermúdez Obando y la Secretaria de la Corte, Silva Navarro Romanini.

Un trabajo coordinado en la puesta en marcha de la Reforma Procesal Laboral, es la alianza que impulsa el Poder Judicial y el Ministerio de Trabajo, para la implementación, información y divulgación de la Reforma Procesal Laboral, que entrará en vigencia en julio de 2017.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, destacó la anuencia del Poder Judicial en brindar cooperación en materia de capacitación del personal del Ministerio y compartir el desarrollo de sistemas tecnológicos de la institución, con las necesidades de esta entidad pública; así como, acciones tendientes a propiciar cooperación con otras entidades y organismos no gubernamentales que sean aliados estratégicos para la Jurisdicción Laboral del país.

El Ministro de Trabajo, Carlos Alvarado Quesada resaltó la labor que realiza la entidad de cara a la ejecución presupuestaria del país para el 2017, en el tema de la implementación de la reforma procesal laboral.

Destacó la visión integral que tiene el Poder Judicial durante la ejecución de sus proyectos y señaló el interés del Ministerio por contar con cooperación en sistemas y desarrollo informático, así como capacitación por parte del Poder Judicial.

La reunión permitió acordar la elaboración de un convenio interinstitucional para establecer los lineamientos de la cooperación mutua, entre ambas entidades.

Villanueva Monge explicó el trabajo que lleva avanzado el Poder Judicial este año, para la efectiva implementación del nuevo Código Procesal Laboral, mediante la reorganización de los recursos existentes.

“Esto implica cerrar la brecha digital. Hemos reorganizado los recursos existentes para fortalecer el área informática en los despachos laborales. Ya se trabaja en el Sistema de Gestión, con el fin de reformar todos los despachos, de manera que trabajen bajo el modelo oral- electrónico, que será en todo el país”, detalló la Presidenta de la Corte.

A esto se suma el plan de capacitación que desarrolló la Escuela Judicial para abarcar a toda la jurisdicción laboral del país y como parte de este proceso se realizaron tres Talleres de Preparación, que reunió durante tres días a los jueces, juezas y personal coordinador judicial para darles a conocer las acciones que emprende el Poder Judicial.

La máxima jerarca judicial también explicó el proceso de rediseño de los despachos laborales que comprende la especialización de siete Tribunales Superiores de Trabajo, la especialización de 22 juzgados laborales. Además destacó la necesidad de invertir en la construcción de un edificio laboral propio, con el fin de reducir gastos en alquiler de locales.

La actividad contó con el apoyo técnico del Despacho de la Presidencia, la Dirección Jurídica y la Dirección de Tecnología de la Información.

Brindar un valioso aporte desde el Sector de la Administración de Justicia en materia de Desarrollo Sostenible, es el compromiso que asumió esta mañana el Poder Judicial de Costa Rica, en el marco de la presentación  de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se incluyen en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

“Estas metas debemos hacerlas propias, para darles un contenido real, para señalar indicadores y generar una mayor conciencia.  El Poder Judicial tiene un papel fundamental en la construcción del desarrollo del país. La administración de justicia tiene que ver con Desarrollo Sostenible, con democracia inclusiva y con visión de país”, puntualizó la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge.

Reconoció las acciones y políticas institucionales emprendidas por el Poder Judicial, desde hace más de 20 años,  de cara a propiciar una justicia más accesible, la tutela efectiva de los derechos de las personas y de inclusión de todos los sectores sociales y poblaciones en condición de vulnerabilidad.

“La institución se ha encaminado a acciones específicas para facilitar el acceso a los servicios de administración de justicia, particularmente para poblaciones vulnerables. Se ha tenido claridad de que el centro sobre el cual gravita nuestra acción es la persona usuaria”, afirmó la máxima jerarca judicial.

Estos logros se ven materializado en la especialización de materias sensibles como pensiones alimentarias, familia y trabajo, la puesta en marcha de políticas institucionales en el ámbito de género, personas afrodescendientes, de acceso a la justicia en condición de vulnerabilidad y el trabajo es permanente desde Comisiones y Subcomisiones Judiciales. Además destacó el impulso que se ha dado a la construcción de una política de Justicia Abierta enfocada  hacia la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Para la Coordinadora Residente de Naciones Unidas, Alice Shackelford, la Agenda 2030 señala la ruta de no dejar a nadie atrás y donde Costa Rica debe hacer un trabajo con mayor énfasis hacia nuestros pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres, población infantil y adolescente.

Explicó que la Agenda de Desarrollo Sostenible es un seguimiento a los Objetivos del Milenio, suscrita por 193 países del mundo.

Entre los retos para el Poder Judicial, Shackelford destacó el fortalecimiento de acciones tendientes a impulsar la participación ciudadana, la mejora al acceso a la información y a la justicia misma, mayor capacitación en tema de Derechos Humanos, agilizar la resolución de los conflictos, el uso de mecanismos alternos, una justicia más humanizada, una mayor interrelación entre el Estado de Derecho y el Desarrollo y el papel protagónico de los Sistema de Justicia para el cumplimiento de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Directora Adjunta de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Carmen Charamount, destacó que el éxito en el cumplimiento de los objetivos involucra el trabajo conjunto entre los diversos Poderes de la República.

“El Desarrollo Sostenible es la empresa de todos, es un tema pendiente en Gobernanza. Las estrategias nacionales deben promover el intercambio de conocimientos, la innovación y el desarrollo de valor agregado en los procesos institucionales, productos y servicios nacionales.  Esta iniciativa pone en relieve el interés, compromiso con que se abocan los Poderes de la República para alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible”,  afirmó Charamount.