Cumpliendo con la política del Poder Judicial sobre las "Reglas Prácticas para facilitar el acceso a la justicia de las poblaciones indígenas", el Tribunal de Apelación de la Sentencia de Cartago realizó por primera vez una audiencia oral en la localidad de San Rafael de Cabagra, en Buenos Aires.
Los operadores de la justicia buscaron tener un contacto directo con las personas que forman parte del proceso judicial, al realizar esta vista en el salón comunal de la zona, en la cual participó el Consejo de Mayores de esta población indígena.
El Tribunal estuvo integrado por los jueces Giovanni Mena Artavia, Douglas Iván Rivera Rodríguez y Christian Fernández Mora.
Según mencionó el juez Christian Fernández el objetivo es cumplir con lo dispuesto por el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de 1989, que en su artículo 8, establece que "Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario", y en su artículo 10 se señala que: "Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales".
“La decisión de que este Tribunal se trasladara hasta dicha comunidad indígena responde a lo dispuesto por la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional, mediante voto número 2015-014906 de setiembre del 2015, donde reconoció el derecho que tienen las personas pertenecientes a poblaciones indígenas a que se garantice la atención "in situ" de los conflictos judiciales donde se encuentren involucradas personas indígenas”.
La audiencia la solicitó la Defensa Pública para escuchar los argumentos de las partes, en relación con una impugnación planteada por el Ministerio Público en una causa penal seguida por el delito de violación agravada, en donde tanto el imputado como la víctima son personas indígenas y cuyo conflicto se dirime ante los Tribunales de Justicia.
La vista se realizó el pasado 7 de marzo, en la cual compareció el imputado, representado por Roberto Madrigal Zamora, en su condición de Defensor Público y gestionante de la audiencia, además intervinieron Julián Martínez Madríz, como representante de la Fiscalía Adjunta de Impugnaciones del Ministerio Público y la Víctima.
Se contó con la colaboración de personal de Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial para brindar la seguridad y correcta realización de la diligencia.
La política del Poder Judicial sobre las "Reglas Prácticas para facilitar el acceso a la justicia de las poblaciones indígenas" la aprobó por el Consejo Superior en octubre de 2008, y se reiteró mediante circular 10-09 de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.
