La atención de los programas prioritarios del Poder Judicial establecidos en el 2016, alcanzó una ejecución presupuestaria del 96,73%.
Este porcentaje representa un total de ¢401.290 millones y corresponde a los recursos que se le asignaron vía presupuesto nacional a la administración de justicia.
Un efectivo control y seguimiento del plan de gasto judicial, permitió aumentar la ejecución presupuestaria en un 1,46%, con respecto al año 2015 y que involucra la asignación de recursos en los diversos ámbitos judiciales como lo son el servicio jurisdiccional, los auxiliares de justicia, el servicio de la acción penal pública, de la Defensa Pública y de Atención y Protección de Víctimas y Testigos.
El trabajo comprendió mayor eficiencia en procesos de compra de bienes y servicios como contratos diversos, servicios públicos y alquiler de locales y terrenos, así como gastos variables y el pago de remuneraciones, todo ello dentro del funcionamiento de la administración del servicio de justicia.
Este esfuerzo administrativo involucró el accionar de Corte Plena, el Consejo Superior y la Dirección Ejecutiva, que establecieron lineamientos a partir de acuerdos y directrices que aceleraron la ejecución y la distribución eficiente de los recursos, en atención a las necesidades institucionales.
El Proyecto Institucional para mejorar el proceso de contratación administrativa en materia de infraestructura, obras físicas de mantenimiento y reparaciones, informática (Recurso Tecnológico Estratégico), equipos y servicios especiales del OIJ, promovido por la Presidencia de la Corte, fue fundamental para alcanzar el nivel presupuestario del año pasado.
